A través de un corto video, Camilo González Posso, jefe negociador de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo que se adelanta con los frentes de la disidencia Estado Mayor Central que continúan en el proceso, se pronunció sobre la polémica por el uso de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en las que viajaban jefes de esa disidencia.
González explicó en el video que la caravana de nueve camionetas de la UNP que fue detenida en un retén por las Fuerzas Militares venía desde una reunión autorizada por el Gobierno con otros comandantes del EMC, esto en el marco del quinto ciclo de negociación que finalizó recientemente.
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Producto de ese retén, las camionetas y sus ocupantes fueron trasladados hacia el batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia, pues algunos de ellos tenía orden de captura vigente. Solo bajo esta excepción, los jefes disidentes no pueden hacer uso de los esquemas de la UNP. En los vehículos viajaban Calarcá Córdoba y Andrey Avendaño, delegados de la disidencia en la Mesa. Sin embargo, también se transportaba en la camioneta “Firu”, comandante del frente 36 de la disidencia, quien tenía una orden de captura vigente, por lo que se procedió con el procedimiento de captura en el batallón.
Al respecto, el jefe negociador del Gobierno explicó que esa orden de captura está en trámite para poder continuar con los procesos de diálogo que se venían trabajando con los frentes del EMC que continúan en la mesa.
“Se nos ha informado de la detención de uno de los comandantes del frente 36 quien tiene su suspensión de orden de captura en trámite. Esperamos que salga próximamente”, dijo González.
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Sin embargo, González admitió que se trataba de un proceso irregular y se procedió de acuerdo a la ley.
“Esperamos que la situación se aclare. Queremos que se solucione lo más rápido posible y podamos retomar las actividades programadas para esta semana que forman parte de los compromisos de paz que hemos establecido en la mesa de conversaciones”, concluyó el jefe negociador del Gobierno.
Hasta el momento, siete de los pasajeros de las camionetas fueron capturados por las autoridades: Firu, que tiene actualmente procesos en la Fiscalía por el asesinato de seis militares y que no tenía suspendidas sus órdenes de captura, y otras dos personas: Érika Castro y Ramiro. Su situación parece más difícil dado que sus órdenes de captura sí están suspendidas y desde hace meses forman parte de la mesa. El cuarto es Omar delgado Novoa, conocido como Boyaco o Hermes. Aún no se conoce el por qué de su captura.
También Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido como Urías Perdomo, cabecilla del Frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque, o Oliver González; cabecilla de Comisión Frente Raúl Reyes. También María Alejandra Ojeda Londoño, capturada por porte ilegal.
En la requisa a los vehículos se encontraron $60 millones en efectivo, dos computadores portátiles, memorias USB, un teléfono satelital, celulares, dos pistolas calibre 9 mm y un chaleco balístico.
Por su parte, el delegado en la mesa de las disidencias, Andrey Avendaño, aclaró en un video de dos minutos que “los camaradas que se trasladan en los vehículos hacen parte de nuestra delegación en la mesa de diálogos que adelantamos con el Gobierno Nacional (...) Si presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política del Gobierno, ya que desde el pasado 17 de mayo del año en curso enviamos a la OACP la solicitud del levantamiento de órdenes de captura”, dijo Avendaño.
La polémica del hecho se generó porque dentro de las camionetas estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes, como Firu. Las reglas del uso de esas camionetas prohíbe la movilización de personas que sean solicitadas por las autoridades.
“En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, explicó la UNP.
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