El caso de la hacienda Bellacruz, en manos de la Comisión de la Verdad

Con un látigo que tenía amarrados proyectiles en cada una de sus tres puntas fueron azotados los campesinos de la antigua hacienda Bellacruz cuando entraron los paramilitares a expulsarlos de sus tierras, en el sur del Cesar, reclamando que eran predios de la familia Marulanda. “Martín Moreno”, así bautizaron el arma que desgarraba la piel de los labriegos. “Martín Moreno, el que quita lo malo y deja lo bueno”, les dijeron los paramilitares en esos días de febrero de 1996, los años más difíciles que han padecido los campesinos, pero no los únicos, porque este caso se remonta a los años 40.

El episodio está narrado por los propios campesinos en un documento que lleva por nombre “Cuando tenga la tierra”, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que el pasado lunes entregó a la Comisión de la Verdad como contribución para esclarecer este caso emblemático de despojo en la hacienda Bellacruz, un extenso terreno ubicado en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque.

El informe se centró en documentar cómo se habría consolidado el modelo económico agroindustrial que creció luego de la violencia ejercida contra los colonos, que terminó acorralando su agricultura de subsistencia. En ese contexto, según el informe, la hacienda empezó con la compra de unos predios que rondaban las 100 hectáreas, llegó a alcanzar las 22 mil hectáreas y terminó convertida en un complejo de palma aceitera, en cabeza del empresario Germán Efromovich.

(Lea también: Caso Bellacruz, crimen de lesa humanidad)

El origen de la hacienda Bellacruz tiene nombre propio: Alberto Marulanda Grillo, un caldense que llegó al sur del Cesar hacia 1940 y con un préstamo de The Royal Bank Of Canada compró cuatro predios que representaban unas 100 hectáreas de tierra, en zona aledaña al río Magdalena. Sin embargo, antes que él, en la década de 1930, ya habían llegado colonos campesinos de distintas partes del país que venían a asentarse en territorios baldíos de la nación.

Marulanda Grillo, señala el informe, se habría valido de vías de hecho y artilugios jurídicos para apropiarse de baldíos aledaños a su propiedad. Uno de los testimonios relató que “él (Marulanda) les proponía la compra del terreno a nuestros abuelos; si no le vendían o hacía caso omiso a venderle, mandaba a pelar dos o tres novillos y los enterraba en la propiedad, entonces por medio de la justicia, al encontrar el cuerpo del delito ahí enterrado (los culpaban) y nuestros abuelos iban a la cárcel. Después de tres o cuatro años cuando salían, ya no encontraban nada, no sabían ni siquiera dónde era el sitio donde se encontraba su parcela. Esa fue la gran estrategia del propio Marulanda Grillo”.

Además de ese mecanismo, habría utilizado frecuentemente la estrategia del englobe de predios, mediante el cual terminó absorbiendo los terrenos de quienes se resistieron a entregar su tierra, para luego expulsarlos con la Fuerza Pública, alegando su propiedad. Un detalle que deja ver la magnitud del avance del proyecto de Marulanda lo reveló el padre Francisco de Roux cuando recibió este informe.

“En los días del Magdalena Medio, un día en la parroquia de La Gloria pude ver una copia de esas cartas que se escribían a carbón, en la que el párroco le escribía al presidente de la República, hacia 1948, diciéndole que la finca Bellacruz la iban extendiendo cada vez más grande los terratenientes, e iban sacando a los campesinos y al pueblo de La Gloria lo iban arrinconando contra el río”, dijo el presidente de la Comisión de la Verdad.

(Le puede interesar: La conexión de Mancuso con Marulanda)

Así, en 1963, el Incora certificó la conformación de 21.384 hectáreas de lo que se entiende como Bellacruz. Allí había 14.562 reses, lo que significa que “descontando las áreas sembradas, el predio destinaba una hectárea y media a cada res, lo cual era desproporcionado, y entre otras cosas demuestra el ánimo terrateniente por profundizar sus negocios centrados en la ganadería extensiva, sin entender realmente las funciones y los beneficios que la tierra podía generar por medio de la agricultura”, dice el documento.

Luego del avance del proyecto de ganadería extensiva e impulsados por las reivindicaciones agrarias de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), los campesinos regresaron a sus tierras y se asentaron allí en 1986. Pese a la arremetida de los Marulanda, esta vez de Carlos Arturo y Francisco Alberto, los hijos de Marulanda Grillo, lograron consolidarse en la zona. Construyeron veredas, conformaron juntas de acción comunal y construyeron tres escuelas. Todo se fue al piso el 13 y el 14 de febrero de 1996, cuando los hombres del frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, en asocio con Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda según han contado los paramilitares en Justicia y Paz, llegaron a sacarlos y a quemarles sus ranchos.

(Le puede interesar: A juicio teniente (r) de la Policía por homicidio y tortura en caso Bellacruz)

En marzo de este año, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia contra el paramilitar Juan Francisco Prada, conocido como Juancho Prada, en la que se lee que según la Fiscalía, lo que ocurrió en Bellacruz “fue un pacto entre el señor Francisco Alberto Marulanda y el comandante paramilitar Juan Francisco Prada para que la estructura armada ilegal al mando de este desplazara a las familias asentadas en los predios que conformaban o estaban circundantes a la propiedad de la citada familia. Para lograrlo, concertaron con el paramilitar Manuel Alfredo Rincón y el administrador de la hacienda, Edgar Rodríguez o Caballito, la incursión armada de hombres del Frente Héctor Julio Peinado a las veredas en las que estaban asentados los campesinos.”

En esa misma sentencia se estableció que el despojo del que participó ese frente paramilitar “no solo se concretó en asegurar jurídicamente el despojo de las tierras que trabajaban los campesinos, sino en asegurar materialmente, mediante la implementación de proyectos productivos a gran escala y la reconfiguración de la tradición agrícola regional, el no retorno de estas familias campesinas.”

Años después, cuando los campesinos regresaron a las tierras de las que habían salido desplazados, las encontraron sembradas de palma de aceite. En 2008, la firma La Dolce Vista, de propiedad del empresario Germán Efromovich, le compró a la familia Marulanda sus empresas M.R. de Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria, dueñas de la hacienda. El negocio, dice el informe, se hizo por 5.833 hectáreas con un valor cercano a los US$22 millones, casi US$3.800 la hectárea. Dicha empresa sembró esa tierra de palma de aceite y en 2009 le cambió el nombre a hacienda La Gloria, como se conoce actualmente.

En 2010, La Dolce Vista, a través de su firma Extractora La Gloria S.A.S., gestionó la aprobación de una zona franca para producir y exportar aceite. En abril de 2011, el Ministerio de Industria y Comercio se la aprobó. “La hacienda se intentó sanear vendiéndosela a alguien que dijera que se compró de buena fe, y ese ‘tercero de buena fe’ fue Germán Efromovich. Él se convirtió en el dueño y empezaron a desarrollar un proceso económico más agresivo que es el de la palma de aceite”, sostiene el abogado Juan Pablo Ramos, autor principal del informe que se entregó a la Comisión de la Verdad.

El empresario Efromovich ha sostenido que el negocio se hizo de buena fe y que sus abogados se aseguraron de que no hubiera problema con los títulos de propiedad de la hacienda. Asimismo, que dentro de la hacienda no había tierras baldías. Sin embargo, en 2016, la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos al resolver una tutela presentada por las asociaciones que los agrupan y decidió que siete predios ubicados dentro de la hacienda, que suman unas 1.500 hectáreas, son baldíos de la nación, por lo cual le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras recuperar esos terrenos y realizar su adjudicación a campesinos. Hoy eso no ha ocurrido y las tierras siguen sembradas con palma de aceite.

Las dimensiones de lo que ha ocurrido en la hacienda Bellacruz las sintetizó el comisionado Carlos Mario Beristain, quien también recibió el informe por parte de la Comisión de la Verdad: “nosotros hablamos de la descampesinización; cómo un país se queda sin los campesinos y cómo el desplazamiento conlleva a descampesinizar la economía, el modo de vida de tanta gente en los territorios.”

Con un látigo que tenía amarrados proyectiles en cada una de sus tres puntas fueron azotados los campesinos de la antigua hacienda Bellacruz cuando entraron los paramilitares a expulsarlos de sus tierras, en el sur del Cesar, reclamando que eran predios de la familia Marulanda. “Martín Moreno”, así bautizaron el arma que desgarraba la piel de los labriegos. “Martín Moreno, el que quita lo malo y deja lo bueno”, les dijeron los paramilitares en esos días de febrero de 1996, los años más difíciles que han padecido los campesinos, pero no los únicos, porque este caso se remonta a los años 40.

El episodio está narrado por los propios campesinos en un documento que lleva por nombre “Cuando tenga la tierra”, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que el pasado lunes entregó a la Comisión de la Verdad como contribución para esclarecer este caso emblemático de despojo en la hacienda Bellacruz, un extenso terreno ubicado en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque.

El informe se centró en documentar cómo se habría consolidado el modelo económico agroindustrial que creció luego de la violencia ejercida contra los colonos, que terminó acorralando su agricultura de subsistencia. En ese contexto, según el informe, la hacienda empezó con la compra de unos predios que rondaban las 100 hectáreas, llegó a alcanzar las 22 mil hectáreas y terminó convertida en un complejo de palma aceitera, en cabeza del empresario Germán Efromovich.

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El origen de la hacienda Bellacruz tiene nombre propio: Alberto Marulanda Grillo, un caldense que llegó al sur del Cesar hacia 1940 y con un préstamo de The Royal Bank Of Canada compró cuatro predios que representaban unas 100 hectáreas de tierra, en zona aledaña al río Magdalena. Sin embargo, antes que él, en la década de 1930, ya habían llegado colonos campesinos de distintas partes del país que venían a asentarse en territorios baldíos de la nación.

Marulanda Grillo, señala el informe, se habría valido de vías de hecho y artilugios jurídicos para apropiarse de baldíos aledaños a su propiedad. Uno de los testimonios relató que “él (Marulanda) les proponía la compra del terreno a nuestros abuelos; si no le vendían o hacía caso omiso a venderle, mandaba a pelar dos o tres novillos y los enterraba en la propiedad, entonces por medio de la justicia, al encontrar el cuerpo del delito ahí enterrado (los culpaban) y nuestros abuelos iban a la cárcel. Después de tres o cuatro años cuando salían, ya no encontraban nada, no sabían ni siquiera dónde era el sitio donde se encontraba su parcela. Esa fue la gran estrategia del propio Marulanda Grillo”.

Además de ese mecanismo, habría utilizado frecuentemente la estrategia del englobe de predios, mediante el cual terminó absorbiendo los terrenos de quienes se resistieron a entregar su tierra, para luego expulsarlos con la Fuerza Pública, alegando su propiedad. Un detalle que deja ver la magnitud del avance del proyecto de Marulanda lo reveló el padre Francisco de Roux cuando recibió este informe.

“En los días del Magdalena Medio, un día en la parroquia de La Gloria pude ver una copia de esas cartas que se escribían a carbón, en la que el párroco le escribía al presidente de la República, hacia 1948, diciéndole que la finca Bellacruz la iban extendiendo cada vez más grande los terratenientes, e iban sacando a los campesinos y al pueblo de La Gloria lo iban arrinconando contra el río”, dijo el presidente de la Comisión de la Verdad.

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Así, en 1963, el Incora certificó la conformación de 21.384 hectáreas de lo que se entiende como Bellacruz. Allí había 14.562 reses, lo que significa que “descontando las áreas sembradas, el predio destinaba una hectárea y media a cada res, lo cual era desproporcionado, y entre otras cosas demuestra el ánimo terrateniente por profundizar sus negocios centrados en la ganadería extensiva, sin entender realmente las funciones y los beneficios que la tierra podía generar por medio de la agricultura”, dice el documento.

Luego del avance del proyecto de ganadería extensiva e impulsados por las reivindicaciones agrarias de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), los campesinos regresaron a sus tierras y se asentaron allí en 1986. Pese a la arremetida de los Marulanda, esta vez de Carlos Arturo y Francisco Alberto, los hijos de Marulanda Grillo, lograron consolidarse en la zona. Construyeron veredas, conformaron juntas de acción comunal y construyeron tres escuelas. Todo se fue al piso el 13 y el 14 de febrero de 1996, cuando los hombres del frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, en asocio con Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda según han contado los paramilitares en Justicia y Paz, llegaron a sacarlos y a quemarles sus ranchos.

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En marzo de este año, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia contra el paramilitar Juan Francisco Prada, conocido como Juancho Prada, en la que se lee que según la Fiscalía, lo que ocurrió en Bellacruz “fue un pacto entre el señor Francisco Alberto Marulanda y el comandante paramilitar Juan Francisco Prada para que la estructura armada ilegal al mando de este desplazara a las familias asentadas en los predios que conformaban o estaban circundantes a la propiedad de la citada familia. Para lograrlo, concertaron con el paramilitar Manuel Alfredo Rincón y el administrador de la hacienda, Edgar Rodríguez o Caballito, la incursión armada de hombres del Frente Héctor Julio Peinado a las veredas en las que estaban asentados los campesinos.”

En esa misma sentencia se estableció que el despojo del que participó ese frente paramilitar “no solo se concretó en asegurar jurídicamente el despojo de las tierras que trabajaban los campesinos, sino en asegurar materialmente, mediante la implementación de proyectos productivos a gran escala y la reconfiguración de la tradición agrícola regional, el no retorno de estas familias campesinas.”

Años después, cuando los campesinos regresaron a las tierras de las que habían salido desplazados, las encontraron sembradas de palma de aceite. En 2008, la firma La Dolce Vista, de propiedad del empresario Germán Efromovich, le compró a la familia Marulanda sus empresas M.R. de Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria, dueñas de la hacienda. El negocio, dice el informe, se hizo por 5.833 hectáreas con un valor cercano a los US$22 millones, casi US$3.800 la hectárea. Dicha empresa sembró esa tierra de palma de aceite y en 2009 le cambió el nombre a hacienda La Gloria, como se conoce actualmente.

En 2010, La Dolce Vista, a través de su firma Extractora La Gloria S.A.S., gestionó la aprobación de una zona franca para producir y exportar aceite. En abril de 2011, el Ministerio de Industria y Comercio se la aprobó. “La hacienda se intentó sanear vendiéndosela a alguien que dijera que se compró de buena fe, y ese ‘tercero de buena fe’ fue Germán Efromovich. Él se convirtió en el dueño y empezaron a desarrollar un proceso económico más agresivo que es el de la palma de aceite”, sostiene el abogado Juan Pablo Ramos, autor principal del informe que se entregó a la Comisión de la Verdad.

El empresario Efromovich ha sostenido que el negocio se hizo de buena fe y que sus abogados se aseguraron de que no hubiera problema con los títulos de propiedad de la hacienda. Asimismo, que dentro de la hacienda no había tierras baldías. Sin embargo, en 2016, la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos al resolver una tutela presentada por las asociaciones que los agrupan y decidió que siete predios ubicados dentro de la hacienda, que suman unas 1.500 hectáreas, son baldíos de la nación, por lo cual le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras recuperar esos terrenos y realizar su adjudicación a campesinos. Hoy eso no ha ocurrido y las tierras siguen sembradas con palma de aceite.

Las dimensiones de lo que ha ocurrido en la hacienda Bellacruz las sintetizó el comisionado Carlos Mario Beristain, quien también recibió el informe por parte de la Comisión de la Verdad: “nosotros hablamos de la descampesinización; cómo un país se queda sin los campesinos y cómo el desplazamiento conlleva a descampesinizar la economía, el modo de vida de tanta gente en los territorios.”