Por primera vez, las delegaciones de las disidencias de FARC que se autodenominan Estado Mayor Central (EMC) y la delegación del gobierno de Gustavo Petro se reunirán en Suárez (Cauca) para avanzar en cuatro puntos aún sin concretar: la instalación de la mesa de diálogos- cuya fecha inicial sería el próximo 17 de septiembre, según afirmaron el pasado 12 de agosto-, el inicio de un cese al fuego, el funcionamiento del mecanismo de verificación y sus protocolos y determinar qué países estarían involucrados en el proceso.
El encuentro liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tendrá una duración de tres días (31 de agosto, 1 y 2 de septiembre) donde se discutirá una salida negociada con esta disidencia de FARC, comandada por Iván Mordisco. De ese grupo, que tiene presencia en 16 departamentos del país, hacen parte guerrilleros que no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016.
Uno de los puntos álgidos de la negociación es el cese al fuego bilateral, que fue suspendido por el presidente Gustavo Petro, el pasado mes de mayo, en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. La decisión se tomó luego del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en Putumayo.
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Colombia+20 conoció que con este encuentro, las partes buscan un cese de secuestro y la no interferencia de este grupo armado ilegal en las próximas elecciones territoriales del 29 de octubre. Desde hace un par semanas, se avanza en la posibilidad de decretar un cese al fuego bilateral con una vigencia de seis meses.
También deben ponerse de acuerdo sobre la puesta en marcha del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación de un posible cese al fuego con puntos nacionales y locales, y el protocolo de funcionamiento. Esta redacción conoció el pasado 12 de agosto, que existen borradores sobre este mecanismo que posiblemente serán discutidos en estos tres días de reunión. Ya se habría firmado uno.
Además, las delegaciones quieren poner sobre la mesa la discusión sobre alivios humanitarios para la población civil.
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Sigue en discusión la creación de un Equipo de Resolución de Contingencias que estaría conformado por delegados y delegadas del Gobierno Nacional, del Estado Mayor Central, Representante Especial del secretario general de la ONU, la MAPP-OEA-Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. Su objetivo será “la atención y trámite de incidentes relacionados con la suspensión de la confrontación armada”.
Según fuentes cercanas a la delegación de esa disidencia, se cuestiona la figura de Camilo González Posso, coordinador de la delegación de Gobierno. Hace unos días ese grupo armado amenazó, a través de un comunicado, a Leonardo González Perafán, sobrino de González Posso y director del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de Indepaz.
El Frente Carlos Patiño de esa disidencia señaló a González Perafán como un “propagandista” y afirmó que desde Indepaz hacía “eco de informaciones erradas” y “sin verificación” contra ese grupo armado. En el comunicado, el EMC dijo: “Mientras Camilo nos habla de paz, su sobrino Leonardo azuza la guerra contra las FARC-EP”.
El señalamiento hace referencia a información que ha circulado en las últimas horas sobre un confinamiento en la población del corregimiento El Plateado, zona rural del municipio de Argelia (Cauca) por amenazas de esa disidencia.
Según versiones, el alcalde de ese municipio, Jhonatan Patiño, aseguró que el grupo armado no permite el ingreso de alimentos y combustible, ni el tránsito de vehículos y se forzó al cierre de los comercios.
Leonardo González dijo a este diario que “nuestra mayor intención [desde INDEPAZ] es visibilizar lo que las comunidades están viviendo y denunciando, nosotros no somos los denunciantes directos, solo visibilizamos lo que las comunidades dicen”.
¿Por qué reunirse en Cauca?
Según fuentes cercanas al proceso, se escogió a este municipio para enviar un mensaje de inclusión hacia frentes de ese estructura armada que hacen presencia en ese territorio y que han estado más renuentes a la negociación.
Además, ese departamento ha sido blanco de múltiples ataques por parte de esa disidencia. Apenas unos días después de darse a conocer la posible fecha de la instalación de la mesa, el grupo armado realizó tres ataques con dos carros bombas en Buenos Aires y Cajibío en los que perdieron la vida cuatro policías.
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El hecho provocó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que el presidente Petro le pidió a esa disidencia: “Antes que un cese al fuego, se necesita un cese de hostilidades”. Desde la comandancia del Estado Mayor Central han negado la responsabilidad de estos.