La lucha de mujeres víctimas de desplazamiento por garantizar sus derechos en Bogotá

“Cuando una víctima llega a una ciudad como Bogotá (Colombia) queda perdida entre estas murallas de cemento”. Así resume Gladys Aristizábal lo que sintió hace 15 años, cuando luego de sufrir los vejámenes de grupos guerrilleros y paramilitares tuvo que abandonar todo lo que tenía y huir de su pueblo, Pensilvania (Caldas).

Llegó a la capital del país sin conocer a nadie, sin un techo para resguardar a sus hijas, que apenas eran unas niñas, ni una opción clara para que ellas pudieran continuar sus estudios. Lo primero que extrañó fueron las gallinas y los cultivos de su finca: “La víctima allá en el campo tiene todo, pero aquí un plátano le vale 2.000 pesos, un huevito allá iba y lo sacaba del nido, y aquí vale 700 pesos. En el territorio tú tienes un plan de vida, pero de repente debes dejarlo todo y empezar de ceros”.

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Como Gladys, casi una quinta parte de la población del país (8′530.870 colombianos y colombianas) han sufrido el drama del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, la ciudad de acogida de al menos 618.000 de estas personas ha sido Bogotá, que pese a ser el centro del poder en Colombia, no ha logrado ofrecer a esta población las garantías necesarias para que sus derechos se cumplan y superen las condiciones de vulnerabilidad y los impactos de la victimización.

Actualmente, Gladys Aristizábal es la Coordinadora de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas y una de las integrantes del Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 de 2008, a través del cual la Corte Constitucional identificó los factores de vulnerabilidad de las mujeres por el conflicto armado y el desplazamiento, y dictó medidas para protegerlas.

Con el acompañamiento del Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas -implementado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, en cooperación con USAID- el Grupo de Seguimiento y la Mesa Distrital de Víctimas han avanzado en tres ejes en clave de garantizar sus derechos: apoyo técnico y jurídico para la formulación, seguimiento y control del Estado y las instituciones; fortalecimiento a sus labores de incidencia y construcción de documentos; y pedagogía para el fortalecimiento desarrollo de capacidades, complementando sus esfuerzos autónomos.

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“A nosotras (las víctimas) nadie nos prepara ni tenemos el estudio para esto. Por eso es que el acompañamiento por ejemplo de CODHES y USAID y todos estos proyectos que van en favor de esos derechos, nos ayudan muchísimo a superarnos. ¿Y todo esto lo aprendemos por qué? Porque es la necesidad que hay, de hacer cumplir lo que está en la ley y no se cumple”, dice la lideresa.

Como resultado de ese trabajo mancomunado y de la unión entre las víctimas hoy se cuentan varios logros para su atención, reparación y visibilización.

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“Hemos logrado avanzar en un documento político que nos ayuda a tener un capítulo con presupuesto específico para la atención a las víctimas en Bogotá, ya que hemos visto que esa atención se va en la palabra atender, pero realmente no ha sido posible que se cumplan las necesidades de los derechos de las víctimas”, dice Gladys.

Como parte de ese ejercicio, pretenden que el próximo Alcalde Mayor de Bogotá tenga en cuenta a las víctimas con programas y proyectos que contribuyan a su reparación. “También hemos avanzado en el tema de los aportes a la reforma de la Ley 1448 (de Víctimas y Restitución de Tierras), y en los aportes al Plan Nacional de Desarrollo, a conocer qué quedó allí para las víctimas, dónde podemos incidir y cómo podemos aterrizarlo al Plan Distrital de Desarrollo, y a su vez poder lograr el propósito que queremos: vernos realmente con una política para víctimas en el distrito”, cuenta la lideresa.

Para el Programa CODHES-USAID, los logros y acciones de estas organizaciones y mujeres víctimas, pueden proyectarse del escenario local al nacional, toda vez que Bogotá, al ser un laboratorio de políticas públicas, sirve como referente de prácticas replicables a nivel país, lo que podría suponer un referente en otras ciudades receptoras de víctimas y un paso para saldar las deudas del Estado con esta población.

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Se trata de una exigencia que las víctimas han planteado hace más de una década: que se repare el daño causado y puedan reconstruir sus proyectos de vida interrumpidos por el conflicto armado bajo garantías de vida digna, acceso a educación, salud, vivienda, servicios públicos y oportunidades que les permitan salir del círculo vicioso de la guerra.

“Después de 15 años en esta tarea, yo creo que sí se puede salir adelante, que sí podemos salir adelante”, dice Gladys. Y sentencia: “Más allá de la módica suma que da la indemnización aquí hay unos derechos mucho más amplios y hay una reparación integral que se debe cumplir porque nadie pidió ser víctima del conflicto armado, nadie quiso ser víctima en Colombia”.

“Cuando una víctima llega a una ciudad como Bogotá (Colombia) queda perdida entre estas murallas de cemento”. Así resume Gladys Aristizábal lo que sintió hace 15 años, cuando luego de sufrir los vejámenes de grupos guerrilleros y paramilitares tuvo que abandonar todo lo que tenía y huir de su pueblo, Pensilvania (Caldas).

Llegó a la capital del país sin conocer a nadie, sin un techo para resguardar a sus hijas, que apenas eran unas niñas, ni una opción clara para que ellas pudieran continuar sus estudios. Lo primero que extrañó fueron las gallinas y los cultivos de su finca: “La víctima allá en el campo tiene todo, pero aquí un plátano le vale 2.000 pesos, un huevito allá iba y lo sacaba del nido, y aquí vale 700 pesos. En el territorio tú tienes un plan de vida, pero de repente debes dejarlo todo y empezar de ceros”.

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Como Gladys, casi una quinta parte de la población del país (8′530.870 colombianos y colombianas) han sufrido el drama del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, la ciudad de acogida de al menos 618.000 de estas personas ha sido Bogotá, que pese a ser el centro del poder en Colombia, no ha logrado ofrecer a esta población las garantías necesarias para que sus derechos se cumplan y superen las condiciones de vulnerabilidad y los impactos de la victimización.

Actualmente, Gladys Aristizábal es la Coordinadora de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas y una de las integrantes del Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 de 2008, a través del cual la Corte Constitucional identificó los factores de vulnerabilidad de las mujeres por el conflicto armado y el desplazamiento, y dictó medidas para protegerlas.

Con el acompañamiento del Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas -implementado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, en cooperación con USAID- el Grupo de Seguimiento y la Mesa Distrital de Víctimas han avanzado en tres ejes en clave de garantizar sus derechos: apoyo técnico y jurídico para la formulación, seguimiento y control del Estado y las instituciones; fortalecimiento a sus labores de incidencia y construcción de documentos; y pedagogía para el fortalecimiento desarrollo de capacidades, complementando sus esfuerzos autónomos.

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“A nosotras (las víctimas) nadie nos prepara ni tenemos el estudio para esto. Por eso es que el acompañamiento por ejemplo de CODHES y USAID y todos estos proyectos que van en favor de esos derechos, nos ayudan muchísimo a superarnos. ¿Y todo esto lo aprendemos por qué? Porque es la necesidad que hay, de hacer cumplir lo que está en la ley y no se cumple”, dice la lideresa.

Como resultado de ese trabajo mancomunado y de la unión entre las víctimas hoy se cuentan varios logros para su atención, reparación y visibilización.

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“Hemos logrado avanzar en un documento político que nos ayuda a tener un capítulo con presupuesto específico para la atención a las víctimas en Bogotá, ya que hemos visto que esa atención se va en la palabra atender, pero realmente no ha sido posible que se cumplan las necesidades de los derechos de las víctimas”, dice Gladys.

Como parte de ese ejercicio, pretenden que el próximo Alcalde Mayor de Bogotá tenga en cuenta a las víctimas con programas y proyectos que contribuyan a su reparación. “También hemos avanzado en el tema de los aportes a la reforma de la Ley 1448 (de Víctimas y Restitución de Tierras), y en los aportes al Plan Nacional de Desarrollo, a conocer qué quedó allí para las víctimas, dónde podemos incidir y cómo podemos aterrizarlo al Plan Distrital de Desarrollo, y a su vez poder lograr el propósito que queremos: vernos realmente con una política para víctimas en el distrito”, cuenta la lideresa.

Para el Programa CODHES-USAID, los logros y acciones de estas organizaciones y mujeres víctimas, pueden proyectarse del escenario local al nacional, toda vez que Bogotá, al ser un laboratorio de políticas públicas, sirve como referente de prácticas replicables a nivel país, lo que podría suponer un referente en otras ciudades receptoras de víctimas y un paso para saldar las deudas del Estado con esta población.

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Se trata de una exigencia que las víctimas han planteado hace más de una década: que se repare el daño causado y puedan reconstruir sus proyectos de vida interrumpidos por el conflicto armado bajo garantías de vida digna, acceso a educación, salud, vivienda, servicios públicos y oportunidades que les permitan salir del círculo vicioso de la guerra.

“Después de 15 años en esta tarea, yo creo que sí se puede salir adelante, que sí podemos salir adelante”, dice Gladys. Y sentencia: “Más allá de la módica suma que da la indemnización aquí hay unos derechos mucho más amplios y hay una reparación integral que se debe cumplir porque nadie pidió ser víctima del conflicto armado, nadie quiso ser víctima en Colombia”.