El balance del Eln sobre las audiencias de participación

Desde el 30 de octubre hasta el 16 de noviembre el Eln se reunió con unas 175 organizaciones de la sociedad civil. El propósito era recoger insumos para establecer cómo participará la sociedad en el proceso de paz que adelantan el Gobierno y esa guerrilla en Quito (Ecuador), cuya fase pública se inició en febrero de 2017. Durante los diálogos la insurgencia había insistido en la necesidad de abrir la mesa a la participación ciudadana y los encuentros fueron el primer paso.

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La llegada de las organizaciones a las audiencias se dio luego de una negociación de unos dos meses con el Gobierno sobre la conformación de la lista de las organizaciones seleccionadas. Según cuentan Silvana Guerrero y Consuelo Tapia, delegadas de la guerrilla para los encuentros y negociadoras de la mesa en Quito, tuvieron largas discusiones con el equipo gubernamental liderado por el exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo. “Nosotros presentábamos las listas y él nos decía que estaban muy abigarradas”, contó Tapia entre una sonrisa.

Al final ambas partes propusieron sectores que consideraban que podían aportar a la discusión. No se pusieron de acuerdo en la inclusión de los partidos políticos, que había sugerido la insurgencia, y sectores de las fuerzas militares, idea que el general retirado Eduardo Herrera puso sobre la mesa. “Nos dijeron que en época electoral los partidos se iban a terminar tomando la mesa”, aseguró Guerrero.

Firmaron un documento que disponía que los encuentros se iban a adelantar en Ecuador. Sin embargo, las audiencias terminaron llevándose a cabo en Tocancipá (Cundinamarca) y Bogotá. Lo anterior, aseguran, debido a que el transporte de las delegaciones hasta el país vecino resultaba muy costoso debido al paro de pilotos de Avianca.

Las delegadas del Eln resaltan dos puntos de convergencia entre las organizaciones que hicieron parte de las audiencias: que la participación sea territorial, es decir, que se abran vías para que los pobladores de diferentes departamentos puedan llevar sus inquietudes a la negociación. Además, que estas sean vinculantes, lo que se traduce en que lo que salga de los espacios de participación debe ser de obligatorio cumplimiento.

Sobre ese último punto es donde se espera que haya más discrepancias entre las partes. Así lo advierten tanto Guerrero como Tapia quien dijo que “el Gobierno le tiene miedo a la palabra vinculante”. En cambio, respecto a la naturaleza territorial de la participación las negociadoras creen que hay más cercanía con su contraparte: “en ese punto ellos son receptivos”, afirmaron. 

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Ambos puntos están muy acordes con lo que ha propuesto la guerrilla. La insurgencia busca que los espacios de participación se hagan a manera de asambleas, mesas temáticas, congresos populares o cabildos abiertos. “Incluso hay gente que cree que esto debe terminar en una asamblea nacional constituyente”, agregó Tapia.

Tienen claras, sin embargo, las líneas rojas, temas que el Gobierno se negará a negociar con la insurgencia. Por ejemplo, la estructura de las fuerzas armadas estatales y el modelo económico. Aunque esperan que en Quito se den algunas discusiones que se acerquen esos temas, saben que los cambios de fondo no saldrán de la mesa de negociaciones. “Aunque no lo discutan con nosotros después lo van a tener que hacer porque son los cambios que están pidiendo los sectores sociales”, puntualizó Guerrero.

Lo que van a tener que discutir las delegaciones de ambas partes es lo que van a hacer con los insumos de las audiencias. Desde el lunes 20 de noviembre se reunirán en Ecuador para empezar a analizar los insumos y concertar los pasos a seguir para la participación de los sectores de la sociedad.  

El contexto

El 25 de octubre, menos de una semana antes de que empezaran las audiencias, se conoció el asesinato del gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero en el municipio de Alto Baudó (Chocó). Desde el momento en que se supo la noticia se rumoraba que el Eln había cometido el crimen. La autoría de la guerrilla se confirmó el 29 de octubre. El Frente Occidental de Guerra que opera en ese departamento aceptó el asesinato, lo que se constituyó en una violación al cese al fuego que habían decretado las partes que regiría entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero de 2018.

En una columna del periodista Víctor de Currea se planteó la pregunta sobre si ese frente había asesinado al gobernador siguiendo órdenes del mando del Frente Occidental o fue una decisión de la unidad guerrillera*. Tapia aseguró que “no hay razones para hablar de disidencias” toda vez que en el proceso todavía no se ha hablado de dejación de armas ni se han empezado a discutir los cinco puntos de la agenda de negociaciones.

Tapia, además, dijo que “siempre hemos dado la cara, lo que no ha hecho el Estado”. Se refiere a sucesos como la masacre de siete campesinos en la vereda El Tandil, zona rural de Tumaco (Nariño), al parecer, a manos de la Policía Antinarcóticos. La negociadora del Eln admitió que “no hay madurez de ninguna de las partes para generar la confianza necesaria”.

Frente a un posible prolongamiento del cese al fuego dicen que se hará una evaluación cuando este esté por terminarse y en ese momento se decidirá si decretan un nuevo cese.

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Otro fantasma que ronda la mesa de Quito es la situación crítica que atraviesa el Acuerdo de Paz con las Farc. El exmáximo comandante de lo que fue esa guerrilla, Rodrigo Londoño, envió dos cartas, una al secretario general de las Naciones Unidas y otra al presidente Juan Manuel Santos, denunciando incumplimientos y modificaciones. Temas neurálgicos como la Justicia Especial para la Paz. “Nos está quedando claro que uno negocia con el Gobierno, pero no con los poderes”, expresó Tapia.

A pesar de ese contexto, las negociadoras dijeron que la gran lección de los encuentros es que todos los sectores están pidiendo que el conflicto armado finalice por medio del diálogo. “Hay una necesidad colectiva de superar el odio hablando entre todos”, concluyó Tapia.

*Nota del editor: Por petición de Víctor de Currea horas después a la publicación de una nota se hizo presición frente a la cita de su columna.

Desde el 30 de octubre hasta el 16 de noviembre el Eln se reunió con unas 175 organizaciones de la sociedad civil. El propósito era recoger insumos para establecer cómo participará la sociedad en el proceso de paz que adelantan el Gobierno y esa guerrilla en Quito (Ecuador), cuya fase pública se inició en febrero de 2017. Durante los diálogos la insurgencia había insistido en la necesidad de abrir la mesa a la participación ciudadana y los encuentros fueron el primer paso.

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La llegada de las organizaciones a las audiencias se dio luego de una negociación de unos dos meses con el Gobierno sobre la conformación de la lista de las organizaciones seleccionadas. Según cuentan Silvana Guerrero y Consuelo Tapia, delegadas de la guerrilla para los encuentros y negociadoras de la mesa en Quito, tuvieron largas discusiones con el equipo gubernamental liderado por el exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo. “Nosotros presentábamos las listas y él nos decía que estaban muy abigarradas”, contó Tapia entre una sonrisa.

Al final ambas partes propusieron sectores que consideraban que podían aportar a la discusión. No se pusieron de acuerdo en la inclusión de los partidos políticos, que había sugerido la insurgencia, y sectores de las fuerzas militares, idea que el general retirado Eduardo Herrera puso sobre la mesa. “Nos dijeron que en época electoral los partidos se iban a terminar tomando la mesa”, aseguró Guerrero.

Firmaron un documento que disponía que los encuentros se iban a adelantar en Ecuador. Sin embargo, las audiencias terminaron llevándose a cabo en Tocancipá (Cundinamarca) y Bogotá. Lo anterior, aseguran, debido a que el transporte de las delegaciones hasta el país vecino resultaba muy costoso debido al paro de pilotos de Avianca.

Las delegadas del Eln resaltan dos puntos de convergencia entre las organizaciones que hicieron parte de las audiencias: que la participación sea territorial, es decir, que se abran vías para que los pobladores de diferentes departamentos puedan llevar sus inquietudes a la negociación. Además, que estas sean vinculantes, lo que se traduce en que lo que salga de los espacios de participación debe ser de obligatorio cumplimiento.

Sobre ese último punto es donde se espera que haya más discrepancias entre las partes. Así lo advierten tanto Guerrero como Tapia quien dijo que “el Gobierno le tiene miedo a la palabra vinculante”. En cambio, respecto a la naturaleza territorial de la participación las negociadoras creen que hay más cercanía con su contraparte: “en ese punto ellos son receptivos”, afirmaron. 

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Ambos puntos están muy acordes con lo que ha propuesto la guerrilla. La insurgencia busca que los espacios de participación se hagan a manera de asambleas, mesas temáticas, congresos populares o cabildos abiertos. “Incluso hay gente que cree que esto debe terminar en una asamblea nacional constituyente”, agregó Tapia.

Tienen claras, sin embargo, las líneas rojas, temas que el Gobierno se negará a negociar con la insurgencia. Por ejemplo, la estructura de las fuerzas armadas estatales y el modelo económico. Aunque esperan que en Quito se den algunas discusiones que se acerquen esos temas, saben que los cambios de fondo no saldrán de la mesa de negociaciones. “Aunque no lo discutan con nosotros después lo van a tener que hacer porque son los cambios que están pidiendo los sectores sociales”, puntualizó Guerrero.

Lo que van a tener que discutir las delegaciones de ambas partes es lo que van a hacer con los insumos de las audiencias. Desde el lunes 20 de noviembre se reunirán en Ecuador para empezar a analizar los insumos y concertar los pasos a seguir para la participación de los sectores de la sociedad.  

El contexto

El 25 de octubre, menos de una semana antes de que empezaran las audiencias, se conoció el asesinato del gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero en el municipio de Alto Baudó (Chocó). Desde el momento en que se supo la noticia se rumoraba que el Eln había cometido el crimen. La autoría de la guerrilla se confirmó el 29 de octubre. El Frente Occidental de Guerra que opera en ese departamento aceptó el asesinato, lo que se constituyó en una violación al cese al fuego que habían decretado las partes que regiría entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero de 2018.

En una columna del periodista Víctor de Currea se planteó la pregunta sobre si ese frente había asesinado al gobernador siguiendo órdenes del mando del Frente Occidental o fue una decisión de la unidad guerrillera*. Tapia aseguró que “no hay razones para hablar de disidencias” toda vez que en el proceso todavía no se ha hablado de dejación de armas ni se han empezado a discutir los cinco puntos de la agenda de negociaciones.

Tapia, además, dijo que “siempre hemos dado la cara, lo que no ha hecho el Estado”. Se refiere a sucesos como la masacre de siete campesinos en la vereda El Tandil, zona rural de Tumaco (Nariño), al parecer, a manos de la Policía Antinarcóticos. La negociadora del Eln admitió que “no hay madurez de ninguna de las partes para generar la confianza necesaria”.

Frente a un posible prolongamiento del cese al fuego dicen que se hará una evaluación cuando este esté por terminarse y en ese momento se decidirá si decretan un nuevo cese.

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Otro fantasma que ronda la mesa de Quito es la situación crítica que atraviesa el Acuerdo de Paz con las Farc. El exmáximo comandante de lo que fue esa guerrilla, Rodrigo Londoño, envió dos cartas, una al secretario general de las Naciones Unidas y otra al presidente Juan Manuel Santos, denunciando incumplimientos y modificaciones. Temas neurálgicos como la Justicia Especial para la Paz. “Nos está quedando claro que uno negocia con el Gobierno, pero no con los poderes”, expresó Tapia.

A pesar de ese contexto, las negociadoras dijeron que la gran lección de los encuentros es que todos los sectores están pidiendo que el conflicto armado finalice por medio del diálogo. “Hay una necesidad colectiva de superar el odio hablando entre todos”, concluyó Tapia.

*Nota del editor: Por petición de Víctor de Currea horas después a la publicación de una nota se hizo presición frente a la cita de su columna.