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Son tres los puntos fundamentales que el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN deben concretar durante el segundo ciclo de negociación que inició el lunes 13 de febrero en Ciudad de México: el cese al fuego bilateral, luego del desacuerdo generado por un anuncio apresurado del presidente; los alivios humanitarios en Chocó y Valle, que ya cuentan con propuestas concretas hechas por las comunidades; y la participación de la sociedad civil, que no se había discutido desde que Iván Duque detuvo el anterior intento de negociación tras el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander.
Este último punto ha sido definido por el ELN como el eje central de sus intentos de diálogo con todos los gobiernos desde Ernesto Samper, hace más de 25 años. Pero también ha representado dificultades porque significa que la paz no se da a cambio de reclamos concretos como una reforma rural o curules en el Congreso (en el caso de las Farc), sino que los propósitos de la negociación de definen en diálogo con distintos sectores de la sociedad.
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Así lo explica el exguerrillero Carlos Velandia: “El propósito es que la paz no se dé entre dos partes, sino que sea una solución democrática al conflicto. Esto está ligado a la consigna histórica del ELN de construir poder popular, es decir, que el pueblo manda”.
El camino andado en las anteriores negociaciones
Velandia contribuyó a formular la primera estrategia para garantizar esa participación: se llamó la Convención Nacional. Con un comunicado de febrero de 1996, el ELN convocó a “todos los sectores de la sociedad” a discutir “la conformación de un nuevo gobierno de amplia participación” y establecer “una nueva legitimidad que haga posible la superación de la crisis, que enrumbe al país por el camino de la democracia, la justicia social y el desarrollo”.
Pero, según recuerda el investigador Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación, “desde esa época se le cuestionaba a la guerrilla qué forma iba a tener esa participación de la sociedad civil. ¿Iba a ser un evento para echar carreta?¿un debate?¿o una pre constituyente? Siempre estuvo la discusión, sobre todo después en el Gobierno Pastrana. Y la pregunta era qué tan vinculantes eran las propuestas que de allí surgían”.
Esa idea, sin embargo, solo llegó a convertirse en una estrategia concreta durante la negociación iniciada por el gobierno de Juan Manuel Santos y consistió en tres “audiencias preparatorias” realizadas entre octubre y noviembre de 2017 en Tocancipá (Cundinamarca). “Desde Quito acordamos que el ELN designaría a 100 delegados y el Gobierno a otros 100 y estas 200 personas de distintos sectores se reunieron durante tres días”, recuerda Juan Camilo Restrepo, exministro y jefe negociador del Gobierno en la época.
Para Restrepo, este es un buen antecedente de lo que pasará ahora “Se trataron todos los temas habidos y por haber: infraestructura, desarrollo, presupuesto, en fin, de todo. La verificación la hizo la ONU y ellos conservan las memorias. La lección es que sí se puede hacer ese diálogo con representantes de la sociedad civil”, sostiene.
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Socorro Ramirez, quien hizo parte de la delegación de gobierno durante los dos ciclos en los que se discutió este punto, concuerda con Restrepo. “La participación es fundamental no solo porque es el primer punto de la agenda sino porque los siguientes tres (democracia, transformaciones para la paz y víctimas) se desprenden de lo que surja en esas conversaciones”, explica. Ramírez recuerda que además de las audiencias, esa mesa de diálogo visitó varias comunidades y realizó un taller con mujeres para evaluar cómo podría establecerse un enfoque de género en ese diálogo.
Luego de estos acercamientos, el 23 de mayo de 2018, la mesa alcanzó un preacuerdo llamado “Fundamentos de la participación”, cuyo principal aporte fue definir que los diálogos se desarrollarían a través de dos carriles: el territorial y el temático - sectorial - poblacional. “En lo territorial estarán diversas regiones del país, en lo temático - sectorial - poblacional, tendremos en cuenta sectores y temáticas básicas”, señalaba.
Y en agosto de 2018, tras finalizar el sexto ciclo de negociación, las partes reafirmaron esas dos vías y acordaron que la participación debía acompañarse con una estrategia pedagógica y de comunicaciones y que contaría con garantías de seguridad y protección a las comunidades y organizaciones. Además, definieron crear una instancia nacional que ayudara a desarrollar la metodología y estructura de los dos carriles y el cronograma para esos encuentros.
Que no se vuelva el diálogo del diálogo
Para quienes han seguido este proceso con lupa, estos aspectos deberán definirse en este nuevo ciclo: la metodología a utilizar, los tiempos y las condiciones en que se va a desarrollar el diálogo; además de qué tan vinculantes serán las propuestas.
Juan Camilo Restrepo y Carlos Velandia coinciden en que la mesa no debe limitar los temas a tratar pero sí los tiempos en que se conversará. “Es fundamental establecer cuál es el diálogo necesario y cuál es el diálogo suficiente. La mesa debe establecer límites para que nos se convierta en un dialoguismo sin cumplir”, señala Velandia.
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Sobre si las propuestas son de obligatorio cumplimiento o no, hay posturas encontradas. Juan Camilo Restrepo es tajante al decir que no. “Durante el gobierno Santos, nosotros proscribimos de la mesa la palabra ‘vinculante’. Lo único vinculante en Colombia es la Constitución y la ley”, señala. Y asegura que lo contrario sería similar a establecer una nueva asamblea constitucional. “Las propuestas son insumo, pero no obligación”, sostiene.
Para Velandia, en cambio, las propuestas deben irse implementando a medida que se vayan acordando. “Hay que recordar el principio de acuerdo pactado, acuerdo que se aplica. Eso le daría fluidez al proceso de diálogo. El cumplimiento de un acuerdo impulsa la negociación de los siguientes. Por eso es importante que los acuerdos sean vinculantes”, insiste.
Para Luis Celis, en ese cumplimiento se podría revisar si las propuestas planteadas en los diálogos ya están en los planes de desarrollo nacional o locales, incluso se podría potenciar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), acordados con las Farc. “Seguramente habrá propuestas que son reclamos históricos, que no se han hecho por falta de voluntad. Un ejemplo claro en Arauca es la vía que conecta a Saravena con Pamplona (Norte de Santander). Se llama La vía de la Soberanía, que antes era una trocha y ahora es media trocha. ¿Por qué no se ha hecho si el reclamo lleva 50 años? La participación debe identificar temas estratégicos y debe definir compromisos”.
Enfoque territorial con garantías
Durante el lanzamiento del ciclo que se está realizando en México, el jefe negociador de Gobierno, Otty Patiño, llamó la atención sobre la importancia de que las transformaciones se den a nivel territorial. “Las transformaciones deben darse en territorios concretos en donde el ELN no solo tiene una fuerza militar sino un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de la violencia”. Luego añadió que la mesa debía tener una “cierta modestia” para aceptar que lo acordado puede tener cambios durante la implementación. “Lo que se acuerda siempre está sujeto a ser mejorado por lo que diga la gente en los territorios. La mesa no es omnipotente”, sentenció.
Para Velandia y Ramírez este es un punto fundamental en este nuevo intento: el enfoque territorial en el proceso de participación. “Son las comunidades en los territorios las más llamadas a participar para buscar las soluciones a los problemas que tienen. Allí podrían configurarse los primeros pactos aplicables de inmediato porque se pueden hacer con los recursos que tenga el gobierno local y no esperar a ir congreso o a que se formule una política”, dice Velandia.
Socorro Ramírez asegura que durante el diálogo con el Gobierno Santos se había hecho un bosquejo de los territorios a visitar. “Se habló primero de los sectores de la frontera, arrancando por Cúcuta, Arauca, la zona de Boyacá que colinda con Venezuela, Casanare y Catatumbo; y ya luego el sur del Cesar y Barrancabermeja; sur de Bolivar, nordeste antioqueño y Bajo Cauca; Chocó y Urabá; Cauca, Eje Cafetero y las principales ciudades donde ha tenido incidencia el ELN”. Pero apunta que uno de los obstáculos a superar es la baja presencia del Estado en esas zonas.
“En ese proceso vimos que el Estado no tenía una presencia territorial significativa en esos territorios y se mostró que el proceso de participación puede ser la oportunidad para reforzar esa capacidad de oír a las comunidades y de transformar eso en procesos concretos, no solo de alivios sociales sino de resolución de asuntos estructurales básicos”, añade. En ese sentido, todos coinciden en que será fundamental que el Gobierno logre garantizar el desescalamiento del conflicto en los territorios para que los interesados en participar se sientan seguros en los eventuales encuentros.