Han pasado cuatro meses desde la última vez que se encontraron formalmente en una mesa de diálogos los negociadores del Gobierno Nacional y los de la mayor disidencia de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC). El próximo martes, las partes volverán a reunirse para instalar el quinto ciclo de conversaciones en Bogotá, en el que participarán menos de la mitad de las estructuras del EMC, pues las demás (los frentes de Cauca, Nariño, Valle y Amazonía, que sumarían el 53% del grupo) se apartaron del proceso de paz.
A pesar de que los frentes que estarán sentados en la mesa, bajo el liderazgo de ‘Calarcá Córdoba’ han manifestado que siguen en firme con el proceso, llegan a la nueva ronda en medio de un panorama complejo y tenso, tras haber protagonizado varios hechos de violencia que despertaron el rechazo del Gobierno y la sociedad. El primero, las amenazas de uno de sus frentes contra los exguerrilleros de las FARC que habitan el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en Caquetá. A eso se suma al ataque ocurrido el jueves en Valdivia, Antioquia, donde murieron seis soldados del Ejército en un campo minado que, según las Fuerzas Militares, fue accionado por miembros del EMC.
Al margen de estos actos, que sin duda plantean un desafío para la negociación, lo que está en juego en el quinto ciclo de diálogos es la continuidad total de un proceso de paz al que Petro le apostó desde su llegada a la Presidencia, pero que no ha dado los resultados esperados. De hecho, una fuente del alto gobierno le contó a Colombia+20 que para el Ejecutivo es claro que el tiempo se agota y, si no se logran avances con el EMC en lo que resta del 2024, “será casi imposible llegar a acuerdos para terminar el conflicto con ese grupo”.
La inestabilidad en este proceso ha sido de tal magnitud que el Gobierno ya abandonó por completo la posibilidad de dialogar con los frentes del EMC en Cauca, que se levantaron de la mesa. En cambio, el Ejecutivo optó por una estrategia de confrontación que suma la ofensiva militar contrainsurgente con la inversión social en ese departamento (a través de la Misión Cauca, lanzada hace tres semanas en Popayán).
“Petro está enviando un mensaje, que los grupos armados tienen dos caminos: uno, el de la paz, con cese al fuego y negociación; otro, el de la ofensiva. Con el EMC ahora hay dos facciones y dos caminos, y la lógica del gobierno es convencer a los que se mantienen en que sigan firmes en este camino porque, de lo contrario, la alternativa será volver a la lógica de la guerra”, explica Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group.
Los tres temas clave del quinto ciclo de diálogos
En entrevista con Colombia+20, el jefe negociador del Gobierno en este proceso de paz, Camilo González Posso, explicó que hay tres asuntos que marcaran la nueva ronda de negociación: el respeto a la población civil y el cese al fuego (cuya vigencia termina el 16 de agosto); las transformaciones territoriales de las regiones más afectadas por la violencia y el abandono estatal; y la construcción de una agenda para el fin del conflicto con este grupo armado.
Aunque se había acordado una serie de reuniones previas al inicio del ciclo esta semana —para revisar, entre otros puntos, los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego—, este diario conoció que esos encuentros no se dieron, en parte, por la tensión que despertaron los hechos de Miravalle y Valdivia.
Además del desafío de recomponer el ambiente para sentarse a hablar de los temas de fondo, el principal escollo de esta ronda va a ser definir el futuro del cese al fuego.
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“En primer lugar, el gobierno debe terminar el cese con las estructuras con las que ya no está negociando, algo en lo que se ha demorado. De otro lado, la facción del EMC que negocia ha dicho que es imposible mantener una mesa si no hay un cese al fuego activo, por lo que el gobierno seguramente lo extenderá a las estructuras que se mantengan en la negociación. Lo importante aquí va a ser dejar claro dos cosas: lo que el gobierno considera como violaciones graves al cese y cómo responderá ante ellas”, plantea Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En efecto, una de las paradojas que señalan algunos analistas es que el Gobierno solo suspendió el cese al fuego con el EMC en Cauca, Valle y Nariño, pero no lo hizo, por ejemplo, en Guaviare, donde se presume que actúa Iván Mordisco, el jefe disidente que abandonó la negociación.
Según la investigadora Elizabeth Dickinson, para la reestructuración del cese el Ejecutivo debería replicar la estrategia de georreferenciación que anunció hace pocos días con la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia de las FARC: “Ahora mismo no se sabe dónde pueden actuar las Fuerzas Militares y dónde no. Con ese mecanismo de georreferenciación, se sabría con quiénes se está hablando y contra quiénes se está combatiendo, y eso es importante para tener las reglas claras”.
En este tema la última palabra no está en manos de las delegaciones, sino del propio presidente Petro, que según algunas fuentes aún tiene serias dudas sobre la conveniencia de extender el cese al fuego, considerando los incumplimientos de la disidencia de ‘Calarcá’.
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De otro lado, un punto que sigue siendo retador es establecer la agenda de diálogos, pues para el Ejecutivo este proceso no puede buscar lo mismo que ya se negoció con las antiguas FARC en La Habana, no solo por tiempo, sino porque las disidencias no representan ni siquiera un 20% de lo que en su momento fue esa guerrilla ni en presencia territorial ni en número de integrantes.
Además, el país está a la expectativa de que la facción que se mantiene en la mesa haga compromisos en cuanto al respeto a la población civil y los antiguos combatienes de las FARC, que sí firmaron y cumplieron el Acuerdo de Paz: “La seguridad de los reincorporados es fundamental y debe ser la base de todas las negociaciones en adelante. Espero que para el gobierno eso sea la prioridad en este ciclo, porque no se puede entener que se estén garantizando nuevas negociaciones si los mismos firmantes que dejaron las armas de buena fé están bajo amenaza del grupo que está en la mesa”, dice Dickinson.
En ese mismo sentido, Preciado asegura que el gobierno “debe decidir si es justo que las mesas continúen su cronograma normal ante victimizaciones a la población civil de esta gravedad, pues según el protocolo firmado el año pasado es una violación clara del cese al fuego que se suma a muchas otras que han ocurrido en este año. Si bien no hablamos de un fin definitivo del diálogo, esta actitud del EMC sí debe resultar en movimientos en la mesa más allá de las condenas de los negociadores, que son necesarias, pero no disuaden al grupo de seguir victimizando a las personas”.
¿Con quiénes hablará el Gobierno?
Para entender el giro en este tablero de negociación hay que recordar que los diálogos avanzaron en relativa calma desde octubre de 2023 hasta marzo pasado. Ese mes, luego del cierre del cuarto ciclo de conversaciones, el panorama se empezó a nublar: en respuesta a los hechos de violencia de un frente del EMC en Cauca que atentó contra una comunidad indígena y que dejó a una mayora muerta, el presidente Petro ordenó suspender el cese al fuego en ese y otros dos departamentos del suroccidente del país (Nariño y Valle). Semanas después se conocieron las tensiones internas que dividieron a esta disidencia en dos facciones. Una, que se levantó de la mesa e incluye al bloque que opera en Cauca, el cual fue apoyado por ‘Iván Mordisco’, quien hasta entonces era reconocido como el comandante máximo del EMC. La otra, que agrupa a los frentes de los Llanos orientales, Catatumbo y Antioquia, quedó bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’, y es la que se mantiene en el proceso de paz.
Toda esta situación deja en evidencia algo que desde el primer momento se advirtió desde centros de estudios y organizaciones sociales: que en realidad nunca existió un solo grupo llamado “Estado Mayor Central”, sino que esa fue una sombrilla que agrupó a estructuras distintas para entrar a la apuesta de paz total, pero sin una unidad de mando clara.
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De hecho, así lo reconoce el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso. “Ya no puede decirse que existe un EMC en el que unos están en la mesa y otros no. Son dos grupos distintos, que tienen comportamientos y pretensiones políticas diferentes”, dice en entrevista con Colombia+20.
Otro de los grandes interrogantes es qué tan representativos son los frentes que se mantienen en el proceso de paz. De acuerdo con la información oficial que tiene González Posso, las estructuras del ala ‘Calarcá’ representarían alrededor del 47% de los que inicialmente se sentaron a negociar. Sin embargo, desde otros sectores se ha dicho que no alcanzarían a sumar el 10%.
“Efectivamente los que siguen en la mesa son los frentes que están en parte de Putumayo, zonas del Caquetá, sur del Meta, Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Bolívar y norte de Antioquia. Los que no continuán son básicamente los de Cauca, con algunos municipios vecinos del Valle y Nariño, y los de Guaviare y la zona de la Amazonía”, explica el jefe negociador.
Lo que ambas delegaciones logren entre el martes y el viernes próximos, durante la quinta ronda de diálogos, no solo marcará el pulso de un proceso de paz que tiene encima los ojos del país y de la comunidad internacional, sino que también impacta la imagen política y la fuerza electoral del proyecto de Petro en las regiones que más lo apoyaron durante su elección, con la esperanza de alcanzar una paz que, hasta ahora, está más lejos que cerca.
