El “agarrón” por la reincorporación de las Farc

Apenas una hora después de que el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, dijera que en las zonas de desarme queda sólo el 45 % de los excombatientes de las Farc, el Gobierno puso el grito en el cielo y dijo que las afirmaciones del diplomático eran injustas y negaban los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con esa exguerrilla.

Un año después de firmado el Acuerdo en el teatro Colón de Bogotá, Arnault presentó el balance de la implementación de lo pactado, durante el encuentro nacional de Colombia 2020 (“La reincorporación y la reconciliación, dimensiones de la construcción de la paz”). El diplomático matizó sus críticas afirmando que no todos los excombatientes se habían ido a las disidencias, pero es claro que, de los 8 mil que registró la Oficina del Alto Comisionado de Paz, cerca de 4.300 habrían abandonado las zonas.

Durante el mismo encuentro, el primero que le salió al paso fue Joshua Mitrotti, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), quien no desmintió lo dicho, pero afirmó que el 75 % de esos excombatientes están regresando al conteo semanal y a las jornadas de salud y economía básica.

También lea: “En la Habana no se pactó acceso a la tierra para excombatientes”: Joshua Mitrotti

“La reincorporación no sólo se da en los espacios territoriales. No podemos confinar a los excombatientes de las Farc, pues ellos ya son ciudadanos y se pueden mover por cualquier parte del país. Estamos acompañando a los exmiembros de las Farc en los sitios donde se instalan a vivir”, recalcó Mitrotti.

Pero la alarma que prendió Arnault sonó más fuerte cuando criticó al Gobierno por no tener aún el plan marco de reincorporación, ni una política para que los excombatientes accedan a tierras y ejecuten los proyectos productivos a largo plazo.

Dijo que si bien algunos exguerrilleros han querido reunirse con sus familias, hacer política, buscar reincorporación por su propia cuenta, “el mayor determinante de las salidas es, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los espacios de reincorporación”.

También lea: “Solo el 45% de los exmiembros de las Farc están hoy en los espacios de reincorporación”: Jean Arnault 

Ante esta nueva premisa del informe de la ONU, Mitrotti respondió que “en La Habana no se acordó que los excombatientes tuvieran acceso a tierras”. Un debate intenso durante las negociaciones de paz, pues el argumento era que las Farc no lo merecían por ser “despojadores”.

No obstante, el director de la ARN, el jefe de la misión de la ONU e, incluso, los empresarios como Gonzalo Restrepo, reconocen que la adjudicación de la tierra es necesaria y cerraría la puerta a que los excombatientes retomen las economías ilegales.

Pero la controversia, horas después, llegó al alto Gobierno. A través de una sorpresiva rueda de prensa, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, se declaró sorprendido frente a las declaraciones de la ONU, porque, afirmó, “no se utilizaron los canales diplomáticos” para presentar estas inconformidades.

“Somos prudentes en la relación con la FARC y no vamos a entrar al circo de recriminaciones y de señalamientos. Entendemos que para ellos (la FARC) han sido difíciles temas, como preparar los proyectos productivos y postularlos para que el Gobierno pueda aprobarlos adecuadamente”, refirió.

En todo caso, como el mismo comisionado de Paz dijo, en el ambiente quedó el tufillo de que el Gobierno poco está haciendo para reincorporar a la vida económica a los excombatientes. Y más aún cuando el representante del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, Jairo Quintero, dijo que los pocos proyectos que hoy se están implementando en zonas como Miravalle (Caquetá), están andando gracias a los recursos del gobierno noruego.

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Al final, Arnault enfatizó en la necesidad de finalizar el plan marco de reincorporación. “Que la dejación de armas y la certificación de los exguerrilleros se traduzcan efectivamente en seguridad física y jurídica”, sentenció.

A lo que Rivera le respondió: “Reconocemos que tenemos retos, por ejemplo, en seguridad para algunas comunidades o en temas puntuales de reincorporación”. Sin duda, un debate decidido que la ONU, como garante del Acuerdo de Paz, pretende dar de cara a que el Gobierno cumpla con lo pactado en La Habana.

Empresarios deben ser más que empleadores

Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien también participó en el encuentro nacional de Colombia 2020, afirmó que el rol del sector empresarial en la implementación del Acuerdo de Paz no se puede limitar a ofrecer empleo a las personas desmovilizadas, puesto que es “absolutamente insuficiente”.

Además, añadió que “las organizaciones empresariales como las cámaras de comercio tienen la obligación de generar capacidades de emprendimiento”, ya que son un instrumento poderoso para acelerar los procesos de reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

Díaz apuntó que el sector empresarial debería ser mucho más proactivo en el contexto actual del país pues, aseguró, “hay un problema de implementación de un pilar del Acuerdo”. Eso lo dijo para referirse al 55 % de los exmiembros de las Farc que ya no están en los espacios territoriales de reincorporación.

Apenas una hora después de que el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, dijera que en las zonas de desarme queda sólo el 45 % de los excombatientes de las Farc, el Gobierno puso el grito en el cielo y dijo que las afirmaciones del diplomático eran injustas y negaban los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con esa exguerrilla.

Un año después de firmado el Acuerdo en el teatro Colón de Bogotá, Arnault presentó el balance de la implementación de lo pactado, durante el encuentro nacional de Colombia 2020 (“La reincorporación y la reconciliación, dimensiones de la construcción de la paz”). El diplomático matizó sus críticas afirmando que no todos los excombatientes se habían ido a las disidencias, pero es claro que, de los 8 mil que registró la Oficina del Alto Comisionado de Paz, cerca de 4.300 habrían abandonado las zonas.

Durante el mismo encuentro, el primero que le salió al paso fue Joshua Mitrotti, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), quien no desmintió lo dicho, pero afirmó que el 75 % de esos excombatientes están regresando al conteo semanal y a las jornadas de salud y economía básica.

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“La reincorporación no sólo se da en los espacios territoriales. No podemos confinar a los excombatientes de las Farc, pues ellos ya son ciudadanos y se pueden mover por cualquier parte del país. Estamos acompañando a los exmiembros de las Farc en los sitios donde se instalan a vivir”, recalcó Mitrotti.

Pero la alarma que prendió Arnault sonó más fuerte cuando criticó al Gobierno por no tener aún el plan marco de reincorporación, ni una política para que los excombatientes accedan a tierras y ejecuten los proyectos productivos a largo plazo.

Dijo que si bien algunos exguerrilleros han querido reunirse con sus familias, hacer política, buscar reincorporación por su propia cuenta, “el mayor determinante de las salidas es, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los espacios de reincorporación”.

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Ante esta nueva premisa del informe de la ONU, Mitrotti respondió que “en La Habana no se acordó que los excombatientes tuvieran acceso a tierras”. Un debate intenso durante las negociaciones de paz, pues el argumento era que las Farc no lo merecían por ser “despojadores”.

No obstante, el director de la ARN, el jefe de la misión de la ONU e, incluso, los empresarios como Gonzalo Restrepo, reconocen que la adjudicación de la tierra es necesaria y cerraría la puerta a que los excombatientes retomen las economías ilegales.

Pero la controversia, horas después, llegó al alto Gobierno. A través de una sorpresiva rueda de prensa, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, se declaró sorprendido frente a las declaraciones de la ONU, porque, afirmó, “no se utilizaron los canales diplomáticos” para presentar estas inconformidades.

“Somos prudentes en la relación con la FARC y no vamos a entrar al circo de recriminaciones y de señalamientos. Entendemos que para ellos (la FARC) han sido difíciles temas, como preparar los proyectos productivos y postularlos para que el Gobierno pueda aprobarlos adecuadamente”, refirió.

En todo caso, como el mismo comisionado de Paz dijo, en el ambiente quedó el tufillo de que el Gobierno poco está haciendo para reincorporar a la vida económica a los excombatientes. Y más aún cuando el representante del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, Jairo Quintero, dijo que los pocos proyectos que hoy se están implementando en zonas como Miravalle (Caquetá), están andando gracias a los recursos del gobierno noruego.

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Al final, Arnault enfatizó en la necesidad de finalizar el plan marco de reincorporación. “Que la dejación de armas y la certificación de los exguerrilleros se traduzcan efectivamente en seguridad física y jurídica”, sentenció.

A lo que Rivera le respondió: “Reconocemos que tenemos retos, por ejemplo, en seguridad para algunas comunidades o en temas puntuales de reincorporación”. Sin duda, un debate decidido que la ONU, como garante del Acuerdo de Paz, pretende dar de cara a que el Gobierno cumpla con lo pactado en La Habana.

Empresarios deben ser más que empleadores

Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien también participó en el encuentro nacional de Colombia 2020, afirmó que el rol del sector empresarial en la implementación del Acuerdo de Paz no se puede limitar a ofrecer empleo a las personas desmovilizadas, puesto que es “absolutamente insuficiente”.

Además, añadió que “las organizaciones empresariales como las cámaras de comercio tienen la obligación de generar capacidades de emprendimiento”, ya que son un instrumento poderoso para acelerar los procesos de reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

Díaz apuntó que el sector empresarial debería ser mucho más proactivo en el contexto actual del país pues, aseguró, “hay un problema de implementación de un pilar del Acuerdo”. Eso lo dijo para referirse al 55 % de los exmiembros de las Farc que ya no están en los espacios territoriales de reincorporación.