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Artemio Mejía aún recuerda la última vez que compartió unas cervezas con Eduardo Estrada en la fiesta de la Virgen del Carmen en San Pablo, sur de Bolívar. Fue la misma noche de su asesinato, el 16 de julio de 2001.
“Lo conocí porque éramos paisanos, era una persona muy sensible, muy solidaria, nunca dejó de involucrarse en los procesos comunitarios, de ayudar o resolver las necesidades comunitarias, la gente le reconocía ese valor” cuenta Mejía, líder social que en aquellos años estaba al frente del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en esa zona, una iniciativa de construcción de paz territorial apoyada por la Iglesia y cooperación internacional con presencia en más de 30 municipios de la región. “A finales de los noventa Eduardo se integró al Programa como coordinador del núcleo de pobladores, allí encontró la manera de continuar con su trabajo solidario” agrega Mejía.
Eduardo Estrada Gutiérrez era un campesino de 53 años, líder nato, dueño del restaurante El Binomio en San Pablo, donde desarrollaba actividades culturales y reuniones comunitarias. Comenzó a apasionarse por la radio e intentó fundar una emisora comunitaria que nunca obtuvo licencia para entrar en funcionamiento.
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El periodista Orley Durán, quién coincidió con él en Barrancabermeja en los comienzos de la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio, lo recuerda absolutamente serio, parco y “bigotón”. “Parecía un hombre de un pueblo del interior: muy pensativo” cuenta Durán. “Nunca entendí por qué mataron a don Eduardo, ni qué amenaza representaba él para los paramilitares”.
Más de una década se tardó la justicia estadounidense en responder esa misma pregunta. El caso llegó a los tribunales estadounidenses en 2010 por una demanda civil que interpuso el Centro de Justicia y Responsabilidad -una organización de ese país dedicada de defensa de los Derechos Humanos- junto a la Comisión Colombiana de Juristas, luego de la extradición de “Macaco” junto con otros comandantes paramilitares. Se trató de la primera demanda civil en nombre de víctimas colombianas contra un jefe paramilitar en una corte estadounidense por violaciones a los derechos humanos.
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A finales de los noventa se consolidó la incursión del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el sur de Bolívar, planeada por Carlos Castaño y Carlos Mario Jiménez, más conocido como “Macaco”, para el 11 de junio de 1998 en estrecha colaboración con ganaderos, militares y políticos de la región, como fue probado en las versiones libres de paramilitares en Justicia y Paz y luego en los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense que fueron aportados al juicio por el asesinato de Estrada.
En el sur de Bolívar, las Auc desataron una oleada de terror contra los líderes sociales que incluyó la desaparición en San Pablo del locutor José Dúber Tello, meses antes del homicidio de Estrada. Luego en la vía entre Morales y Simití secuestraron a la abogada Alma Rosa Jaramillo, también del Programa de Desarrollo y Paz. Su cuerpo fue encontrado con señales de tortura el 29 de junio de 2001.
Otros líderes del Programa de Desarrollo y Paz figuraron en una lista negra de los paramilitares, entre ellos Artemio Mejía y Eduardo Estrada, acusados de ser colaboradores de la insurgencia.
“Eduardo se fue unos días a comienzos de ese año” recuerda Mejía. “Yo hice un acercamiento en ese momento y hablamos en Santa Rosa del Sur con “Julián Bolívar” (como se le conocía Rodrigo Pérez Alzate, segundo al mando del Bloque Central Bolívar), y lo que dijeron fue que no pasaba nada, que no había problema, así que Eduardo retornó”.
Dos semanas antes de su homicidio corrió en San Pablo el rumor de que pronto habría “chichón”: era el término que los paramilitares empleaban para avisar que alguien recibiría un balazo en la cabeza. A Eduardo lo mataron con varios tiros frente a su compañera.
Nueve años después de los asesinatos fue que la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Justicia y Responsabilidad interpusieron la demanda civil ante la Corte del Distrito Sur de La Florida.
Al final el caso de Alma Rosa Jaramillo no prosperó porque la Corte consideró que no había evidencia directa de la responsabilidad de paramilitares y vínculos con el Estado. Pero en el caso de Estrada sí. El 27 de septiembre de 2021, la corte sentenció a “Macaco” como responsable de su asesinato.
Como se trataba de la primera vez que la justicia de Estados Unidos admitía juzgar a un jefe paramilitar colombiano por delitos diferentes al narcotráfico, que además no ocurrían bajo su jurisdicción ni contra ciudadanos estadounidenses, aquello inmediatamente abrió un debate jurídico sobre su competencia.
Invocando la Ley de Prevención de Víctimas de la Tortura de este país (TVPA, por sus siglas en inglés), la demanda debía probar la culpabilidad de “Macaco” como máximo responsable del Bloque Central Bolívar en casos de “ejecución extrajudicial, tortura, tratos o castigos crueles y degradantes, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, así como la “relación simbiótica” de los paramilitares con el gobierno colombiano.
“Podremos probar que los asesinatos de Alma Rosa Jaramillo y el señor Estrada ocurrieron porque eran parte de una organización llamada Programa de Desarrollo y Paz […] que ofrecía alternativas al cultivo de la coca” aseguró en una audiencia de 2014 el abogado Leo Cunningham.
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Los testimonios de Justicia y Paz y las declaraciones de varios mandos medios del Bloque Central Bolívar ante la Corte del Distrito Sur de La Florida coinciden en que el paramilitar Jairo Tarazá (Jairo Ignacio Orozco) quiso matar a Estrada inicialmente por un señalamiento falso de ser “simpatizante” del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, otro paramilitar, Felipe Candado (Hernán Darío Meza Marulanda) intercedió ante él y llevó a Eduardo hasta donde Tarazá, quién preguntó molesto: “¿Por qué me traen un simpatizante de la guerrilla a la casa?”. Candado le dijo que lo escuchara y Estrada explicó que las comunidades a veces debían colaborarle a la guerrilla por coacción, no por simpatía. Esa vez pudo salir con vida.
Pero en 2001 cuando Tarazá y Felipe Candado fueron relevados de San Pablo hacia el departamento de Santander, el comandante Gustavo Alarcón ordenó su asesinato. La versión del paramilitar Óscar Montealegre ante la justicia estadounidense asegura que Alarcón se enfureció un día cuando sus hombres capturaron a un miliciano que andaba en una motocicleta que Eduardo le había vendido.
No obstante, otros líderes creen que los señalamientos vinieron de políticos y activistas cercanos a los paramilitares a quienes Eduardo se había enfrentado.
Varios de los máximos comandantes del Bloque Central Bolívar aceptaron ante la Corte su culpabilidad en los hechos. Pablo Sevillano (Guillermo Pérez Alzate, hermano de Julián Bolívar) declaró no conocer el caso, pero reconoció su culpabilidad por “cadena de mando”. Y el testimonio de Ernesto Báez (Iván Roberto Duque, otra de las cabezas del Bloque Central Bolívar), fue aportado al proceso en un CD el 12 de noviembre de 2020, cuando Báez ya había fallecido en Colombia de muerte natural. Se trataba de su confesión en una única línea: “Acepto responsabilidad por los hechos”.
Vínculos con la institucionalidad
Hugo Rodríguez, abogado de “Macaco”, negó categóricamente en los alegatos del 8 de enero de 2014 que su cliente fuera “empleado” o tuviera “vínculos” con el gobierno colombiano, argumentando que las Auc habían sido una organización autónoma, que para defenderse de las guerrillas cobró impuestos a la pasta de base de cocaína como estrategia de financiación. Este era el “único nexo” de Macaco con el narcotráfico, según el abogado. Y agregó que su cliente tampoco había visitado antes los Estados Unidos, ni había cometido delitos en ese territorio. “Él nunca ha ido a Disney y nunca ha viajado ni ha estado aquí” declaró Rodríguez ante la corte.
Pero la evidencia aportada al proceso desvirtuó las palabras del abogado. Múltiples cables de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá reportaron durante una década vínculos claros de la institucionalidad con los paramilitares. Por ejemplo, un cable del 24 de diciembre de 1997 informaba que en el Ejército colombiano existía un “síndrome del conteo de cuerpos” por el afán de mostrar resultados, lo que provocaba “abusos a los derechos humanos”. Luego reseñaba la estrecha relación del general Rito Alejo del Río con las autodefensas en el Urabá y acusaba a los generales Harold Bedoya y Jorge Enrique Mora de “darle la espalda” a lo que estaba ocurriendo.
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El 13 de agosto de 1998, la Embajada reportó que militares armaban y equipaban sistemáticamente a “los agresivos grupos paramilitares”, mientras que otro cable del 23 de febrero de 1999 informó que el Ejército no los perseguía pues los consideraba “aliados” en la lucha contra las guerrillas, su “enemigo común”. Dos años más tarde, en febrero de 2001, la Embajada reseñó un gran operativo militar que en lugar de capturar o atacar a los miembros de las Auc en el sur de Bolívar colaboró con ellos para relocalizarlos en otra región con sus armas y pertrechos.
Entre los últimos cables figura uno del 23 de marzo de 2007 donde el propio general Óscar Naranjo contó a un funcionario de la Embajada de EE. UU. que era difícil avanzar en las investigaciones contra el paramilitar prófugo Vicente Castaño porque aquel “disfrutaba” de una significativa colaboración de elementos del Ejército y la Policía.
Con estas y otras pruebas, el juez Edwin Torres concluyó veinte años después de los asesinatos de Eduardo Estrada y Alma Rosa Jaramillo que hay “abundante evidencia” sobre cómo los grupos paramilitares operaron en una “relación simbiótica” con agentes estatales que les “apoyaron activamente” compartiendo inteligencia, armas y uniformes militares.
La condena del tribunal estadounidense contra Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ es civil y sólo obliga al pago de una indemnización a los parientes de las víctimas, sin privación de la libertad. A esto hay que agregar que Macaco ya cumplió su pena por narcotráfico en los Estados Unidos y fue deportado a Colombia en julio de 2019, donde permanece detenido. Aún no hay claridad sobre cómo deberá indemnizar a las víctimas.
Sebastián Bojacá, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas que acompañó el proceso, considera que podría ser el precedente jurídico más importante contra los paramilitares en el exterior: “Hablamos de un líder social, en estricto sentido, esta decisión ayuda a la consolidación de la memoria. Aunque no tenga una injerencia directa en los procesos judiciales en Colombia ayuda a mantener la memoria de los hechos, demuestra que hubo un daño y se rompió el tejido social”.
Para Diego Martínez, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos este caso “podría ser un hito crucial en Estados Unidos porque un juez federal estadounidense encontró pruebas sólidas de un claro vínculo entre un líder paramilitar y el gobierno colombiano. Demuestra además que la Ley de Prevención de Víctimas de la Tortura (TVPA) puede utilizarse con éxito como causa de acción para las víctimas de los paramilitares colombianos en los tribunales federales estadounidenses, que a menudo han denegado estas reclamaciones”, insistiendo en que la justicia para las víctimas “no ha sido un camino fácil” en esos tribunales.
Artemio Mejía cree que es “un hecho muy grande” para su región: “Para mí es la condena más importante en el extranjero sobre los paramilitares”. Artemio todavía recuerda las últimas palabras de Eduardo aquella noche de 2001 cuando se despidieron después de la cerveza: “Ya yo me voy”. Diez minutos después ocurriría todo.
