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Cinco días después de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República se conoció su primera orden en temas de paz: empezar los acercamientos para retomar los diálogos con la guerrilla del ELN. Ahí se abrió la puerta de lo que, meses después, empezaría a llamarse paz total, la apuesta del Gobierno para negociar con los grupos ilegales más poderosos del país, sin importar su origen (insurgente, paramilitar, criminal o ligado al narcotráfico).
En total, el Gobierno abrió ocho tableros de diálogo, unos con miras a la negociación de paz y otros al sometimiento, en los que participaban, además del ELN, dos disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, EMC), dos grupos herederos del paramilitarismo (el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) y las bandas urbanas de tres ciudades (Buenaventura, Medellín y Quibdó).
Se trata de una apuesta ambiciosa que, aunque tenía el fin loable de “parar la guerra” en todos sus focos, desde el comienzo recibió críticas por la complejidad de tener tantos frentes abiertos en simultáneo.
De hecho, uno de los mayores cuestionamientos de los centros de estudio y organizaciones sociales que le hacen seguimiento a la paz total es que la apuesta nunca se convirtió en una política, con una hoja de ruta clara ni un documento guía en el que se definiera la metodología, objetivos y, sobre todo, las líneas rojas para la negociación.
Así las cosas, Petro llega a la mitad de su Gobierno con un proyecto de paz con luces y sombras, que no logra despegar del todo, y que en varios frentes atraviesa su peor momento. De esos ocho procesos, solo tres formalizaron mesas de diálogo (ELN, EMC y, recientemente, Segunda Marquetalia), pero han transitado serias crisis.
Algunos grupos ya tienen disidencias, mientras que otros procesos están congelados desde hace meses, lo que les ha restado legitimidad y confianza ciudadana a las negociaciones.
Si bien con algunos grupos ilegales se han logrado avances históricos, también han quedado en evidencia cuellos de botella y desafíos jurídicos, políticos, de seguridad y de la voluntad de las organizaciones ilegales que no han permitido avanzar al ritmo esperado, al punto de que no se avizora ningún proceso culminado en los dos años que le quedan al Gobierno.
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Grupos rebeldes, los únicos que tienen procesos activos
Desde la óptica de algunos expertos, el Gobierno priorizó la negociación con grupos armados de origen insurgente, como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
De hecho, solo estas organizaciones tienen estatus político y mesas de negociación abiertas. La primera se instaló en noviembre de 2022, con el ELN, cuyo principal resultado hasta ahora es la firma del primer punto de la agenda de diálogos (participación de la sociedad civil) y un cese al fuego de 360 días que venció el pasado 3 de agosto sin acuerdo de prórroga y en medio de una crisis que tiene la negociación congelada desde febrero.
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El tema que detonó la tensión con la guerrilla fue el inicio de un proceso de paz paralelo del Gobierno con Comuneros del Sur, un frente que se escindió del ELN para iniciar una negociación por aparte. Estos diálogos, por el tamaño reducido del grupo y la apuesta territorial que desarrollan, son los únicos de los que se puede esperar un resultado a mediano plazo en cuanto a desarme y desmovilización.
En el caso de la disidencia Estado Mayor Central, la mesa se instaló casi un año después, en octubre de 2023, pero aún no se ha definido la agenda y el proceso ha ido a paso lento por la división interna del grupo, que hoy tiene a menos de la mitad de los frentes negociando y al porcentaje restante siendo combatido por el Gobierno.
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En cuanto a la Segunda Marquetalia, el diálogo comenzó hace apenas dos meses y aún no tiene mayores resultados para mostrar.
El tira y afloje con herederos de ‘paras’
Aunque el Clan del Golfo (o EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN) estuvieron en el radar del Gobierno desde el inicio, con el tiempo los acercamientos se fueron diluyendo hasta congelarse.
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Sorpresivamente, este lunes se conoció que el Gobierno negociará con los gaitanistas. Se trata del grupo ilegal más poderoso del país, en cuanto a capacidad económica, número de integrantes, presencia y expansión.
Y según conoció este diario, también hay interés de retomar con las ACSN. El principal reto será el tiempo, pues son procesos en ceros y con serias dificultades jurídicas por definir.
Bandas, entre resultados y limbo jurídico
Una de las novedades de la paz total es que no solo priorizó a los grandes Grupos Armados Organizados (GAO), sino también a las bandas que delinquen en tres ciudades con altos índices de violencia urbana: Medellín y su área metropolitana, Buenaventura y Quibdó.
En las dos primeras, los llamados “espacios de diálogo sociojurídico” han ido acompañados de treguas que han generado alivios humanitarios y disminuciones en los homicidios.
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No obstante, una de las principales trabas para avanzar es que no hay claridad jurídica respecto al sometimiento de los integrantes de las bandas.
Pese a que el Gobierno planteó en la Ley 2272 (Ley de Paz Total) dictar las condiciones del sometimiento desde el Ejecutivo, la Corte Constitucional no aceptó esa potestad, y le encargó esa función al Congreso. Tras nueve meses del pronunciamiento del alto tribunal, todavía no hay definiciones del Legislativo en esa materia, lo que complica el futuro de los procesos urbanos.
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En la siguiente línea de tiempo, Colombia+20 hace un recuento del panorama de la paz total tras dos años.
El Acuerdo de Paz durante el gobierno de Petro
Aunque acelerar la implementación del Acuerdo de Paz fue una de las banderas con las que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño, los cambios han sido escasos, según el Instituto Kroc, que oficialmente lleva el balance de ejecución de ese pacto.
Pero desde hace unos meses Petro volvió a centrarse en el Acuerdo de Paz afirmando que una parte de este lo habilitaba para convocar a un “gran acuerdo nacional”, un concepto que ha pasado por varias interpretaciones, entre ellas la posibilidad de una constituyente.
Por ahora esa propuesta no ha sido desarrollada, pero el mandatario sí acudió en julio al Consejo de Seguridad de la ONU donde no solo presentó ocho puntos que le permitan apresurar la implementación, sino también donde pidió recursos, ampliación en el tiempo de ejecución y la propuesta de un plan de choque.
Este último punto ha empezado a tomar forma y estará bajo la batuta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
