En medio de las movidas y los cuatro acuerdos que esta semana se dieron en la negociación que el Gobierno lleva con algunas estructuras de la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), uno de los compromisos pasó inadvertido: ese grupo armado ilegal entregará la ubicación de sus tropas a las Fuerzas Militares a través de un modelo de georreferenciación.
El anuncio quedó consignado en el acuerdo sobre la extensión del cese al fuego, que por ahora será de tres meses y solo con los bloques Jorge Suárez Briceño (compuesto de ocho frentes con presencia en Meta, Caquetá, Guaviare), Magdalena Medio Gentil Duarte (que cuenta con siete frentes) y el frente Raúl Reyes, que son quienes aún siguen en la mesa de diálogos.
“Las partes han conformado un comité técnico (…) que deberá elaborar un protocolo mediante el cual, a través de un modelo de georreferenciación, se determinen/limiten las áreas de presencia del Estado Mayor Central” de esas estructuras durante el cese al fuego, se lee en el acuerdo.
El comité, dice el documento, estará compuesto por delegados de las partes, personal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Ministerio de Defensa, incluidos un observador militar y uno policial con sus equipos técnicos de apoyo.
Según conoció Colombia+20, aún faltan datos de georreferenciación de algunos frentes, y la primera reunión para avanzar en el protocolo para ese modelo de ubicación se dará esta semana que empieza.
El acuerdo no es menor, porque era una exigencia del Ministerio de Defensa y no se había podido llegar a un consenso sobre este punto en nueve meses que ya completa ese proceso. Para esa discusión, estuvieron varios comandantes del grupo, ahora conocido como EMB (Estado Mayor de los Bloques) como Hernán Tovar, del frente John Linares; Urías Rendón, del frente Rodrigo Cadete; Danilo Alvizú y Oliver Kaleth, del frente Raúl Reyes.
En noviembre del año pasado había habido una primera aproximación con un protocolo de reglas cuando empezó el cese al fuego con todo el grupo armado. Allí se incluía “mantener la movilidad del Estado Mayor Central en los espacios geográficos delimitados acordados entre las partes a través del protocolo sobre las áreas de presencia de los integrantes” de ese grupo armado. Sin embargo, varios puntos de ese protocolo, y de otros acuerdos a los que se llegaron por esa fecha, nunca avanzaron.
Fuentes cercanas a la negociación afirman que esa también fue una de las razones del levantamiento de la mesa de las estructuras que hoy están al mando de Iván Mordisco. Justo en el momento en el que se produjo el atentando a la comunidad de Toribío, y que desencadenó que el presidente suspendiera regionalmente el alto al fuego en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la mesa discutía que no hubiera presencia de miembros de ese grupo ilegal en “cabeceras municipales, ni en vías primarias, ni en centros poblados”. Los alfiles de Mordisco se opusieron a esa propuesta, entre otras cosas porque les impedía estar en puntos como el cañón del Micay, zona en disputa entre el Gobierno y ese grupo armado.
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Un par de semanas antes de la división del grupo armado, la disidencia firmó varios documentos al término del cuarto ciclo en San José del Guaviare, uno de los cuales parece ser un antecedente de este acuerdo de georreferenciación. Se trata del protocolo para enviar incidentes entre el EMC y la fuerza pública. El papel que justamente recoge la propuesta de evitar la presencia en esas cabeceras fue firmado por estructuras que hoy siguen en la mesa, mientras que los delegados cercanos a Mordisco no lo hicieron. Eso, más la posición por el levantamiento regional del cese, fue uno de los detonantes para la fractura dentro del grupo armado.
¿Cómo funciona la georreferenciación?
Fuentes militares le explicaron a este diario cuál es el procedimiento que se surte con la georreferenciación, en el que, afirman, Colombia no tiene mucha experiencia. Actualmente, este tipo de mecanismo solo se ha acordado con la Segunda Marquetalia (la otra disidencia de las FARC), que debía entregar sus coordenadas el pasado 15 de julio, y ahora con el EMC.
Lo primero que se hace es la entrega de la información a la subcomisión técnica del Comando Estratégico de Transición del Ejército, que es quien debe verificar los datos que deben ser, entre otros, un sistema de coordenadas.
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Ese proceso puede demorar si se tiene en cuenta que son en total 16 los frentes que siguen firmes en el proceso. “Debe verificarse el terreno, el área, si es selvático, si hay corredores de droga, cómo es la seguridad con los otros actores violentos, qué poblaciones están, cómo está su seguridad”, explican.
Laura Bonilla, subdirectora de Pares, coincide en que este tipo de georreferenciación sí puede ser “retador” para la Fuerza Pública en cuanto no es sencillo ese proceso de verificación. “El hecho de tener una georreferenciación no garantiza que sea fácil identificar quién es quién en el terreno”.
Para las fuentes, ese sistema de coordenadas puede ser difícil para los hombres en terreno, sobre todo si se hace por grupos pequeños. “Hay que ver si esas coordenadas van a ser por estructuras o por frentes como un todo. Si el sistema de coordenadas se va a hacer sobre cuadrillas, puede haber muchas de ellas en un rango de extensión de 10, 15 o 20 kilómetros cuadrados. Eso puede complicar el trabajo de las tropas. Podría incluso ser más difícil que el cese que actualmente se tiene y que se hace no por cuadrillas, sino por separación de fuerzas en áreas seleccionadas”, explica la fuente.
Y agrega que lo que mejor sería tener a los miembros del grupo armado en “zonas de concentración” como las que tuvo la extinta guerrilla de las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz y en su transición a la vida civil. Esta idea, de acuerdo con información que conoció este diario, también se baraja desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, pero no fue lo que se pactó en el acuerdo.
Otra dificultad, explican, puede ser en el despliegue de tropas en zonas donde opere más de un grupo armado. Quien puede dirimir dudas que se den en las zonas debería ser el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), que actualmente no tiene todo el despliegue a nivel regional y local, entre otras por falta de logística del Gobierno. Además, ya vez sean verificadas todas las coordenadas, nadie entra ni sale sin previa autorización del MVMV.
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Para Kyle Johnson, fundador de la Fundación Conflict Responses (CORE), este modelo puede tener muchas más ventajas. “La georreferenciación siempre va a significar un cese al fuego mucho más robusto porque va a significar menos movimiento, menos operación y eso puede traer mejorar incluso para las comunidades”.
Para el investigador, habrá zonas que serán más difíciles para la fuerza pública en el sentido en que pueden encontrarse hasta tres grupos armados al mismo tiempo y algunos con los que no hay diálogo, como por ejemplo en Antioquia y Sur de Bolívar.
“Hay que esperar el protocolo para ver cómo se resuelven esas dudas y cuál será el tamaño de detalle de esa información de ubicación. También si incluye a las milicias de ese grupo armado que son súper importantes en su actuar”, indica.
Las delegaciones trabajan en ese protocolo que dará pistas sobre el alcance de este proceso de ubicación que se suma a los acuerdos que se firmaron esta semana en mes, entre ellos una ambiciosa agenda de diez puntos, la situación de los presos de ese grupo armado y una serie de acciones en los territorios. En el aire queda cuál será la respuesta del grupo de Mordisco a estos avances en la mesa, especialmente tras la amenaza que apenas 24 horas después de conocer los acuerdos dieron contra la COP16.
