El acto de perdón de un sector de la iglesia que busca el apoyo del papa

Tres días antes de la llegada del papa Francisco a Colombia, un grupo de religiosos y religiosas realizaron un acto de perdón por la responsabilidad de la iglesia católica en los crímenes cometidos en el conflicto armado en Colombia. Si bien fue una propuesta impulsada por mil sacerdotes, curas, monjas, seminaristas y miembros de la iglesia de distintas congregaciones colombianas, que también contró con el respaldo de católicos de 20 países del mundo, se trató de un hecho que no contó con el aval de la Conferencia Episcopal. La razón: el tema nunca fue discutido en la asamblea del episcopado, por lo que, dijeron fuentes consultadas, no existía un consenso frente la realización del evento. (Vea: “Perdonar no es una obligación para las víctimas”)

La iniciativa de pedir perdón a nombre de la iglesia a las miles de víctimas del conflicto armado comenzó en enero de este año. Surgió luego de estudiar a fondo el informe que presentó el seminario de Pacific School of Religion de Berkeley en Estados Unidos titulado: "Casos de Implicación de la Iglesia en la Violencia en Colombia". La idea se concretó con la creación de una carta de perdón que hablaba sobre la estigmatización, victimización y exterminio que sufrieron por más de 60 años miembros de movimientos sociales -como el comunismo, socialismo y liberalismo- por causa de las alianzas que se gestaron entre las “jerarquías” de la iglesia católica, los gobiernos conservadores y las Fuerzas Armadas.

El objetivo principal del colectivo “Mil Firmas por el Perdón” fue emular lo que venía haciendo el papa: aceptar la responsabilidad en los crímenes que se cometieron contra la humanidad en nombre de la iglesia, como, por ejemplo, el exterminio de los pueblos originarios de América en la Conquista y la Colonia. Por esa razón, en febrero los líderes de la iniciativa se reunieron con monseñor Augusto Castro, quien les dijo que la idea era de gran importancia pero que no se podía obligar a los curas, sacerdotes y obispos a pedir perdón. Decidieron entonces que la iniciativa no representaría a la iglesia católica colombiana sino a un grupo mayoritario de católicos.

Comenzaron el recorrido para recolectar las firmas. Contaron con el apoyo de claretianos, jesuitas, franciscanas, redentoristas, protestantes y otro cúmulo de miembros de comunidades religiosas que principalmente trabajan en zonas de conflicto. Además, llegaron firmas desde Brasil, España, Italia, Alemania, Haití, Perú, Estados Unidos, Chile, México, Costa Rica, Bélgica, Argentina, Ecuador, Venezuela, Japón, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá. Tras la gran acogida que tuvo la iniciativa, el pasado 9 de abril, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, le presentaron la carta a algunas víctimas en un evento privado . (Puede ver: "El mea culpa de los católicos ante las víctimas de la guerra")

En el documento, que fue compilado en una cartilla de 25 páginas, los católicos sostienen: “Queremos pedir perdón a todas las víctimas de esa violencia, así sea en muchos casos solo a su memoria puesto que ya fueron eliminadas, y también al país que aún sufre las secuelas o prolongaciones de esa violencia (…)  Cuando tantos registros de la memoria nacional y tantos que reposan torturantes en nuestros propios recuerdos, nos remiten a escenas de poder destructor, de prepotencia, de tortura, de exterminio de miles de millares de compatriotas con métodos horrendos de crueldad y de dominación, de degradación de la dignidad de las multitudes y del desconocimiento de los derechos humanos más elementales. Conductas que contaron con la participación, tolerancia o indiferencia de sectores de nuestra Iglesia y, sobre todo,  de miembros de nuestra jerarquía”.

La carta volvió a ser leída el pasado domingo 3 de septiembre, cuando decidieron realizar el acto público de perdón. Planear la eucaristía no fue fácil. Primero, porque en medio del proceso de acercamiento con el párroco de la Basílica del Voto Nacional en Bogotá, el arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar Gómez, comunicó que debían contar con su autorización para realizar el evento. Enviaron la solicitud en agosto y monseñor Salazar respondió que agradecía la invitación a presidir la eucaristía pero que no podía asistir.

Días después, llegó otro oficio del arzobispo de Bogotá en el que se les comunicaba a los organizadores del acto que no se podía realizar en la Basílica del Voto Nacional porque la edificación se encontraba en obras de remodelación. La organización del evento decidió no frenar las cosas y montar una tarima en el parque frente a la basílica para realizar la misa. Ese domingo llegaron al lugar más de 350 personas, entre víctimas del conflicto, transeúntes y religiosos, para pedir excusas y perdón por el silencio y la participación de la iglesia en actos atroces de conflicto armado colombiano. (Vea: "Miembros de la iglesia católica piden perdón a las víctimas del conflicto")

Ese día en el escenario también estuvo el obispo emérito de México, monseñor Raúl Vega, y explicó que era necesario que la iglesia pidiera perdón por hechos del pasado porque fue una época en la que se utilizó la palabra de Dios con hipocresía. Es decir, que desde los púlpitos se “simulaba” el anuncio de la palabra para esconder un mensaje que nada tenía que ver con los principios de la iglesia. Como fue el de que matar liberales no era pecado, dicho por el obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel Ángel Builes. Por eso, en la carta dicen: “Jesús no concibe la autoridad como poder sino como servicio (…) Toda confrontación sincera de nuestra historia de violencias, de injusticias y de discriminaciones con el evangelio nos llena de vergüenza”.

Durante la eucaristía los líderes del colectivo “Mil firmas por el perdón” hicieron referencia al silencio que tuvo la iglesia durante los hechos ocurridos en la época de la Conquista y la Colonia; a las alianzas entre la iglesia e “instituciones armadas republicanas” y del Gobierno para combatir la “plaga” del comunismo y el liberalismo; y a la complicidad histórica que tuvieron con los horrores cometidos por gobiernos conservadores. “Queremos hacer un reconocimiento público de la participación de nuestra Iglesia colombiana, a través de complicidades, silencios y actuaciones representativas, en el proceso de violencia que ha destruido millares de vidas de compatriotas y ha contemporizado con formas denigrantes de opresión y de injusticia”, se lee en la carta. (Puede leer: "Líderes religiosos pidieron perdón a víctimas del conflicto")

Luis Guillermo Sarasa, decano de Teología de la Universidad Javeriana, explicó que el perdón, religiosamente, hablando no es una exigencia o un mandato. “El perdón en los textos de Dios habla de la misericordia, porque no se piensa en el pecado de un modo abstracto”, explicó Sarasa, quien agregó que para lograr le perdón primero se necesita la reconciliación, que es un acto de extrema misericordia en el que sanan las víctimas. Eso explica que la carta de perdón, enviada a las víctimas del conflicto, sostenga que la iglesia “ha utilizado su autoridad moral con un lenguaje prepotente y violento para estigmatizar a determinadas facciones políticas y sociales que eran blanco de formas agudas de represión por parte de poderes de turno”.

El padre Javier Giraldo, uno de los impulsores del acto de perdón, explicó que la posición ideológica que tomó la iglesia produjo alianzas de largo aliento con el Partido Conservador, que promovió la violencia y la aceptación de matar a liberales, comunistas y guerrilleros.  Dio el ejemplo del obispo de Pasto Ezequiel Moreno, quien dijo que el liberalismo era pecado e invitó abiertamente a combatir este movimiento, al punto que armó a los conservadores.  Este obispo fue canonizado y los mil religiosos firmantes de la carta puntualizaron: “ofendió profundamente la conciencia de muchas capas de católicos en Colombia y en el mundo, y nos lleva a pedir perdón, así sea extemporáneo, a las víctimas históricas de esa violencia tan ilegítimamente sacralizada”.

Frente al paramilitarismo en la carta los religiosos sostuvieron: “Hubo sacerdotes que aceptaron colaborar en la instrucción militar de niños y niñas con miras a su participación en estructuras paramilitares. Hubo también sacerdotes que hicieron parte de grupos criminales, como el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles, liderado por el hermano de un presidente (haciendo alusión a Santiago Uribe Vélez). Hubo obispos y sacerdotes que llegaron a acuerdos con líderes paramilitares en varias regiones del país, recibiéndoles sus tierras para quitarles el estigma de narcoparamilitares e incluso limpiando superficialmente su imagen al declararlos ‘constructores de paz’, como el caso del líder paramilitar Víctor Carranza”.

Finalmente, en la carta de perdón arremetieron contra la relación de las Fuerzas Armadas y la jerarquía de la Iglesia católica. “La connivencia de nuestra Iglesia con una Fuerza Armada tan comprometida en tan perversas estrategias, primero a través del Servicio Religioso Castrense y luego a través de la Diócesis Castrense, no ha dejado de producir un conflicto de conciencia profundo en muchos católicos colombianos, que nos lleva a pedir perdón a los colombianos victimizados por una represión militar y paramilitar de tan larga trayectoria y de tan criminales alcances”

Frente a estos hechos hicieron una delicada promesa: pedirle al Papa Francisco que “ordene tomar la supresión de la Diócesis Castrense y ordene a nuestra jerarquía tomar una distancia radical de instituciones armadas que resultan involucradas de manera sistemática en tantos horrores”. Su argumento es que sería deshonesto negar el compromiso de la iglesia con la acción armada que tuvo el Estado durante la conducción de la guerra y el peso que tuvo en la toma de decisiones. Sin embargo, se trata de una propuesta difícil de cumplir.

Los firmantes de la carta solo esperan que en el acto de este viernes 8 de septiembre con las víctimas y victimarios en Villavicencio con el papa Francisco -a quien le enviaron el documento a principio de año-  se hable sobre la responsabilidad de la iglesia en el conflicto y se haga alusión al evento que desarrollaron el pasado domingo. Su objetivo es que con estas acciones se logré que la Conferencia Episcopal se una a su cruzada de reconocer los errores cometidos en el pasado y desligar la religión de los conflictos políticos e ideológicos.

Tres días antes de la llegada del papa Francisco a Colombia, un grupo de religiosos y religiosas realizaron un acto de perdón por la responsabilidad de la iglesia católica en los crímenes cometidos en el conflicto armado en Colombia. Si bien fue una propuesta impulsada por mil sacerdotes, curas, monjas, seminaristas y miembros de la iglesia de distintas congregaciones colombianas, que también contró con el respaldo de católicos de 20 países del mundo, se trató de un hecho que no contó con el aval de la Conferencia Episcopal. La razón: el tema nunca fue discutido en la asamblea del episcopado, por lo que, dijeron fuentes consultadas, no existía un consenso frente la realización del evento. (Vea: “Perdonar no es una obligación para las víctimas”)

La iniciativa de pedir perdón a nombre de la iglesia a las miles de víctimas del conflicto armado comenzó en enero de este año. Surgió luego de estudiar a fondo el informe que presentó el seminario de Pacific School of Religion de Berkeley en Estados Unidos titulado: "Casos de Implicación de la Iglesia en la Violencia en Colombia". La idea se concretó con la creación de una carta de perdón que hablaba sobre la estigmatización, victimización y exterminio que sufrieron por más de 60 años miembros de movimientos sociales -como el comunismo, socialismo y liberalismo- por causa de las alianzas que se gestaron entre las “jerarquías” de la iglesia católica, los gobiernos conservadores y las Fuerzas Armadas.

El objetivo principal del colectivo “Mil Firmas por el Perdón” fue emular lo que venía haciendo el papa: aceptar la responsabilidad en los crímenes que se cometieron contra la humanidad en nombre de la iglesia, como, por ejemplo, el exterminio de los pueblos originarios de América en la Conquista y la Colonia. Por esa razón, en febrero los líderes de la iniciativa se reunieron con monseñor Augusto Castro, quien les dijo que la idea era de gran importancia pero que no se podía obligar a los curas, sacerdotes y obispos a pedir perdón. Decidieron entonces que la iniciativa no representaría a la iglesia católica colombiana sino a un grupo mayoritario de católicos.

Comenzaron el recorrido para recolectar las firmas. Contaron con el apoyo de claretianos, jesuitas, franciscanas, redentoristas, protestantes y otro cúmulo de miembros de comunidades religiosas que principalmente trabajan en zonas de conflicto. Además, llegaron firmas desde Brasil, España, Italia, Alemania, Haití, Perú, Estados Unidos, Chile, México, Costa Rica, Bélgica, Argentina, Ecuador, Venezuela, Japón, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá. Tras la gran acogida que tuvo la iniciativa, el pasado 9 de abril, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, le presentaron la carta a algunas víctimas en un evento privado . (Puede ver: "El mea culpa de los católicos ante las víctimas de la guerra")

En el documento, que fue compilado en una cartilla de 25 páginas, los católicos sostienen: “Queremos pedir perdón a todas las víctimas de esa violencia, así sea en muchos casos solo a su memoria puesto que ya fueron eliminadas, y también al país que aún sufre las secuelas o prolongaciones de esa violencia (…)  Cuando tantos registros de la memoria nacional y tantos que reposan torturantes en nuestros propios recuerdos, nos remiten a escenas de poder destructor, de prepotencia, de tortura, de exterminio de miles de millares de compatriotas con métodos horrendos de crueldad y de dominación, de degradación de la dignidad de las multitudes y del desconocimiento de los derechos humanos más elementales. Conductas que contaron con la participación, tolerancia o indiferencia de sectores de nuestra Iglesia y, sobre todo,  de miembros de nuestra jerarquía”.

La carta volvió a ser leída el pasado domingo 3 de septiembre, cuando decidieron realizar el acto público de perdón. Planear la eucaristía no fue fácil. Primero, porque en medio del proceso de acercamiento con el párroco de la Basílica del Voto Nacional en Bogotá, el arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar Gómez, comunicó que debían contar con su autorización para realizar el evento. Enviaron la solicitud en agosto y monseñor Salazar respondió que agradecía la invitación a presidir la eucaristía pero que no podía asistir.

Días después, llegó otro oficio del arzobispo de Bogotá en el que se les comunicaba a los organizadores del acto que no se podía realizar en la Basílica del Voto Nacional porque la edificación se encontraba en obras de remodelación. La organización del evento decidió no frenar las cosas y montar una tarima en el parque frente a la basílica para realizar la misa. Ese domingo llegaron al lugar más de 350 personas, entre víctimas del conflicto, transeúntes y religiosos, para pedir excusas y perdón por el silencio y la participación de la iglesia en actos atroces de conflicto armado colombiano. (Vea: "Miembros de la iglesia católica piden perdón a las víctimas del conflicto")

Ese día en el escenario también estuvo el obispo emérito de México, monseñor Raúl Vega, y explicó que era necesario que la iglesia pidiera perdón por hechos del pasado porque fue una época en la que se utilizó la palabra de Dios con hipocresía. Es decir, que desde los púlpitos se “simulaba” el anuncio de la palabra para esconder un mensaje que nada tenía que ver con los principios de la iglesia. Como fue el de que matar liberales no era pecado, dicho por el obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel Ángel Builes. Por eso, en la carta dicen: “Jesús no concibe la autoridad como poder sino como servicio (…) Toda confrontación sincera de nuestra historia de violencias, de injusticias y de discriminaciones con el evangelio nos llena de vergüenza”.

Durante la eucaristía los líderes del colectivo “Mil firmas por el perdón” hicieron referencia al silencio que tuvo la iglesia durante los hechos ocurridos en la época de la Conquista y la Colonia; a las alianzas entre la iglesia e “instituciones armadas republicanas” y del Gobierno para combatir la “plaga” del comunismo y el liberalismo; y a la complicidad histórica que tuvieron con los horrores cometidos por gobiernos conservadores. “Queremos hacer un reconocimiento público de la participación de nuestra Iglesia colombiana, a través de complicidades, silencios y actuaciones representativas, en el proceso de violencia que ha destruido millares de vidas de compatriotas y ha contemporizado con formas denigrantes de opresión y de injusticia”, se lee en la carta. (Puede leer: "Líderes religiosos pidieron perdón a víctimas del conflicto")

Luis Guillermo Sarasa, decano de Teología de la Universidad Javeriana, explicó que el perdón, religiosamente, hablando no es una exigencia o un mandato. “El perdón en los textos de Dios habla de la misericordia, porque no se piensa en el pecado de un modo abstracto”, explicó Sarasa, quien agregó que para lograr le perdón primero se necesita la reconciliación, que es un acto de extrema misericordia en el que sanan las víctimas. Eso explica que la carta de perdón, enviada a las víctimas del conflicto, sostenga que la iglesia “ha utilizado su autoridad moral con un lenguaje prepotente y violento para estigmatizar a determinadas facciones políticas y sociales que eran blanco de formas agudas de represión por parte de poderes de turno”.

El padre Javier Giraldo, uno de los impulsores del acto de perdón, explicó que la posición ideológica que tomó la iglesia produjo alianzas de largo aliento con el Partido Conservador, que promovió la violencia y la aceptación de matar a liberales, comunistas y guerrilleros.  Dio el ejemplo del obispo de Pasto Ezequiel Moreno, quien dijo que el liberalismo era pecado e invitó abiertamente a combatir este movimiento, al punto que armó a los conservadores.  Este obispo fue canonizado y los mil religiosos firmantes de la carta puntualizaron: “ofendió profundamente la conciencia de muchas capas de católicos en Colombia y en el mundo, y nos lleva a pedir perdón, así sea extemporáneo, a las víctimas históricas de esa violencia tan ilegítimamente sacralizada”.

Frente al paramilitarismo en la carta los religiosos sostuvieron: “Hubo sacerdotes que aceptaron colaborar en la instrucción militar de niños y niñas con miras a su participación en estructuras paramilitares. Hubo también sacerdotes que hicieron parte de grupos criminales, como el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles, liderado por el hermano de un presidente (haciendo alusión a Santiago Uribe Vélez). Hubo obispos y sacerdotes que llegaron a acuerdos con líderes paramilitares en varias regiones del país, recibiéndoles sus tierras para quitarles el estigma de narcoparamilitares e incluso limpiando superficialmente su imagen al declararlos ‘constructores de paz’, como el caso del líder paramilitar Víctor Carranza”.

Finalmente, en la carta de perdón arremetieron contra la relación de las Fuerzas Armadas y la jerarquía de la Iglesia católica. “La connivencia de nuestra Iglesia con una Fuerza Armada tan comprometida en tan perversas estrategias, primero a través del Servicio Religioso Castrense y luego a través de la Diócesis Castrense, no ha dejado de producir un conflicto de conciencia profundo en muchos católicos colombianos, que nos lleva a pedir perdón a los colombianos victimizados por una represión militar y paramilitar de tan larga trayectoria y de tan criminales alcances”

Frente a estos hechos hicieron una delicada promesa: pedirle al Papa Francisco que “ordene tomar la supresión de la Diócesis Castrense y ordene a nuestra jerarquía tomar una distancia radical de instituciones armadas que resultan involucradas de manera sistemática en tantos horrores”. Su argumento es que sería deshonesto negar el compromiso de la iglesia con la acción armada que tuvo el Estado durante la conducción de la guerra y el peso que tuvo en la toma de decisiones. Sin embargo, se trata de una propuesta difícil de cumplir.

Los firmantes de la carta solo esperan que en el acto de este viernes 8 de septiembre con las víctimas y victimarios en Villavicencio con el papa Francisco -a quien le enviaron el documento a principio de año-  se hable sobre la responsabilidad de la iglesia en el conflicto y se haga alusión al evento que desarrollaron el pasado domingo. Su objetivo es que con estas acciones se logré que la Conferencia Episcopal se una a su cruzada de reconocer los errores cometidos en el pasado y desligar la religión de los conflictos políticos e ideológicos.