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”El Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte (IAGD) los invita a la gran inauguración de su megacolegio en la vereda El Triunfo”. Esta es la primera frase de un video promocional que circuló esta semana en el departamento del Caquetá, y que despertó una polémica no solo por el nombre de la obra (alusivo a un asesinado jefe de una disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central, EMC), sino por las dudas sobre los recursos con los que fue financiada.
Aunque la Gobernación del departamento y el Ministerio de Educación se pronunciaron en rechazo a la construcción, hay un tema del que poco se ha hablado: el tema del colegio ya había sido planteado por el EMC al Gobierno Nacional, en el marco del cuarto ciclo de diálogos de paz, que terminó el domingo pasado en San José del Guaviare.
De hecho, en uno de los siete acuerdos alcanzados en dicha ronda de negociaciones quedó consignado este asunto, en el segundo punto de las “actividades inmediatas”.
”Estudiar la figura de formalización del colegio internado de las sabanas del Yarí con participación, propiedad comunitaria y selección de profesores con la comunidad”, se lee en la segunda página del Acuerdo Especial sobre Transformación Territorial en Caquetá, Meta y Guaviare.
De hecho, en el documento se plantea una visita del Ministerio de Educación para hablar del tema del colegio, ubicado en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán.
Según conoció este diario, esa reunión tendrá lugar los días 8, 9,y 10 de abril.
¿Qué responde el Gobierno?
En diálogo con Colombia+20 de El Espectador, el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el EMC, Camilo González Posso, aseguró que en ningún momento los delegados de la disidencia mencionaron el nombre de la obra –en honor ’Gentil Duarte’, quien fue asesinado en 2022–, sino que se planteó de manera general, como aparece en el texto del acuerdo.
“Ellos hablaron de la importancia de programas educativos y de salud en toda esa zona, y esto quedó como uno de los puntos a considerar (por eso en el texto se habla de ‘estudiar’ el tema). Lo único que tenemos como compromiso es lo que está escrito, con las comas los puntos que están allí, ni una palabra más, ni una palabra menos”, explicó González.
Los cuestionamientos surgieron porque cuatro días después de haber firmado y socializado este acuerdo, los miembros del grupo disidente y algunas autoridades de la región empezaron a promocionar la inauguración y dieron a conocer el controversial nombre del internado.
El jefe negociador agregó: “la información que tenemos es que la obra fue hecha por las comunidades, pero no tenemos mayores datos ni fue objeto de la discusión el tema de los recursos con los que fue construida, precisamente porque se planteó una visita con el Ministerio (entidad competente en la materia), para evaluar la propuesta que presentaron”.
No obstante, el pasado 15 de marzo, la cartera de Educación se pronunció sobre el tema: “Desde este Ministerio rechazamos cualquier situación que vincule al sector educativo con grupos al margen de la ley o actividades ilícitas”. También se informó de la activación de una ruta de articulación con la Fuerza Pública y las autoridades del Caquetá y San Vicente del Caguán para “mantener los espacios educativos como lugares seguros y protegidos para la comunidad”.
El Ministerio agregó que no había emitido ninguna autorización oficial para la creación, y mucho menos la formalización de dicha institución, para lo que se necesita una serie de requisitos, como el registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), donde se consolida la información de todas las instituciones educativas públicas y privadas de Colombia.