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La reunión tiene lugar al fondo de un pasillo estrecho de locutorios y salones encerrados entre rejas, muros, mallas y barrotes. Así es el primer piso de la estructura número 3 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, más conocido como “La Picota”. Después de cinco horas de espera, llamadas, requisas y oficios de autorización que van y vienen de los patios a las oficinas del penal, la guardia por fin trae desde los pabellones a nueve prisioneros del Ejército de Liberación Nacional para la entrevista que fue autorizada días atrás por el INPEC.
“Nos preocupa la situación de los compañeros más enfermos, eran diez y quedan ocho vivos”, comienza uno de los más viejos, antiguo comandante de un frente al norte del país, quien ya ajustó más de una década tras las rejas.
Se refiere a la muerte en prisión de Nelson Enrique Acevedo y Hermides Delgado, dos guerrilleros del ELN que padecían enfermedades terminales y fallecieron este año; no pudieron reunirse con sus familias al momento de morir, pues la excarcelación acordada durante el primer ciclo de diálogos con esa guerrilla en diciembre de 2022 no se llevó a cabo por múltiples trabas burocráticas y judiciales.
Hermides fue uno de los presos que conversó por teléfono con Colombia+20 en febrero pasado, cuando publicamos el primero de esta serie de reportajes sobre la crisis carcelaria y los debates que ha suscitado en la mesa de diálogos con el ELN. Con la voz castigada por la diabetes y la insuficiencia renal que acabaron con su vida, lo único que pidió Hermides en aquella entrevista fue poder abrazar, al menos una última vez, a su familia campesina en el Catatumbo.
Sin embargo, Colombia+20 confirmó con dos personas cercanas al Ejecutivo que hay avances en la resolución que permitiría la salida de la cárcel de diez prisioneros enfermos en grave estado de salud, entre quienes están los de la lista inicial pactada con el Gobierno y otros que se añadieron tras la muerte de Acevedo y Delgado. Este anuncio podría darse en los próximos días o semanas, incluso antes del quinto ciclo de negociaciones. Un comandante del ELN cercano a la mesa de diálogos ratificó dicha información.
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Los nueve prisioneros que conversaron esta vez con Colombia+20 aclaran que ninguna de sus intervenciones es a título personal, sino que se trata de la voz de los “presos políticos del ELN” que han discutido y elevado propuestas a la mesa de diálogos buscando aliviar su situación.
Piden, igualmente, que se consigne el caso puntual de uno de los que participa en esta charla: Plutarco Elías Zapata “Tarco”, veterano entre ellos y fundador del frente Domingo Laín de Arauca, quien dos semanas antes de nuestra visita estuvo hospitalizado por un desequilibrio en su presión arterial. “La próxima vez el compañero va a salir de acá pero en un ataúd”, aseguran. Aunque Tarco ya pagó dos terceras partes de su condena, no ha sido posible que vaya a prisión domiciliaria, como en teoría tiene derecho según la ley. Mientras tanto, su salud empeora por la falta de atención médica dentro del penal.
“Aquí seguimos esperando un operativo a las nueve, un operativo en la tarde, un operativo en la noche, ¿para dónde vamos? ¿De qué paz estamos hablando si acá vivimos una guerra total?”, se queja otro antiguo comandante, que está condenado a 40 años de prisión por rebelión y secuestro.
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Su postura es ratificada por el primer hombre que habló: “los gestores nuestros y quienes están al frente de la mesa actuaron de buena fe, pensando que el Gobierno iba a tener una actitud recíproca, y no fue así, porque en el primer ciclo, que fue en diciembre del año pasado hubo un acuerdo de que iban a salir ocho compañeros graves, que iba a haber una regionalización, en la medida en que iban avanzando los ciclos y se iba exigiendo que cumplieran por lo menos lo del primer ciclo”.
Todos coinciden que sí el ELN ha cumplido con el cese al fuego y los alivios humanitarios en las zonas más golpeadas por la guerra, también han liberado a soldados y miembros de las disidencia que han caído en poder de la guerrilla. Lo justo, reclaman, sería que el Gobierno haga su parte y cumpla con aliviar la situación de los prisioneros del ELN, como quedó acordado en varios de los ciclos de negociaciones de paz.
“Los alivios eran con el objetivo de aliviar la situación de la guerra en dónde es álgida, allí ya se ha parado la confrontación, el ELN ha cumplido a cabalidad, se han notado los alivios humanitarios en las zonas, pero ¿nosotros como presos del ELN dónde estamos sintiendo ese alivio? Nos dan un trato diferencial pero adverso, no a nuestro favor”.
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Las denuncias por malos tratos y violación a los derechos humanos desde las cárceles son reiteradas y comunes en todo el territorio nacional, no sólo para los prisioneros que pertenecen a las guerrillas. La Corte Constitucional ha señalado en diferentes oportunidades que la crisis carcelaria es violatoria de los derechos humanos y la Constitución.
Mientras tanto, los presos políticos y comunes se quejan de pésimas condiciones de reclusión, hacinamiento, falta de oportunidades para resocializarse e incluso de abusos inaceptables como que la comida no llega a tiempo por falencias de los contratistas o que la atención médica es insuficiente dentro de los penales. Varias de estas denuncias han sido replicadas por Colombia+20 y la última de ellas llegó el lunes 2 de octubre, un día antes de la visita a La Picota, cuando un grupo de prisioneros de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita hizo llegar a nuestra redacción un comunicado alertando por las insuficientes medidas de sanidad en el penal.
“Tortura no es sólo recibir golpes, a muchos de nosotros en el momento que nos capturó el enemigo fuimos golpeados y torturados, pero acá hay otras cosas que lo llevan a uno a tener padecimientos, como la situación familiar”, dice uno de ellos, capturado hace años en el departamento de Arauca: “tener un preso que recibir la noticia que se le murió su madrecita y no poder salir, ni mandarle un mensaje a la familia... Eso es tortura”.
La regionalización: una medida que aliviaría la crisis
Todos los prisioneros coincidieron en que la regionalización que el ELN viene pidiendo desde el primer ciclo de conversaciones llevado a cabo en noviembre de 2022, ayudaría a resolver muchos de los problemas de los presos de esa guerrilla.
La regionalización es una medida que busca trasladar a los prisioneros a cárceles en sus ciudades de origen o cerca de ellas, para que puedan asumir su condena próximos a sus lugares de arraigo familiar y personal: “poder estar cerca de tu hermano, de tu hijo, de tu tío, en el fondo esa es la paz, ese es el sentido de la paz”, dicen.
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Los prisioneros creen que con la regionalización van a mejorar condiciones como la alimentación y la salud, pues los parientes de los detenidos pueden suplir algunas necesidades básicas en las visitas. Todo esto, aseguran, ayuda a su resocialización. “Una manera de reprimir al preso político es que lo envían bien lejos de su familia”, explica el primer hombre que habló, puntualizando que así como los militares y policías presos tienen unas condiciones especiales de reclusión, ellos también exigen un trato diferencial.
¿Patios especiales para los presos del ELN?
“Somos hombres de paz en los patios, generadores de convivencia” -sostiene uno de ellos- “tenemos relevancia en la conducción de los pabellones, nos lo hemos ganado”. Por eso, piden que si la regionalización no puede llevarse a cabo antes del quinto ciclo de diálogos que empezará en noviembre en México, por lo menos esperan que se contemple una medida de concentración para que los presos del ELN estén juntos y en patios especiales. “Aspiramos que de acá a diciembre ya se haya consolidado”.
Para ello es urgente que avance una comisión jurídica que se acordó en la mesa, con dos abogados cercanos al ELN y dos miembros del Gobierno, que busca solucionar el tema de los perfilamientos que el INPEC hace de estos prisioneros, lo que impide sus traslados a cárceles de baja o mediana seguridad.
Algunos señalan que al estar “revueltos” en los patios con miembros de las disidencias y de la delincuencia común, su vida corre peligro. Citan un caso especial ocurrido en La Picota hace varias semanas, cuando algunos integrantes de las disidencias de las Farc presos en ese penal se burlaron de ellos después de los combates entre ese grupo y el ELN en Arauca, en donde varios guerrilleros del ELN terminaron muertos o en poder de la disidencia. “En cualquier momento puede estallar la bomba, nosotros adoloridos por lo que pasó allí, unos compañeros muertos, otros capturados, y ellos riéndose”, agregan.
Las gestiones del Gobierno
Este diario conversó también con el senador Iván Cepeda Castro, quien en calidad de negociador por parte del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el ELN ha estado al tanto de la discusión sobre el problema carcelario.
Vea: Gobierno dice que ya salieron algunos guerrilleros presos
Cepeda reconoció que el malestar de los presos es en parte justificado pues “están padeciendo una situación muy difícil y los cambios que queremos introducir no se dan de la noche a la mañana, es un proceso en el cual está de por medio un sistema que la Corte Constitucional ha dicho que está en estado de cosas inconstitucional”.
El senador dijo que no puede dar detalles puntuales sobre las medidas que se tomarán pronto, pues eso violaría la confidencialidad de los diálogos, pero aseguró que se “han dado pasos” para avanzar en los alivios humanitarios de la mano con el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC y los gestores de paz del ELN: “estamos trabajando en eso con carácter urgente, ojalá pueda ser antes del quinto ciclo de diálogos”.
Sobre la propuesta de regionalización que el ELN ha defendido en la mesa, Cepeda puntualizó que eso implica “reubicar toda la población carcelaria del ELN, que en este momento es de 600 personas, con un nivel muy significativo de hacinamiento. Para garantizar esas plazas, habría que mover otros 600″, aclaró el senador.
Cepeda fue enfático en que “se están tomando medidas para los prisioneros que están en situación más grave de salud”, aclarando que este tema “rebasa el ámbito del Ejecutivo, porque son personas que tienen condenas y debe ser un juez de ejecución de penas el que tome las decisiones, oportunamente vamos a informar de los avances, que son reales y ciertos, pero que hasta que no decidan anunciarlos las partes no lo podremos hacer personas individuales”.