Gobierno y Eln emprenderán caravana humanitaria por el Valle del Cauca y Chocó

Foto tomada en octubre de 2021 en el río San Juan. / Camila Morales López

Este miércoles una caravana humanitaria conformada por cerca de 100 personas empezará un recorrido desde Cali hasta el departamento de Chocó para recoger información en el terreno sobre la situación de las comunidades donde se desarrollarán los pilotos de alivios humanitarios que se acordaron en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el Eln.

La caravana es parte de los acuerdos de la mesa diálogos y es el primer gesto concreto después de lo que se anunció en el cierre del primer ciclo de conversaciones del pasado 12 de diciembre. Es la primera vez que se hace un recorrido con delegados de mesa para documentar la situación general de derechos humanos, hacer un informe sobre el tema y avanzar en un acuerdo parcial de alivios en la zona. Todo esto se llevará como insumo a la mesa, que empezará también este miércoles una reunión extraordinaria en Caracas para superar los desencuentros producidos por el anuncio del presidente Petro sobre un acuerdo de cese al fuego bilateral que no existió.

En contexto: ¿Qué son los acuerdos humanitarios y por qué importan en los diálogos con el Eln?

La caravana que se desarrolla del 18 al 21 de enero -aunque estuvo martes hubo una reunión previa- está integrada, por parte del Gobierno, por el líder afro Carlos Rosero, la periodista Mábel Lara, la joven indígena Dayana Domicó y Horacio Guerrero. Por el Eln, los gestores de paz Juan Carlos Cuéllar y Jairo Arrigui.

También hay representantes de los consejos comunitarios, organizaciones indígenas del pueblo wounaan, el proceso de Comunidades Negras de Buenaventura, Feliciano Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN), y un delegado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), miembros de las iglesias católica y protestante, varias agencias de Naciones Unidas, brigadas internacionales de paz y la Mapp OEA. Las guardias indígenas y cimarronas acompañarán el recorrido.

La delegación hará dos recorridos. La caravana A se embarcará por el río Calima, pero cuando llegue al San Juan tomará río arriba para visitar los pueblos de San Miguel, Noanamá, Negría y Panamacito. La caravana B visitará Buenaventura para hablar con población desplazada que está en un albergue, luego visitará la comunidad de Bajo Calima (corregimiento), se embarcará por el río Calima rumbo al río San Juan, para llegar a Pangala, Copomá y Docordó. De regreso visitará la comunidad de San Isidro en el río Calima.

Carlos Rosero, uno de los líderes afros más reconocidos en Colombia, explica en qué consiste esta caravana humanitaria y habla sobre lo que significa que el tema étnico haya sido incluido en la agenda de diálogo con el Eln.

¿En qué consiste el acuerdo sobre el piloto de alivios humanitarios?

Se puso a funcionar una comisión que acordó unos alivios para el caso de los detenidos del Eln, así como el retorno de la gente desplazada del río San Juan y el río Calima, que son comunidades negras e indígenas. Algunas llevan más de un año fuera de su territorio con las consecuencias que eso tiene tanto para los que han sido desplazados como para los que se quedan. Es un desafío planificar el retorno de la gente en términos de voluntariedad, de dignidad y de seguridad. Vamos a conversar con la gente para avanzar con pasos firmes en esa dirección.

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¿Cómo se beneficiarán las comunidades con este acuerdo?

El resultado no será lo que nosotros como mesa nos imaginemos. Es lo que se acuerde con las comunidades. Haremos énfasis para que lo que se ejecute sea resultado de un proceso de participación con la gente que está en condición de desplazamiento. El retorno tiene que ser en condiciones de dignidad, y eso implica que los que vuelvan tienen que llevar un pan bajo el brazo, algunos llevan un año por fuera del territorio, necesitan un proyecto productivo. Pero eso también implica ver cómo están sus casas, la atención de salud, el tema de la educación, eso implica un esfuerzo enorme de coordinación entre dos departamentos, Valle y Chocó; un distrito especial, Buenaventura, y cinco o seis municipios más. Somos conscientes de que eso requiere el acompañamiento de la comunidad internacional, porque los recursos del país son limitados para enfrentar una tarea de esa dimensión. En la zona no solo está el Eln, sino también están los gaitanistas, la Fuerza Pública, eso significa tener abiertos los canales con las Agc, de lo contrario será difícil de manejar.

¿De cuántas personas están hablando para el retorno?

Parte del proceso de participación es afinar esos números y luego mirar línea por línea qué es lo que hay que hacer para que sea sostenible ese proceso. Lo inmediato es que la gente retorne, luego que la gente pueda permanecer en el territorio, rehacer su vida, que fortalezca el tejido organizativo. Eso implicará tener un diseño de cosas inmediatas, de otras a mediano, plazo y de cosas de más largo plazo y estructurales.

¿Cómo avanza el proceso entre Shotas y Espartanos en Buenaventura?

Es un aprendizaje. De alguna manera los procesos urbanos y rurales han fluido. Son procesos diferentes con un propósito común y es reducir la violencia, porque no podemos esperar a que la negociación con el Eln termine para que la gente pueda tener el beneficio de no sentir tanto miedo. Están conversando, los índices de asesinatos han disminuido de manera significativa, la gente tiene menos miedo y es un asunto que está propiciado por la Iglesia Católica y que el Gobierno está acompañando y mirando cuáles son las decisiones que tiene que tomar para entrar en firme a consolidarlos. Es una oportunidad para Buenaventura, para el Pacífico, para el país.

¿Cómo les va en la mesa con una delegación tan variada?

Es el desafío que tenemos como país. Somos distintos territorial, cultural y políticamente. Y eso implica un esfuerzo de diálogo significativo. Este país no puede seguir resolviendo sus contradicciones a los totazos. Seguramente no estaremos de acuerdo en todo, pero lo podemos conversar. Nos da la posibilidad de mirar las cosas desde ángulos distintos y crecer como delegación, crecer en lo personal y tener el chance de ser más asertivos en lo que vamos a proponer. Eso desdice eso de que es una conversa de los mismos con las mismas. No es cierto.

¿Para usted qué significado tiene estar negociando a nombre del Estado con una organización que ha afectado tanto a la población como el Eln?

Mucha gente sabe la batalla que se dio para tener un gobierno alternativo encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Es un sueño aplazado de muchas generaciones. También hay conversaciones con la Segunda Marquetalia, con el frente Primero, con las Agc. Sé que es descomunal, parece una quijotada, pero hay que hacerlo. Asumo esto como un ser humano que conoce el daño que genera la violencia en los territorios urbanos y rurales. Aquí nadie va a perder si llegamos a un bueno acuerdo con estos grupos. Hemos perdido tiempo, vidas y oportunidades para hacer las cosas distintas, y el país se nos ha ido fragmentando con un dolor enorme que no nos merecemos. He recogido historias de mi familia que peleó al lado de Bolívar por la libertad de los esclavos, otro fue asesinado en la masacre de las bananeras, mi abuela y mi madre fueron desplazadas, y yo me he desplazado varias veces y he tenido que salir del país. Tenemos que superar la historia de hacer acuerdos para incumplirlos.

¿Qué significa para usted haber incluido el tema étnico en la mesa?

En La Habana el tema étnico entró a último momento. Estamos hablando de una porción enorme del territorio colombiano con una importancia ambiental estratégica en tiempos de crisis climática. Somos unas víctimas históricas, porque el conflicto nos condena a situaciones sumamente difíciles que se están repitiendo. No es un tema menor, es un tema que afecta alrededor de 7 u 8 millones de personas. Cuando miramos el norte del Cauca, este está en una situación difícil. Buenaventura, Tumaco y la costa de Nariño, la costa caucana, la parte alta del río Micai, todo Chocó, Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Arauca, Putumayo, todos son territorios en los que hay una presencia significativa de pueblos negros e indígenas. Y aunque no se reconozca también el conflicto armado y sus derivaciones ha venido afectando a los raizales de San Andrés y Providencia que han perdido una porción enorme de su territorio físico, pero también del territorio marítimo y están arrinconados. Este país se debe una conversación sobre la relación entre la guerra y el racismo.

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¿Qué lecciones les deja el proceso de inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo Final?

Nosotros llegamos con cerca de 500 años de resistencia, con muchas experiencias fallidas de participación, con muchos acuerdos incumplidos. Uno podría decir que ganamos el capítulo étnico, pero su nivel de implementación es mínimo. Llegamos con unas experiencias organizativas y políticas que sirven de respaldo, también con unas agendas de lucha como la defensa de los territorios, de la identidad, de la participación, de la autonomía, de la igualdad de derechos. El capítulo étnico son tres páginas y media de un texto que era de 22, que es un resumen de otro texto que tenía 50. Podemos identificar cuáles son las cosas que no queremos que se repitan en la conversación entre el Gobierno y el Eln, se trata de construir sobre lo construido.

¿Qué no quieren que se repita?

Lo que ha pasado con los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial): los voceros de la comunidad han participado en identificar sus necesidades, pero en la medida que suben en la escala, todo se vuelve un asunto especializado y la gente no tiene ni idea de eso. Los operadores no son de la comunidad y la plata llega a los entes territoriales, y ahí las comunidades no tienen posibilidad de estar presentes. Hay muchas observaciones sobre cómo se definieron en su momento las zonas de ubicación de las Farc, eso generó muchas incomodidades. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz es importante, pero no hubo la adecuación institucional que permitiera asumir la magnitud de lo que eso significa. Las afectaciones han sido desproporcionadas y se requiere una intervención institucional que sea proporcional a esas afectaciones, de lo contrario no hay posibilidades de revertir esa situación.

¿Eso significa tener instituciones más fuertes o tener más presupuesto?

Es tener instituciones más fuertes, más aterrizadas a la realidad de las comunidades, con un enfoque de participación mucho más dinámico, con mejor presupuesto. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz con la Farc, si se quiere, es una acción afirmativa. Y las acciones afirmativas requieren presupuestos que sean suficientes y diferenciados, y eso no pasó.

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Si se cumple con más rigor el Acuerdo Final no quedaría mucho por negociar con el Eln.

Esta negociación no puede ser una adenda, un otrosí al proceso con las Farc. No sabemos cuál será el resultado, pero tenemos ese punto de partida. Es necesario aprender de lo que pasó, utilizar algunas de las cosas que ya están. Hay necesidad de concebir la participación en el proceso. Hay enormes desafíos sobre cuáles son las transformaciones que se requieren, cómo se puede fortalecer el autogobierno de las comunidades, el acceso a los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de la población.

¿Cómo lograron que Estados Unidos y México acompañaran la implementación del capítulo étnico?

En conjunto, entre gente negra e indígena, tenemos cerca de 40 millones de tierras tituladas, que podrían corresponder al 25 o 30 % del total del territorio nacional, con una importancia ambiental, pero también con una tragedia humanitaria terrible. Es necesario hacer el esfuerzo para cortar ese ciclo de violencia. Entonces nosotros nos movimos afuera. Ese esfuerzo explica que los temas étnicos hayan entrado de una en la conversación con el Eln. Creo que es una oportunidad no solo para los pueblos étnicos, sino también para el país, para la construcción de paz.