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En la comunidad de Pescadores, ubicada en la zona periférica de Turbo, Antioquia, muchos dolores tuvieron que convivir para sanar. La tarea ha sido ardua. En este territorio desde siempre se ha luchado con las uñas para salir adelante y andar en medio de adversidades. Casi que por norma, además de que ningún sufrimiento del pasado sobrepone los malestares del otro, el luchar contra la informalidad, la invisibilidad y la estigmatización han sido acciones irremediablemente recurrentes.
La comunidad de Pescadores nació hace 50 años. Hasta esta zona que roza las playas de Urabá llegaron familias en condiciones vulnerables y sin rumbo fijo. Por ese entonces en el lugar había apenas dos casitas a medio construir y más dudas que certezas de si allí se podría asentar un grupo de personas. Las condiciones del suelo eran el primer gran obstáculo: este es un lugar palafítico, con manglar por doquier y, por lo tanto, al estar sobre agua es difícil construir.
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Desde el comienzo la composición étnica en Pescadores ha sido mayoritariamente afrodescendiente. Esa es una tradición con perduración vigente, pues según cifras de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de las 504 familias que viven en este lugar, dentro de un área de 30 hectáreas, el 74 % de las personas son afros.
Las negritudes allí han resistido todo tipo de violencias, y para consolidar sus lazos se vieron encaradas de frente con uno de los episodios más tristes de la guerra en Colombia.
En 1997 la vida cambió para siempre en Pescadores. Entre el 24 y 27 de febrero de ese año, el Ejército Nacional realizó la Operación Génesis, en la que uniformados al mando del exgeneral Rito Alejo del Río bombardearon las comunidades de Tamboral, Caño Seco y Arenales, jurisdicción de comunidades afros ribereñas de los ríos Salaquí, Truandó y las cuencas del río Cacarica.
Entre paramilitares y Fuerza Pública sacaron de sus hogares a miles de familias ajenas a la guerra. Perfilaron inocentes como guerrilleros, hicieron persecuciones inclementes e impunemente se apropiaron por años de territorios sagrados para los afros e indígenas, donde por culpa de los violentos la deshumanización y las humillaciones se hicieron costumbre.
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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a raíz de ese hecho, más de 15.000 personas provenientes de las cuencas del Cacarica se habrían desplazado forzosamente hacia el norte del país. La mayoría de las víctimas llegaron a cabeceras de los municipios de Turbo y Mutatá, en Antioquia.
Más de 700 familias cacariqueñas llegaron hasta este lugar de Urabá y la extensa mayoría se comenzaron a ubicar en los barrios Brisas del Mar y Pescadores. Allí su vida arrancó de nuevo.
Muchos recuerdos del pasado perviven hasta hoy, pero en este barrio de Turbo aprendieron a confiar en las segundas oportunidades para superar la violencia y proteger la identidad.
“Antes de los desplazamientos desde Cacarica, la mayoría de aquí -casi que la totalidad- éramos de distintos pueblos de Antioquia. La población chocoana que llegó tomó fuerza y nos adaptamos a sus costumbres. Al inicio era raro. Desde afuera solo nos veían como un barrio marginado de invasión… como si fuéramos unos parias. Por dentro nos veíamos como desconocidos. Todos, desde nuestras vivencias personales, éramos víctimas y nadie elige ser eso. La violencia y las condiciones sociales precarias nos llevaron a eso y no había más remedio que unirnos y salir de frente como se pudiera”, dijo Alba Carmona, lideresa social en el barrio Pescadores.
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Eneida Valencia vive en Pescadores y fue sobreviviente de la masacre de Cacarica. En una de las zonas más palafíticas del barrio construyó su casa, crió a sus hijos y fue parte clave en la integración de antioqueños y chocoanos en el interior de la comunidad. Su gran anhelo de ver crecer a la gente a su alrededor comenzó a tener forma en 2016, cuando comenzaron las gestiones para formalizar Pescadores (dividido en dos subbarrios) y titular cada uno de los hogares allí.
“La vida acá cambió de a poquito cuando nos miraron y nos atendieron en lo más básico: formalizar este espacio para contar con servicios públicos, acceso a escuelas, más salidas laborales y más cosas que son chicas, pero que veíamos como lujo”
“Hace casi 10 años el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a los episodios de Cacarica. El mundo supo que los gobiernos fueron permisivos con los paramilitares allí. Que mataron a muchos de nuestros seres queridos en las narices de todo el mundo. ¿Pero quién dice que alguien es responsable por la denigración que vivimos después de eso? ¿Por las condiciones y traumas que nos hicieron vivir? Ninguna persona en el mundo es ilegal, y acá nos trataron como eso. Que este era un barrio de invasión, que no éramos dignos de respeto y no sé qué más cantidad de cosas. La vida acá cambió de a poquito cuando nos miraron y nos atendieron en lo más básico: formalizar este espacio para contar con servicios públicos, acceso a escuelas, más salidas laborales y más cosas que son chicas, pero que veíamos como lujo”, acotó.
La hora de la formalización
“Caliche, Caliche, venga para acá. Ya la casa está quedando titulada como la suya. Paciencia, paciencia, que ya nos va a tocar”, le dijo un vecino al líder José Carlos Martínez mientras caminaba junto al equipo de Colombia+20 por el barrio
A Martínez sus vecinos le confían logros y angustias. Cada día que pasa ven más cerca el cumplimiento de un proceso que por años pareció ser un espejismo: la formalización barrial y la titulación de las viviendas.
“La comunidad siempre ha sido lo primero. La fuerza de la gente de acá usted la puede ver en sus ojos. Aquí vamos siempre firmes para no repetir el pasado. Es abrazar al hermano que lo perdió todo en Cacarica, es defender a nuestros hijos que mañana cuidarán de la memoria y el legado. Es sentir el dolor del otro como propio y alegrarse cuando las cosas salen en favor del colectivo. Eso es Pescadores”, describió José Carlos.
En 2014 se creó la Asociación de Población Afrodescendiente Desplazada de Cacarica Asentada en Turbo (Asopacat) con el acompañamiento de la Acnur. Los tres años siguientes fueron cruciales, pues esta comunidad vulnerable comenzó a ser sujeto de un proceso de fortalecimiento, en el que el acceso a una vivienda digna, legalizada, con posibilidades de resurgir y el mejoramiento en los medios de vida eran metas por cumplir.
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“En 2017, la Acnur comenzó a hacer gestiones para ver si era posible comenzar con una legalización de este mal llamado ‘barrio de invasión’. Todo ese proceso tan técnico lo fuimos acomodando a nuestro vocabulario, porque sabíamos que de allí dependía buena parte de nuestro futuro. Nos dejamos de sentir solos. Vimos cómo comenzaba a llegar un acueducto, hemos visto cómo legalizar acá no es una tarea imposible como muchos lo quisieron pintar por el simple hecho de estigmatizarnos y veremos seguramente cómo buena parte de los vecinos tendrán sus casas tituladas y respetadas como tuvo que haber sido desde siempre”, le dijo a este diario Ricardo Mercado, miembro de Asopacat y habitante de Pescadores I.
Sin un trabajo mancomunado, cualquier esfuerzo por formalizar y titular individualmente en Pescadores era improbable.
La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) ha apoyado las tareas de legalización del barrio y sumadas a las gestiones que se hicieron con la Acnur y la Alcaldía de Turbo, en 2022 comenzó la etapa de titulación individual de viviendas, mediante la cual se evaluaban las condiciones de cada casa para saber cómo y bajo qué parámetros podrían ser intervenidas.
“El apoyo sociojurídico nos lo dio la Corporación Opción Legal, pero claro que todo el contexto y las necesidades reales los han explicado las personas de la comunidad. Cada detalle ha sido pensado cuidadosamente, respetando tradiciones y velando para que allí se viva bien. Estas personas han sufrido lo insufrible y por años estuvieron bajo condiciones delicadas. Intentamos cubrir una deuda basada en respeto y dignidad”, narró Darwin Robledo, secretario de Planeación de Turbo.
En Pescadores parecía que estar en casa con la sensación de sentirse ajenos al lugar de asentamiento era la forma de vida que iba a tocarles.
Parte de su barrio está en una zona que era para el uso de la Armada, a nombre del Ministerio de Defensa, y luego de los procesos de prefactibilidad que se realizaron no solo se logró la cesión del predio, sino que hubo una contratación de diseño urbanístico para Pescadores y hasta la fecha, según la Acnur, hay una legalización general del 51 % de terreno del barrio. Algo que hace una década era completamente inverosímil.
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“A lo largo de 2023, más de 40 familias acá están en etapas finales para tener los títulos de sus casas. Una cifra cercana fue titulada en 2022 y hay constancia de tener en el barrio más de 300 lotes por construir en los que se podrá acceder a títulos. Hombre, una persona que ha sido desplazada vive con la inseguridad de que en cualquier momento lo ahuyentan de donde cree que consiguió un hogar. Por momentos Turbo fue una pesadilla con nosotros; vecinos dicen que la pasaron igual o peor que en los días de Cacarica lleno de paramilitares, por tanto desprecio. Ahora, creemos, todo eso cambiará a nuestro favor”, concluyó José Carlos.