El 97 % de los militares víctimas de desplazamiento forzado eran soldados

Si bien es cierto que el desplazamiento forzado en Colombia afectó principalmente a la población civil, también lo hizo con los miembros de la Fuerza Pública y sus familiares. Según el informe “El fenómeno del desplazamiento forzado en miembros del Ejército Nacional y sus familias (1985-2018)”, se tienen documentados 218.060 casos de desplazamiento contra militares o sus seres queridos.

Dicho informe fue entregado este miércoles 18 de noviembre a la Comisión de la Verdad para seguir construyendo un relato nacional del conflicto armado que incluya las voces de los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes también fueron objetivo de diversos crímenes y vivieron en carne propia la crueldad de la violencia.

Este documento hace parte de los 40 informes que han entregado las Fuerzas Armadas entre 2019 a la fecha al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por las tres instituciones que nacieron del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc en 2016: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

(Le sugerimos: En video: Entregan 479 historias de violencia sexual a la Comisión de la Verdad)

El informe devela que cerca de 440.000 hectáreas de tierras fueron despojadas a miembros de la Fuerza Pública y a sus familiares entre el periodo comprendido de 1985 a 2018. Además, se muestra que la época con el mayor número de casos documentados de desplazamiento a militares ocurrió entre los años 2.000 y 2.007.

Este aumento de la victimización a los miembros del Ejército en este periodo, según el estudio, responde al incremento en la confrontación con grupos armados ilegales y la ofensiva militar por parte de la Fuerza Pública.

En el siguiente gráfico se visualiza la distribución de las víctimas militares de desplazamiento forzado según su escalafón en el Ejército. Allí se puede evidenciar que los soldados fueron los más afectados, pues representan el 97 % del total de las víctimas por desplazamiento.

Respecto a la condición socioeconómica de las víctimas se estableció que el 95 % pertenecían al estrato 1 y 2; el 6,7 % no tenían acceso a servicios públicos; el 3,8 % pertenecía al estrato 3 y el 0,7 % al estrato 4. Esto evidencia las condiciones de vulnerabilidad económica de las víctimas de desplazamiento forzado que fueron miembros de la Fuerza Pública.

Para ir más allá, el informe también caracterizó que el 73 % de los hechos de desplazamiento se presentaron antes de que las víctimas se vincularan al Ejército (158.865 casos). Asimismo el 17 % se dio en el periodo posterior a su retiro (37.136 hechos) y finalmente, el 10 % se presentó mientras los uniformados estaban activos (22.059 casos). Estas cifras sugieren, según el estudio, que “las víctimas del conflicto armado han tenido una significativa participación dentro del Ejército y que la institución puede ser vista como un espacio para desarrollar un proyecto de vida”.

En cuanto al entorno familiar, se encontró que al momento del hecho victimizante la mayoría de las víctimas hacían parte de un hogar extenso conformado por el padre, la madre, hijos y otros parientes como abuelos, primos y tíos. “Los integrantes con mayor presencia en estas familias eran la madre (52 %), el padre (36 %) y los hermanos (entre el 33 % y el 55 %)”, se dice en el informe.

“El hecho victimizante del desplazamiento se encuentra asociado también con la geografía del desplazamiento, ya que los departamentos con mayores índices de ocurrencia del hecho victimizante en cuestión, coinciden con los lugares donde se desarrolló con mayor intensidad la ofensiva estatal” se asegura en el documento. Así lo deja ver el siguiente gráfico:

No hay que olvidar que el desplazamiento forzado fue una de las estrategias de los grupos armados para tomar control en los territorios, especialmente rurales, y así dominar áreas de importancia estratégica o corredores de movilidad que favorecían economías ilícitas o minería ilegal, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Por esto, ligado al desplazamiento, dice en el informe, también se evidenciaron otros hechos victimizantes como secuestros, homicidios, persecuciones y amenazas. De hecho, el 44 % de los militares activos desplazados, también fueron amenazados por grupos armados ilegales. Con respecto a los militares retirados, esto se dio en el 36 % de los casos.

(Le puede interesar: “Con su muerte, mi padre recuperó su libertad”: hijo de militar asesinado en cautiverio)

En cuanto a los posibles responsables por los desplazamientos a militares y sus familias, el estudio documentó que cerca de 47 % de los casos fueron grupos guerrilleros como las extintas Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) o el Ejército Popular de Liberación (Epl). Seguido de grupos paramilitares y finalmente, bandas criminales. A continuación, un vistazo a estas cifras:

El informe resalta la necesidad de avanzar en la reparación integral de las víctimas militares y sus familiares. Lo anterior no se ha logrado a cabalidad debido a que estas personas desconocen sus derechos como víctimas, al tiempo que manifiestan no haber recibido el apoyo necesario del Ejército y aseguran sentirse abandonadas por la institución.

Si bien es cierto que el desplazamiento forzado en Colombia afectó principalmente a la población civil, también lo hizo con los miembros de la Fuerza Pública y sus familiares. Según el informe “El fenómeno del desplazamiento forzado en miembros del Ejército Nacional y sus familias (1985-2018)”, se tienen documentados 218.060 casos de desplazamiento contra militares o sus seres queridos.

Dicho informe fue entregado este miércoles 18 de noviembre a la Comisión de la Verdad para seguir construyendo un relato nacional del conflicto armado que incluya las voces de los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes también fueron objetivo de diversos crímenes y vivieron en carne propia la crueldad de la violencia.

Este documento hace parte de los 40 informes que han entregado las Fuerzas Armadas entre 2019 a la fecha al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por las tres instituciones que nacieron del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc en 2016: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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El informe devela que cerca de 440.000 hectáreas de tierras fueron despojadas a miembros de la Fuerza Pública y a sus familiares entre el periodo comprendido de 1985 a 2018. Además, se muestra que la época con el mayor número de casos documentados de desplazamiento a militares ocurrió entre los años 2.000 y 2.007.

Este aumento de la victimización a los miembros del Ejército en este periodo, según el estudio, responde al incremento en la confrontación con grupos armados ilegales y la ofensiva militar por parte de la Fuerza Pública.

En el siguiente gráfico se visualiza la distribución de las víctimas militares de desplazamiento forzado según su escalafón en el Ejército. Allí se puede evidenciar que los soldados fueron los más afectados, pues representan el 97 % del total de las víctimas por desplazamiento.

Respecto a la condición socioeconómica de las víctimas se estableció que el 95 % pertenecían al estrato 1 y 2; el 6,7 % no tenían acceso a servicios públicos; el 3,8 % pertenecía al estrato 3 y el 0,7 % al estrato 4. Esto evidencia las condiciones de vulnerabilidad económica de las víctimas de desplazamiento forzado que fueron miembros de la Fuerza Pública.

Para ir más allá, el informe también caracterizó que el 73 % de los hechos de desplazamiento se presentaron antes de que las víctimas se vincularan al Ejército (158.865 casos). Asimismo el 17 % se dio en el periodo posterior a su retiro (37.136 hechos) y finalmente, el 10 % se presentó mientras los uniformados estaban activos (22.059 casos). Estas cifras sugieren, según el estudio, que “las víctimas del conflicto armado han tenido una significativa participación dentro del Ejército y que la institución puede ser vista como un espacio para desarrollar un proyecto de vida”.

En cuanto al entorno familiar, se encontró que al momento del hecho victimizante la mayoría de las víctimas hacían parte de un hogar extenso conformado por el padre, la madre, hijos y otros parientes como abuelos, primos y tíos. “Los integrantes con mayor presencia en estas familias eran la madre (52 %), el padre (36 %) y los hermanos (entre el 33 % y el 55 %)”, se dice en el informe.

“El hecho victimizante del desplazamiento se encuentra asociado también con la geografía del desplazamiento, ya que los departamentos con mayores índices de ocurrencia del hecho victimizante en cuestión, coinciden con los lugares donde se desarrolló con mayor intensidad la ofensiva estatal” se asegura en el documento. Así lo deja ver el siguiente gráfico:

No hay que olvidar que el desplazamiento forzado fue una de las estrategias de los grupos armados para tomar control en los territorios, especialmente rurales, y así dominar áreas de importancia estratégica o corredores de movilidad que favorecían economías ilícitas o minería ilegal, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Por esto, ligado al desplazamiento, dice en el informe, también se evidenciaron otros hechos victimizantes como secuestros, homicidios, persecuciones y amenazas. De hecho, el 44 % de los militares activos desplazados, también fueron amenazados por grupos armados ilegales. Con respecto a los militares retirados, esto se dio en el 36 % de los casos.

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En cuanto a los posibles responsables por los desplazamientos a militares y sus familias, el estudio documentó que cerca de 47 % de los casos fueron grupos guerrilleros como las extintas Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) o el Ejército Popular de Liberación (Epl). Seguido de grupos paramilitares y finalmente, bandas criminales. A continuación, un vistazo a estas cifras:

El informe resalta la necesidad de avanzar en la reparación integral de las víctimas militares y sus familiares. Lo anterior no se ha logrado a cabalidad debido a que estas personas desconocen sus derechos como víctimas, al tiempo que manifiestan no haber recibido el apoyo necesario del Ejército y aseguran sentirse abandonadas por la institución.