Este lunes 12 de diciembre finalizó el primer ciclo de diálogos entre la guerrilla del Eln y la delegación del Gobierno Nacional que se llevó a cabo en Caracas (Venezuela). Uno de los anuncios más importantes entre los negociadores fue el acuerdo sobre acciones y dinámicas Humanitarias. De acuerdo con el comunicado entregado por las delegaciones, ambas partes reconocen la “grave situación de violencia en los territorios” y por ello “decidieron poner en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencias, que iniciará a partir de enero de 2023, sobre el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó)”.
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Aunque no se dieron mayores detalles sobre cómo se implementará este acuerdo, durante la rueda de prensa Otty Patiño, jefe negociador de la delegación del Gobierno, expresó que la idea con los alivios humanitarios acordados para el próximo año es que generen procesos que “reversen la tragedia humanitaria en términos concretos”.
De igual forma, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, indicó que el objetivo de este primer acuerdo sobre las acciones humanitarias es realizar un prototipo y ver cómo funciona en el Valle del Cauca y el Chocó. “Es un primer espacio de intervención humanitaria y se quiere después poderlo replicar en otras partes. Esperamos que en el inicio de 2023 pueda darse los primeros pasos y desarrollar esta experiencia en otras regiones”.
Entre los anuncios también estuvo el reconocimiento de la situación que se vive al interior de las cárceles del país. Frente a esto, acordaron la “atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del Eln”. Sobre este tema tampoco se supo cómo será esta atención ni una fecha tentativa para empezar a materializarlas en los centros penitenciarios, pero se da respuesta a una de las preocupaciones que manifestó la guerrilla cuando comenzó el ciclo de diálogo.
Frente a esto, Beltrán aseguró que para lograr que el gobierno acepte la atención humanitaria a los presos de esa guerrilla, ya han tenido otros gestos de voluntad de paz como la liberación de 20 secuestrados desde el pasado 7 de agosto a la fecha, entre personas civiles y miembros de las Fuerzas Armadas.
La primera muestra de esos alivios humanitarios fruto de la mesa de negociación se dio el pasado 3 de diciembre cuando el presidente Gustavo Petro anunció que se llegó a un acuerdo con la guerrilla del Eln para que se permitiera el regreso de indígenas de la comunidad emberá, desplazados por todo el país, a su resguardo en Alto de Andágueda.
“Con el Eln se ha empezado una conversación, un diálogo de paz. El primer punto de acuerdo que logramos con el Eln, en escasamente una semana que llevan estos diálogos, es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberás a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno”, dijo el mandatario en su momento.
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Antes de ese pronunciamiento ya se había hablado de los acuerdos humanitarios. En el primer comunicado conjunto de las delegaciones del pasado 20 de noviembre, uno de los puntos anunciados fue el de retomar el punto de los Acuerdos Humanitarios. “Se adelantarán en el corto plazo procesos de alivios humanitarios, para esto se conformará un mecanismo en la mesa de diálogos que cuente con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia”, se dijo en su momento.
¿En qué se traducen esos alivios humanitarios?
Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo que otras medidas de esos acuerdos humanitarios que llegarían a esas regiones del plan piloto podrían ser desde corredores humanitarios, desminadp, cese al fuego, la apertura y garantía del funcionamiento de las escuelas y que las misiones médicas puedan moverse por el territorio. Los retornos de la población desplazada también podrían ser una de las prioridades en la agenda, según el experto.
Diego Madrid, líder del Consejo Comunitario Bajo Calima, una de las zonas donde empezará ese plan piloto, aseguró que celebran el anuncio de los alivios humanitarios en su territorio, sobre todo quienes como él han tenido que salir desplazados de esa región hacia zonas como Buenaventura huyendo del conflicto. “Esto es producto del ejercicio de la incidencia que hemos venido realizando las víctimas negras e indígenas en el litoral San Juan y Bajo Calima”.
El líder aseguró que esperan que ese anuncio se traduzca en el cese al fuego bilateral, que se detengan los reclutamientos a menores de edad y que garanticen la participación de las víctimas en la definición de esos acuerdos humanitarios. “Pedimos que nos tengan en cuenta cuando vayan a definir las acciones del alivio”.
Madrid habló de la importancia de que la guerrilla del Eln plantee corredores humanitarios para el retorno de al menos 2.000 personas. “Queremos gozar de nuestro territorio y que las personas puedan regresar de donde fueron desplazados”, afirmó.
También explicó que esperan que el Eln acoja el Eje Humanitario, una propuesta regional e interétnica que las comunidades sociales de esa zona del Pacífico habían venido planteando para construir la paz. “Proponemos construir espacios de salvaguarda colectiva con enfoque humanitario que estén asegurados de forma jurídica como zonas libres de grupos armados. Serían refugios humanitarios internos en los territorios en los que nos podemos cuidar en hechos eventuales de violencia”, dijo Madrid.
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Alivios humanitarios, presentes en la historia de las negociaciones de paz
Los “gestos de paz” o alivios humanitarios no son nuevos para el ningún grupo armado que haya estado en una negociación. A lo largo de los seis intentos de paz fallidos con el Eln ya habían anunciado e implementado cambios en su accionar para mitigar su impacto en el conflicto armado en distintas regiones del país. Por ejemplo, en 1998 bajo el gobierno de Ernesto Samper, Pablo Beltrán (hoy negociador nuevamente) y Milton Hernández, exguerrillero del Eln, crearon un comité para preparar una Convención Nacional que promoviera la participación de la sociedad civil en esa mesa. Allí exploraron la posibilidad de suspender los secuestros en Colombia y parar los atentados a oleoductos e infraestructuras petroleras.
A pesar de que el sector petrolero ha sido una de las principales fuentes de financiación de ese grupo armado, y su renta -a través de las extorsiones- le ha significado presencia y control en zonas como Arauca, parte de su posición política, la guerrilla durante décadas ha pedido la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos la explotación del petróleo.
En 1999, en el Gobierno de Andrés Pastrana, esa guerrilla dio uno de los golpes más duros con el secuestro de 164 feligreses de la iglesia La María, al sur de Cali. Durante ese año las negociaciones estuvieron suspendidas y en octubre del 2000, el gobierno y el Eln anunciaron un acuerdo humanitario para adelantar proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y preservación del medio ambiente en los territorios donde más tenían incidencia.
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Un año después, en 2001, el gobierno de Pastrana en medio de las negociaciones con las extinta Farc firmaron el Acuerdo de los Pozos, cuyo propósito era especificar las condiciones con las que negociarían con esa guerrilla y, justamente, uno de los puntos pactados fue el de trabajar por la recuperación del medioambiente y oponerse a los cultivos ilícitos.
En 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pocas semanas antes de la cuarta ronda exploratoria, el Eln declaró cese unilateral de acciones ofensivas durante el período electoral de ese año y desarrollaron su IV Congreso interno como guerrilla. En ese período las partes no volvieron a la mesa de diálogo y fue hasta 2014, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos que comenzó la fase exploratoria.
Dos años después, el 30 de marzo de 2016 cuando ya había países garantes del proceso que comenzaba, el expresidente advirtió que todos los secuestrados en poder del Eln debían ser liberados para continuar las conversaciones. Sin embargo, el máximo líder de la guerrilla en ese momento, Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino) rechazó esa condición.
Fue hasta enero de 2017 que las partes anunciaron que las negociaciones arrancarían el 7 de febrero en Quito (Ecuador) y el gobierno cedió poniendo como única condición que el Eln, como gesto de paz, liberara al político Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, quien permaneció seis meses en poder de la guerrilla. En ese momento, “Gabino” también condicionó al gobierno y anunció que para liberar al político, debían darle indulto a dos guerrilleros del Eln detenidos en ese momento. Poco menos de un mes después, inició formalmente un nuevo ciclo de diálogo.
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En abril de 2017 ambas partes anunciaron que pondrían en marcha un programa de desminado humanitario para cumplir uno de los puntos más importantes en la agenda que pretendía implementar acciones y dinámicas humanitarias que beneficiaran a la población civil. En su momento, el comunicado de la delegación del Gobierno exhortaba a la guerrilla a que aceptara e implementara el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe delitos como el secuestro y los ataques a la población civil. “Celebramos que el Eln haya suscrito, en el marco referencial de la mesa de dinámicas y acciones humanitarias (...) cuyos trabajos van a empezar próximamente, es proteger a las personas no combatientes y a la población civil de los efectos que el conflicto armado les causa”, decía el documento.
En ese mismo año, en el que el papa Francisco visitó Colombia, el Eln y el Gobierno Nacional anunciaron cese al fuego bilateral por 102 días desde el 1 de octubre de 2017 y hasta el 12 de enero de 2018 por petición del sumo Pontífice. En la mesa de negociación en Quito (Ecuador), acordaron que la verificación la haría la Iglesia Católica, la ONU y las partes.
Ese cese al fuego no solo contempló la suspensión de acciones armadas, sino también los ataques a las infraestructuras petroleras del país y el reclutamiento a menores de edad por parte de la guerrilla, así como la suspensión de secuestros a nacionales y extranjeros.
Aunque esos 102 días se cumplieron, el 10 de enero de 2018, un día después de que se levantara esa restricción, el Eln comenzó a atentar contra oleoductos y otras infraestructuras. En ese año, la Fundación Ideas para la Paz aseguró que apenas 10 días después de que se acabara el cese al fuego, la guerrilla ya había cometido 24 acciones armadas. De hecho, eso fue lo que hizo que el entonces presidente Santos decidiera suspender los diálogos de paz en Ecuador, luego de varios atentados contra policías y miembros de la Fuerza Pública.
En marzo de ese año, ambas partes anunciaron que retomarían la negociación y uno de los alivios humanitarios que era justamente la consolidación de un acuerdo humanitario en el Chocó. En ese momento, el movimiento de la sociedad civil llamado Acuerdo Humanitario ¡Ya! les envió una carta a los negociadores en Ecuador con una serie de exigencias para el Pacífico colombiano.
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Los 10 puntos de esa carta fueron: cese al fuego bilateral, desmonte de estructuras paramilitares en el departamento, respeto por la autonomía territorial y derecho propio de las comunidades, desminado humanitario, permanencia de ambas partes en la mesa de negociación, frenar el reclutamiento de niños y niñas, terminar actos de violencia contra mujeres y población LGBTI, frenar los asesinatos y las desapariciones forzadas, no realizar acciones que generaran desplazamiento y la suspensión de siembra de cultivos ilícitos y minería.
Sin embargo, durante el último mandato presidencial de Santos no se logró concretar una tregua. El 7 de agosto de 2018, en la posesión del expresidente Iván Duque, el mandatario condicionó la reanudación de los diálogos si el Eln liberaba a todos sus secuestrados y renunciaba a todas las actividades criminales. En enero de 2019, esa guerrilla realizó un atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander (en Bogotá) que dejó 22 muertos y 68 heridos.
El expresidente Duque suspendió los diálogos y le pidió a Cuba la extradición de los negociadores de paz que estaban en la isla a la espera de una nueva mesa. El resto de su mandato Duque no volvió a priorizar una agenda de paz con esa guerrilla.
Fue hasta agosto de 2022 cuando el comisionado de Paz Danilo Rueda y el presidente Gustavo Petro anunciaron su voluntad de paz con ese grupo armado y una de las primeras acciones que tuvieron para generar los acercamientos fue suspender las órdenes de captura y extradición que había interpuesto Iván Duque contra los integrantes del Eln.