Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ana Arjona es la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed) de los Andes pero también es profesora en Northwestern University, en Chicago. Su más reciente libro sobre cómo fueron los órdenes locales que establecieron los actores armados en el conflicto armado colombiano ganó un importante premio: el "Conflict Research Society Book of the Year Prize", que entrega The Conflict Research Society. Quizás el mayor reconocimiento para publicaciones sobre temas de guerra y conflicto que hay en Europa. En esta entrevista, Arjona cuenta la importancia de la identificación de estos órdenes a la luz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc y la reorganización del territorio por parte de otros actores armados ilegales.
¿Qué investigó en su libro que fue premiado como la investigación del año en temas de conflicto?
El libro parte de cuestionar la idea que se suele tener de las zonas de conflicto como lugares donde hay anarquía y caos. Aunque esto a veces es así, en muchos casos lo que tenemos es el surgimiento de órdenes locales nuevos. Por eso esta publicación busca entender en qué condiciones surgen esos órdenes y por qué funcionan de manera diferente. En particular, por qué en algunos casos los grupos armados logran ejercer el papel de gobernantes de hecho interviniendo mucho en la vida de la gente, y en otros, en cambio, operan más como gobernantes “minimalistas”. Es decir, interviniendo poco en la vida de la gente.
¿Cómo fue la investigación?
Realicé un trabajo de campo en casi 80 comunidades en diferentes zonas del país (más de 20 departamentos). Hay muchísimos lugares donde los grupos armados han tenido influencia en la vida social, económica y política de la gente.
¿Qué encontró?
Por ejemplo, que en más del 60 % de los casos, la gente dice que un grupo armado era “el que mandaba”. En más de la mitad de los casos, el grupo armado era el que resolvía disputas entre las personas de la comunidad (es decir, la gente acudía al grupo para resolver conflictos como deudas, linderos o daños causados por animales).
En lo social y económico, ¿qué halló?
En casi el 60 % de los casos el grupo armado establecía reglas sobre la violencia doméstica y en casi el 30 % sobre las conductas sexuales. Y en la vida económica regulaban pesca, minería, tala de árboles y, claro, el mercado de cultivos de uso ilícito.
¿Cómo entender estos órdenes locales?
Yo las llamo rebelocracias.
¿Qué encontró en esas rebelocracias?
Que aunque hay diferencias en la manera de gobernar (por ejemplo, en algunas de las reglas de conducta que establecen), hay semejanzas entre todos los actores armados para ejercer ese dominio. Todos suelen tratar de tener un alto grado de influencia en la vida local. Todos suelen bajar el grado de influencia cuando las comunidades son muy organizadas y cuentan con sistemas de gobierno que consideran legítimos y eficaces (vengan del Gobierno, el cabildo indígena, el consejo comunitario, etc.). Uno de los argumentos centrales del libro es que estas comunidades suelen tener mayor capacidad de resistencia colectiva y eso les da cierto poder de negociación de cara a los grupos armados. Al mismo tiempo, en zonas muy estratégicas es menos común que los grupos armados sedan y respeten la autonomía de las comunidades.
¿Qué generan estos “órdenes” armados ilegales?
Todos los grupos suelen crear una situación de mucha incertidumbre, donde no hay reglas claras, cuando compiten con otros grupos armados por el control del territorio. A esa situación de alta incertidumbre la llamo desorden.
¿Cree que ese desorden es lo que podrían estar viviendo las zonas que desocuparon las Farc?
Sí. Además creo que muchas de las zonas dejadas por las Farc eran zonas donde las Farc habían creado rebelocracias y donde quedó un vacío que ahora aprovechan otros grupos armados ilegales. Claro, no en todas las zonas pasó eso.
¿Cómo eran los castigos en esas rebelocracias?
Son muy variados. Para cosas que se consideraban graves, como robar, por lo general, el castigo era más leve las dos primeras veces. A la tercera, la persona tenía que irse o corría peligro de muerte. Para hombres que abusaban de sus compañeras o hijos había castigos públicos: barrer la plaza, limpiar un camino. Incluso, a veces con un letrero colgado que decía lo que se había hecho. A supuestas mujeres chismosas a veces les rapaban la cabeza. Dar información al enemigo daba pena de muerte. Son castigos que también los han registrado otros estudios.
¿Cómo eran los controles de lo femenino en estos territorios?
Por un lado, es sorprendentemente común que castigaran a hombres abusivos. Por otro lado, había también reglas sobre el uso de minifaldas y otros aspectos de la imagen personal. Aunque esto era mucho menos común que lo de la violencia doméstica. La violación estaba totalmente prohibida en muchos sitios. Aunque esto no quiere decir que la violación no haya sido usada en algunos casos como arma de guerra por parte de grupos armados. También en algunos casos regulaban o prohibían la prostitución. En algunos casos había un límite al tiempo que podía estar una prostituta en una comunidad. Por ejemplo, unos meses, y tenía que irse.
¿Cómo era el trato con personas de orientaciones o identidades sexuales diversas?
En algunos casos estaban prohibidas las relaciones homosexuales. El pelo largo y los aretes en los hombres también estaban prohibidos. De nuevo, hay variación, no era siempre así, pero pasaba.
¿Cuál es la importancia de la identificación de estos órdenes a la luz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc y la reorganización del territorio por parte de otros actores armados ilegales?
Uno de los resultados centrales de mi investigación es que las comunidades donde los grupos armados más logran penetrar, gobernar y controlar son aquellas donde había instituciones (formales e informales) ilegítimas para la población o ineficaces. Estas fallas en las instituciones son el caldo de cultivo de los grupos ilegales, porque eso les permite llenar un vacío de una manera que les da poder y les permite consolidarse.
¿Habla solo de instituciones estatales?
No. Hay comunidades con instituciones que funcionan muy bien y cuentan con el respaldo de las personas, pero no vienen del Estado. Estas formas de gobierno pueden ser un escudo frente a los grupos armados. El Estado debe trabajar con las comunidades y no buscar acabar con esas formas de gobernanza. Todo lo contrario. Debe buscar maneras de trabajar con ellas. Es particularmente importante el tema de la justicia: la resolución de disputas, por ejemplo. Este es un pilar de cualquier sociedad y es clave lograr que esa función no la ejerzan los grupos armados. Es importante tener en cuenta que los retos son diferentes porque la guerra se vivió de manera diferente. Las zonas con presencia de cultivos de sustancias de uso ilícito y/o tráfico pueden tener retos muy diferentes porque atraen a otros grupos armados a sus territorios. Y esos grupos no llegan solo a delinquir: también a gobernar.
¿Cómo le toca a la gente que vive en esas condiciones?
El libro hace énfasis en esa resistencia civil y en el (limitado) margen de maniobra que les da a las comunidades. Algo que para mí fue siempre impresionante es el valor y el compromiso de las personas de aquellas comunidades que intentaron hacer peticiones y exigencias a los actores armados. Vivir en una zona de conflicto es muy difícil. Y en todas las comunidades encontré ejemplos del esfuerzo de la gente por reivindicar, así fuera de manera simbólica, su autonomía. Y en algunos casos, una acción colectiva impresionante. La población civil no solo es víctima: también reivindica a pesar del miedo y las dificultades.