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El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió un balance agridulce sobre la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc que suscribieron el Acuerdo de Paz y continúan firmes cumpliéndolo.
Sin duda, el punto más negativo en este tema durante el gobierno de Iván Duque fueron las pocas e inefectivas medidas para detener la violencia contra los firmantes de paz, que ya suman más de 300 muertes, según datos de la Misión de Verificación de la ONU. En otros aspectos, como la seguridad económica, aunque el gobierno de Iván Duque extendió las transferencias monetarias para la renta básica que los excombatientes reciben para su manutención mientras sus proyectos logran ser sostenibles, ese proceso tuvo su lunar, porque durante seis meses la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) se negó a pagar el ingreso básico a los hijos de los ex-Farc asesinados. Solo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio una orden, esa entidad volvió a emitir los pagos.
Además, hubo muchos tropiezos en la aprobación y puesta en marcha de los proyectos productivos que debían garantizar empleo e ingresos para los antiguos miembros de las Farc. Esta fue una queja constante de los firmantes de la paz, que denunciaron problemas burocráticos que incluso venían desde el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que según ellos impedía una reincorporación plena y con totales garantías.
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El proceso de reingreso a la vida civil de quienes alzaron las armas contemplaba cuatro grandes ejes. El primero era facilitar a los excombatientes la posibilidad de lograr autonomía y seguridad económica. En un primer momento a través de esa renta básica mensual aportada por el Estado y luego con apoyo para proyectos productivos individuales y colectivos que les dieran autonomía. Un segundo eje es el de la seguridad jurídica, para lo cual durante el gobierno Santos se decretaron amnistías, suspensiones de penas y excarcelaciones. Todos estos beneficios judiciales estaban condicionados al sometimiento y aporte de los antiguos jefes guerrilleros a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El tercer elemento es la participación política y la posibilidad de elegir y ser elegidos. Y finalmente está la seguridad física, que termina en números rojos.
Varios informes y alertas de organismos internacionales han indicado que estas muertes responden a un patrón sistemático contra los firmantes de la paz e incluso algunos de sus familiares. A ese hecho también se suma la ausencia integral del Estado en los territorios, que no ha logrado consolidar una presencia institucional robusta en los lugares donde antes operaba la guerrilla; vacío que han llenado otros grupos armados. “Si alguno de esos cuatro componentes llega a faltar, estamos hablando de que no hay una reincorporación integral”, dice en entrevista a Colombia +20 Andrés Stapper, director de la ARN, quien reconoce que la falta de implementación integral del Acuerdo “puede ser fuente de nuevos conflictos y violencia en los territorios”, lo que a la postre pone en riesgo la vida de los reincorporados.
“Hoy estamos hablando de 347 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz”, sostiene, por su parte, Pastor Alape, antiguo comandante de las Farc y ahora delegado ante el Consejo Nacional de Reincorporación, la instancia donde se definen las políticas derivadas del Acuerdo de Paz en la materia. De estos asesinatos “261 fueron bajo responsabilidad de este Gobierno; es decir, 261 crímenes de este Gobierno contra firmantes de paz, ese es el balance”, dijo Alape, quien es crítico con la forma en la que Duque condujo la reincorporación.
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Lentitud en el acceso a tierras
Sobre otros aspectos de este proceso, Stapper insistió en que hay un balance positivo en la medida en que la ARN ha desarrollado un marco normativo para que la reincorporación sea una ruta y apunte a una “política de Estado”, que no dependa de los caprichos del mandatario de turno. Ese marco, aseguró, es el principal legado de los últimos años, porque a través de este se podrán implementar medidas como el acceso a tierras, a vivienda, a programas educativos o de asistencia al adulto mayor, todos centrados en la atención a la población reincorporada. Así mismo, puede ser el puente para la aprobación de decretos y otras medidas jurídicas, como la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las Farc-Ep (Conpes 3931 de 2018), que garantiza cierta autonomía presupuestal.
Pese a ello, el acceso a las tierras sigue siendo incipiente para los firmantes de paz. Sobre ello, Stapper aseguró que fue crucial haber solucionado brechas jurídicas que no permitían que el Estado adjudicara tierras a los reincorporados porque, dice, esto no quedó escrito en el Acuerdo de La Habana. De acuerdo con cifras de la ARN, se han entregado algo más de 1.800 hectáreas a reincorporados en todo el país durante el gobierno Duque, algunas en forma de comodato y otras por adjudicación directa, para que ellos puedan desarrollar sus proyectos productivos. “A través de la Agencia Nacional de Tierras, hicimos la gestión para que ellos tengan el usufructo y puedan adelantar sus proyectos , mientras se adelantan los procesos necesarios para la adjudicación de estos predios”, agregó Stapper.
Otro avance es la nueva normatividad que permite que tierras en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sean usadas para estos proyectos.
Las cifras de la reincorporación
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 14.025 integrantes de las Farc fueron acreditados dentro del proceso. De esa cifra, al 30 de julio de este año, 12.738 continuaban con el proceso de reincorporación, según datos de la ARN, pero solamente 2.265 viven en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), conocidos antes como Zonas Veredales.
Según registros de la Misión de Verificación de la ONU, cerca de 10.500 excombatientes viven fuera de esos ETCR y apenas 2.300 permanecen en estos lugares. Algunas de las razones para abandonar estos espacios han sido los altos índices de asesinatos a sus compañeros, el no acceso a tierras para trabajar y los inconvenientes en el despegue de proyectos productivos creados en esos espacios , entre otros.
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El grueso de los excombatientes que viven fuera de esos espacios volvieron a agruparse como colectivos o individualmente en fincas, veredas, pueblos y ciudades, dispersos por todo el territorio nacional, lo que también dificulta aspectos como la capacitación y el desarrollo de los proyectos productivos.
La salida de los excombatientes de los ETCR fue uno de los continuos motivos de polémica del proceso, pues se llegó a interpretar erróneamente como un incumplimiento y abandono del proceso de paz.
Aunque estos espacios tenían un carácter transitorio, durante el gobierno de Iván Duque se formalizó la compra de trece predios que beneficiaron a diez espacios territoriales, lo que permitió que los excombatientes pudieran quedarse allí. “A la fecha hay tres proyectos de vivienda contratados: en Doncello, Arauquita y Caldono”, aseguró Stapper, quien puntualizó que junto a estos proyectos se planea entregar 387 viviendas a los reincorporados.
En el ETCR de Caldono (Cauca) incluso ya se avanzó en la construcción de cinco de estas casas. Según el director de la ARN, durante este período presidencial se dejó lista toda una normatividad que permitirá a los excombatientes acceder a vivienda propia.
El dilema de los proyectos productivos
Uno de los puntos más enredados de la reincorporación fue la consolidación de los proyectos productivos individuales y colectivos que habían sido pactados en el Acuerdo de La Habana. Ponerlos en marcha en los tiempos estipulados fue imposible, principalmente por una mezcla de falta de voluntad política y trabas administrativas y burocráticas, lo que provocó una enorme desmoralización entre los reincorporados.
El Instituto Kroc, una de las entidades encargadas de hacer verificación al Acuerdo de Paz, aseguró en su último informe, del 21 de junio del 2022, que uno de los principales retos de la ARN en esta materia es la sostenibilidad de los proyectos productivos.
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Durante el gobierno Duque se lograron aprobar 4.571 proyectos, hasta el 30 de junio de este año, que benefician a 9.308 excombatientes, según cifras de la ARN. Sin embargo, los registros de la Misión de Verificación de la ONU con corte del 27 de junio son otros. Ese organismo afirma que han sido aprobados 4.486 proyectos productivos, de los cuales el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó 120 de carácter colectivo, mientras que la ARN dio vía libre a 4.366 individuales.
“Si bien los proyectos productivos no sufrieron una gran afectación por la pandemia, son aún muy incipientes, necesitan seguirse apalancando y transformando para generar valor en los territorios”, aseguró Stapper.
Pastor Alape coincide con esta apreciación y añade que es fundamental concretar el acceso a la tierra: “No se puede hablar de que [el proceso de reincorporación] fue exitoso cuando apenas se aprobaron 318 proyectos productivos que recogen el universo de 3.760 personas y 4.200 personas de proyectos individuales. Ninguno es sostenible, ninguno tiene tierra, el 90 % tiene enfoque agropecuario y ninguno tiene tierra. De esos proyectos han fracasado muchos, se mantuvo la asignación mensual (de la renta básica), que es lo que medio permite a la gente sostenerse en el rebusque”, concluyó Alape.
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Su apreciación es similar en este punto a la de Stapper: sin una implementación integral del Acuerdo de Paz es muy difícil que todo el proceso funcione. Alape además asegura que “no se implementó el punto uno de reforma rural, los PDET, pues ya sabemos que la plata se la robaron; no se mantuvo el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que permitía quitarles el combustible a los grupos armados; y no hubo la transformación que se quería en el territorio para que la reincorporación pudiera ser efectiva”.
Lo positivo, según él, es que la mayoría de excombatientes siguen insistiendo en el proceso y que “el Gobierno no pudo hacer trizas el Acuerdo de Paz, que se mantuvo por el apoyo de la comunidad internacional”.
Por su parte, Stapper considera que es crucial que el gobierno de Gustavo Petro entienda que se debe “hacer de esta política algo sostenible: ni siquiera es la generación de ingresos, es la salud, la educación, programas específicos para adulto mayor”. Según él, el mayor reto que le queda a la nueva administración es “acompañar a quienes le apuestan a la reincorporación. Estos procesos no solo deben beneficiar a los ex combatientes, sino a todas las comunidades que los recibieron y les están dando la oportunidad de construir paz en los territorios”.