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El 16 de octubre de 2023, el Gobierno instaló formalmente en Tibú, Norte de Santander, la mesa de diálogos con la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), que agrupaba una serie de frentes y bloques dispersos por varios puntos del territorio nacional, comandados por Iván Lozada, conocido como “Iván Mordisco”. Un año después, si bien ese proceso continúa, varias cosas han cambiado: desde marzo de 2024 ya no están todas las estructuras del inicio, ya no se dialoga con “Mordisco” y el foco de las transformaciones territoriales no incluyen algunas zonas del país, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a razón de la ruptura interna que sufrió ese grupo armado.
Ahora el Gobierno sostiene ese diálogo con las estructuras leales a Alexander Díaz Mendoza, conocido como “Calarcá Córdoba”. La mesa ha tenido algunos avances, como el cese al fuego que también cumplió un año. Al cierre de esta edición no se ha decidido sobre la extensión del cese al fuego, cuya vigencia vence hoy. Además, se mantiene el compromiso alcanzado el 12 de diciembre, cuando la disidencia se comprometió a suspender los secuestros extorsivos.
A eso se suma un inédito acuerdo sobre la georreferenciación de los frentes de la disidencia, lo que significa entregar la ubicación de sus tropas a las Fuerzas Militares, el adelanto de algunas de las temáticas de la agenda de diálogos y las transformaciones territoriales, que son el corazón de esta negociación que quiere, además de que los disidentes hagan el tránsito a la vida civil, llegar a las regiones con proyectos que permitan el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades.
En estos 365 días la mesa también ha tenido que sortear algunos episodios de violencia, como el desplazamiento de firmantes de paz por cuenta de amenazas de esta disidencia, el impacto que tuvo la retención de militares en Guaviare, el acuerdo para que el Ejército entrara a El Plateado a custodiar las elecciones regionales, el atentado contra una comunidad indígena donde murió la lideresa Carmelina Yule -que fue lo que empujó a la división del grupo- y la polémica por el uso de camionetas de la UNP por parte de disidentes con orden de captura y el nombramiento de cuatro personas que se vieron involucrados en ese operativo como gestoras de paz.
Colombia+20 muestra algunos de esos hechos que marcaron el primer año de la mesa de paz con la disidencia.
Lo bueno
1. El cese al fuego
El 16 de octubre de 2023 se instaló formalmente el cese al fuego cuya vigencia se extendió varias veces. Aunque al inicio hubo choques por la forma en que se iba a hacer (el Gobierno quería que fuera regional y escalonado), al final se decidió un cese nacional. Previo a esa instalación hubo un intento de cese al fuego que empezó en diciembre con un decreto del presidente Petro que incluía a varios grupos, entre ellos a esa disidencia, pero terminó en mayo de 2023 tras la muerte de cuatro niños indígenas en Putumayo.
2. El anuncio de la suspensión de secuestros extorsivos
El 12 de diciembre de 2023, la disidencia (aún sin ruptura) se comprometió a la suspensión inmediata de los secuestros extorsivos. Ese compromiso, de acuerdo con información de la mesa de diálogos, sigue vigente con las estructuras que siguen en la mesa de diálogos.
3. El acuerdo de georreferenciación
En julio de 2024 ese grupo armado pactó con el Gobierno que un acuerdo de georreferenciación entregará la ubicación de sus tropas a las Fuerzas Militares a través de un modelo de georreferenciación. El acuerdo incluye a los bloques Jorge Suárez Briceño (compuesto de ocho frentes con presencia en Meta, Caquetá, Guaviare), Magdalena Medio Gentil Duarte (que cuenta con siete frentes) y el frente Raúl Reyes, que son quienes aún siguen en la mesa de diálogos. Sobre este punto, se avanza porque no había en Colombia un modelo para hacerse este tipo de referenciación geográfica.
4. Una preagenda
Aunque aún no se tiene una agenda consolidada, sí se han hecho algunas temáticas de acuerdo con los territorios que ha visitado la mesa. Entre los temas está seguridad, educación, tierras y despojos, educación, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto armado, tránsito de economías ilícitas y garantías para las partes después del acuerdo. Entre los acuerdos también hay uno sobre el respeto a la población civil.
5. Colegio agroecológico y otras transformaciones territoriales
El colegio agroecológico de las sabanas del Yarí estuvo en el centro de la polémica, porque fue “bautizado” por la disidencia bajo el nombre de Gentil Duarte, fallecido exjefe de las antiguas FARC. La institución ya no será llamada así, y de hecho, fue formalizada por el Gobierno y se les entregarán los títulos de propiedad a las comunidades de esa zona de Caquetá.
Este es solo uno de los proyectos que la mesa ha discutido con las comunidades como parte de las transformaciones territoriales. Entre ellas hay proyectos con jóvenes, mujeres, firmantes de paz, empresarios, entre otros. La mesa ha hecho énfasis en que quiere tener especial atención en los temas ambientales.
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6. Diálogo social
A lo largo de este año, especialmente desde el cuarto ciclo, la mesa ha hecho una serie de encuentros con comunidades, organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes, firmantes de paz líderes y lideresas de distintas zonas del país para discutir esas transformaciones territoriales. En los acuerdos de la mesa se pactó que esa participación debe ser “efectiva, pluralista y respetar la autonomía de los pueblos y organizaciones”.
7. Un alivio a comunidades
Varios informes, incluido el que realizó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hace unos meses, afirman que aunque el cese al fuego no ha significado una reducción de la violencia contra las poblaciones, tampoco ha sido el determinador de la expansión territorial de los grupos ni tampoco todos han significado. Pese a ello, en algunas zonas, como en Catatumbo, el número de afectaciones por combates sí han disminuido, así como el desplazamiento forzado.
Las polémicas y los hechos de violencia
1. El acuerdo de El Plateado en las elecciones regionales
El Espectador dio a conocer el 15 de noviembre que sí hubo un documento que condicionó la presencia del Ejército en El Plateado durante las elecciones del 29 de octubre. El documento, firmado por miembros de las delegaciones, altos funcionarios del Gobierno, dos militares y hombre de las disidencias de Iván Mordisco -que por entonces aún estaban en la mesa- tenía el compromiso de que las tropas entraran a ese territorio y salieran del casco urbano el 1º de noviembre.
Esto se dio durante los comicios y tras las alertas de la Registraduría de que el grupo armado no permitía la llegada del material electoral para El Plateado, un corregimiento del Cauca por el que se sostiene una dura tensión por su control.
2. La muerte de la lideresa Carmelina Yule
El 17 de marzo de 2023 la mayora murió en un ataque que las disidencias de las Farc hicieron contra un grupo de indígenas nasa que se encontraba en la vereda La Bodega, en Toribio, Cauca. Este hecho fue determinante para que el presidente Petro levantara el cese en tres departamentos: Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Además: “Absténganse de asistir a la COP16″, la advertencia de disidencia de Iván Mordisco
3. La ruptura interna del grupo armado
El levantamiento del cese de manera regional provocó una dura respuesta del ala comandada por Mordisco. A principios de abril se perpetraron dos ataques con explosivos, uno contra casas fiscales del Ejército en Cali, y otro contra la estación de Policía de Jamundí. Además, el EMC de Mordisco anunció la conformación de un nuevo bloque -el Isaías Pardo-.
En una reunión extraordinaria convocada en Caquetá por las delegaciones quedó clara la ruptura. Ala cita llegó Calarcá Córdoba; Andrey Avendaño, hombre fuerte del Catatumbo, y representantes de la estructura Carolina Ramírez que opera en Putumayo. Las ausencias fueron los comandantes del Cauca, Nariño y Arauca.
4. El campo minado en Valdivia
El 4 de julio pasado, cinco soldados y un sargento segundo murieron en medio de operativos en Valdivia, Antioquia. Aunque en principio las versiones señalaban que se trató de un enfrentamiento con el Clan del Golfo, luego se conoció que el ataque fue hecho disidentes.
5. La retención de militares en Guaviare
La retención -como la llamaban las comunidades- o el secuestro, como decía el Ejército, de 66 militares en San José del Guaviare abrió varios interrogantes sobre el proceso de paz con la disidencia de Calarcá alrededor de temas el cese al fuego, la extorsión y el papel de las organizaciones sociales en las dinámicas del conflicto. Sobre todo porque entonces la crítica más frecuente es que esa disidencia está instrumentalizando a la población para impedir que las autoridades estén en terreno.
6. El caso con los carros de la UNP y los gestores de paz
En un retén militar en la vía que conduce de Medellín a Anorí fueron detenidos varios jefes de ese grupo armado, mientras se transportaban a bordo de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esos carros —entre otras cosas en virtud del proceso de paz—, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes y se encontraron algunas irregularidades como dinero en efectivo y armas. Cuatro personas fueron detenidas Édgar Orrego, conocido como Firu; y Ómar Delgado, conocido como Boyaco o Hermes, ambos con órdenes de captura vigentes. También Wenser Yosony Duque, conocido como Oliver González; y María Alejandra Ojeda, capturada por porte ilegal de armas. Esas cuatro personas fueron nombradas gestores de paz. Aún no han salido de la cárcel.
* Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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