“Quedan 7.8 billones por asignar a la paz hasta 2025”: Fondo Colombia en Paz

El Fondo Colombia en Paz nació en 2016 con la firma del Acuerdo entre el gobierno de Colombia y las extintas Farc para administrar, articular, focalizar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los seis puntos pactados en La Habana. Estos pueden venir de diferentes fuentes como el Presupuesto General de la Nación y aportes de la cooperación internacional.

Además cuenta con más de 22 subcuentas desde las que se administran los recursos en líneas priorizadas para la implementación. La financiación de programas, proyectos e iniciativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito; la continuidad de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y la gestión de proyectos de incorporación y normalización de los excombatientes de las Farc son los temas priorizados dentro del Fondo Colombia en Paz.

Instituciones como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) son las principales entidades ejecutoras en estas líneas priorizadas. Sin embargo, la lentitud en la asignación de nuevas cabezas de estas entidades y la que aún no se ha realizado en la ARN generan demoras en los procesos, lo señaló Camilo Andrés Cetina, nuevo director ejecutivo del Fondo.

Lea también: En cifras | Seis años del Acuerdo de Paz: ¿cómo va su implementación?

El pasado 10 de noviembre, Cetina cumplió un mes en el cargo y en entrevista con Colombia +20 comentó cómo ha sido su primer mes de trabajo, los retos económicos en la implementación del Acuerdo de Paz y los aportes que desarrollaron las entidades de la paz al Plan Nacional de Desarrollo. Las bases de ‘Colombia potencia mundial de la vida’ fueron publicadas el pasado 15 de noviembre por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

¿Cuáles son los retos del Fondo Colombia en Paz?

El primer reto fue absorber toda la información porque estamos hablando de casi 4.480 contratos, de un poco más de 5 billones de pesos que se han invertido, entonces tener consolidado esa información en este primer mes de trabajo.

El otro tema es que el 81% de los recursos de este fondo se explican en tres subcuentas que son los recursos de la Agencia de Renovación del Territorio para sus proyectos de infraestructura y de integración digamos en en las zonas PDET; está el tema de sustitución de cultivos ilícitos y está el tema reincorporación. Ahí es donde está prácticamente la gran parte y la gran masa como intervención que tiene que hacer el fondo.

Hemos trabajado mucho con la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El comisionado ha sido una persona muy abierta y él mismo lideró unas sesiones de diálogo entre el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Especial para la Paz de la Presidencia y el resto, de la articulación de entidades con temas de paz, como la nueva directora de implementación Gloria Cuartas, el director de la ART y construimos un diálogo sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo y con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DPN).

Hay que esperar a tener un Plan Nacional de Desarrollo aprobado para asegurar una coherencia y con base en eso, los dueños de las diferentes subcuentas harán los ajustes en sus planes y programas operativos, que son el instrumento de planeación que se exige para empezar a inscribir toda la inversión y la contratación en unas líneas y asegurar el cumplimiento de las metas. Con esto, tendremos una idea más precisa de cómo vamos a enfrentar, al menos, los siguientes cuatro años.

Colombia +20 realizó el evento “Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo: ¿Cómo garantizar sus derechos?” y allí Gloria Cuartas mencionó que se requerían casi $154 billones de pesos para la implementación del Acuerdo, y al año necesitaríamos 9 billones de pesos. ¿Cómo está el Fondo Colombia en Paz frente a esta cifra? ¿Es viable?

No es viable. Si viviéramos en un mundo sin mayor restricción presupuestal, tendríamos o necesitaríamos 9 billones anualmente para cumplir una cantidad de metas en materia de presencia del Estado, de consolidación de los territorios, de bienes públicos en los territorios… Pero tenemos que trabajar con esa cifra para también nosotros determinar las brechas que estaríamos dispuestos a aplazar en el tiempo, para seguir con el proceso de implementación y poder distinguir, qué cosas urgentes se necesitan, qué cosas importantes se pueden diferir a dos o tres años. Ese es el reto detrás de eso.

Vea: “Se requieren $154 billones para la implementación del Acuerdo”: Gloria Cuartas.

Se ha hecho un esfuerzo para gastos de inversión en los trazadores de paz como de 8 billones, que aún es corto de acuerdo, por ejemplo, a la cifra que arrojaba la doctora Gloria Cuartas. La idea de esas cifras es poder acercarnos lo más posible a ese techo y comenzar a trabajar desde ahí y esperamos en la medida de lo posible que gran parte de esos recursos se tramiten a través del fondo.

¿Cuáles son los temas que están priorizados a nivel presupuestal?

PDET, sustitución y reincorporación van los tres al tiempo porque son la mayor proporción del presupuesto. Pero también hay otros temas prioritarios, por ejemplo, el catastro multipropósito. Hace poco me reuní con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi e hicimos unos compromisos para hacer un piloto con ellos directamente para, por ejemplo, tener pliegos tipo para el catastro.

Parte del problema del catastro es que hay un mercado no regulado, la variación de los precios cuando tu solicitas estudios de mercado para temas de gestores catastrales u operadores es gigante y más en estos municipios PDET. Entonces con pliegos tipo cerramos un poquito la varianza del mercado y podemos empezar a administrar con más certidumbre, en la medida de lo posible colaboraremos con otras entidades.

Le puede interesar: “Hay que recuperar los baldíos de la Nación”: nuevo director de Agencia de Tierras.

Estoy en diálogo con la Agencia Nacional de Tierras para temas de catastro que les corresponden a ellos. Es un tema prioritario que no tiene los mismos recursos pero es necesario adelantar.

¿Cuánto dinero tiene el Fondo Colombia en Paz para la implementación del Acuerdo en lo que resta del año?

Los Planes y Proyectos Operativos (PPO) son los mecanismos de planeación y de definición inicial de los presupuestos. Actualmente la vigencia es 2022-2025 y hay $8.4 billones. De esos, en 2022 se han comprometido $885 mil millones de pesos, entonces quedan 7.2 billones por asignar.

No existe el principio de anualidad en ese fondo, es decir, si yo no lo ejecuto no se pierde ni se debe devolver al tesoro nacional. Es una disposición que estableció el decreto ley 691 de 2017, justamente para facilitar la implementación de los diferentes proyectos en un tiempo razonable.

Aunque el PPO es 2022-2025 podría ser modificado de acuerdo con los nuevos líderes y las nuevas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, tener adiciones de cara al nuevo presupuesto de este año.

¿Qué cambios internos están en marcha dentro del Fondo Colombia en Paz?

Los temas de mi plan de trabajo son la transformación digital con apertura de datos, con acceso a la información y con un nivel más más exigente de transparencia frente a los recursos. El Consejo Directivo me dio su respaldo con estos temas y también me aprobó la posibilidad de hacer ajustes internos sobre la reglamentaciones con temas de contratación y organización interna.

Hicimos un inventario de los diferentes bloques que exige la Ley de Transparencia y verificamos en donde tenemos retos para tener datos abiertos en esos bloques que exige la ley transparencia y ya comenzamos a trabajar en la en la estructuración de datos sobre eso. Estamos hablando de por lo menos 70 conjuntos de datos entonces no es tan sencillo.

Lea también: Los polémicos contratos de recursos de la paz que ejecutó el Fondo Mixto del Valle.

De la mano con la Presidencia de la República, vamos a tomar su sistema de información de contratos para el tema, por ejemplo de pagos y para el tema de correspondencia y gestión documental.

También se hará una modernización a nivel de manuales de contratación para que tomen algunas cosas del Estatuto Anticorrupción. Por ejemplo, los incumplimientos de los contratistas y quienes hayan sido sancionados por ello, tendrá menos chance de volver a ganar contratos acá.

El Fondo Colombia en Paz nació en 2016 con la firma del Acuerdo entre el gobierno de Colombia y las extintas Farc para administrar, articular, focalizar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los seis puntos pactados en La Habana. Estos pueden venir de diferentes fuentes como el Presupuesto General de la Nación y aportes de la cooperación internacional.

Además cuenta con más de 22 subcuentas desde las que se administran los recursos en líneas priorizadas para la implementación. La financiación de programas, proyectos e iniciativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito; la continuidad de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y la gestión de proyectos de incorporación y normalización de los excombatientes de las Farc son los temas priorizados dentro del Fondo Colombia en Paz.

Instituciones como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) son las principales entidades ejecutoras en estas líneas priorizadas. Sin embargo, la lentitud en la asignación de nuevas cabezas de estas entidades y la que aún no se ha realizado en la ARN generan demoras en los procesos, lo señaló Camilo Andrés Cetina, nuevo director ejecutivo del Fondo.

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El pasado 10 de noviembre, Cetina cumplió un mes en el cargo y en entrevista con Colombia +20 comentó cómo ha sido su primer mes de trabajo, los retos económicos en la implementación del Acuerdo de Paz y los aportes que desarrollaron las entidades de la paz al Plan Nacional de Desarrollo. Las bases de ‘Colombia potencia mundial de la vida’ fueron publicadas el pasado 15 de noviembre por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

¿Cuáles son los retos del Fondo Colombia en Paz?

El primer reto fue absorber toda la información porque estamos hablando de casi 4.480 contratos, de un poco más de 5 billones de pesos que se han invertido, entonces tener consolidado esa información en este primer mes de trabajo.

El otro tema es que el 81% de los recursos de este fondo se explican en tres subcuentas que son los recursos de la Agencia de Renovación del Territorio para sus proyectos de infraestructura y de integración digamos en en las zonas PDET; está el tema de sustitución de cultivos ilícitos y está el tema reincorporación. Ahí es donde está prácticamente la gran parte y la gran masa como intervención que tiene que hacer el fondo.

Hemos trabajado mucho con la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El comisionado ha sido una persona muy abierta y él mismo lideró unas sesiones de diálogo entre el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Especial para la Paz de la Presidencia y el resto, de la articulación de entidades con temas de paz, como la nueva directora de implementación Gloria Cuartas, el director de la ART y construimos un diálogo sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo y con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DPN).

Hay que esperar a tener un Plan Nacional de Desarrollo aprobado para asegurar una coherencia y con base en eso, los dueños de las diferentes subcuentas harán los ajustes en sus planes y programas operativos, que son el instrumento de planeación que se exige para empezar a inscribir toda la inversión y la contratación en unas líneas y asegurar el cumplimiento de las metas. Con esto, tendremos una idea más precisa de cómo vamos a enfrentar, al menos, los siguientes cuatro años.

Colombia +20 realizó el evento “Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo: ¿Cómo garantizar sus derechos?” y allí Gloria Cuartas mencionó que se requerían casi $154 billones de pesos para la implementación del Acuerdo, y al año necesitaríamos 9 billones de pesos. ¿Cómo está el Fondo Colombia en Paz frente a esta cifra? ¿Es viable?

No es viable. Si viviéramos en un mundo sin mayor restricción presupuestal, tendríamos o necesitaríamos 9 billones anualmente para cumplir una cantidad de metas en materia de presencia del Estado, de consolidación de los territorios, de bienes públicos en los territorios… Pero tenemos que trabajar con esa cifra para también nosotros determinar las brechas que estaríamos dispuestos a aplazar en el tiempo, para seguir con el proceso de implementación y poder distinguir, qué cosas urgentes se necesitan, qué cosas importantes se pueden diferir a dos o tres años. Ese es el reto detrás de eso.

Vea: “Se requieren $154 billones para la implementación del Acuerdo”: Gloria Cuartas.

Se ha hecho un esfuerzo para gastos de inversión en los trazadores de paz como de 8 billones, que aún es corto de acuerdo, por ejemplo, a la cifra que arrojaba la doctora Gloria Cuartas. La idea de esas cifras es poder acercarnos lo más posible a ese techo y comenzar a trabajar desde ahí y esperamos en la medida de lo posible que gran parte de esos recursos se tramiten a través del fondo.

¿Cuáles son los temas que están priorizados a nivel presupuestal?

PDET, sustitución y reincorporación van los tres al tiempo porque son la mayor proporción del presupuesto. Pero también hay otros temas prioritarios, por ejemplo, el catastro multipropósito. Hace poco me reuní con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi e hicimos unos compromisos para hacer un piloto con ellos directamente para, por ejemplo, tener pliegos tipo para el catastro.

Parte del problema del catastro es que hay un mercado no regulado, la variación de los precios cuando tu solicitas estudios de mercado para temas de gestores catastrales u operadores es gigante y más en estos municipios PDET. Entonces con pliegos tipo cerramos un poquito la varianza del mercado y podemos empezar a administrar con más certidumbre, en la medida de lo posible colaboraremos con otras entidades.

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Estoy en diálogo con la Agencia Nacional de Tierras para temas de catastro que les corresponden a ellos. Es un tema prioritario que no tiene los mismos recursos pero es necesario adelantar.

¿Cuánto dinero tiene el Fondo Colombia en Paz para la implementación del Acuerdo en lo que resta del año?

Los Planes y Proyectos Operativos (PPO) son los mecanismos de planeación y de definición inicial de los presupuestos. Actualmente la vigencia es 2022-2025 y hay $8.4 billones. De esos, en 2022 se han comprometido $885 mil millones de pesos, entonces quedan 7.2 billones por asignar.

No existe el principio de anualidad en ese fondo, es decir, si yo no lo ejecuto no se pierde ni se debe devolver al tesoro nacional. Es una disposición que estableció el decreto ley 691 de 2017, justamente para facilitar la implementación de los diferentes proyectos en un tiempo razonable.

Aunque el PPO es 2022-2025 podría ser modificado de acuerdo con los nuevos líderes y las nuevas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, tener adiciones de cara al nuevo presupuesto de este año.

¿Qué cambios internos están en marcha dentro del Fondo Colombia en Paz?

Los temas de mi plan de trabajo son la transformación digital con apertura de datos, con acceso a la información y con un nivel más más exigente de transparencia frente a los recursos. El Consejo Directivo me dio su respaldo con estos temas y también me aprobó la posibilidad de hacer ajustes internos sobre la reglamentaciones con temas de contratación y organización interna.

Hicimos un inventario de los diferentes bloques que exige la Ley de Transparencia y verificamos en donde tenemos retos para tener datos abiertos en esos bloques que exige la ley transparencia y ya comenzamos a trabajar en la en la estructuración de datos sobre eso. Estamos hablando de por lo menos 70 conjuntos de datos entonces no es tan sencillo.

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De la mano con la Presidencia de la República, vamos a tomar su sistema de información de contratos para el tema, por ejemplo de pagos y para el tema de correspondencia y gestión documental.

También se hará una modernización a nivel de manuales de contratación para que tomen algunas cosas del Estatuto Anticorrupción. Por ejemplo, los incumplimientos de los contratistas y quienes hayan sido sancionados por ello, tendrá menos chance de volver a ganar contratos acá.