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En los quince años y treinta días que lleva preso, Ernesto ha pasado por seis cárceles: la Modelo y La Picota de Bogotá, la temida “Tramacúa” de Valledupar, la cárcel de Palogordo en Girón, otra de máxima seguridad en Boyacá y la penitenciaría del sur del país en donde está acabando de cumplir su condena por rebelión y secuestro.
La peor de todas, dice sin vacilaciones, es la Tramacúa, aunque aclara que el paso las otras tampoco fue fácil. “Allá en la Tramacúa estuvimos 32 días en desobediencia por la pésima calidad del agua”, asegura contando que a duras penas recibían botellas de cinco litros para bañarse y satisfacer sus necesidades básicas.
Ernesto es un prisionero perteneciente al Ejército de Liberación Nacional. Atiende nuestra entrevista a comienzos de junio con uno de los miles de celulares clandestinos que circulan por las prisiones del país y la llamada ocurre apenas un día antes que le sea decomisado por un operativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) .
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“En algunas cárceles los gestores del ELN han estado haciendo las visitas que acordaron en el proceso”, dice Ernesto añadiendo que a la suya todavía no han llegado esas visitas, cuyo propósito es precisar los censos y las condiciones en las que se encuentran alrededor de 500 prisioneros de esa guerrilla en el país.
Asegura que sigue sin concretarse la excarcelación de siete de los ocho presos que el ELN había pedido que cumplieran su pena en detención domiciliaria junto a sus familias, aduciendo las precarias condiciones de salud y enfermedades terminales que sufren. El octavo de esos detenidos, Nelson Enrique Acevedo, murió en abril pasado sin que pudiera salir de la cárcel.
Otro jefe del ELN cercano a la mesa de diálogos ratificó esa versión a Colombia+20. Sin embargo, una fuente de alto nivel cercana al Gobierno aseguró a este medio que dos de los enfermos ya habían salido de las cárceles, aunque el ELN dice que los jueces otorgaron esas libertades por fuera de las peticiones que se hicieron en la mesa. En ese sentido, las versiones no coinciden, pero se espera que se concreten medidas para la excarcelación de los otros cinco.
“No ha habido excarcelaciones de compañeros en el marco del acuerdo humanitario” dijo un integrante del ELN miembro de la delegación negociadora que se comunicó con Colombia+20 para aclarar que “hay dos compañeros que salieron de la cárcel, pero no hubo mediación del Gobierno, ni cumplimiento del acuerdo, salieron por el trámite propio de los compañeros ante el juzgado, que otorgó el beneficio por su decisión. En nada tuvo que ver el Gobierno”.
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De acuerdo con la fuente gubernamental que confirmó a Colombia+20 la salida de los dos presos, desde el gobierno central no pueden ordenar la excarcelación de los presos pues “no pueden interferir con los mecanismos judiciales, la figura es la solicitud de sustitución de medida intramural por domiciliaria por condiciones de salud”, asegura esta persona añadiendo que es un trámite que se realiza ante los jueces, pero ellos “se demoran en responder por la misma dinámica de la congestión en la rama judicial”.
El Gobierno ha acudido a varias figuras jurídicas para cumplir con esta petición del ELN, que fue uno de los primeros acuerdos a los que se llegó en la mesa de diálogos, durante el primer ciclo de conversaciones realizado en Caracas entre noviembre y diciembre de 2022.
La primera figura jurídica a la que apeló el Ejecutivo fue solicitar detención domiciliaria a través del INPEC y el Instituto de Medicina Legal, con valoraciones médicas que demuestran el estado en fase terminal de estos prisioneros. Pero allí ha habido trabas burocráticas y líos en la documentación que retrasaron los trámites.
Otros tres de los prisioneros están en trámite para que el Ministerio de Justicia otorgue un concepto favorable de indulto de la pena, que debe ser firmado por el Presidente, “pero ese proceso también se demora”, aseguró esta persona, pues los “jueces de ejecución de penas duran meses para entregar documentación y antecedentes de cada caso para que Minjusticia elabore el concepto”.
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Quejas desde varios penales por una situación insostenible
Desde que salió la primera nota de Colombia+20 sobre la crisis carcelaria, no pasa una semana sin que nuestra redacción reciba denuncias, comunicados o mensajes de presos en una docena de cárceles del país quejándose de malos tratos, torturas e irregularidades en la alimentación y la sanidad.
La última de esas irregularidades ocurrió en la cárcel de máxima seguridad de El Barne en Cómbita, Boyacá, en donde los internos de varios patios desarrollaron una huelga la última semana de mayo por problemas en la comida y abusos de los contratistas encargados de la alimentación. Antes llegaron denuncias de la cárcel del Pedregal en Medellín, donde los presos aseguraban que les cortaban el agua y había jornadas en que sólo les entregaban una comida al día o alimentos podridos.
Colombia+20 se comunicó con la oficina de prensa del INPEC para conocer la causa de estas presuntas irregularidades pero desde allí indicaron que los temas logísticos los manejaba la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). La oficina de prensa de esa entidad dijo no tener ninguna información de huelgas o quejas oficiales, pero reconocieron que “se presentaron puntualmente algunas novedades”.
Entre ellas, la USPEC se refirió a quejas por visitas conyugales en la penitenciaría de El Barne, en Cómbita, problemas con el rancho en la cárcel de Pedregal (aunque aseguran que el servicio de alimentación se presta “con normalidad”). Además agregaron que “el tema de alimentación siempre va a tener sus contratiempos, por ejemplo, en el caso de Pedregal, son 3.500 personas privadas de la libertad, es bastante, el tema de los horarios sí se corren un poco, pero esos son contratiempos propios de la logística de entregar las cantidades de alimentación para toda la población”.
Desde las cárceles, los prisioneros reclaman que haya un debate más profundo sobre la situación carcelaria, para que las medidas como los alivios humanitarios no beneficien únicamente a los presos del ELN, sino a todos en general.
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“Permanentemente hemos venido denunciando la violación a los derechos humanos que ocurre en las cárceles de manera sistemática, es lo mismo que las honorables Cortes declararon desde hace más de veinte años, el estado de cosas inconstitucionales”, asegura Ernesto durante la entrevista, precisando que él y muchos de sus compañeros son partidiarios de que los alivios humanitarios no sean solamente “para nosotros [los guerrilleros en las cárceles]”, sino también para todos los presos en general: “nuestro pueblo es el que está encerrado aquí”.
Por eso reclaman que se tengan en cuenta solicitudes del Movimiento Nacional Carcelario -al que Ernesto pertenece-, que buscan una reducción generalizada de las penas para compensar el estado de cosas inconstitucional y violatorio de los derechos humanos que todos los presos y presas de Colombia han padecido, ya señalado por las altas cortes.
Sobre este tema ha habido múltiples reuniones en las cárceles con delegados del Ministerio de Justicia, aunque estas se han limitado a socializar la reforma carcelaria que el Gobierno está impulsando.
De acuerdo con una prisionera común que se encuentra recluida en una cárcel del Valle del Cauca, quien participó en una de las audiencias virtuales con los delegados del Minjusticia y habló con Colombia+20, la reforma que se radicó no cubre todas las peticiones del Movimiento Nacional Carcelario porque antes se habían caído en el Congreso cinco intentos de reforma y este fue el argumento del Gobierno para presentarla, “pero intentan que sea lo más acertada posible para que al menos sea aprobada”.
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En varias cárceles se conformaron mesas de trabajo para que las propuestas de los presos sean llevadas al Congreso de la República. La petición generalizada es una reducción del 30% de las penas por una única vez a todos los prisioneros y prisioneras.
“La población carcelaria no da dividendos políticos. Si no hay un sentimiento en las calles, que es muy difícil lograrlo, la población carcelaria es la más olvidada, el sistema hace que nos olviden mucho más y nos violenten nuestros derechos de forma permanente sin que nadie responda, son décadas, a mí me ha tocado vivir quince años en este estado de cosas inconstitucionales”, dice Ernesto, quien admite que aunque es probable que gracias a un acuerdo de paz con el ELN él podría salir antes de lo previsto de la prisión, si dicho acuerdo no se concreta él estará “dispuesto a seguir pagando este canazo”.
Ernesto se remite a una carta de su comandante Nicolás Rodríguez, conocido como Gabino, a las Fuerzas Militares en la que asegura que “ni ustedes ni nosotros somos enemigos de la paz” y habla de que “es necesario acordar un cese al fuego bilateral, nacional y prorrogable” que suspenda las acciones ofensivas.
Aquello avizora la posibilidad de un próximo cese al fuego, al que el ELN había sido reacio. Esta carta ha circulado ya por las prisiones desde hace dos semanas, un indicio de que es probable que el 8 de junio, al concluir el tercer ciclo de diálogos del Gobierno con esa guerrilla, ya se haya pactado el cese, según Ernesto. Otra fuente del ELN aseguró que aunque aún no se ha llegado al acuerdo, este está muy cerca, al igual que los mecanismos para la participación de la sociedad civil dentro de los diálogos.
“Yo esperaría que la organización haga el acuerdo de paz porque nosotros queremos la paz en este país y hemos luchado por ella, pero no una paz solamente para silenciar las armas, que no continue la exclusión y la política del enemigo interno”, concluye Ernesto.
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