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A través de un decreto fechado el pasado 30 de agosto, pero publicado este martes, el Gobierno nombró como gestores de paz y por seis meses a cuatro miembros de frentes de la disidencia Estado Mayor Central que aún permanecen en la mesa de diálogos bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques (EMB). Se trata de las cuatro personas que permanecían capturadas desde el pasado 23 de julio cuando fueron detenidas mientras usaban camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En su momento, ese hecho provocó una crisis dentro del proceso de paz, pues, aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esas camionetas —entre otras cosas en virtud del proceso de paz que adelantan—, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tenían órdenes de captura vigentes. Las reglas del uso de ese tipo de transporte prohíbe la movilización de personas que sean solicitadas por las autoridades.
En ese retén fueron detenidos al menos 11 disidentes, pero solo quedaron cuatro capturados. Se trataba de Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Firu, cabecilla de la estructura 36 de esa disidencia, y Ómar Delgado Novoa, conocido como Boyaco o Hermes, ambos con órdenes de captura vigentes.
También estaban Wenser Yosony Duque, conocido como Oliver González, cabecilla de comisión del frente Raúl Reyes, y María Alejandra Ojeda Londoño, capturada por porte ilegal de armas. Esas cuatro personas fueron nombradas en ese decreto como gestores de paz, y con esta medida podrán salir de la cárcel.
“Para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, se les otorgará las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea, para lo cual, el Gobierno nacional, por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, solicitará a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las medidas penales judiciales correspondientes, de conformidad con el Decreto 1175 de 2016”, dice el decreto.
El documento agrega que su designación se hace “para que contribuyan con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, y promover acuerdos y acciones humanitarias”.
La medida, sin embargo, no les quita el proceso judicial. De hecho, el decreto explica que deben firmar un acta ante el Consejero Comisionado de Paz, “donde se comprometen a asistir a las diligencias judiciales cada vez que sean requeridas, construir un plan de trabajo y rendir un informe mensual sobre sus actividades, dirigido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”.
La designación como gestores de paz será por seis meses y operará en todo el territorio nacional.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien siguió todo el operativo tras el retén del pasado julio, se pronunció en su cuenta de X y calificó el hecho como una muestra de un “camino de pétalos para los bandidos”.
Un acuerdo de la mesa de diálogos
Este decreto responde a varias requerimientos que había hecho la disidencia comandada por Calarcá Córdoba, que había pedido que se resolviera la situación jurídica de esas cuatro personas. De hecho, en el acta de la última reunión extraordinaria que tuvo el Gobierno con esa disidencia entre el 7 y el 9 de agosto en Cúcuta quedó consignado que parte de los acuerdos era tramitar que se convirtieran en gestores de paz.
“Tramitar antes los entes correspondientes las resoluciones como gestores de paz de las personas que fueron detenidas en el procedimiento realizado en Anorí el pasado 23 de julio de 2024″, dice el acta.
La petición de resolver la situación jurídica está basada en que, según confirmó la mesa de diálogos, esa disidencia había pedido mucho antes de que ocurriera el retén que esas personas fueran parte de la mesa y se estaba tramitando el levantamiento de las órdenes de captura con la Fiscalía.
En el acta firmada en Cúcuta también se confirma esa información. “Integrantes a quienes se les había asignado funciones en la mesa y cumplen con las calidades para la gestoría. Así como gestionar en lo inmediato las solicitudes de traslado a centros de reclusión con condiciones que garanticen la seguridad”, dice el documento.
Fuentes cercanas a ese proceso, le habían contado a Colombia+20 que había malestar entre la disidencia por la captura de estas personas porque antes del retén sí se había hablado de que cumplieran tareas en la mesa.
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Firy y Boyaco, los dos jefes que quedarían en libertad
Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Firu, fue firmante del Acuerdo de Paz, pero volvió a las armas a finales de 2027. Es el cabecilla de la estructura 36. Tienes orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado; terrorismo, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, entre otras.
Omar Delgado Novoa, conocido como Boyaco o Hermes, es el jefe de finanzas de la estructura Jorge Briceño que opera en Guaviare. Enfrenta acusaciones por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, homicidio agravado y uso privativo de las Fuerzas Militares.
¿En qué van esas negociaciones?
Producto del encuentro, que tuvo lugar en Cúcuta a inicios de agosto, las partes acordaron 11 medidas para dar solución a distintas situaciones que mantienen atascada la negociación de paz. Además, anunciaron un nuevo ciclo de conversaciones, que se llevará a cabo en la última semana de septiembre.
También se acordó trabajar en el funcionamiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, reafirmar en un acto administrativo el reconocimiento político del Estado Mayor de los Bloques comandante Jorge Suarez Briceño, Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes.
Otro de los puntos es realizar las acciones de carácter humanitario necesarias para atender la situación de salud de Hermes Tovar, integrante del grupo armado.
Entre los temas urgentes también se mencionó el de “dar respuesta sobre el caso del soldado Sepúlveda, su vida e integridad”.
El caso de David Fernández, el joven de la Primera Línea
Uno de los puntos que llaman la atención tiene que ver con el caso de David Fernández Soler, un joven bogotano que hacía parte de la Primera Línea y tuvo un rol protagónico durante el estallido social, pero meses después fue reclutado por esta disidencia y, según algunos testimonios, habría sido asesinado.
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En el documento del encuentro se asegura que la disidencia de Calarcá se comprometió a “dar respuesta a la solicitud de la familia de David Fernández”.
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