El camino de las víctimas hacia el Congreso

Luis Benavides

Los sobrevivientes de la guerra lograron interlocutar con el Estado a través de las mesas de víctimas, pero ahora quieren dar el siguiente paso: llegar a las instancias legislativas donde se decide qué pasará durante el posacuerdo. Esta propuesta se consolidó durante el III Encuentro Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado que se hizo en Bogotá esta semana. En el evento participaron más de 200 líderes de todo el país para definir propuestas en materia de salud, empleo, vivienda e incidencia política.

Las mesas de participación son espacios legales de representación de las víctimas. Estas plataformas, creadas gracias a la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, han logrado establecer las necesidades específicas de cada grupo de víctimas, explicar problemas en la implementación de planes de reparación y entregar conceptos técnicos a las subcomisiones de La Habana para integrarlos a los acuerdos de paz.

Organizaciones de sobrevivientes del conflicto armado se encargan de elegir a los 22 miembros que conforman cada mesa municipal de víctimas (de estos, ocho representan a las víctimas de desplazamiento forzado y los otros 14 a los sobrevivientes de los demás hechos victimizantes establecidos en la Ley de Víctimas). Los 22 miembros de cada mesa representan, según la ley, los intereses de todas las víctimas de cada municipio o ciudad. De las mesas municipales se elige un representate por municipio para cada mesa departamental y de estas últimas salen los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.

La Mesa Nacional está compuesta por 55 representantes. De estos, diez son víctimas de desplazamiento forzado y el resto son represetantes de distintos comités que tienen un enfoque diferencial de género, es decir que favorecen la participación de las mujeres en cada instancia. La Mesa Nacional también tiene subcomités técnicos para ayudar a crear las propuestas. 

Pero todos estos avances no son suficientes y tanto las víctimas como el Estado lo reconocen. De hecho, uno de los asuntos pendientes del punto dos de las negociaciones de paz en La Habana, que es sobre participación política, es cuántas curules de la Cámara de Representantes se le entregarán las comunidades de las zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. También falta especificar durante cuántos periodos electorales estarán funcionado.

En el III Encuentro Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado, los asistentes decidieron que también es necesario tener escaños en las asambleas departamentales y en los concejos de ciudades y municipios. “Queremos que la interlocución con el Estado sea real. A veces pasamos propuestas y comunicados pero los gobernadores o alcaldes se demoran seis meses o más en contestar”, explica Misael Delgado, coordinador del Comité Temático de Desplazamiento y víctima del conflicto. La representación de las víctimas en instancias políticas y legislativas, añade, reivindicaría su derecho a participar en política y rompería el mito de que solo los alzados en armas tienen beneficios en el acceso al poder.

A un nivel más general, que las víctimas accedan de manera transitoria a curules fortalecería un proceso de reparación que es único en el mundo. Ningún otro país que haya tenido un conflicto armado interno o una transición de dictadura ha logrado un modelo de participación social y reparación económica, mucho menos con la guerra todavía activa. “Cuando construimos el Protocolo de Participación para las mesas de víctimas averiguamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos quién tenía experiencia y que nos pudiera guiar, pero no encontramos nada. En Centroamérica salieron las Asambleas de la Sociedad Civil por la Paz pero los participantes no eran víctimas”, explica Gabriel Bustamante, subdirector de Participación en la Unidad de Víctimas.

En 2012 se reunieron alcaldes, gobernadores, defensores de derechos humanos y otras instituciones para crear el Protocolo de Participación de Víctimas, la herramienta para ordenar la representación en las mesas que presentan propuestas al Estado. Pero, cuando por fin dieron con la fórmula, encontraron resistencia tanto de las instituciones estatales como de organizaciones de víctimas que ya tenían una relación directa con algunas entidades.

Las víctimas veían – y muchas hoy siguen viendo- al Estado como el enemigo. Las formas de interlocución que habían adoptado era la toma de las sedes, los insultos a los funcionarios y algunos líderes usaban las organizaciones para lograr beneficios particulares.

El odio al Estado no era gratuito. Los campesinos habían visto, entre otras cosas, cómo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le entregaba sus tierras a actores armados. Seis directores de la entidad están presos por eso. A eso se sumaban los malos manejos de las notarías, el Das, las oficinas de instrumentos públicos, etc.

El Congreso también les falló. En 2004 el legislativo invitó a líderes del Eln y de los paramilitares a hablar. Las víctimas se indignaron y también pidieron una audiencia. El día que se realizó, llegaron los indígenas del norte del Cauca, decenas de organizaciones de mujeres, representantes de los desplazados, los consejos comunitarios, la mamá de Ingrid Betancur, familiares de los secuestrados, entre otros. Sin embargo, solo un congresista fue a escucharlos.

“Hacer visibles a las víctimas fue un proceso de cambio cultural porque se encontraron dos mundos: el de los funcionarios en las oficinas con el de las víctimas en los territorios. Ambos grupos empezaron a descubrir que hay otro país”, recuerda Gabriel Bustamante.

Después de sortear todos estos obstáculos empezaron a funcionar 900 mesas con cerca de 21.600 víctimas. Grupos como las mujeres o la comunidad Lgbti tenían una representación mínima. Hoy están inscritas 1.031 mesas de participación con más de 24.000 integrantes, según cifras de la Unidad de Víctimas.

La Ley de Víctimas y las mesas abrieron una ventana para que las personas en pobreza extrema a causa de la guerra pudieran expresarse. Se visibilizaron problemas como que comunidades indígenas no le recibían las casas al Ministerio de Vivienda porque estas tenían un piso artificial que rompía su tradición y su vínculo con la tierra. Eso abrió la discusión para que los programas de vivienda tuvieran enfoques diferenciales.

Hoy el proceso de reparación a las víctimas enfrenta importantes retos, etre estos, censar y empezar a reparar a los refugiados en el exterior, que ya suman 400.000 pero, contando a los que no están oficialmente registrados, pueden ser hasta dos millones de personas. Y en cuanto a la política de restitución de tierras, hace falta llegar a acuerdos sobre el uso de los suelos y los programas de empleo que deben ajustarse a las necesidades de cada región.

Otro reto es lograr que las víctimas se sientan identificadas con unos representantes, algo que ha sido imposible hasta ahora porque son un sector muy amplio y diverso tanto en sus necesidades como en sus posiciones políticas. Lograr que acepten una representación es vital para agilizar las conversaciones con las entidades estatales y volver más eficientes los procesos de reparación. 

Se estima que en los dos periodos de Santos se logrará indemnizar a un millón de víctimas. Una cifra sin precedentes, es cierto, pero de continuar a ese ritmo el proceso demoraría 40 años. “Hace falta más rigurosidad con los mandatarios que no cumplan con las exigencias que hace la ley en materia de reparación a víctimas y nosotros podemos ayudar a hacer esa veeduría”, dice Odórico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas.