Al complejo panorama que desde hace cinco meses se mantiene en la negociación de paz con la guerrilla del ELN se sumó un nuevo elemento esta semana. Ad portas del fin del cese al fuego y en medio de unos diálogos atascados, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), declaró ante la Corte Suprema de Justicia que, supuestamente, se habrían concedido contratos en beneficio del grupo ilegal en el departamento de Arauca, como parte de una estrategia para blindar la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro y ofrecer condiciones económicas para que el ELN dejara de secuestrar.
López —quien está siendo procesado por un escándalo de corrupción en la UNGRD— no entregó pruebas sobre su señalamiento, que pronto fue rechazado por el senador Iván Cepeda y los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogos de paz. Sin embargo, la declaración del exdirector de la Unidad ante el alto tribunal (revelada por Noticias Caracol) volvió a poner en el debate público el entramado de la “elenopolítica” y lo que se ha conocido como clientelismo armado, una estrategia que desde hace más de 30 años le ha permitido al ELN relacionarse con mandatarios regionales y sacar dividendos de los presupuestos de alcaldías y gobernaciones. Apenas hace tres años, José Facundo Castillo, entonces gobernador de Arauca, fue capturado por presuntos nexos con esta guerrilla, como también ha ocurrido con al menos otros cinco exmandatarios de ese departamento.
Estos señalamientos, que vuelven a minar la confianza en el proceso de paz, se conocieron apenas tres días después de que el Gobierno emitió una alerta para retomar los diálogos y lograr una extensión del cese al fuego bilateral. Otty Patiño, alto comisionado, pidió al finalizar la semana que esa guerrilla regrese a la mesa y se tomen decisiones sobre esa prórroga que cree “viable y necesaria”.
Fisura en la comunicación y cese al fuego en vilo
Según fuentes cercanas al proceso, desde hace varias semanas no hay comunicación entre la delegación del Gobierno y la del ELN. La tensión entre las partes creció el 7 de julio, tras una reunión del comisionado Patiño con el líder del frente Comuneros del Sur, estructura guerrillera de Nariño. Justamente ese proceso paralelo fue el que llevó a la comandancia del ELN a declarar una crisis en la mesa de diálogos y congelar la negociación desde febrero.
En entrevista con Colombia+20, el senador Cepeda hizo un llamado a reconocer que “a pesar de situación crítica, se ha logrado avanzar en las conversaciones, incluso hasta firmar el primer punto de la agenda, sobre la participación de la sociedad civil”. No obstante, el también negociador del Gobierno insistió en que es necesario que ambas delegaciones se sienten “cuanto antes a discutir la prórroga del cese al fuego, que ha sido el más prolongado en la historia de los diálogos con el ELN y que ha traído beneficios innegables para la situación humanitaria en el país”.
Tras una semana desde que la delegación del Ejecutivo le solicitó al ELN retomar las conversaciones, el jefe negociador de esa guerrilla, Pablo Beltrán, señaló por medio de un video que fue compartido por la delegación de esa guerrilla el viernes en la tarde que siguen comprometidos con el proceso, pero que la mesa seguirá estancada hasta que el Gobierno se decida a cumplir con los acuerdos.
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“La paz es un proceso de transición con compromiso. Que lo cumpla este gobierno y los siguientes. Acabar con el conflicto también es un proceso. Nosotros nos comprometemos con un proceso que traiga transformaciones y que acabe con el conflicto, con una sola condición: para cambiar a Colombia, cambia el ELN, sí, pero entonces cambiamos todos. Vamos a seguir exigiendo que el Gobierno cumpla los acuerdos para que la mesa no esté más bajo congelamiento y se reanude”, explicó.
Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, lo que se está viviendo en la negociación es un pulso de poder entre las partes. “Estamos frente a un desgaste planificado de la mesa por parte del ELN, que desde el inicio ha marcado el ritmo de la negociación porque entendió que su proceso de paz es la principal apuesta de la paz total de Petro. Hoy todo está pausado con el ELN y no se ve posibilidad de avance porque el grupo, al parecer, está condicionando la reanudación de las conversaciones a la renuncia del Gobierno en el proceso con el frente Comuneros del Sur”, explicó Trejos, quien también hace parte de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas.
Lo cierto es que, por ahora, el Ejecutivo se mantiene en firme en la negociación paralela con ese frente nariñense, que está siendo impulsada por el comisionado Patiño y su círculo cercano. De hecho, el viernes se realizó la firma del compromiso de paz de esa instancia de diálogo.
En todo caso, desde la óptica del profesor Trejos, pese a la insistencia de la comandancia del ELN, suspender el proceso con esta estructura no parece una opción viable: “El Gobierno tiene la obligación de buscar la paz, así sea con una sola parte de un grupo, como ya se está viendo también en el caso de las disidencias de las FARC, con el ala Calarcá del Estado Mayor Central (EMC). Lo que sí es necesario es aprovechar estas pausas, que con el ELN se volvieron continuas, para hacer reflexiones internas, porque la negociación demanda poner líneas rojas”.
El coletazo de las denuncias a la legitimidad del proceso
Justamente ese último punto, el de establecer líneas rojas, cobró vigencia en los últimos días, a raíz de los señalamientos de Olmedo López. El investigador Jorge Mantilla planteó que, de ser ciertas sus denuncias, “representan un déficit de legitimidad del proceso de paz y muestran el alcance de la captura del Estado por parte del ELN”, tema que debería plantearse en la mesa de diálogos.
De acuerdo con las declaraciones de López, la congresista araucana Karen Manrique Olarte —quien ocupa una de las curules de paz producto del Acuerdo de 2016 con las FARC— fungió como intermediaria en la adjudicación de un contrato que supuestamente benefició al grupo guerrillero.
Esto se habría dado en el contexto de la solicitud de recursos del ELN al Gobierno para la manutención de sus tropas, un pedido al que el Ejecutivo se ha negado bajo el argumento de que no se le puede dar ningún soporte a un grupo que sigue en pie de guerra y aún está lejos de un proceso de desmovilización. Lo único que ha ofrecido el gobierno es la creación de un fondo multidonante para financiar acciones propias del funcionamiento de la mesa o proyectos de desarrollo en los territorios afectados por el conflicto, pero tras cinco meses ese compromiso, aún no hay avances en su materialización.
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Lo cierto es que empieza desde ya una carrera contrarreloj si es que las partes quieren trabajar no solo por salvar la mesa, sino por extender el cese al fuego cuya vigencia se acaba el próximo 3 de agosto y que hoy, no solo es el más largo logrado con esa guerrilla u otro grupo armado, sino que es uno de los avances más significativos de esa negociación.
