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Hugo Castro lleva 35 años trabajando como cacaotero. En su juventud, cuenta, sus padres le enseñaron a identificar la planta de metro y medio de altura de la que sale el insumo principal para el chocolate en el piedemonte araucano. Aprendió primero el oficio de la siembra y la cosecha llenando las “latas”, unos baldes de cinco litros de profundidad donde se deposita el fruto cuando está maduro.
Hoy Hugo es uno de los administradores de la Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización Agropecuaria de Arauquita (Coomprocar), que les compra cacao a unas 200 familias en la región, en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado, para luego venderlas a compañías como la Nacional de Chocolate y Casa Luker.
El departamento de Arauca, que en 2018 fue catalogado como una zona del país libre de cultivos de uso ilícito, según la Alta Consejería para el Posconflicto y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Varias de las familias que otros tiempos sembraban coca en la sabana se dedicaron a consolidarse o asociarse a cooperativas que les permitieran estabilizar un sustento económico para sus familias.
En Arauca, según la Federación Nacional de Cacaoteros, al menos 2.500 familias cambiaron la coca por cacao, entre ellas la de Orlando García, que echó raíces en una finca en la vereda Buenos Aires, a unos 50 minutos del casco urbano de Arauquita. Casi dos hectáreas del lugar están sembradas con cacao donde antes había plantaciones de hoja de coca. “Nosotros accedimos a sustituir los cultivos no con ningún plan del Gobierno, sino porque vimos la rentabilidad que tenía el cacao y la tranquilidad que nos ofrecía, porque ya no íbamos a ser catalogados como parte de las rentas ilícitas”, explica García.
El sólido proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en Arauca no tuvo sus méritos únicamente por el programa del Gobierno Nacional, que ofrecía otras alternativas de cultivo a las familias cocaleras del país. Al comienzo, algunos de los cambios principales en la estructura económica del departamento fue por la presión de la guerrilla del Eln, que desde hacía siete años venía insistiendo en la necesidad de erradicar la coca del territorio, explica Domingo Pérez, otro de los socios fundadores de la cooperativa, agregando que también se presentaron cambios en la demanda. “Hubo una época en la que, sin presiones, la gente empezó a cambiar la hoja de coca porque ya no había la misma demanda de compra que tuvo en los años 90, por ejemplo”. Eso, según Domingo, ocurrió luego de que las dinámicas del conflicto armado en el territorio se reconfiguraran apenas las Farc salieron del territorio.
Para esa época las iniciativas colectivas se estaban comenzando a gestar, pero solo había dos cooperativas en Arauquita, el municipio más cacaotero del departamento. Coomprocar era una de ellas, aunque la organización estaba debilitada por la violencia política que se vivió en esa zona en 1995 y que tocó las puertas de pequeños agricultores como ellos.
En ese entonces Hugo Castro era concejal por el Partido Conservador, y una de sus banderas como funcionario era precisamente el fortalecimiento de las economías comunitarias. “Pero la situación de conflicto se puso tan difícil, que los grupos armados nos sacaron del Concejo y prácticamente ese año el Partido Conservador quedó aniquilado. Sin embargo, nunca dejamos de sembrar el cacao, que era prácticamente lo único que mantenía en pie a esta tierra”, cuenta.
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Para dimensionar la importancia del cacao, solo hay que saber que con tres libras vendidas al mes, una familia podía sostenerse por lo menos durante 20 días en esa época. Varias de ellas, incluida la de Castro, estuvieron muchas veces en riesgo de desplazamiento, pero se dieron cuenta de que una de las claves para la supervivencia del conflicto armado estaba en esos árboles de cacao, que hoy representan unas 20.000 hectáreas en todo Arauca.
Gran parte de esas cosechas y de todos los eslabones del proceso para hacer cacao se ven en los 74 kilómetros que hay entre Arauca y Arauquita.
El cacao y la migración venezolana
El fenómeno migratorio que ha hecho que salgan casi cinco millones de personas de Venezuela a distintos países de América Latina ha convertido a Arauca -ya con un buen historial de relaciones con el vecino país- en una población de acogida. Por eso, la siembra del cacao se ha convertido en el principal -y casi único- sustento de las familias venezolanas que llegan en busca de alguna oportunidad laboral, según cuenta Sofía Rodríguez, cacaotera del caserío de Puerto Lleras.
Varios de sus familiares que vivían en El Amparo (Venezuela) pasaron la frontera fluvial en 2017 para trabajar como jornaleros en un caserío, cuya única presencia estatal es la llegada, una vez al mes, de una brigada de salud y primeros auxilios que se asienta sobre el río. “Después del éxodo migratorio y con la pandemia, otra de las rentas que tenían mucha gente para sobrevivir, que era el contrabando, se fue a la borda. Mucha gente vivía con lo diario que se ganaba pasando gasolina de Venezuela a Colombia, pero ahora con la escasez salió a flote la necesidad de que se apoyen en las economías colectivas y agropecuarias”, explicó en medio del “Recorrido por la hermandad, la vida, la paz, la convivencia y la no continuidad del conflicto”, organizado en ese lugar por la Comisión de la Verdad en noviembre pasado.
La consolidación del cacao en Arauca está lejos de ser un proceso incubatorio o experimental, es más bien el resultado de un trabajo de décadas para posicionarse como el departamento con el cacao más fino del país y a ser galardonado en dos ocasiones (2010 y 2019) como el mejor del mundo por los International Cocoa Awards, organizados en el Salón de Chocolate de París. Álvaro Hernández, líder ambiental de la región, explica que más allá de los beneficios socioeconómicos ha sido un “bálsamo” para un departamento catalogado históricamente como una zona donde lo único que se producía era coca y guerra.
“Es cierto que no podemos hablar de reparación a las víctimas del conflicto, sobre todo porque para nosotros y para casi todo el resto del país el conflicto sigue solo que con un actor menos. Sin embargo, las iniciativas ciudadanas han sido una medida de autorreparación muy importante”, explica. Varias ideas apoyadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Arauca se enfocan en transformar el cacao en productos derivados de este como aceite, mascarillas, chocolatinas, arequipe, entre otros.
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De la planta al chocolate
En las cooperativas comunitarias, a diferencia de las grandes empresas, la mayoría de los procesos se realizan de forma manual. “Lo más importante para la calidad del cacao es el momento en que se baja del árbol y el tiempo de fermentación que logremos. De eso dependen la calidad y el sabor, que es lo que caracteriza al fruto del departamento”, detalla Juan Ernesto Trillas, quien trabaja hace más de tres años en la planta de procesamiento de la cooperativa.
La semilla del cacao, que es blanca, pasa por un proceso de secado al sol similar al que se hace con el café. Muchos de los granos deben secarse en carpas tipo invernadero hasta por cinco días hasta antes de comenzar a ser procesados. Aunque en Colombia hay por lo menos 47 tipos de cacao distintos, los catadores y trabajadores como Trillos saben diferenciarlos con facilidad. “En esta plantación hay unos ocho tipos de cacao, unos más dulces que otros. Los más ácidos son los que usualmente se llevan para exportación”, señala, mientras sigue recorriendo la fábrica que comercializa diariamente unas 50 libras de cacao.
La lucha por los pagos justos
En el exterior, una tonelada de cacao puede ser cobrada hasta por US$1.000. Por eso, la lucha que ahora lidera la cooperativa no es solo por posicionarse en el mercado, sino porque los pagos a estos pequeños colectivos sean más justos.
Domingo Pérez explica que si bien las cooperativas no tienen influencia en los movimientos del mercado, empezaron por poner un precio “sombrilla” para la producción. “No tenemos forma de incidir en si el costo del cacao sube o baja, ni en los precios del consumidor final, pero sí ponemos un valor base, que es el que cobramos en la cooperativa y el que pagamos a los campesinos, que oscila en unos $30.000 a $ 50.000 por “lata”, explica.
Por ahora la petición de quienes están en la industria es clara y concreta: “Si los cacaoteros de Arauca no nos unimos, no hay forma de que económicamente esta región salga adelante. Con el proceso de reincorporación esperamos que a esta cooperativa lleguen más víctimas y excombatientes de las Farc y, ojalá, las dinámicas de esta economía se sigan respetando”.
