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Esta semana se conoció el más reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado, un fenómeno que sigue en aumento en el mundo. Colombia y Siria encabezan el listado de países con más desplazamiento interno. La situación de Siria se debe principalmente a que hace 11 años vive una guerra civil, mientras que en nuestro país, el panorama incluye a desplazados internos y la migración, como un factor clave.
El próximo 20 de junio, ACNUR realizará en Bogotá la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, en el que también se mostrarán los retos en esta materia. El evento, que se llevará a cabo el próximo 20 de junio a las 4 de la tarde, será transmitido a través de streaming por la página web de Colombia+20 y El Espectador y sus redes sociales. Además por las redes de ACNUR Colombia y su proyecto Somos Panas.
Colombia+20 habló con Mireille Girard, representante de la Acnur en Colombia, sobre las necesidades de la población desplazada y las soluciones que se proponen desde esa agencia de la ONU.
Según el más reciente informe de la Acnur, Colombia sigue a la cabeza del desplazamiento forzado no solo por sus desplazados internos, sino por los migrantes y refugiados. ¿Cómo es la situación en el país de ambas poblaciones?
Colombia atraviesa un momento crucial para avanzar en la búsqueda de soluciones para las personas que se han visto forzadas a huir, tanto las que han sido víctimas de desplazamiento interno como las que han tenido que cruzar fronteras internacionales para buscar protección en este país. En cuanto al desplazamiento interno, tal como lo vimos en el último informe de Tendencias Globales de ACNUR, son alrededor de 6,8 millones de víctimas de desplazamiento que aún tienen necesidades humanitarias, de protección y necesitan soluciones. Esto representa la cifra más alta en el mundo en este momento. En cuanto a la situación de refugiados y migrantes, es de destacar que Colombia es el tercer mayor receptor de esta población en el mundo; ha acogido a al menos 2,5 millones de venezolanos y gran parte de esta población también tiene necesidades humanitarias y busca alternativas para rehacer su vida.
Aquí se han logrado avances muy importantes para apoyar a personas desplazadas, refugiadas y migrantes, pero aún se requieren esfuerzos que involucran no solo al Gobierno y a la cooperación internacional, sino a la sociedad como un todo, para fortalecer sus capacidades y devolverles la posibilidad de tener un hogar y una esperanza en el futuro.
La población desplazada internamente, refugiada y migrante sigue enfrentando riesgos de violencias y barreras para el acceso a sus derechos. Nos preocupa fundamentalmente los riesgos de violencia basada en género, reclutamiento forzado y uso por parte de actores armados ilegales, su instrumentalización por grupos armados no estatales, el alto índice de informalidad laboral, y la vulnerabilidad de segmentos de la población como son las mujeres, niños y niñas, y personas LGTBIQ+ frente a las violencias.
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El informe incluye un capítulo completo sobre las soluciones que propone la Acnur de cara a la disminución del desplazamiento forzado. Entre ellas resalta el retorno y la integración local. ¿Puede ahondar en estas dos propuestas?
La integración local ayuda a garantizar que las personas que han tenido que desplazarse puedan construir una nueva vida en los lugares que las han acogido. Crea un ambiente de estabilidad a largo plazo y empodera a las personas para reconstruir su vida, y participar de manera significativa en la vida económica y social. En el caso de Colombia, creemos que esta es una solución clave para las poblaciones desplazadas internamente, refugiadas y migrantes. Iniciativas como la legalización de asentamientos urbanos, el fortalecimiento de la inclusión laboral, la promoción de emprendimientos productivos, la garantía de acceso a derechos básicos como salud, educación, son caminos claves para avanzar en este sentido.
En cuanto al retorno es importante mencionar que gran parte de la población desplazada en Colombia tiene un vínculo fundamental con sus territorios: poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas han sido desplazadas por la fuerza y han sido víctimas del despojo de sus tierras. El retorno a sus territorios debe siempre pasar por una decisión libre e informada y con dignidad y garantía para sus derechos. Sin duda el avance en la implementación del Acuerdo de Paz y el avance en respuestas estratégicas como la restitución y el acceso a tierras, así como el avance en los procesos de paz con otros actores armados brindan un marco favorable para avanzar en esta línea.
En estos temas también es importante hablar de las comunidades de acogida. ¿En dónde se han concentrado estas poblaciones en Colombia y cuál es su situación?
El trabajo con las comunidades de acogida es fundamental, particularmente en los países de renta media o baja, que son los principales lugares de acogida de personas forzadas a huir en el mundo. Además, es en las comunidades de acogida donde se materializa el concepto de integración y donde se han hecho grandes esfuerzos por la inclusión socioeconómica, el acceso a servicios, la legalización de asentamientos de origen informal, la mitigación de la xenofobia, entre otros. Es clave resaltar que el trabajo con y por los desplazados, refugiados y migrantes, es también un trabajo con y por las comunidades que los acogen.
Respecto a los refugiados y migrantes de Venezuela, lo que vemos según la información de Migración Colombia es que se han asentado en su mayoría en las grandes ciudades. La lista la encabezan capitales como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Respecto a la población desplazada, los principales departamentos son Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander.
En términos generales, sabemos que los hogares de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia son en proporción más pobres (63%) que la población en general (39%). Esto de acuerdo con el índice de pobreza monetaria que se deriva de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (2021). A pesar de los esfuerzos realizados, en población desplazada este porcentaje alcanza el 51,6%.
¿Cuáles son las principales necesidades humanitarias de los desplazados internos y los migrantes y refugiados en Colombia, y cómo se están abordando?
Las personas forzadas a huir por lo general se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En primer lugar, muchas huyen porque ven amenazado su derecho fundamental a la vida, particularmente en el contexto del conflicto, y por eso buscan protección. Muchas requieren asistencia humanitaria para satisfacer sus necesidades básicas, que pueden ir desde acceso a un alojamiento, a alimentos, a servicios de salud. Además, necesitan obtener medios de vida para poder subsistir y mantener a sus familias, para eso es importante que tengan oportunidades de emprender o acceder a empleos formales y desarrollar sus capacidades profesionales. Por último, necesitan soluciones, oportunidades para rehacer sus vidas de manera digna, cerrar el cruel ciclo del desplazamiento, integrarse y aportar a la sociedad. Desde ACNUR trabajamos en esos cuatro ejes: proteger, asistir, empoderar y resolver, para ofrecer una respuesta integral a quienes han tenido que huir de sus hogares.
Para darle un dato concreto: el Plan de Respuesta Regional (a nivel de las Américas) calcula que un 66,1% de refugiados y migrantes venezolanos (unos 9,25 millones de personas) necesita asistencia y enfrenta desafíos para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo alojamiento, alimentación, salud, acceso a documentos legales, oportunidades para emprender o acceder a un empleo estable.
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¿Cómo ve la situación de las comunidades indígenas? Por ejemplo, los awá y los yukpa tienen mayores dificultades dada su cosmovisión territorial y su condición de población que habita territorios fronterizos.
La grave afectación del pueblo Awa frente al conflicto armado sigue siendo muy preocupante, particularmente la persistencia de homicidios a sus autoridades, el desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, uso y utilización y la violencia basada en género, riesgos que han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana binacional.
A su vez el pueblo Yukpa ha sufrido el impacto que tienen los movimientos mixtos en la frontera sobre sus derechos individuales y colectivos, y requiere la búsqueda urgente de soluciones ligadas al reconocimiento de la nacionalidad colombiana y doble nacionalidad, y a la respuesta diferencial para su protección y atención. En el contexto de pueblos indígenas transfronterizos, poder beneficiarse de la doble nacionalidad de los países en los cuales se encuentra su territorio ancestral sería la mejor protección.
En el tema de desplazamiento interno en Colombia, ¿no tuvo algún impacto positivo el Acuerdo de Paz y ahora las negociaciones que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con grupos armados?
Nosotros hemos acompañado los esfuerzos de búsqueda de paz que se han hecho en los últimos años. El Acuerdo de Paz con las FARC marcó un precedente muy importante para abordar las causas del desplazamiento forzado interno e intentar resolverlas de manera estructural, además de brindar mecanismos de reparación y restitución para las víctimas. Con el Acuerdo se han adelantado acciones y se han abierto discusiones importantes en este sentido. De hecho, los años que siguieron a la firma del Acuerdo sí vieron un descenso en la afectación por desplazamiento forzado. Por ejemplo, en el año 2017 se registró un descenso importante (cerca de 6.000 personas menos respecto a 2016 y 105.000 personas menos respecto a 2015), sin embargo, esta curva decreciente no continuó. A hoy, desde la firma del Acuerdo en 2016, más de 955.000 personas han sido víctimas de nuevos desplazamientos. Por eso es importante mantener el foco en la implementación del Acuerdo de Paz, así como en las otras iniciativas que han surgido en el actual Gobierno para alcanzar la paz en los territorios. Todos estos esfuerzos por poner fin al sufrimiento causado por el desplazamiento forzado y el confinamiento, que tengan el foco puesto en la protección de las personas, sus necesidades humanitarias y las soluciones duraderas, son bienvenidos, deben contar con el apoyo de la cooperación internacional y de la sociedad como un todo.
Hablemos de los migrantes que pasan por el Darién. ¿En qué se ha avanzado en términos de protección y de seguridad en las rutas que usan?
Frente al movimiento de refugiados y migrantes a través del Darién, y todos los riesgos que afrontan en esa ruta, la responsabilidad no recae solo sobre las autoridades colombianas, sino que la problemática se debe abordar desde una perspectiva regional. Se trata de una responsabilidad compartida. Es de la mayor importancia garantizar el acceso a información verídica, para evitar que las personas se motiven a cruzar el Darién engañadas, pensando que es una ruta fácil. Me gustaría resaltar también que una de las causas para que las personas decidan emprender estas peligrosas rutas son las barreras e imposibilidad de integrarse en las comunidades y países de acogida, por ello es fundamental seguir impulsando procesos que les permitan a las personas refugiadas y migrantes acceder a empleo, que tengan acceso a derechos como salud, educación y un ambiente libre de discriminación y xenofobia.
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En enero se cumplen 20 años de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, ¿cuál es su evaluación sobre estas dos décadas de esa sentencia? ¿Avanzamos o no?
Esta pregunta es muy importante para nosotros y requiere una evaluación minuciosa y metódica sobre todo lo que ha pasado durante estas dos décadas en el marco de la Sentencia T-025 y sus diferentes Autos. Hay una gran variedad de elementos, avances y desafíos por analizar en relación al Estado de Cosas Inconstitucional. En ACNUR estamos trabajando en esto, de la mano con la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional. Es un proceso que tiene sus ritmos y en su momento presentaremos nuestro análisis al respecto. Por ahora, podemos decir que gracias al seguimiento hecho por la Corte, y varias instituciones, se han logrado avances muy importantes. También se han identificado vacíos que persisten y que requieren la continuidad de ese rol de seguimiento de la Corte Constitucional.
En países como Italia, se han adoptado medidas para bloquear la llegada de migrantes, mientras que en Colombia el Gobierno ha sido abierto a su recepción -especialmente la de venezolanos- incluso promulgando medidas para su regularización. Aun así, su realidad es muy precaria, ¿qué más se puede hacer para mejorar sus condiciones?
La respuesta de Colombia ante la llegada de refugiados y migrantes es un referente mundial. Este país, en medio de su conflictividad y sus retos internos, les ha abierto la puerta a millones de personas. La adopción del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV) es un paso fundamental en este sentido. De los 2,5 millones de venezolanos registrados en Colombia, al menos 1,7 millones ya tienen el Permiso por Protección Temporal (PPT), que es un paso muy importante para que puedan regularizar su situación, estar protegidos, acceder a derechos y servicios, obtener trabajos formales, avanzar hacia la inclusión socioeconómica, integrarse y aportar a la sociedad.
Ahora, la regularización es solo el primer paso hacia la inclusión socio-económica que es la gran apuesta ahora de las autoridades y la cooperación internacional. La regularización debe ir acompañada de políticas que permitan a las personas refugiadas y migrantes ser autosuficientes, a través de un empleo digno o el autoempleo. Por ello, reconocemos los avances dados en la adecuación de la ruta de empleabilidad, el acceso a formación para el trabajo y la certificación de competencias laborales previas.
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Ustedes califican en su informe como una “situación prolongada” la llegada de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. ¿Qué significa esta definición y qué retos supone de cara a ambos países?
Las situaciones prolongadas se definen como aquellas en las que más de 25.000 personas refugiadas del mismo país de origen han estado en el exilio en un determinado país de acogida de renta media o baja durante al menos cinco años consecutivos. Es en este sentido que se habla de una situación prolongada respecto a la población venezolana en Colombia.
En términos de desafíos, la acogida de 2,5 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela a Colombia continúa presentando desafíos importantes, ahora más relacionados con la consolidación de procesos de integración socioeconómica de la población, luego de que el país ha hecho esfuerzos muy importantes en procesos de regularización de la población, como ha sido el Estatuto Temporal de Protección.
