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Cuando se anuncia la llegada de los Kiwe Thegnas (cuidadores de la tierra, en español, o guardia indígena), los asistentes corren las sillas plásticas hacia atrás hasta abriles espacio. La carpa blanca, con capacidad para 5.000 personas, parece quedarse pequeña al paso de su entrada sosteniendo esos bastones de mando adornados de rojo y verde que son su única arma para defender el territorio sagrado de las desarmonías y las violencias que todos los grupos armados han derramado en esa misma tierra, las montañas del Cauca, desde hace más de seis décadas. Un grupo de 23 guardias -trece mujeres, cuatro niños y seis hombres- sube a la tarima, que durante tres días ha sido el escenario de decenas de relatos sobre cómo se está viviendo la guerra y exigencias para detenerla.
Abajo, un centenar más de guardias levanta sus bastones, mientras Juliana Yule -lideresa y Kiwe Thegna- lee un mensaje que recoge el sentir de los presentes: “La pervivencia como pueblos está en riesgo ante la constante persecución, amenazas, señalamientos y asesinatos que han cobrado la vida de cientos de nuestros compañeros. Exigimos a los diferentes grupos armados que nos respeten. No queremos más violencia”.
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No es una exageración. Solo en 2022, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) registró 576 afectaciones humanitarias en el departamento, que incluyen 183 casos de reclutamiento de menores de edad, 134 asesinatos, 40 amenazas colectivas, 32 hostigamientos, 23 combates, 13 secuestros, 12 desapariciones forzadas, ocho atentados contra bienes civiles, entre otros hechos que continúan durante 2023 y que no disminuyeron ni con el cese al fuego que el Gobierno de Gustavo Petro firmó con varias de las organizaciones armadas que controlan ese territorio.
De ese tamaño es la crisis que viven estas comunidades, y que llevó a que el CRIC convocara extraordinariamente la Minga Humanitaria, Política y Social por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz Total e Integral de los Pueblos. Al encuentro llegaron miembros de organizaciones étnicas y campesinas de departamentos como Nariño, Putumayo, Huila y Valle, donde también siguen en aumento los efectos de la guerra. También hicieron presencia cabezas de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, delegados del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; y organizaciones defensoras de derechos humanos como la Asociación Minga y el proyecto Vamos Por La Paz (que integra 14 oenegés de Colombia y Francia).
Los grandes ausentes del encuentro fueron los delegados del ELN y las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), a quienes las comunidades esperaban plantearles, directamente, sus exigencias para desescalar el conflicto. Los grupos armados enviaron videos y comunicados que fueron rechazados por los asistentes.
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“Acá se les envió invitación por escrito a esos grupos. Les dijimos que acá no se va a favorecer a nadie, que no se autoproclamen dueños del pueblo ni de la sociedad, porque acá ya nos cansamos de la instrumentalización. Queremos que vengan y nos digan cuál es la voluntad real de paz que tienen”, dijo uno de los organizadores del encuentro.
“Para ver videos, iríamos a las redes sociales. Es una burla que no nos den la cara”, agregó otra lideresa. En los espacios de diálogo, además de plantearle acciones urgentes a los grupos ilegales, se le exigió al Ejecutivo una participación real en la Paz Total: “El Gobierno tiene unos intereses y los grupos armados también, pero quienes más sufrimos el conflicto armado somos nosotros. Si no nos volvemos actores en este proceso, otros van a decidir por nosotros y esa paz no va a quedar bien hecha”. De hecho, al cierre de la minga se anunció una movilización de al menos 500 comuneros indígenas a Bogotá para exponer la gravedad del conflicto en el suroccidente del país y presentarle al presidente Petro una propuesta de participación en las mesas de diálogo con las estructuras armadas.
Las exigencias
Un mandato de las comunidades, con 28 puntos a tratar, fue gran parte del cierre y del sentido de la minga humanitaria. En esa voluntad de los indígenas se clamó por respetar la vida de todos los habitantes, detener el reclutamiento de sus comuneros y afrontar la instrumentalización de las juventudes en el conflicto armado.
El cese multilateral y de hostilidades fue una exigencia relevante, pero no la única en términos de ataques a población civil y entre actores armados. En la minga se instó a las partes de la guerra a descontaminar los territorios de minas antipersonales y demás artefactos explosivos, así como gestionar para ponerle fin a las amenazas que llegan a las comunidades por medio de panfletos.
Los temas de participación no electoral también estuvieron en la lista. El mandato le pidió al Gobierno Nacional tener en cuenta a los pueblos indígenas a la hora de elaborar rutas de veeduría, monitoreo y seguimiento concernientes a los alivios humanitarios exigidos a los grupos armados.
Sumado a esto, los canales de diálogo para alcanzar instancias interjurisdiccionales fueron otra petición de participación no menos importante. Con esto, la minga y su mandato buscan que se faciliten procesos de paz, y diagnósticos reales de tenencia y uso de tierras que impulsen de una vez por todas la reforma rural.
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Un diálogo directo
Para Alejandro Casamachín, coordinador de diálogos humanitarios del CRIC, la minga dejó sentadas las bases de una propuesta que desde el 2021 se está consolidando. Después de décadas de encuentros clandestinos con los armados para reclamarles el respeto por sus territorios, el CRIC expidió una resolución para que se adelanten diálogos públicos para “salvaguardar la vida, el territorio y evitar el exterminio de nuestras comunidades”, contando con un blindaje jurídico en el marco del derecho propio de los pueblos indígenas.
De hecho, la minga humanitaria pasó a la historia como el escenario de paz más grande en pro un diálogo directo en los más de 50 años de existencia del CRIC.
“Nos angustia que los mecanismos gubernamentales son lentos, mientras que en los territorios el conflicto no da espera. Acá buscamos un cese multilateral al fuego, porque el cese bilateral -que es entre los armados- no es suficiente. Queremos que paren los asesinatos, que se respete el Derecho Internacional Humanitario, que haya un compromiso real con gestos que nos permitan vivir tranquilos”, dijo Casamachín.
*Este artículo se hizo en el marco de una misión de prensa convocada por la Asociación Minga.
