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Fueron más de 10 horas resistiendo. Rosa Mayerly Devia sabía que su vida no era la única en juego, y soportaba los dolores aferrada a la esperanza de dar a luz a su hijo. Con los pocos equipos médicos del lugar y la ayuda de un especialista conectado por videollamada, el personal del centro de salud intentó salvarla, pero no lo logró. Rosa, indígena del pueblo piapoco de 27 años, falleció junto a su bebé en la tarde del 23 de junio pasado, a la espera de una ambulancia aérea que nunca llegó a Barrancominas, su pueblo enterrado entre las selvas del Guainía.
Tres semanas después, en Cumaribo, Vichada, murió otra mujer embarazada luego de que la camioneta que la llevaba al casco urbano se averió en una trocha imposible.
Ambas historias son un brochazo del abandono que se vive en el extremo suroriental de Colombia, en los departamentos de Vaupés, Vichada y Guainía, tres emblemas de la Amazonía-Orinoquía a los que primero llegaron los grupos armados ilegales que el Estado y donde, según los mandatarios regionales y los líderes sociales, aún no se asoma la apuesta de paz total que el Gobierno del presidente Gustavo Petro empezó a gestar desde hace dos años.
Y aunque no salte a la vista de inmediato, las muertes de estas mujeres y sus hijos por fallas en los servicios de salud y la conectividad vial tienen todo que ver con la construcción de paz. En el discurso, el Gobierno parece tenerlo claro, y por eso los tableros de negociación con los grupos armados ilegales van acompañados de una serie de transformaciones territoriales para garantizar los derechos básicos y las condiciones de vida dignas de la población.
Por eso, las comunidades de estos tres departamentos -que año tras año ocupan los primeros lugares en el índice de pobreza multidimensional- se preguntan por qué nadie los está mirando. En esta región, donde ni las vías pavimentadas ni las universidades ni los hospitales existen, donde los grupos armados siguen haciendo presencia, las comunidades (en su mayoría indígenas) no están dispuestas a aceptar el abandono como una condena eterna.
“Acá es difícil decir qué toca priorizar, porque nos urge todo. Llevamos décadas teniendo expectativas gobierno tras gobierno, pero nos prometen proyectos que nunca cumplen, no nos priorizan en los planes de inversión, y ni los presidentes ni los ministros vienen. Hemos sufrido la presencia de grupos ilegales desde la década de 1970 y nada ha pasado. El Estado nos tiene en un abandono total”, dice el líder social vaupense Víctor Gómez.
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El gobernador de Guainía, Arnulfo Rivera Naranjo, asegura que esa invisibilidad histórica se complejiza aún más por la presencia de grupos armados ilegales.
“Nuestro departamento es exageradamente grande y comparte frontera con Venezuela. Acá tenemos al ELN, a la Segunda Marquetalia y otras disidencias de las FARC, los grupos nos tienen ahogados por la extorsión, pero no nos han involucrado en las mesas de negociación para exponer todas esas problemáticas”, asegura el mandatario.
Colombia+20 consultó con la Consejería Comisionada de Paz cuáles son las apuestas de la entidad en estos tres departamentos, pero no hubo ninguna respuesta.
Un conflicto silencioso pero vigente
Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que la falta de visibilidad y atención a Vaupés, Vichada y Guainía está relacionada con la baja intensidad de las confrontaciones y las muertes a manos de los grupos armados: “En el país hay un hiper foco en la violencia letal, nos centramos en donde más suceden impactos humanitarios, como el Cauca. Pero otros lugares, pese a la presencia de actores armados que causan afectaciones, tienden a ser olvidados”.
Sin embargo, el hecho de que las alertas no estén encendidas por los homicidios o los combates en Vichada, Vaupés y Guainía no significa que en estos territorios no pase nada. “Por el contrario, son departamentos sumamente estratégicos para la dinámica de economías criminales entre Colombia y Venezuela, porque hay corredores de tráfico por vía fluvial y terrestre, minería de oro y coltán, entre otras actividades”, dice Tobo.
De hecho, en los últimos tres años la Defensoría del Pueblo ha expedido más de cinco alertas tempranas en las que advierte los riesgos en esta región.
La entidad ha registrado la presencia del Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, el frente Arcesio Niño del Estado Mayor Central (EMC), el ELN e incluso grupos sucesores del paramilitarismo como el Clan del Golfo (o EGC). Además, la Defensoría advierte la existencia de carteles de droga y organizaciones armadas menos conocidas como Puntilleros Bloque Meta, Libertadores del Vichada y las Autodefensas Unidas de la Orinoquia.
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Gobernadores piden participación
Ante este panorama de control vigente de los grupos ilegales, los mandatarios regionales insisten en la importancia de jugar un rol dentro de las negociaciones con estas organizaciones armadas.
“Estos territorios son muy extensos, de solo llanura y selva, y por esas características es fácil que se muevan los grupos, porque la fuerza pública no puede estar en todas partes. Estamos a la expectativa de que nos involucren en los procesos de diálogo, porque acá a la institucionalidad no se le ha invitado a nada”, dice el gobernador del Vichada, Alexis Benito Castro.
De fondo, los intereses no están puestos solo en las negociaciones de paz, sino en las apuestas de transformación territorial en estas regiones.
“En Vichada tenemos 1.200 kilómetros de vías secundarias, y de esos, menos de 50 kilómetros están pavimentados. Tenemos déficit de viviendas, no hay acueductos ni alcantarillados, ni siquiera tenemos soberanía energética en la capital, Puerto Carreño. En el departamento hay cuatro millones de hectáreas dispuestas para cultivar sin necesidad de tumbar un solo árbol, tenemos la tierra pero no el apoyo estatal para generar desarrollo”, añade Benito.
Una solicitud pendiente
En agosto de este año se desarrolló un foro binacional de paz en el municipio de Cumaribo, al que asistieron más de 300 personas, incluyendo representantes de la comunidad internacional y miembros de las delegaciones de paz en los diálogos con el ELN y la Segunda Marquetalia. En el evento se le solicitó al Gobierno la declaración del Vichada como territorio de paz.
“Pedimos que se le dé prioridad al departamento para que entren más recursos para solucionar las necesidades de los pueblos indígenas y campesinos. Al Vichada lo siguen tratando como la comisaría que era hace 30 años, no se le destina presupuesto, las vías dan tristeza, no hay buenos centros de salud ni educación. Vemos que el Gobierno ya ha priorizado departamentos como Nariño y no entendemos por qué acá no nos ponen cuidado”, le dijo a Colombia+20 el diputado Luis Carlos Álvarez durante el foro.
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Sin embargo, ningún funcionario del alto gobierno atendió la invitación al evento y, casi cuatro meses después, todavía no hay una respuesta sobre la solicitud de priorizar al departamento en la apuesta de paz total.
“La iniciativa de paz del presidente Petro va en la dirección correcta, es el camino para que acabemos esta guerra, pero necesitamos que haya coordinación y participación. Necesitamos espacios en las mesas de diálogo para plantear lo que los territorios necesitan y para decirles a los grupos: no más extorsiones, no más reclutamientos, no más violencia , queremos vivir tranquilos”, dijo el alcalde de Cumaribo, Armel Caracas, el único firmante de paz electo como mandatario local en el país.
Las víctimas, en el olvido
En estos tres departamentos, las huellas de la guerra todavía se mantienen. El viernes pasado, varios pobladores del Vaupés se reunieron en la capital para conmemorar a las víctimas de la toma guerrillera de las extintas FARC a Mitú. El ataque, iniciado el 1 de noviembre de 1998, fue uno de las más cruentos de la historia del país, y dejó al menos 56 personas muertas y 61 secuestradas.
La firma del Acuerdo de Paz con esa guerrilla tampoco sirvió para que la realidad de los habitantes diera un giro. Vaupés, Vichada y Guanía fueron excluidos de los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), la estrategia para saldar las deudas con los territorios más afectadas por el conflicto y el abandono estatal.
Sumadas, las poblaciones de los tres departamentos reúnen a unos 225.000 habitantes. De ellos, según la Unidad para las Víctimas, al menos 53.895 (el 24%) fueron afectadas por la guerra.
Varias de estas personas siguen luchando para que haya verdad, justicia y reparación en sus casos, y siguen a la espera de que bajo la apuesta de paz total, por fin, el Estado llegue a sus territorios.
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