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El proceso de paz del Gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atravesará la semana más determinante para el futuro de esa mesa de diálogos.
La negociación entra en un momento decisivo porque solo restan siete días para que se venza el cese al fuego —hasta ahora el más largo que ha tenido el país con un grupo armado— que completaría un año y cuya vigencia se terminará el próximo sábado 3 de agosto.
Para la extensión, que ya tiene el tiempo en contra, las delegaciones deberían reunirse a más tardar esta semana para empezar a negociar si habrá o no esa prórroga. Sin embargo, parece no haber ni un asomo de luz verde que permita descongelar la mesa. El viernes, la delegación de la guerrilla publicó un duro comunicado en el que puso en duda su continuidad en los diálogos.
“¿Qué garantía de seriedad merece un Gobierno que no cumple lo que acuerda?, ¿Qué sentido tiene que desde el Gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores? La paz no puede ser propiedad de gobiernos que no cumplen, es un derecho de toda la sociedad”, dicen en un comunicado en el que vuelven a referirse a los supuestos incumplimientos del Gobierno, entre ellos, su reiterado reclamo al diálogo regional que el Gobierno lleva con Comuneros del Sur, el frente que opera en Nariño y que se escindió del ELN.
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Mientras tanto, la delegación del Gobierno endurece su discurso y le exige a esa guerrilla que aclare su voluntad de paz para continuar en el proceso. Por medio de un comunicado que salió justo horas después del pronunciamiento del ELN, el equipo negociador de Petro fue tajante en su narrativa y de paso rechazó los constantes señalamientos de esa guerrilla.
“La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión. Pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz; si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos; si quiere o no renovar el cese al fuego con su Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en función de la construcción de paz con transformaciones”, se lee en el comunicado.
Aunque el Gobierno ha emitido varios comunicados alertando sobre la necesidad de volver a la mesa para discutir esa prórroga y de paso descongelar los diálogos pausados hace cinco meses, fuentes cercanas al proceso afirman que solo los representantes de la iglesia han tratado de mantener a flote la negociación, pero, por ahora, la comunicación entre las partes sigue rota.
El comunicado del viernes de esa guerrilla también confirma que no hay puentes de diálogo con la delegación del Gobierno y que, por primera vez, peligra seriamente la continuidad de la mesa. En varios de los ciclos de negociaciones, la delegación de diálogos del ELN ha expuesto los factores de crisis que aquejan a este esfuerzo de paz.
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“En lo que tiene que ver con el ELN, hemos cumplido con el cese pactado de no realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas estatales, además para buscar fórmulas que permitirían ampliar las acciones que cubre el cese bilateral, por decisión unilateral realizamos un cese temporal de retenciones de propósito económico, abortado por el estado de congelamiento en que entró esta Mesa de diálogos de paz, a causa del incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno nacional (...) La paz no puede ser propiedad de gobiernos que no cumplen, es un derecho de toda la sociedad”, dijo la guerrilla en el comunicado.
Por su parte, la delegación del Gobierno aseguró en su comunicado que han sido muy constantes y reiterativos en pedirle al ELN que se solucionen las cosas y de una vez por todas se reactive la mesa de diálogo, pero las respuesta de la guerrilla han sido “las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN”.
“Más allá de hechos puntuales y reclamos sobre supuestos incumplimientos, la verdad es que, luego de años de diálogo, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz; o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar; y si está dispuesto o no a construir, como dispone el Acuerdo 28, el camino de las transformaciones sociales, que este gobierno ha emprendido desde hace dos años, a pesar de toda clase de cuestionamientos a los que se suman los del propio ELN”, señalaron.
Para el profesor Luis Fernando Trejos, el Gobierno sí o sí debe dejar una constancia pública de que ha tratado de resolver en la mesa los desacuerdos presentados hasta el momento. “En caso de que no se prolongue el cese al fuego por la decisión del ELN de congelar las negociaciones, el gobierno tiene la obligación legal de proteger a la población civil y adelantar acciones militares ofensivas en contra de las estructuras del ELN y continuar la búsqueda de un acuerdo de fin de conflicto en medio de la confrontación. Por otro lado, en caso de darle continuidad al cese al fuego se esperaría que este se condicione a que el ELN ponga fin a todas las hostilidades en contra de civiles y que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación funcione efectivamente”, dijo.
La última extensión, que se dio en febrero pasado, también pasó por una dura negociación y, de hecho, sobrepasó la fecha del vencimiento original. En ese momento, las partes hicieron una prórroga provisional de cinco días para continuar la evaluación y así buscar una prolongación del alto al fuego. Pero las circunstancias de entonces y las de ahora son distintas. La mesa estaba en pleno funcionamiento y aún no se había dado el diálogo regional del Gobierno con Comuneros del Sur, el frente que se escindió del ELN y que es, en gran parte, el responsable del congelamiento del proceso, pues la guerrilla considera ese proceso como una traición a la negociación.
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Para Trejos, este diálogo con Comuneros del Sur podría ser una salida que encontró el Gobierno a raíz de pocos avances en los otros procesos en el marco de la paz total. “Es posible que el gobierno se diera cuenta de que la negociación con el ELN no tendría cierre durante estos 4 años y que las otras mesas tampoco tendrían avances significativos por lo cual el proceso de Nariño se presentará como un “mango bajito” que además de convertirse en un hecho palpable de paz también sirviera como tanque de oxígeno a una estancada paz total que más allá de anuncios y escándalos no tiene mayores resultados”.
Sobre el alto al fuego, que ha tenido sus subidas y bajadas, y de hecho, varios critican que no se ha cumplido a cabalidad, no extenderlo sin tener un plan de seguridad puede tener consecuencias complejas para las poblaciones con alta presencia de esa guerrilla como Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Arauca. De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en lo que va de 2024 el ELN “se extendió a 231 municipios en 20 departamentos, evidenciando un incremento del 7% con respecto al año anterior, y del 26% con respecto al 2022″.
El coletazo de esa pausa también repercute en las actividades de la mesa y el cronograma destinado para el proceso de participación de sociedad civil, uno de los recientes avances que tuvo la mesa a pesar de la situación crítica y que derivó en la firma de un histórico acuerdo sobre el primer punto de la agenda.
Ese pacto incluía las cuatro fases del plan nacional de participación con una conclusión del diseño de la participación, el desarrollo simultáneo de los puntos 2 y 3 de la agenda de diálogos que se acordó en el segundo ciclo en México; la definición de cuáles son las transformaciones que se necesitan y un periodo de verificación. Este diario conoció que todas las actividades relacionadas con ese proceso de participación están suspendidas.
Tal como están las cosas, ambas delegaciones parecieran no querer ceder. Ahora por parte del Gobierno, la narrativa se endureció y casi que le envió un ultimátum al ELN para que se decida en cuanto a su voluntad de paz, pero la guerrilla parece mostrarse inflexible sobre las exigencias y denuncias de supuestos incumplimientos del Gobierno.
