Dos experiencias de integración de desplazados en Medellín y Cúcuta

Casi siete millones y medio de colombianos han tenido que salir de sus hogares de manera forzosa. Es casi como si toda Bogotá tuviera que ser abandonada. La guerra ha sido la responsable de esos desplazamientos. Esas pavorosas cifras son de la Unidad para las Víctimas.

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Ese fenómeno representa un reto para las grandes ciudades, las cuales albergan casi a la mitad de las personas que han salido desplazadas. Por ejemplo, el 20% de la población de Medellín ha sufrido el desplazamiento. El reto se acrecienta cuando, como enfatiza Luz Marina Correa, exdirectora de Equipo de Víctimas Medellín, “hay una creencia de que se van a ir y llevan 20 años”. Es decir, buena parte de quienes se desplazaron no quieren regresar a los sitios de los cuales fueron expulsados.

Es el caso de la Comuna 8 de Medellín, adonde llegaron cientos de personas provenientes de la región de Urabá. Esa zona del país padeció una incursión paramilitar en 1997, tras la cual miles de hectáreas de tierra quedaron en manos de empresarios, algunos de los cuales han sido condenados por despojo y connivencia con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por eso, cientos de familias tuvieron que partir hacia otras regiones del país.

Correa cuenta que cuando llegaron a la Comuna 8 de Medellín muchos eran señalados como “urabeños” (personas pertenecientes al grupo criminal Los Urabeños que opera en varias regiones del país). A pesar de esas barreras, las personas desplazadas empezaron a organizarse para exigir sus derechos.

Fue de esa manera como conformaron la Mesa de Trabajo de la Comuna 8. “Hoy en día tienen sede, una agenda de trabajo de exigibilidad de derechos, caracterizaron la población que vive en el sector e identificaron sus necesidades”, relata Correa. También enfatiza que las instituciones van ahora a ese sector de la ciudad a redirle cuentas a la comunidad. “Han alcanzado un tipo de integración social”, resalta.

José Luis Zabaleta, líder junta de acción comunal del barrio Las Delicias de Cúcuta, señaló que el “fortalecimiento comunitario es clave” para que se puedan surtir procesos de integración de las comunidades desplazadas. Relató que muchos de sus vecinos invadieron predios cuando llegaron desplazados de varios municipios.

Las Delicias era un barrio ilegal y el 63% de sus habitantes eran desplazados. Sin embargo, por medio de la organización comunitaria lograron que al día de hoy el 50% de los habitantes del lugar tengan escrituras de los predios. También lograron que la administración municipal legalizara el barrio, lo que tradujo en que llegaran los servicios públicos y que sean tenidos en cuenta para la inversión estatal.

En esa línea va una recomendación de Correa, dice que los gobiernos municipales deben aportar en la atención de las poblaciones desplazadas. “Existe el imaginario de que eso es sólo responsabilidad del Gobierno Nacional, pero en realidad ellos están habitando los municipios y los problemas también tienen que ser resueltos desde ahí”, enfatizó. También le recomendó al Estado tener en cuenta las características de los grupos de personas que se desplazan.  “La integración supone subsanar esas características”, señaló. Tanto Correa como Zabaleta hicieron parte del conversatorio regional de Colombia2020, que se realizó el 23 de agosto en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en asocio con la Unión Europea, el apoyo de Acnur y Pnud y en alianza con la Friedrich-Ebert Stiftung (Fescol).

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La organización comunitaria en Las Delicias no solo piensa en los desplazados internos. Esa ciudad afronta la llegada de cientos de venezolanos por la difícil situación política, social y económica que atraviesa el vecino país. “Estamos ayudando a que no haya xenofobia”, afirmó Zabaleta, quien también resaltó la solidaridad que los desplazados del conflicto armado interno colombiano.  “Los desplazados son los que le están abriendo las puertas a la comunidad venezolana”, enfatizó.

El mensaje central de ambos al contar las experiencias de Medellín y Cúcuta es la importancia que tiene la participación de las comunidades desplazadas para su integración a las ciudades. Asimismo, el papel vital que tiene que jugar el Estado para que en un país con siete millones y medio de desplazados se dé una integración real de quienes abandonaron sus hogares a causa de la guerra.

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Casi siete millones y medio de colombianos han tenido que salir de sus hogares de manera forzosa. Es casi como si toda Bogotá tuviera que ser abandonada. La guerra ha sido la responsable de esos desplazamientos. Esas pavorosas cifras son de la Unidad para las Víctimas.

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Ese fenómeno representa un reto para las grandes ciudades, las cuales albergan casi a la mitad de las personas que han salido desplazadas. Por ejemplo, el 20% de la población de Medellín ha sufrido el desplazamiento. El reto se acrecienta cuando, como enfatiza Luz Marina Correa, exdirectora de Equipo de Víctimas Medellín, “hay una creencia de que se van a ir y llevan 20 años”. Es decir, buena parte de quienes se desplazaron no quieren regresar a los sitios de los cuales fueron expulsados.

Es el caso de la Comuna 8 de Medellín, adonde llegaron cientos de personas provenientes de la región de Urabá. Esa zona del país padeció una incursión paramilitar en 1997, tras la cual miles de hectáreas de tierra quedaron en manos de empresarios, algunos de los cuales han sido condenados por despojo y connivencia con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por eso, cientos de familias tuvieron que partir hacia otras regiones del país.

Correa cuenta que cuando llegaron a la Comuna 8 de Medellín muchos eran señalados como “urabeños” (personas pertenecientes al grupo criminal Los Urabeños que opera en varias regiones del país). A pesar de esas barreras, las personas desplazadas empezaron a organizarse para exigir sus derechos.

Fue de esa manera como conformaron la Mesa de Trabajo de la Comuna 8. “Hoy en día tienen sede, una agenda de trabajo de exigibilidad de derechos, caracterizaron la población que vive en el sector e identificaron sus necesidades”, relata Correa. También enfatiza que las instituciones van ahora a ese sector de la ciudad a redirle cuentas a la comunidad. “Han alcanzado un tipo de integración social”, resalta.

José Luis Zabaleta, líder junta de acción comunal del barrio Las Delicias de Cúcuta, señaló que el “fortalecimiento comunitario es clave” para que se puedan surtir procesos de integración de las comunidades desplazadas. Relató que muchos de sus vecinos invadieron predios cuando llegaron desplazados de varios municipios.

Las Delicias era un barrio ilegal y el 63% de sus habitantes eran desplazados. Sin embargo, por medio de la organización comunitaria lograron que al día de hoy el 50% de los habitantes del lugar tengan escrituras de los predios. También lograron que la administración municipal legalizara el barrio, lo que tradujo en que llegaran los servicios públicos y que sean tenidos en cuenta para la inversión estatal.

En esa línea va una recomendación de Correa, dice que los gobiernos municipales deben aportar en la atención de las poblaciones desplazadas. “Existe el imaginario de que eso es sólo responsabilidad del Gobierno Nacional, pero en realidad ellos están habitando los municipios y los problemas también tienen que ser resueltos desde ahí”, enfatizó. También le recomendó al Estado tener en cuenta las características de los grupos de personas que se desplazan.  “La integración supone subsanar esas características”, señaló. Tanto Correa como Zabaleta hicieron parte del conversatorio regional de Colombia2020, que se realizó el 23 de agosto en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en asocio con la Unión Europea, el apoyo de Acnur y Pnud y en alianza con la Friedrich-Ebert Stiftung (Fescol).

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La organización comunitaria en Las Delicias no solo piensa en los desplazados internos. Esa ciudad afronta la llegada de cientos de venezolanos por la difícil situación política, social y económica que atraviesa el vecino país. “Estamos ayudando a que no haya xenofobia”, afirmó Zabaleta, quien también resaltó la solidaridad que los desplazados del conflicto armado interno colombiano.  “Los desplazados son los que le están abriendo las puertas a la comunidad venezolana”, enfatizó.

El mensaje central de ambos al contar las experiencias de Medellín y Cúcuta es la importancia que tiene la participación de las comunidades desplazadas para su integración a las ciudades. Asimismo, el papel vital que tiene que jugar el Estado para que en un país con siete millones y medio de desplazados se dé una integración real de quienes abandonaron sus hogares a causa de la guerra.

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