Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tulio Gilberto Astudillo, conocido en la guerra como Juan Carlos Cuéllar, lleva más de 30 años militando en el Eln y, como miembro de la Dirección Nacional, ha sido gestor de paz de tres procesos de negociación de esa guerrilla con el Estado colombiano.
En este nuevo intento de paz que lidera el gobierno de Gustavo Petro, Cuéllar retomó su labor tras ser liberado de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca. En 2019 había sido capturado en Medellín luego de que el gobierno de Iván Duque rompiera los diálogos con esa guerrilla y les quitara los beneficios legales a los voceros del Eln como consecuencia del ataque a a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.
En contexto: Así fue la caravana del Gobierno y Eln para oír el drama de guerra en el Pacífico
Cuéllar inició su militancia en procesos estudiantiles de izquierda en la década del 70 e hizo parte del Partido Comunista. Su principal área de influencia como miembro del Eln fue el Cauca, de donde es oriundo, pero pasó casi la mitad de ese tiempo en prisión, por lo que se le ha conocido por ser de un ala más político que militar de esa guerrilla.
La semana pasada, Cuéllar fue el vocero de la delegación del Eln en la caravana humanitaria por el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el medio San Juan (Chocó) que la mesa de negociación acordó para definir acciones humanitarias que alivien las violaciones a derechos humanos que viven las comunidades en esa región. Atento y sin refutar los cuestionamientos de la comunidad a la guerrilla, el gestor de paz escuchó una a una las denuncias y peticiones de los líderes.
Lea: Las conclusiones de la caravana humanitaria del Gobierno y el Eln por el Pacífico
En entrevista con Colombia+20, Cuellar cuestionó la baja presencia institucional de autoridades del Chocó en la caravana y recordó los pendientes frente a la liberación o prisión domiciliaria para los presos políticos del Eln.
¿Cuál es su balance de la caravana humanitaria?
Hay una situación muy grave en términos de las personas que están en los albergues, que deberían ser provisionales, pero se han convertido en permanentes. Viven en condiciones infrahumanas. No son condiciones aptas para que viva una familia con niños y niñas. Además de la pérdida de la libertad de movimiento, hay una condición muy crítica en términos de alimentación y salud. Esto amerita acciones urgentes. Un coliseo no es un espacio adecuado para albergar a la gente. Eso debe ajustarse de manera inmediata.
Hay gente que dice que no quiere o no puede regresar por distintos motivos, como conflictos por la tierra con otras comunidades, a ellos debe dársele solución. Esas serán soluciones a mediano plazo. Y hay acciones que tienen que ver con más largo plazo y que son las que se están desarrollando en la mesa y es ¿cómo hacer para resolver este conflicto? Para eso hay que priorizar la solución política y para eso hay que construir el camino de transformaciones que inutilicen el papel de las armas. Y que en ese camino también podamos aportar.
El balance, entonces, es que hay una situación de emergencia en la que hay que trabajar inmediatamente. Y de resto, veo que es muy positivo el esfuerzo. Hubo mucho interés, disposición en la gente y esperanza de que se pueda avanzar no solo en los alivios humanitarios, sino que el proceso de paz pueda fortalecerse y avanzar. Esta caravana debe significar el fortalecimiento de la mesa, el fortalecimiento del proceso y que podamos darle un empujoncito para que se dinamice también.
En contexto: Gobierno designa a exmiembro del Eln Juan Carlos Cuéllar como gestor de paz
Una de las críticas de las comunidades fue la poca presencia de instituciones nacionales y regionales. En la caravana hubo entidades de Buenaventura y de la Gobernación del Valle del Cauca, pero no hubo presencia de entidades del Chocó, ¿cuál es su postura frente a esto?
A nosotros nos dijeron que se les presentaron situaciones en otros lugares que eran de emergencia, pero sí faltó la institucionalidad. La caravana tenía sentido por el acompañamiento internacional pero también si tenía acompañamiento institucional, eso permitía que ellos recepcionaran de viva voz de las comunidades las cosas más urgentes que le corresponden al Estado de resolver.
Por eso nosotros creíamos que era necesario que estuvieran aquí las entidades del Gobierno Nacional porque era necesario generar pronto hechos concretos. Luego creemos que eso debe empalmarse con acciones de mediano plazo y luego acciones estructurales. Lo humanitario requiere acciones estructurales. No es solo dar acetaminofen, que calma el dolor, sino que debe haber acciones dirigidas a resolver lo estructural, que cure la enfermedad. Estamos en un gobierno que ha dicho que quiere cambios reales para el país y que quiere resolver las condiciones que nos han llevado al conflicto. Nosotros propendemos porque los cambios vayan en esa dirección.
Ahora, nosotros también hemos registrado algunos reclamos directos al Eln. Entre otras, la urgencia que plantea la gente de que se termine esta guerra; eso lo vamos a llevar a la mesa también.
Ese ha sido otro de los reclamos y es que el Eln también es responsable de la situación que está padeciendo las comunidades de esta región, ¿cuál ha sido el rol de la guerrilla en estas afectaciones?
En una guerra se generan muchos dolores y muchos males. El desplazamiento ha sido producto mismo de las confrontaciones. El Eln tiene por principio que no desplaza a nadie. Pero la situación del conflicto hace que la gente tenga que salir del territorio. Hay denuncias de otros hechos y afectaciones a las comunidades que están inscritas dentro del Derecho Internacional Humanitario que nosotros recogimos y trasladaremos a la mesa para que se conozcan y evalúen.
Ahora, nosotros somos conscientes de que en las comunidades hay mucho temor y en muchas partes no se atrevieron a decir todo, por eso también durante los encuentros dijimos que, si era por nosotros, nosotros podríamos salir del recinto mientras se conocían ciertos temas o que podían hablar directamente con otros delegados de la mesa para presentar la información.
¿Cuánto tiempo va a pasar entre la elaboración del informe, la discusión en la mesa y la aplicación de los alivios humanitarios para la gente?
El domingo hicimos una evaluación con todos los caravanistas. Recogimos la visión de los procesos sociales, las entidades, las iglesias, los acompañantes internacionales en donde nos dieron su evaluación de la escucha que hicieron sobre los alivios. Ahora tenemos unos días para hacer una sistematización y hacer el documento de conclusiones de la caravana frente a estos temas. Esto se lo presentaremos a a mesa en el próximo ciclo de negociación, que inicia en febrero.
Allá se discutirá y se definirá más concretamente el alivio humanitario y se implementará, teniendo en cuenta el acuerdo de que lo que se va acordando se va implementando.
Pero hay gente que no puede esperar hasta febrero o marzo...
La idea es no esperar a llegar a la mesa para que los alivios inmediatos sean implementados, las situaciones de emergencia inmediatas que se plantean se deben resolver pronto porque no dan tanta espera. Vamos a tratar de que eso se pueda hacer pronto.
¿Este modelo se seguirá replicando en otros territorios?
Esto ha generado mucha expectativa y ya están llamándonos de diferentes partes para que vayamos. Lo que se habló precisamente en la mesa era que de aquí pudiera salir una experiencia piloto y así se ha planteado. Pero se debe acordar.
Vea también: Una noche con los desplazados del río San Juan
En el marco de sus responsabilidades, otro de los reclamos es que se avance en resolver el conflicto con las Agc para que el territorio quede libre de todos los actores armados. ¿Qué incidencia tienen ustedes en ese proceso?
Nosotros hemos recogido lo que la gente ha venido planteando sobre el conflicto con las Agc y lo vamos a llevar a la mesa, para que allí lo analicen.
Dentro de los alivios humanitarios que se anunciaron el 12 de diciembre estaban también los que se iban a aplicar sobre presos políticos con dificultades de salud, pero hasta ahora no han liberado o enviado ninguno a prisión domiciliaria, ¿en qué va eso?
Sí, se acordaron unas acciones urgentes frente a la situación de compañeros presos políticos enfermos. Se pasó una lista de casi 40 y de esos se seleccionaron ocho urgentes que ameritan que se los trate con urgencia, así como estamos hablando de la situación acá de los territorios. Esa urgencia implica que se les brinde atención médica urgente y que se les dé el beneficio de casa por cárcel.
En la cárcel no son bien atendidos, o sea una persona con diálisis, ¿cómo va a estar en la cárcel? Son personas que ya están en una situación difícil. Hay compañeros que tienen operación de corazón abierto, problemas cardíacos y para los que la cárcel se convierte en un problema. La idea es que esos alivios deben estar para antes del próximo ciclo, entonces estamos esperando.
Por ahora solo de esos primeros ocho...
Sí, por ahora. En el ciclo siguiente revisaremos la situación de los otros y lo de las cárceles, porque mi idea es revisar el Estado de cosas inconstitucional y la crisis carcelaria. Tienen a los presos en algunos casos infrahumanas. Se debe revisar la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud, el problema también de lo que se ha definido como resocialización, o sea, no hay actividades de trabajo, no hay dinámicas de estudio.
O sea, se necesita realmente, una reforma más estructural en términos penitenciarios y bueno, estamos esperando a ver qué pasa con esa reforma a la justicia que planteó el gobierno. Ahí los presos están planteando que el ministro pueda generar unas mesas en las cárceles para que sean escuchados.