El camino para ser líder de restitución en Urabá

“Primero nos atacó la guerrilla, que mató a mi papá. Después vinieron los paramilitares y despojaron a la gente. Y luego, los empresarios con la policía y nos desplazaron”. La frase pronunciada por el líder Adolfo Manga, en la parcela a la que hace unos años volvió, resume el sentir campesino de lo que vivió (y sigue viviendo) el Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, ubicado en Riosucio (Chocó), por cuenta de la violencia.

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A estos territorios llegaron entre los años 60 y 70 negros provenientes de las riberas de los ríos Baudó, San Juan y Atrato. Empezaron a compartir el territorio con algunos indígenas que habitaban la región y campesinos que llegaron, como lo documenta la Unidad de Restitución de Tierras (URT), huyendo de la violencia o de la presión latifundista.

Fue el caso del papá de Manga, quien llegó a esas tierras en 1966. Sus vecinos más cercanos estaban a dos horas de camino y solamente eran seis. “Esto era como un paraíso terrenal. Nosotros no teníamos guerrilla ni nada. Trabajando nos ayudábamos entre campesinos”, rememoró uno de los habitantes de la zona, que llegó en los 70s. En esa misma década empezaron a entrar grupos guerrilleros como el Eln y las Farc, que por esos años poco perturbaron la tranquilidad de los pobladores.

Al papá de Manga el Incora le adjudicó una extensión de tierra que era el sustento de la familia. “Aprendimos a vivir y a defendernos en el campo”, recordó el líder. Sin embargo, la situación familiar dio un giro en 1993 cuando hombres del quinto frente de las Farc asesinaron a su papá. Tras ese suceso se desplazaron.

Pero la tranquilidad se les había empezado a escapar unos años antes. En el 86, la misma estructura armada había asesinado a dos hermanos de apellido Murillo y poco a poco la cuota de sangre fue creciendo. “Empezaron a matar gente todos los viernes”, sentenciaron en la región. Los asesinatos se debían a que las personas no accedían a pagar extorsiones o se negaban a incorporarse a las filas del grupo guerrillero.

Manga y su familia se fueron para Apartadó. Para 1996, la casa Castaño dio la orden de incursionar en esa zona del Urabá, para lo cual se crearon el Bloque Bananero y el frente Álex Hurtado. “La cosa se avinagró”, dijo un habitante de la región.

La toma a Riosucio marcó la incursión paramilitar en la zona. El 20 de diciembre de 1996 llegaron hasta el muelle del municipio varias lanchas que transportaban a 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Tomaron el control y desaparecieron a tres personas. La justicia logró determinar que la acción armada contó con el apoyo de la Fuerza Pública. Los relatos de los habitantes de la región así lo confirman. Los desplazamientos fueron masivos y la tierra quedó ahí.

Luego llegaron los comisionistas, personas que compraron masivamente tierras que terminaron en manos de los empresarios. Una familia, que prefiere no revelar su nombre por razones de seguridad, cuenta que el empresario José Vicente Cantero les pagó $6 millones por 99 hectáreas, unos $60 mil por hectárea.

Cantero se encuentra recluido en la cárcel La Picota tras ser condenado a 10 años por desplazamiento forzado en Urabá. Colombia 2020 se comunicó con su abogado defensor, Manuel Arango, quien dijo que apelaron el fallo por considerar que ese crimen no lo pudo cometer solo. Argumenta que fue absuelto por concierto para delinquir.

Muchos de los empresarios que los campesinos señalan de ser despojadores ya estaban en la región, denuncian que lo que hicieron fue aprovecharse del conflicto armado para adquirir nuevas propiedades. “Todo el que iba saliendo, el empresario iba comprando hasta que al fin las tierras les quedaron a los empresarios. Ahí hay muchas cosas que pensar”, enfatizó Manga. En un fallo del Tribunal Superior de Antioquia se esgrimió como prueba que de una muestra de 107 predios, de los cuales 90 provienen de titulaciones del Incora, 81 habían sido objeto de transacciones que se incrementaron en la zona entre 1997 y 1999.

Incluso Freddy Rendón Herrera, conocido como el Alemán, quien fue comandante paramilitar en la zona, dijo que tras la entrada de los paramilitares en el 96, “muchos empresarios de la industria ganadera, bananeros, gente muy honorable, aprovechó para ir comprando tierras”.

Pero a Manga ni siquiera le compraron la tierra. Un día de 2013 su madrastra le dijo que fuera a ver la parcela que dejó su papá. Él, que pensaba que la habían vendido, fue a ver cómo estaba y encontró un nuevo propietario de facto: José Vicente Cantero. En la tierra había una construcción de madera de dos pisos con maquinaria y había madera cortada. Manga, ingenuo, preguntó con quién hablaba para venderles la tierra y comenzaron las amenazas.

Con ellas empezó para él una lucha por recuperar su tierra. Lucha que comparten quienes hacen parte del consejo comunitario La Larga-Tumaradó. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) calcula que el 94 % de los territorios aptos para ser utilizados y aprovechados están en manos de grandes ocupantes y sólo el 3 % en manos de las comunidades.

En medio de ese proceso, varias familias decidieron volver a sus tierras sin acompañamiento estatal. Lo hicieron tras sentir que los procesos en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) estaban estancados. El 16 de diciembre de 2013 retornaron 34 personas. Pero muchas de las tierras no estaban solas, hacían presencia algunos empresarios. Eso generó un choque entre reclamantes y ocupantes que llegó a episodios de violencia.

Jesús Alberto Sánchez Correa fue asesinado el 19 de agosto de este año por dos hombres armados que le dispararon cinco veces. Él era hijo de Pedro Nel Sánchez y Gloria Correa, ambos líderes reclamantes de tierras de las comunidades de Guacamayas y Buenos Aires. Además, en la región cuentan que los panfletos y la presencia de hombre armados son constantes.

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas de protección a las comunidades del consejo Comunitario La Larga-Tumaradó debido a que “existe prueba suficiente de que las mismas (personas que retornaron sin acompañamiento) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e inclusive de grupos armados organizados irregulares”.

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Manga fue uno de los que retornaron sin acompañamiento. Cuando volvió a su tierra, a pesar de la ocupación, decidió quedarse, aunque eso significó convivir con ocho hombres armados durante un mes. El descanso llegó cuando Cantero fue capturado el 2 diciembre del 2013. El empresario no solamente fue condenado por desplazamiento, sino que también perdió dos procesos de restitución de tierras, por lo cual le tocó devolver fincas en la región.

A pesar de eso, el fallo de restitución de la tierra de Manga todavía no ha visto la luz. Las inconformidades con las actuaciones de la URT son generalizadas en los habitantes del consejo comunitario. En un pronunciamiento a la opinión pública, con fecha del 8 de septiembre de 2017, el consejo señaló el proceder de la institución como “dilatorio y poco garantista”.

Uno de los hechos que más desconcertaron a la comunidad fue que la demanda de restitución no se ha presentado. Aunque un juez ordenó a la URT presentarla a más tardar en junio. El trámite no se ha surtido debido a diferencias entre las partes frente a un título minero de la AngloGold Ashanti para explotar platino, oro, plata y cobre en la zona: el consejo comunitario pide que se derogue, mientras que la URT propone que se aplace.

Sobre ese tema Ricardo Sabogal, director de la URT, explicó que no ha accedido a las peticiones del consejo comunitario debido a que la institución no cree que haya relación entre el devenir del conflicto armado y el otorgamiento del título en favor de la multinacional. “No encontramos elementos probatorios que nos permitieran deducir que a la gente la sacaron por temas mineros. Si los encontramos tratamos ese tema, pero como no tenemos los elementos probatorios, no lo vamos a hacer”, puntualizó.

Otras quejas

Felipe Peniche es otro de los campesinos que esperan el fallo de restitución de su tierra. Él salió de su finca el 5 abril de 1996, pues le dijeron que si volvía, las Farc lo iban a matar porque no había pagado una extorsión. “Si yo pagaba la extorsión, me mataban los paramilitares, y si no la pagaba, me mataba la guerrilla”, contó.

Aunque se desplazó, la violencia llegó a donde él estaba. Narró que en noviembre del 96, estando en Blanquiset, dos paramilitares en moto asesinaron a Emilio Bolívar al lado suyo. El cuerpo le tocó enterrarlo a él y dejarlo como N.N.

Él había llegado en 1976 con su papá, metieron ganado a su finca y vivían bien hasta que se dio el desplazamiento. Luego de salir de su tierra, el señor Gerardo Valencia Gartner lo buscó para comprársela por un millón y medio de pesos.

En su caso la defensa de los empresarios afirmó que el hecho de que Urabá haya sido una zona en la que hubo violencia “no es determinante para la dinámica económica ni para los negocios entre particulares” y que Peniche fue comisionista de Valencia.

La justicia les dio la razón a los opositores. De lo que se quejó Peniche es que, según él, los abogados de la URT le dijeron que ya no había nada que hacer. Sin embargo, luego se enteró de que tenía derecho a interponer un recurso para que el caso fuera analizado por otro juez. Ese hecho se suma a la desconfianza hacia la institucionalidad que hay en la región.

Sobre este tema, Sabogal afirmó que nunca le han llegado denuncias de actuaciones irregulares por parte de funcionarios de la URT en esa zona. “Si a mí me llegan, de inmediato haremos las investigaciones del caso y si tenemos que poner en conocimiento de las autoridades competentes, así lo haremos”, prometió.

Durante mucho tiempo, Peniche se ha alejado del liderazgo por miedo a represalias. Son varios los campesinos de la zona que denuncian malos tratos de parte de los trabajadores de los empresarios. Manga fue testigo de todo el proceso. Hoy tiene un chaleco antibalas y un celular, ambos asignados por la Unidad Nacional de Protección y se encomienda al viejo dicho: “Cuando a uno le toca, le toca”.

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“Primero nos atacó la guerrilla, que mató a mi papá. Después vinieron los paramilitares y despojaron a la gente. Y luego, los empresarios con la policía y nos desplazaron”. La frase pronunciada por el líder Adolfo Manga, en la parcela a la que hace unos años volvió, resume el sentir campesino de lo que vivió (y sigue viviendo) el Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, ubicado en Riosucio (Chocó), por cuenta de la violencia.

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A estos territorios llegaron entre los años 60 y 70 negros provenientes de las riberas de los ríos Baudó, San Juan y Atrato. Empezaron a compartir el territorio con algunos indígenas que habitaban la región y campesinos que llegaron, como lo documenta la Unidad de Restitución de Tierras (URT), huyendo de la violencia o de la presión latifundista.

Fue el caso del papá de Manga, quien llegó a esas tierras en 1966. Sus vecinos más cercanos estaban a dos horas de camino y solamente eran seis. “Esto era como un paraíso terrenal. Nosotros no teníamos guerrilla ni nada. Trabajando nos ayudábamos entre campesinos”, rememoró uno de los habitantes de la zona, que llegó en los 70s. En esa misma década empezaron a entrar grupos guerrilleros como el Eln y las Farc, que por esos años poco perturbaron la tranquilidad de los pobladores.

Al papá de Manga el Incora le adjudicó una extensión de tierra que era el sustento de la familia. “Aprendimos a vivir y a defendernos en el campo”, recordó el líder. Sin embargo, la situación familiar dio un giro en 1993 cuando hombres del quinto frente de las Farc asesinaron a su papá. Tras ese suceso se desplazaron.

Pero la tranquilidad se les había empezado a escapar unos años antes. En el 86, la misma estructura armada había asesinado a dos hermanos de apellido Murillo y poco a poco la cuota de sangre fue creciendo. “Empezaron a matar gente todos los viernes”, sentenciaron en la región. Los asesinatos se debían a que las personas no accedían a pagar extorsiones o se negaban a incorporarse a las filas del grupo guerrillero.

Manga y su familia se fueron para Apartadó. Para 1996, la casa Castaño dio la orden de incursionar en esa zona del Urabá, para lo cual se crearon el Bloque Bananero y el frente Álex Hurtado. “La cosa se avinagró”, dijo un habitante de la región.

La toma a Riosucio marcó la incursión paramilitar en la zona. El 20 de diciembre de 1996 llegaron hasta el muelle del municipio varias lanchas que transportaban a 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Tomaron el control y desaparecieron a tres personas. La justicia logró determinar que la acción armada contó con el apoyo de la Fuerza Pública. Los relatos de los habitantes de la región así lo confirman. Los desplazamientos fueron masivos y la tierra quedó ahí.

Luego llegaron los comisionistas, personas que compraron masivamente tierras que terminaron en manos de los empresarios. Una familia, que prefiere no revelar su nombre por razones de seguridad, cuenta que el empresario José Vicente Cantero les pagó $6 millones por 99 hectáreas, unos $60 mil por hectárea.

Cantero se encuentra recluido en la cárcel La Picota tras ser condenado a 10 años por desplazamiento forzado en Urabá. Colombia 2020 se comunicó con su abogado defensor, Manuel Arango, quien dijo que apelaron el fallo por considerar que ese crimen no lo pudo cometer solo. Argumenta que fue absuelto por concierto para delinquir.

Muchos de los empresarios que los campesinos señalan de ser despojadores ya estaban en la región, denuncian que lo que hicieron fue aprovecharse del conflicto armado para adquirir nuevas propiedades. “Todo el que iba saliendo, el empresario iba comprando hasta que al fin las tierras les quedaron a los empresarios. Ahí hay muchas cosas que pensar”, enfatizó Manga. En un fallo del Tribunal Superior de Antioquia se esgrimió como prueba que de una muestra de 107 predios, de los cuales 90 provienen de titulaciones del Incora, 81 habían sido objeto de transacciones que se incrementaron en la zona entre 1997 y 1999.

Incluso Freddy Rendón Herrera, conocido como el Alemán, quien fue comandante paramilitar en la zona, dijo que tras la entrada de los paramilitares en el 96, “muchos empresarios de la industria ganadera, bananeros, gente muy honorable, aprovechó para ir comprando tierras”.

Pero a Manga ni siquiera le compraron la tierra. Un día de 2013 su madrastra le dijo que fuera a ver la parcela que dejó su papá. Él, que pensaba que la habían vendido, fue a ver cómo estaba y encontró un nuevo propietario de facto: José Vicente Cantero. En la tierra había una construcción de madera de dos pisos con maquinaria y había madera cortada. Manga, ingenuo, preguntó con quién hablaba para venderles la tierra y comenzaron las amenazas.

Con ellas empezó para él una lucha por recuperar su tierra. Lucha que comparten quienes hacen parte del consejo comunitario La Larga-Tumaradó. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) calcula que el 94 % de los territorios aptos para ser utilizados y aprovechados están en manos de grandes ocupantes y sólo el 3 % en manos de las comunidades.

En medio de ese proceso, varias familias decidieron volver a sus tierras sin acompañamiento estatal. Lo hicieron tras sentir que los procesos en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) estaban estancados. El 16 de diciembre de 2013 retornaron 34 personas. Pero muchas de las tierras no estaban solas, hacían presencia algunos empresarios. Eso generó un choque entre reclamantes y ocupantes que llegó a episodios de violencia.

Jesús Alberto Sánchez Correa fue asesinado el 19 de agosto de este año por dos hombres armados que le dispararon cinco veces. Él era hijo de Pedro Nel Sánchez y Gloria Correa, ambos líderes reclamantes de tierras de las comunidades de Guacamayas y Buenos Aires. Además, en la región cuentan que los panfletos y la presencia de hombre armados son constantes.

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas de protección a las comunidades del consejo Comunitario La Larga-Tumaradó debido a que “existe prueba suficiente de que las mismas (personas que retornaron sin acompañamiento) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e inclusive de grupos armados organizados irregulares”.

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Manga fue uno de los que retornaron sin acompañamiento. Cuando volvió a su tierra, a pesar de la ocupación, decidió quedarse, aunque eso significó convivir con ocho hombres armados durante un mes. El descanso llegó cuando Cantero fue capturado el 2 diciembre del 2013. El empresario no solamente fue condenado por desplazamiento, sino que también perdió dos procesos de restitución de tierras, por lo cual le tocó devolver fincas en la región.

A pesar de eso, el fallo de restitución de la tierra de Manga todavía no ha visto la luz. Las inconformidades con las actuaciones de la URT son generalizadas en los habitantes del consejo comunitario. En un pronunciamiento a la opinión pública, con fecha del 8 de septiembre de 2017, el consejo señaló el proceder de la institución como “dilatorio y poco garantista”.

Uno de los hechos que más desconcertaron a la comunidad fue que la demanda de restitución no se ha presentado. Aunque un juez ordenó a la URT presentarla a más tardar en junio. El trámite no se ha surtido debido a diferencias entre las partes frente a un título minero de la AngloGold Ashanti para explotar platino, oro, plata y cobre en la zona: el consejo comunitario pide que se derogue, mientras que la URT propone que se aplace.

Sobre ese tema Ricardo Sabogal, director de la URT, explicó que no ha accedido a las peticiones del consejo comunitario debido a que la institución no cree que haya relación entre el devenir del conflicto armado y el otorgamiento del título en favor de la multinacional. “No encontramos elementos probatorios que nos permitieran deducir que a la gente la sacaron por temas mineros. Si los encontramos tratamos ese tema, pero como no tenemos los elementos probatorios, no lo vamos a hacer”, puntualizó.

Otras quejas

Felipe Peniche es otro de los campesinos que esperan el fallo de restitución de su tierra. Él salió de su finca el 5 abril de 1996, pues le dijeron que si volvía, las Farc lo iban a matar porque no había pagado una extorsión. “Si yo pagaba la extorsión, me mataban los paramilitares, y si no la pagaba, me mataba la guerrilla”, contó.

Aunque se desplazó, la violencia llegó a donde él estaba. Narró que en noviembre del 96, estando en Blanquiset, dos paramilitares en moto asesinaron a Emilio Bolívar al lado suyo. El cuerpo le tocó enterrarlo a él y dejarlo como N.N.

Él había llegado en 1976 con su papá, metieron ganado a su finca y vivían bien hasta que se dio el desplazamiento. Luego de salir de su tierra, el señor Gerardo Valencia Gartner lo buscó para comprársela por un millón y medio de pesos.

En su caso la defensa de los empresarios afirmó que el hecho de que Urabá haya sido una zona en la que hubo violencia “no es determinante para la dinámica económica ni para los negocios entre particulares” y que Peniche fue comisionista de Valencia.

La justicia les dio la razón a los opositores. De lo que se quejó Peniche es que, según él, los abogados de la URT le dijeron que ya no había nada que hacer. Sin embargo, luego se enteró de que tenía derecho a interponer un recurso para que el caso fuera analizado por otro juez. Ese hecho se suma a la desconfianza hacia la institucionalidad que hay en la región.

Sobre este tema, Sabogal afirmó que nunca le han llegado denuncias de actuaciones irregulares por parte de funcionarios de la URT en esa zona. “Si a mí me llegan, de inmediato haremos las investigaciones del caso y si tenemos que poner en conocimiento de las autoridades competentes, así lo haremos”, prometió.

Durante mucho tiempo, Peniche se ha alejado del liderazgo por miedo a represalias. Son varios los campesinos de la zona que denuncian malos tratos de parte de los trabajadores de los empresarios. Manga fue testigo de todo el proceso. Hoy tiene un chaleco antibalas y un celular, ambos asignados por la Unidad Nacional de Protección y se encomienda al viejo dicho: “Cuando a uno le toca, le toca”.

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