Bogotá será la sede del tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, que es comandada por Iván Mordisco.
Las partes se encontrarán desde el próximo martes 9 hasta el sábado 20 de enero para dar continuidad a la mesa de conversaciones, que fue instalada a mediados de octubre y cuyo mayor avance se conoció el pasado 12 de diciembre, cuando se anunció el compromiso del EMC de suspender el secuestro.
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“Esperamos avanzar en definiciones importantes no solamente en el tema humanitario y del respeto a la población, sino en las transformaciones territoriales y acciones de impacto en las regiones”, comenta sobre el nuevo ciclo Camilo González Posso, el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos.
En esa línea, uno de los temas que se abordarán en esta tercera ronda es la transformación de territorios con dependencia de economías ilícitas, como la región del cañón del Micay, en Cauca, uno de los principales enclaves cocaleros del país, cuyo control ha llevado a múltiples tensiones entre el Gobierno y el Bloque Occidental de la disidencia de Mordisco.
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El respeto al DIH y la liberación de secuestrados
El tercer ciclo será clave para que las partes evalúen el cumplimiento del cese al fuego bilateral y los acuerdos que se han suscrito en cuanto a respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Según conoció Colombia+20, las partes firmaron un documento con 21 acuerdos, que incluyen compromisos como acatar las normas del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, no generar desplazamiento forzado, no realizar ataques ni agresiones a la población civil, no obstaculizar misiones médicas y humanitarias, entre otros.
“El principio rector de la mesa y de los diálogos es que se respeta el DIH y las normas y convenios internacionales de derechos humanos, como la suspensión de secuestros. Ya se ha procedido a algunas liberaciones de personas que han sido identificadas como privadas de la libertad o retenidas por esta organización, pero también en otras materias está avanzando: han disminuido las situaciones de confinamiento, de desplazamiento y agresiones frente a la población civil”, asegura González Posso.
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Aunque el jefe negociador del Gobierno no precisó la cifra exacta de víctimas liberadas por el EMC, indicó que “son cerca de 10 personas que, a través de los procedimientos de los mecanismos de contingencia que tiene la mesa, se ha acelerado su liberación y el retorno a sus actividades lo más rápido posible y con vida”.
Para Andrés Preciado, director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, es crucial que los acuerdos pactados se materialicen para que los diálogos lleguen a buen puerto.
“Durante todo 2023 vimos unos ceses al fuego que no son tan operantes, que tienen dificultades de implementación y verificación, y eso le resta legitimidad a las negociaciones. El otro tema es qué tanto la iniciativa de suspender el secuestro por parte del EMC efectivamente se va a concretar. Sin duda ese va a ser uno de los puntos claves para el 2024″, asegura el investigador.
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Además de los temas humanitarios y de transformación territorial, se espera que en el tercer ciclo se hable sobre la situación socioambiental de la Amazonía, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Putumayo.
Se avanza en la instalación de mecanismos de monitoreo al cese al fuego
Desde el final del segundo ciclo, las partes anunciaron que en la tercera ronda de diálogos abordarían un acuerdo de respeto a la población civil y de implementación del Cese al Fuego y del informe del Grupo de Contingencias y del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MVMV).
En las últimas semanas, las partes anunciaron la instalación de dos de las cinco instancias regionales del MVMV.
El pasado 22 de diciembre se puso en marcha el Mecanismo Regional de Bucaramanga, que apoyará la verificación en zonas como el Catatumbo, el Sur de Bolívar, el Norte y Nordeste de Antioquia y el Magdalena Medio.
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A este se sumó, el pasado 5 de enero, el Mecanismo Regional Meta, que tiene cobertura en el oriente del país y la Amazonía colombiana, con incidencia en departamentos como Meta, Guaviare, Tolima, Huila y Caquetá.
Según el jefe negociador Camilo González, “ha dado gran credibilidad al proceso el hecho de que se estén instalando a nivel regional y local mecanismos de verificación, y a nivel nacional también. Eso muestra las posibilidades de una vigilancia en terreno y también de una articulación con las veedurías ciudadanas y creo que es una buena señal que nos indica las posibilidades en el año 2024″.
Estas instancias están conformadas por representantes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Estado Mayor Central de las FARC-EP y el componente internacional. Además, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias acompañan el trabajo de los mecanismos.
Se espera que en las próximas semanas sean instalados los tres MVMV restantes para el proceso con el EMC, cuyas sedes serán Arauca, Popayán y Mocoa.