Tras al menos cuatro meses de acercamientos y de una fase secreta, el Gobierno y la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, acordaron que la fecha de instalación de la mesa de diálogos será el 24 de junio en Caracas, Venezuela. El anuncio —que incluyó varias fotografías donde aparecía “Iván Márquez”, comandante de ese grupo armado— plantea algunas inquietudes, entre ellas cómo se resolverá la situación jurídica de algunos de los miembros de esa guerrilla.
Esa disidencia, que vio la luz el 29 de agosto de 2019, fue creada por “Márquez” junto a Seuxis Pausias Hernández (“Jesús Santrich”), Henry Castellanos (“Romaña”) y Hernán Darío Velásquez (“el Paisa”), cuatro antiguos comandantes de la extinta guerrilla de las FARC, quienes dijeron que, tras firmar el Acuerdo de Paz, volvían a las armas. De ellos solo sobrevive “Márquez”. Los otros tres murieron en Venezuela en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
El anuncio de la fecha de instalación se conoció luego de una reunión que sostuvieron las partes en ese país este fin de semana y en el que se encontraron, entre otros, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, el mismo “Márquez”, y Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en ese proceso.
También estuvieron miembros de esa guerrilla como José Vicente Lesmes, conocido en la guerra como Walter Mendoza; Giovanny Andrés Rojas, Araña, jefe máximo de la organización Comandos de Frontera, con incidencia en Putumayo.
Además, participaron los representantes de Cuba, Noruega y Venezuela, monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Conferencia Episcopal y Raúl Rosende, representante especial Adjunto en la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Según el documento firmado por las partes, esos Gobiernos ejercerán como garantes, mientras el representante del secretario general y la Conferencia Episcopal serán acompañantes permanentes.
El primer ciclo de las negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio, también en Caracas, para acordar los temas específicos de los puntos anunciados y los protocolos.
“Renegociar” con quienes se apartaron del Acuerdo
El obstáculo más grande que tiene esta negociación es el tema de las medidas de justicia transicional, porque quienes se apartaron del Acuerdo de Paz no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Ese es uno de los retos más grandes para poder avanzar de manera firme hacia un acuerdo con la Segunda Marquetalia. Es tema neurálgico que el Gobierno a través de no solamente de esta delegación, sino de la propia Oficina del Alto Comisionado y las otras agencias estatales encargadas del asunto tiene que examinar con detalle para buscar una ruta que permita, en el evento en que este proceso avance, pues que se pueda encontrar una fórmula que no obstaculice sacar hombres y armas de los territorios”, dijo Novoa a Colombia+20.
Por su parte, Diego Martínez, miembro del equipo jurídico en el proceso de paz de 2016, asegura que no el problema no es solo cómo aplicar instrumentos de justicia transicional, si no sí se puede o no negociar con ese grupo. . “Podríamos afirmar que aquellos que, siendo firmantes decidieron alzarse nuevamente en armas contra el Estado podrían tener la prerrogativa a la luz de nuestra legislación penal de ser catalogados como delincuentes políticos. Esto permitirá al Gobierno mantener negociaciones de índole política”, explica.
Sobre cómo integrar a los reincidentes en un posible sistema de justicia transicional, afirma que esto no podrá hacerse a menos que haya una reforma constitucional. “Puntualmente, debe hacerse como parte de la negociación una reforma al artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 del 2012 que establece la imposibilidad de aplicar instrumentos de justicia transicional a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”, explica.
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El otro tema que está en el radar es que, entre las razones que esgrime la disidencia de “Márquez”, fue el incumplimiento del Acuerdo de Paz y un entrampamiento. Sobre ello, Novoa afirma que uno de los pedidos de la Segunda Marquetalia, es decir, cuáles fueron los motivos para el alzamiento armado.
De hecho, en el documento de nueve puntos que dieron a conocer las partes, incluye un apartado donde se especifica ese pedido: “La representación de la Segunda Marquetalia manifestará en la mesa de diálogos sus razones para el alzamiento armado, entre ellas, el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016″, dice.
Para la profesora Tania Luna, directora del doctorado en ciencias jurídicas de la Javeriana, experta en constitucionalismo, paz y memoria, aunque es muy preliminar determinar cómo avanzará este proceso, podría analizarse si lo que se quiere es buscar una “nueva institucionalidad”.
“El punto 5 del documento que dio a conocer ayer el Gobierno dice eso, que esta negociación incluye el diseño, puesta en marcha, implementación y verificación de cumplimiento. Esto nos permite pensar que se proyecta una nueva institucionalidad, quizás otras instancias para que puedan superar esos líos jurídicos.”, explica.
“El punto 5 del documento que dio a conocer ayer el Gobierno dice eso, que esta negociación se guiará por el principio de acuerdo pactado, acuerdo cumplido, y a reglón seguido dice que incluye el diseño, puesta en marcha, implementación y verificación de cumplimiento. Esto nos permite pensar que se proyecta una nueva institucionalidad, quizás otras instancias para que puedan superar esos líos jurídicos. Hay que ver si eso vale la pena”, explica.
Un extenso informe publicado en marzo pasado por la experta de la ONU Antonia Urrejola, a petición del entonces canciller Álvaro Leyva al Consejo de Seguridad de la ONU, concluyó que sí hubo reiterados obstáculos al Acuerdo de Paz y aunque no calificó el caso de Jesús Santrich como “entrampamiento” sí decía que hubo un agente provocador” que no está contemplada como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibida en Colombia-
Santrich fue señalado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez como parte de una estructura que enviaba drogas a Estados Unidos. Luego de ser vinculado a un proceso por narcotráfico, abandonó el Acuerdo de Paz y formó la disidencia de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez.
El caso de Santrich fue revelado en 2020 por el periodista Edinson Bolaños, de Colombia+20, en una investigación que despertó una dura controversia y llegó a los estrados judiciales.
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Sobre si este informe podría ayudar a destrabar esa situación jurídica de los negociadores de la Segunda Marquetalia, Martínez explica: “En efecto, esta decisión sumada a una minuciosa investigación por parte de la justicia colombiana, podría garantizar recuperar la confianza legítima de todos los colombianos, de las víctimas y de los alzados en armas en los procesos de paz. Con esta decisión se abordan las irregularidades del proceso penal a cargo de la fiscalía de la época en contra del señor Jesús Santrich”, dice.
Los puntos del documento
El texto firmado comienza con la afirmación de que “se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano”.
Con la idea de una constituyente en el aire y el respaldo público que “Márquez” le ha dado a esa propuesta del presidente Petro, este punto llamó la atención. Pero, Novoa negó que se tratara de ello.
“Se habla de un acuerdo nacional pluralista, pero no de una constituyente. Para nosotros ese acuerdo tiene un sentido y un significado que no es el mismo que tiene para la Segunda Marquetalia. Pero la manera en que se trae esa expresión al documento es en el sentido de buscar un camino que permita contrarrestar las violencias, disminuir la afectación a la población y lograr a nuestro punto de vista sacar el mayor número de combatientes de la Segunda Marquetalia de los territorios. No necesariamente implica una asamblea constituyente, pero sí la necesidad de trabajar en función de un acuerdo que le dé respaldo a los esfuerzos para que la paz total pueda llegar a buen rumbo”, dijo.
Otros de los puntos es el rechazo de los secuestros con fines económicos y la priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes. Además, el documento dice que se “adoptarán medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto, en zonas de presencia de la Segunda Marquetalia”.
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Además, se acordó la “construcción inmediata de territorios de paz, que posibiliten una nueva organización de la vida política, económica, social, cultural y ambiental”. Según Novoa, aún no se conoce cuáles serían esas zonas y que, de hecho, sería lo que se empezará a hablar durante el primer ciclo.
El documento también incluye una escueta agenda de diálogos con cinco puntos básicos: desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz, construcción de territorios de paz; víctimas como sujeto social transformador; condiciones para la convivencia pacífica; y por último la implementación y verificación.
Este proceso de paz llega se suma a otros tableros de negociación que lleva el Gobierno: uno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la otra disidencia de las extintas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC). Aunque con el ELN se ha avanzado en uno de los ceses al fuego más largos y ya se firmó el acuerdo sobre el primer punto de la agenda, el proceso para esa guerrilla está “suspendido” por cuenta de un diálogo regional que el Gobierno adelanta con un frente escindido del ELN en Nariño.
Con el EMC, la negociación continúa, pero solo con algunas estructuras que decidieron quedarse en la mesa tras la división interna que sufrió el grupo armado.
La llegada de la Segunda Marquetalia es para muchos expertos un salvavidas para Márquez, que aún se recupera de graves heridas tras sufrir un ataque del que no se sabe mucho y que no pudo consolidar se rearme. Pero también puede ser una negociación un poco más posible para el Gobierno que necesita sumar réditos a su apuesta de paz total.
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