Educación sexual para decidir, más que un pendiente en zonas rurales
Algunas iniciativas de educación incluyen programas para empoderar a niños y niñas, en vista de que la brecha suele ser mayor en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. También han permitido que los colegios se conviertan en los primeros lugares de inclusión para menores migrantes y refugiados de Venezuela.
Cindy A. Morales Castillo
Así dice la arenga: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir”. Tres puntos que resumen las necesidades en términos de derechos sexuales y reproductivos en Colombia.
Sobre los anticonceptivos, la reducción en 2019 de su precio tuvo un impacto positivo para su adquisición, aunque aún se presentan muchas barreras. En los últimos días, por ejemplo, se ha registrado el desabastecimiento de algunos de estos medicamentos. Y en el aborto, aunque desde hace 15 años es legal bajo tres causales, el país está pendiente del debate que se lleva en la Corte Constitucional desde hade unas semanas —interrumpido por una recusación a uno de los magistrados—, que podría suponer un cambio histórico en el acceso a esta práctica médica.
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Pero lo que ha ido más lento es la educación sexual. Primero está la baja cobertura del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Pescc), creado en 2008. A ello se sumó el escándalo de 2016 sobre las falsas cartillas que se le endilgaron al Ministerio de Educación, que puso de moda la expresión “ideología de género” que supuestamente se iba a imponer en los colegios.
Si la política nacional no ha podido sacar de las sombras el tema tabú y menos podrá implementarlo en las ciudades, ¿cómo dar ese diálogo en los territorios? ¿Qué tipo de enseñanza se da en la ruralidad? ¿Cuáles son los temas que se abordan? ¿Podrían ser estos una forma de prevenir violencias hacia niños, niñas y adolescentes? ¿Estamos realmente dando educación sexual integral o una de esas tres palabras nos sigue asustando como sociedad?
La conversación puede estar estancada porque siempre ha tenido un enfoque biológico. Cuando se habla de educación sexual, inmediatamente se reduce a la sexualidad y no a un enfoque que incluya los derechos sexuales y reproductivos y en ellos la equidad de género, la ausencia de violencias, el respeto por la intimidad y el acceso a servicio de salud, entre otros aspectos.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 (ENDS) mostró que la mayoría de las personas de 13 a 49 años seguían asociando la sexualidad con la genitalidad (tener relaciones sexuales, hacer el amor, tener sexo).
Lina Castaño, gerente de proyectos e investigaciones de Profamilia, explica que parte de la creación de la iniciativa “Valiente” fue llegar antes del inicio de la vida sexual de los jóvenes y darles herramientas que mejoren y potencien la relación que ellos tenían consigo mismos.
Cuando llegábamos los jóvenes tenían 15 o 16 años y ya era muy tarde porque es ahí cuando inicia su vida sexual y se pueden generar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, patrones de violencias basadas en género, etc. Decidimos llegar a edades más tempranas con el tema de la sexualidad, pero no como lo entiende la gran mayoría de nosotros, sino como la relación que yo tengo con mi cuerpo. Esa relación, que me acompaña desde que nazco hasta que fallezco, va a determinar mi empoderamiento y la manera como me cuido y cuido a otros”, explica.
La estrategia empieza con la fase “Investiparty”, que está enfocada en menores entre los 10 y 11 años que se hacen preguntas como estas: ¿mi mamá siempre lava los platos? ¿Por qué es así? ¿Puedo jugar fútbol así sea niña? ¿Está bien que me ponga una falda si soy niño? ¿Qué es una familia? ¿Cómo es la mía? ¿Cómo me relaciono con mi comunidad?
En la segunda fase, llamada “Proyéctate”, esas preguntas se convierten en proyectos. En la tercera, “En parche”, se socializan ideas con otros niños y niñas, y la última es “Contagiarte”, donde se difunden las iniciativas en la comunidad.
“No sabíamos que teníamos derecho a la educación sexual”
Sofía Otálvaro, de 14 años, lleva dos en el proyecto que en realidad es como una clase más dentro del currículum. Ella vive en Carmen de Atrato y no titubea cuando dice que sin la ayuda de “Valiente” jamás hubiese obtenido tanta información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
“Hay demasiados temas que yo no hubiera podido conocer y mucho menos mis compañeros, porque no se pueden hablar con la familia. Si usted llega a preguntar por un condón le cambian el tema, le dicen que vaya a la tienda o lo embolatan con cualquier cosa. No sabíamos que teníamos derecho a la educación para la sexualidad. Es más, muchos no sabíamos que eso es un derecho”, afirma.
“Hay temas que ni siquiera sabía que existían, como el empoderamiento, el enfoque de género o los tipos de violencia”.
Sofía Otálvaro, beneficiaria del proyecto.
Lo que dice Sofía sobre la información que da la familia sería, por decir lo menos, anecdótico, si no fuera porque la Encuesta de Demografía y Salud de 2015 indica que la familia es el segundo espacio donde los jóvenes se informan sobre sexualidad.
Por eso el programa no solo ha puesto ese tema sobre la mesa, sino que ha abierto las discusiones sobre la disminución de las violencias y desigualdades de género o el hecho de valorar la diversidad, entre otros factores. Sofía afirma que ese tipo de temas los ve ahora mucho más en la cotidianidad.
“Hay temas que ni siquiera sabía que existían, como el empoderamiento, el enfoque de género o los tipos de violencia. Para mí, que te pegaran era la única forma de encontrar la violencia y desconocía que había violencia psicológica, económica y sexual. En este momento soy consciente de que soy la única dueña de mi cuerpo, de que tengo que aceptarme como soy y de que no debo dejar que nadie me agreda de ninguna forma”, detalla.
Incluso afirma que ha visto un cambio enorme en los niños de su clase, que han aprendido sobre inclusión y respeto por sus compañeras.
“Este es un proyecto que se maneja de forma transversal, entendiendo que probablemente algunas violencias se dan específicamente hacia niñas, adolescentes y mujeres (…), pero no dejamos de lado a los niños. Tenemos un enfoque sobre nuevas masculinidades e identidades diversas que hace que el programa sea interseccional”, apunta Lina Herrera, coordinadora del proyecto.
El proyecto “Valiente” está presente en ocho municipios de Colombia con necesidades particulares para los estudiantes de colegios públicos. Están en Uribia y Dibulla (La Guajira), Carmen de Atrato y Bahía Solano (Chocó), Caloto y Miranda (Cauca), y en Aracataca y Pivijay (Magdalena). Cada una de esas zonas enfrenta distintos escenarios bien sea por situación de conflicto armado, distintos tipos de violencia e incluso fenómenos de migración que traen consigo retos como la inclusión de niños retornados desde Venezuela, migrantes y refugiados.
El colegio, el primer espacio de inclusión
Un análisis situacional realizado por Save the Children a través de su programa “El mundo es mi hogar” indica que en zonas fronterizas el acceso y la retención de niños y niñas en el sistema educativo atraviesa algunos retos por cuenta del conflicto armado o la situación migratoria.
“El principal objetivo del programa es llevarle acceso a una educación de calidad a miles de niñas migrantes en este país. Pero no puedes favorecer ese derecho sin integrar a las poblaciones de acogida, particularmente en territorios como Arauca, Norte de Santander y La Guajira, porque son personas que han sido afectadas también por el desplazamiento interno”, explica María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children en Colombia.
La organización también ayuda a la población migrante y refugiada a hacer la inscripción en el Estatuto Temporal de Protección, un mecanismo sui generis creado por el Gobierno colombiano para regularizar a la población de migrantes venezolanos que residen en Colombia.
“‘El mundo es mi hogar’ trabaja con niños y niñas que están por fuera del sistema escolar o tienen una alta posibilidad de deserción. Se incluye no solo a población colombiana que, por supuesto, también tiene unas necesidades especiales, sino también a menores que vienen de Venezuela con su familia y una vocación de permanencia, y aquellos que pasan la frontera como población pendular”, explica Maríadelaida Uribe, gerente territorial de Save the Children en Norte de Santander y punto focal del programa “Mi mundo es mi hogar”.
Tanto el programa de Profamilia como el de Save the Children son apoyados por el gobierno de Canadá en un esfuerzo por hacer que a través de la educación se difundan y refuercen los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. En el camino, ese trabajo en los colegios también ha permitido que estos se conviertan en primeros espacios de inclusión de la población migrante.
Uribe afirma que “las estrechas e históricas relaciones fronterizas en Norte de Santander” han hecho que la tarea “sea mucho más fácil que en otros puntos”. Aunque otras dinámicas con el conflicto armado o la aparición de disidencias de las Farc impliquen una barrera para el acceso y la retención de niñas y niños en los colegios.
Otra situación que identificó el programa es que son las niñas las que más tienen probabilidades de dejar la escuela.
Debemos entender que las niñas tienen mucho que decir. Es fundamental preguntarles a ellas cuál es su situación y escuchar las razones por las que dejaron el estudio o por qué no han podido acceder a la educación.
María Adelaida Uribe, gerente territorial de Save The Children en Norte de Santander
Por ello, dice Uribe, “la organización hace apoyos en temas socio-emocionales para que las niñas sientan que son reconocidas y que ellas mismas puedan exigir sus derechos ante cuidadores, padres y comunidad para entender qué significa estar en el colegio o retornar a él”. Y agrega que se han incluido kits sobre higiene menstrual y cátedras sobre la menstruación para niños y niñas.
“Debemos entender que las niñas tienen mucho que decir. Es fundamental preguntarles a ellas cuál es su situación y escuchar las razones por las que dejaron el estudio o por qué no han podido acceder a la educación. A partir de allí es preciso encontrar qué soluciones necesita para poder estudiar. En lo primero que se basa nuestro programa es en escuchar a cada niña”, afirma.
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Aunque las mujeres siguen teniendo niveles educativos mucho más altos que los hombres, el gran reto para ellas es terminar los últimos años de secundaria, especialmente en las zonas rurales. Mientras el 51 % de niñas que viven en zonas urbanas no terminan sus estudios, esta proporción en áreas rurales es del 81 %, según la ENDS.
“En el total del país, el 59,5 %de las mujeres adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años está asistiendo a un establecimiento educativo y el 40,5 % no lo está haciendo. Es una inasistencia alta: significa que por cada tres mujeres en edad escolar que asisten, hay dos que no lo hacen”, explica la encuesta.
Las razones de abandono escolar son, en orden, embarazos, matrimonios o tener que cuidar a los niños. Otra, de carácter económico, es que su familia necesitaba ayuda o no podía pagar la matrícula.
Así dice la arenga: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir”. Tres puntos que resumen las necesidades en términos de derechos sexuales y reproductivos en Colombia.
Sobre los anticonceptivos, la reducción en 2019 de su precio tuvo un impacto positivo para su adquisición, aunque aún se presentan muchas barreras. En los últimos días, por ejemplo, se ha registrado el desabastecimiento de algunos de estos medicamentos. Y en el aborto, aunque desde hace 15 años es legal bajo tres causales, el país está pendiente del debate que se lleva en la Corte Constitucional desde hade unas semanas —interrumpido por una recusación a uno de los magistrados—, que podría suponer un cambio histórico en el acceso a esta práctica médica.
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Pero lo que ha ido más lento es la educación sexual. Primero está la baja cobertura del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Pescc), creado en 2008. A ello se sumó el escándalo de 2016 sobre las falsas cartillas que se le endilgaron al Ministerio de Educación, que puso de moda la expresión “ideología de género” que supuestamente se iba a imponer en los colegios.
Si la política nacional no ha podido sacar de las sombras el tema tabú y menos podrá implementarlo en las ciudades, ¿cómo dar ese diálogo en los territorios? ¿Qué tipo de enseñanza se da en la ruralidad? ¿Cuáles son los temas que se abordan? ¿Podrían ser estos una forma de prevenir violencias hacia niños, niñas y adolescentes? ¿Estamos realmente dando educación sexual integral o una de esas tres palabras nos sigue asustando como sociedad?
La conversación puede estar estancada porque siempre ha tenido un enfoque biológico. Cuando se habla de educación sexual, inmediatamente se reduce a la sexualidad y no a un enfoque que incluya los derechos sexuales y reproductivos y en ellos la equidad de género, la ausencia de violencias, el respeto por la intimidad y el acceso a servicio de salud, entre otros aspectos.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 (ENDS) mostró que la mayoría de las personas de 13 a 49 años seguían asociando la sexualidad con la genitalidad (tener relaciones sexuales, hacer el amor, tener sexo).
Lina Castaño, gerente de proyectos e investigaciones de Profamilia, explica que parte de la creación de la iniciativa “Valiente” fue llegar antes del inicio de la vida sexual de los jóvenes y darles herramientas que mejoren y potencien la relación que ellos tenían consigo mismos.
Cuando llegábamos los jóvenes tenían 15 o 16 años y ya era muy tarde porque es ahí cuando inicia su vida sexual y se pueden generar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, patrones de violencias basadas en género, etc. Decidimos llegar a edades más tempranas con el tema de la sexualidad, pero no como lo entiende la gran mayoría de nosotros, sino como la relación que yo tengo con mi cuerpo. Esa relación, que me acompaña desde que nazco hasta que fallezco, va a determinar mi empoderamiento y la manera como me cuido y cuido a otros”, explica.
La estrategia empieza con la fase “Investiparty”, que está enfocada en menores entre los 10 y 11 años que se hacen preguntas como estas: ¿mi mamá siempre lava los platos? ¿Por qué es así? ¿Puedo jugar fútbol así sea niña? ¿Está bien que me ponga una falda si soy niño? ¿Qué es una familia? ¿Cómo es la mía? ¿Cómo me relaciono con mi comunidad?
En la segunda fase, llamada “Proyéctate”, esas preguntas se convierten en proyectos. En la tercera, “En parche”, se socializan ideas con otros niños y niñas, y la última es “Contagiarte”, donde se difunden las iniciativas en la comunidad.
“No sabíamos que teníamos derecho a la educación sexual”
Sofía Otálvaro, de 14 años, lleva dos en el proyecto que en realidad es como una clase más dentro del currículum. Ella vive en Carmen de Atrato y no titubea cuando dice que sin la ayuda de “Valiente” jamás hubiese obtenido tanta información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
“Hay demasiados temas que yo no hubiera podido conocer y mucho menos mis compañeros, porque no se pueden hablar con la familia. Si usted llega a preguntar por un condón le cambian el tema, le dicen que vaya a la tienda o lo embolatan con cualquier cosa. No sabíamos que teníamos derecho a la educación para la sexualidad. Es más, muchos no sabíamos que eso es un derecho”, afirma.
“Hay temas que ni siquiera sabía que existían, como el empoderamiento, el enfoque de género o los tipos de violencia”.
Sofía Otálvaro, beneficiaria del proyecto.
Lo que dice Sofía sobre la información que da la familia sería, por decir lo menos, anecdótico, si no fuera porque la Encuesta de Demografía y Salud de 2015 indica que la familia es el segundo espacio donde los jóvenes se informan sobre sexualidad.
Por eso el programa no solo ha puesto ese tema sobre la mesa, sino que ha abierto las discusiones sobre la disminución de las violencias y desigualdades de género o el hecho de valorar la diversidad, entre otros factores. Sofía afirma que ese tipo de temas los ve ahora mucho más en la cotidianidad.
“Hay temas que ni siquiera sabía que existían, como el empoderamiento, el enfoque de género o los tipos de violencia. Para mí, que te pegaran era la única forma de encontrar la violencia y desconocía que había violencia psicológica, económica y sexual. En este momento soy consciente de que soy la única dueña de mi cuerpo, de que tengo que aceptarme como soy y de que no debo dejar que nadie me agreda de ninguna forma”, detalla.
Incluso afirma que ha visto un cambio enorme en los niños de su clase, que han aprendido sobre inclusión y respeto por sus compañeras.
“Este es un proyecto que se maneja de forma transversal, entendiendo que probablemente algunas violencias se dan específicamente hacia niñas, adolescentes y mujeres (…), pero no dejamos de lado a los niños. Tenemos un enfoque sobre nuevas masculinidades e identidades diversas que hace que el programa sea interseccional”, apunta Lina Herrera, coordinadora del proyecto.
El proyecto “Valiente” está presente en ocho municipios de Colombia con necesidades particulares para los estudiantes de colegios públicos. Están en Uribia y Dibulla (La Guajira), Carmen de Atrato y Bahía Solano (Chocó), Caloto y Miranda (Cauca), y en Aracataca y Pivijay (Magdalena). Cada una de esas zonas enfrenta distintos escenarios bien sea por situación de conflicto armado, distintos tipos de violencia e incluso fenómenos de migración que traen consigo retos como la inclusión de niños retornados desde Venezuela, migrantes y refugiados.
El colegio, el primer espacio de inclusión
Un análisis situacional realizado por Save the Children a través de su programa “El mundo es mi hogar” indica que en zonas fronterizas el acceso y la retención de niños y niñas en el sistema educativo atraviesa algunos retos por cuenta del conflicto armado o la situación migratoria.
“El principal objetivo del programa es llevarle acceso a una educación de calidad a miles de niñas migrantes en este país. Pero no puedes favorecer ese derecho sin integrar a las poblaciones de acogida, particularmente en territorios como Arauca, Norte de Santander y La Guajira, porque son personas que han sido afectadas también por el desplazamiento interno”, explica María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children en Colombia.
La organización también ayuda a la población migrante y refugiada a hacer la inscripción en el Estatuto Temporal de Protección, un mecanismo sui generis creado por el Gobierno colombiano para regularizar a la población de migrantes venezolanos que residen en Colombia.
“‘El mundo es mi hogar’ trabaja con niños y niñas que están por fuera del sistema escolar o tienen una alta posibilidad de deserción. Se incluye no solo a población colombiana que, por supuesto, también tiene unas necesidades especiales, sino también a menores que vienen de Venezuela con su familia y una vocación de permanencia, y aquellos que pasan la frontera como población pendular”, explica Maríadelaida Uribe, gerente territorial de Save the Children en Norte de Santander y punto focal del programa “Mi mundo es mi hogar”.
Tanto el programa de Profamilia como el de Save the Children son apoyados por el gobierno de Canadá en un esfuerzo por hacer que a través de la educación se difundan y refuercen los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. En el camino, ese trabajo en los colegios también ha permitido que estos se conviertan en primeros espacios de inclusión de la población migrante.
Uribe afirma que “las estrechas e históricas relaciones fronterizas en Norte de Santander” han hecho que la tarea “sea mucho más fácil que en otros puntos”. Aunque otras dinámicas con el conflicto armado o la aparición de disidencias de las Farc impliquen una barrera para el acceso y la retención de niñas y niños en los colegios.
Otra situación que identificó el programa es que son las niñas las que más tienen probabilidades de dejar la escuela.
Debemos entender que las niñas tienen mucho que decir. Es fundamental preguntarles a ellas cuál es su situación y escuchar las razones por las que dejaron el estudio o por qué no han podido acceder a la educación.
María Adelaida Uribe, gerente territorial de Save The Children en Norte de Santander
Por ello, dice Uribe, “la organización hace apoyos en temas socio-emocionales para que las niñas sientan que son reconocidas y que ellas mismas puedan exigir sus derechos ante cuidadores, padres y comunidad para entender qué significa estar en el colegio o retornar a él”. Y agrega que se han incluido kits sobre higiene menstrual y cátedras sobre la menstruación para niños y niñas.
“Debemos entender que las niñas tienen mucho que decir. Es fundamental preguntarles a ellas cuál es su situación y escuchar las razones por las que dejaron el estudio o por qué no han podido acceder a la educación. A partir de allí es preciso encontrar qué soluciones necesita para poder estudiar. En lo primero que se basa nuestro programa es en escuchar a cada niña”, afirma.
(Le puede interesar: Ni reparación ni verdad, así van los delitos sexuales en la justicia transicional)
Aunque las mujeres siguen teniendo niveles educativos mucho más altos que los hombres, el gran reto para ellas es terminar los últimos años de secundaria, especialmente en las zonas rurales. Mientras el 51 % de niñas que viven en zonas urbanas no terminan sus estudios, esta proporción en áreas rurales es del 81 %, según la ENDS.
“En el total del país, el 59,5 %de las mujeres adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años está asistiendo a un establecimiento educativo y el 40,5 % no lo está haciendo. Es una inasistencia alta: significa que por cada tres mujeres en edad escolar que asisten, hay dos que no lo hacen”, explica la encuesta.
Las razones de abandono escolar son, en orden, embarazos, matrimonios o tener que cuidar a los niños. Otra, de carácter económico, es que su familia necesitaba ayuda o no podía pagar la matrícula.