Gobierno y ELN empezarán el lunes a afinar reglas del cese al fuego
El secuestro de una militar con sus dos hijos menores de edad y otras acciones violentas de esta guerrilla ocurridas horas antes del cese de operaciones ofensivas entre las partes son el telón de fondo para el inicio de la sesión plenaria entre ambas delegaciones, donde tendrán que discutirse, entre otros temas, los ocho protocolos para el cese al fuego.
Gloria Castrillón Pulido
Este lunes 10 de julio, cuando las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN se encuentren en el Palacio de las Convenciones de La Habana (Cuba), uno de los temas que gravitará sobre la mesa será el secuestro de la sargento del Ejército Ghislaine Ramírez y sus dos hijos (de seis y ocho años, uno de ellos con diagnóstico de autismo). El hecho fue atribuido al frente Domingo Laín de esta guerrilla y ocurrió en la vía que conduce de Fortul a Saravena, en el departamento de Arauca, tres días antes de que empezara el calendario para el cese al fuego bilateral entre las partes.
Aunque la oficial y sus hijos ya fueron liberados, el secuestro produjo las más duras reacciones del Gobierno a través de los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Luis Fernando Velasco, así como del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
En contexto: Ella es Ghislaine Ramírez, la música y sargento secuestrada con sus hijos en Arauca
“El secuestro con dos niños y uno de ellos enfermo es una locura”, dijo Velasco. “Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”, dijo Rueda.
Justamente el encuentro que comienza este lunes tiene como objetivo aprobar los ocho protocolos para el cese al fuego bilateral que entrará en plena vigencia el 3 de agosto. Una subcomisión ha estado trabajando en La Habana en esos documentos desde el pasado 19 de junio y, según pudo establecer Colombia+20, las partes lograron un acuerdo sobre ellos.
Los acuerdos sobre cese al fuego
Esa subcomisión la integraron, por parte del Gobierno, el almirante Orlando Romero, Horacio Guerrero, Olga Lilia Silva, Rosmery Quintero, Juan Carlos Ospina (como asesor jurídico) y Rodrigo Mezú, coronel de la Fuerza Aérea, como miembro del equipo de observadores militares. Por parte del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, Bernardo Téllez, Isabel Torres, Tomás García Laviana y Pablo Beltrán.
Desde el pasado miércoles viajaron todos los integrantes del equipo negociador del Gobierno a La Habana para analizar los documentos que trabajó esta subcomisión. A eso se han dedicado estos días en un trabajo a puerta cerrada. Lo propio han hecho los integrantes de la delegación de paz del ELN. Las partes han trabajado por separado y solo se encontrarán en plenaria este lunes.
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Los protocolos que deben acordar en esta nueva ronda de diálogo son ocho: uno referente a la evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego; otro que determina el papel que tendrá la mesa en el desarrollo del cese, y habrá otro documento sobre el papel específico que jugará la Iglesia en el monitoreo del cese.
Otro protocolo se encargará de establecer las condiciones de seguridad y protección para los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación; otro para brindar condiciones de seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia; es decir, cómo se ubicarán los integrantes de la guerrilla y cómo se garantiza la separación de fuerzas.
Habrá uno más sobre la veeduría social que creó la mesa y otro que se encargue de regular los mecanismos de protección humanitaria. Estos dos últimos son aspectos novedosos que se crean por primera vez en estos ejercicios de cese al fuego. Finalmente, habrá protocolos separados para tratar el tema de la pedagogía y las comunicaciones.
Un cese amplio y preciso
Pero más allá de los detalles técnicos de los documentos, el reto para las delegaciones será precisar y ampliar los alcances del cese al fuego frente a los reclamos de varios sectores de opinión que piden más claridad, por ejemplo, sobre las prohibiciones expresas al ELN de secuestrar, reclutar menores de edad, instalar minas y producir confinamientos y desplazamientos en las comunidades donde están presentes.
También será clave la instalación y el buen funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que, según lo acordado, estará conformado por integrantes del ELN, de la Misión de Verificación de la ONU, de la fuerza pública, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Conferencia Episcopal.
Lea: ELN ordena a sus estructuras alistarse para cese al fuego con la Fuerza Pública
Justamente se está a la espera de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice la ampliación del mandato de la Misión de Verificación para hacer parte de ese Mecanismo.
En el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz que presentará Antonio Guterres este miércoles en Nueva York afirma que él ya “presentó, el 13 de junio, las recomendaciones detalladas sobre estas tareas adicionales y las implicaciones para su configuración”.
La definición del modelo de veeduría social, que está previsto en el acuerdo firmado el 9 de junio, también será clave para permitir que las comunidades participen en la prevención de incidentes, pero el reto estará en no poner en riesgo a los habitantes que quieran reportar novedades o actividades de las tropas de uno y otro bando.
Esta ronda de diálogo deberá concluir con detalles precisos para que el 3 de agosto empiece a funcionar de manera plena el cese al fuego bilateral, que tendrá una vigencia inicial de 180 días.
Esta será una prueba de fuego para la mesa, no solo porque este tipo de ceses al comienzo de la negociación pretenden construir la confianza necesaria entre las partes para avanzar en los temas sustantivos de la agenda, sino porque las comunidades deben sentir un verdadero alivio en la situación humanitaria. Si eso no ocurre, el cese al fuego será visto como una concesión innecesaria del Estado a la guerrilla, ad portas de unas elecciones regionales decisivas para el proyecto político de la coalición de gobierno.
La prueba de fuego también será para el ELN, que debe demostrar que todas sus estructuras están atendiendo las órdenes del Comando Central. El hecho de que el llamado Frente de Guerra Occidental insista en mantener un paro armado en la región del San Juan, en el departamento de Chocó, deja muchos interrogantes al respecto.
Si bien el paro armado fue declarado dos días antes del 6 de julio, fecha en la que empezó el cese de operaciones ofensivas entre esta guerrilla y la Fuerza Pública, el viernes en la tarde se conoció la decisión de esa estructura de crear un corredor humanitario diurno los días 9 y 10 de julio desde las seis de la mañana y la seis de la tarde, para que los habitantes Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral de San Juan puedan abastecerse de alimentos y medicamentos.
Según las autoridades, este es el quinto paro armado que enfrentan los pobladores de esta región en lo que va corrido de 2023. Se estima que algo más de 8.000 personas estarían confinadas en estos territorios.
¿Cómo abordará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación estos hechos que afectan directamente a la población civil, aunque no esté relacionado con las operaciones ofensivas de las partes en contienda?
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El modelo de participación, otro objetivo
Además de discutir y aprobar los protocolos de cese al fuego, la mesa se dedicará a aprobar cuatro documentos que tienen que ver con el proceso de participación de la sociedad civil en el proceso de paz.
Este tema lo trabajó en Bogotá una subcomisión que estuvo integrada por el senador Iván Cepeda, José Félix Lafaurie (presidente de Fedegán), el ambientalista Rodrigo Botero, la pastora evangélica Adelaida Jiménez, la dirigente política Nigeria Rentería, el coronel (r) del Ejército Álvaro Matallana y la lideresa indígena Dayana Domicó. De parte del ELN participaron los cuatro gestores de paz: Juan Carlos Cuéllar, Jairo Arriguí, Violeta Arango y Claudia Rodríguez, con un equipo técnico que los apoyaba.
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La mesa se dedicará a discutir y aprobar los cuatro documentos que acordaron en esa subcomisión, que son: el reglamento interno del Comité Nacional de Participación, el plan de trabajo del Comité durante los próximos seis meses que arrancan con su instalación el 25 de julio, una declaración política que se dará a conocer ese día para hacer un llamamiento a la participación y otro documento que define el apoyo operativo que darán la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal al Comité.
En el plan de trabajo se incluyó un calendario con una serie de encuentros regionales y sectoriales. La mesa también tendrá este lunes el listado de las 75 organizaciones sociales que ya confirmaron su participación en el Comité. La mesa convocó a 81. De esas confirmaciones hay 32 organizaciones que han suministrado el nombre de la persona que han delegado con foto y perfil.
Entre las novedades está la participación ya confirmada de un vocero del Comité Intergremial, de la Asociación de Mineros, del Instituto de Ciencia Política Echavarría Olózaga y de Acore, la principal asociación de militares retirados.
Uno de los retos que enfrentarán las delegaciones a partir del lunes es definir un modelo de participación que trate de sincronizar los tiempos que maneja la mesa —y la negociación misma— y los tiempos y afanes de la población y de las organizaciones que participan.
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Además, el modelo debe ser realmente participativo, que promueva el diálogo y facilite llegar a acuerdos, incluso en temas que tal vez no estén en la agenda ya pactada por las partes.
Al finalizar esta ronda de diálogos, los anuncios de la mesa deben darle la tranquilidad a la opinión pública de que la negociación tendrá bases sólidas: que el cese, a pesar de los muchos inconvenientes que atravesará, significará una mejoría en la situación de los territorios, y que la participación de la sociedad será un ejercicio de debate y acuerdos que superen las frustraciones de otros ejercicios similares que no llevan a ningún lado.
El 14 de agosto las delegaciones volverán a un cuarto ciclo de diálogo, esta vez, en Caracas (Venezuela).
Este lunes 10 de julio, cuando las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN se encuentren en el Palacio de las Convenciones de La Habana (Cuba), uno de los temas que gravitará sobre la mesa será el secuestro de la sargento del Ejército Ghislaine Ramírez y sus dos hijos (de seis y ocho años, uno de ellos con diagnóstico de autismo). El hecho fue atribuido al frente Domingo Laín de esta guerrilla y ocurrió en la vía que conduce de Fortul a Saravena, en el departamento de Arauca, tres días antes de que empezara el calendario para el cese al fuego bilateral entre las partes.
Aunque la oficial y sus hijos ya fueron liberados, el secuestro produjo las más duras reacciones del Gobierno a través de los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Luis Fernando Velasco, así como del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
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“El secuestro con dos niños y uno de ellos enfermo es una locura”, dijo Velasco. “Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”, dijo Rueda.
Justamente el encuentro que comienza este lunes tiene como objetivo aprobar los ocho protocolos para el cese al fuego bilateral que entrará en plena vigencia el 3 de agosto. Una subcomisión ha estado trabajando en La Habana en esos documentos desde el pasado 19 de junio y, según pudo establecer Colombia+20, las partes lograron un acuerdo sobre ellos.
Los acuerdos sobre cese al fuego
Esa subcomisión la integraron, por parte del Gobierno, el almirante Orlando Romero, Horacio Guerrero, Olga Lilia Silva, Rosmery Quintero, Juan Carlos Ospina (como asesor jurídico) y Rodrigo Mezú, coronel de la Fuerza Aérea, como miembro del equipo de observadores militares. Por parte del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, Bernardo Téllez, Isabel Torres, Tomás García Laviana y Pablo Beltrán.
Desde el pasado miércoles viajaron todos los integrantes del equipo negociador del Gobierno a La Habana para analizar los documentos que trabajó esta subcomisión. A eso se han dedicado estos días en un trabajo a puerta cerrada. Lo propio han hecho los integrantes de la delegación de paz del ELN. Las partes han trabajado por separado y solo se encontrarán en plenaria este lunes.
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Los protocolos que deben acordar en esta nueva ronda de diálogo son ocho: uno referente a la evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego; otro que determina el papel que tendrá la mesa en el desarrollo del cese, y habrá otro documento sobre el papel específico que jugará la Iglesia en el monitoreo del cese.
Otro protocolo se encargará de establecer las condiciones de seguridad y protección para los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación; otro para brindar condiciones de seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia; es decir, cómo se ubicarán los integrantes de la guerrilla y cómo se garantiza la separación de fuerzas.
Habrá uno más sobre la veeduría social que creó la mesa y otro que se encargue de regular los mecanismos de protección humanitaria. Estos dos últimos son aspectos novedosos que se crean por primera vez en estos ejercicios de cese al fuego. Finalmente, habrá protocolos separados para tratar el tema de la pedagogía y las comunicaciones.
Un cese amplio y preciso
Pero más allá de los detalles técnicos de los documentos, el reto para las delegaciones será precisar y ampliar los alcances del cese al fuego frente a los reclamos de varios sectores de opinión que piden más claridad, por ejemplo, sobre las prohibiciones expresas al ELN de secuestrar, reclutar menores de edad, instalar minas y producir confinamientos y desplazamientos en las comunidades donde están presentes.
También será clave la instalación y el buen funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que, según lo acordado, estará conformado por integrantes del ELN, de la Misión de Verificación de la ONU, de la fuerza pública, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Conferencia Episcopal.
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Justamente se está a la espera de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice la ampliación del mandato de la Misión de Verificación para hacer parte de ese Mecanismo.
En el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz que presentará Antonio Guterres este miércoles en Nueva York afirma que él ya “presentó, el 13 de junio, las recomendaciones detalladas sobre estas tareas adicionales y las implicaciones para su configuración”.
La definición del modelo de veeduría social, que está previsto en el acuerdo firmado el 9 de junio, también será clave para permitir que las comunidades participen en la prevención de incidentes, pero el reto estará en no poner en riesgo a los habitantes que quieran reportar novedades o actividades de las tropas de uno y otro bando.
Esta ronda de diálogo deberá concluir con detalles precisos para que el 3 de agosto empiece a funcionar de manera plena el cese al fuego bilateral, que tendrá una vigencia inicial de 180 días.
Esta será una prueba de fuego para la mesa, no solo porque este tipo de ceses al comienzo de la negociación pretenden construir la confianza necesaria entre las partes para avanzar en los temas sustantivos de la agenda, sino porque las comunidades deben sentir un verdadero alivio en la situación humanitaria. Si eso no ocurre, el cese al fuego será visto como una concesión innecesaria del Estado a la guerrilla, ad portas de unas elecciones regionales decisivas para el proyecto político de la coalición de gobierno.
La prueba de fuego también será para el ELN, que debe demostrar que todas sus estructuras están atendiendo las órdenes del Comando Central. El hecho de que el llamado Frente de Guerra Occidental insista en mantener un paro armado en la región del San Juan, en el departamento de Chocó, deja muchos interrogantes al respecto.
Si bien el paro armado fue declarado dos días antes del 6 de julio, fecha en la que empezó el cese de operaciones ofensivas entre esta guerrilla y la Fuerza Pública, el viernes en la tarde se conoció la decisión de esa estructura de crear un corredor humanitario diurno los días 9 y 10 de julio desde las seis de la mañana y la seis de la tarde, para que los habitantes Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral de San Juan puedan abastecerse de alimentos y medicamentos.
Según las autoridades, este es el quinto paro armado que enfrentan los pobladores de esta región en lo que va corrido de 2023. Se estima que algo más de 8.000 personas estarían confinadas en estos territorios.
¿Cómo abordará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación estos hechos que afectan directamente a la población civil, aunque no esté relacionado con las operaciones ofensivas de las partes en contienda?
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Además de discutir y aprobar los protocolos de cese al fuego, la mesa se dedicará a aprobar cuatro documentos que tienen que ver con el proceso de participación de la sociedad civil en el proceso de paz.
Este tema lo trabajó en Bogotá una subcomisión que estuvo integrada por el senador Iván Cepeda, José Félix Lafaurie (presidente de Fedegán), el ambientalista Rodrigo Botero, la pastora evangélica Adelaida Jiménez, la dirigente política Nigeria Rentería, el coronel (r) del Ejército Álvaro Matallana y la lideresa indígena Dayana Domicó. De parte del ELN participaron los cuatro gestores de paz: Juan Carlos Cuéllar, Jairo Arriguí, Violeta Arango y Claudia Rodríguez, con un equipo técnico que los apoyaba.
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La mesa se dedicará a discutir y aprobar los cuatro documentos que acordaron en esa subcomisión, que son: el reglamento interno del Comité Nacional de Participación, el plan de trabajo del Comité durante los próximos seis meses que arrancan con su instalación el 25 de julio, una declaración política que se dará a conocer ese día para hacer un llamamiento a la participación y otro documento que define el apoyo operativo que darán la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal al Comité.
En el plan de trabajo se incluyó un calendario con una serie de encuentros regionales y sectoriales. La mesa también tendrá este lunes el listado de las 75 organizaciones sociales que ya confirmaron su participación en el Comité. La mesa convocó a 81. De esas confirmaciones hay 32 organizaciones que han suministrado el nombre de la persona que han delegado con foto y perfil.
Entre las novedades está la participación ya confirmada de un vocero del Comité Intergremial, de la Asociación de Mineros, del Instituto de Ciencia Política Echavarría Olózaga y de Acore, la principal asociación de militares retirados.
Uno de los retos que enfrentarán las delegaciones a partir del lunes es definir un modelo de participación que trate de sincronizar los tiempos que maneja la mesa —y la negociación misma— y los tiempos y afanes de la población y de las organizaciones que participan.
En video: La creación de un fondo multidonante que financie al ELN es una posibilidad
Además, el modelo debe ser realmente participativo, que promueva el diálogo y facilite llegar a acuerdos, incluso en temas que tal vez no estén en la agenda ya pactada por las partes.
Al finalizar esta ronda de diálogos, los anuncios de la mesa deben darle la tranquilidad a la opinión pública de que la negociación tendrá bases sólidas: que el cese, a pesar de los muchos inconvenientes que atravesará, significará una mejoría en la situación de los territorios, y que la participación de la sociedad será un ejercicio de debate y acuerdos que superen las frustraciones de otros ejercicios similares que no llevan a ningún lado.
El 14 de agosto las delegaciones volverán a un cuarto ciclo de diálogo, esta vez, en Caracas (Venezuela).