Los últimos días de 2023 y el comienzo de 2024 para el litoral Pacífico, la zona en la que el martes arrancó la jornada de una semana en la que el presidente Gustavo Petro y su gabinete despacharán desde varios puntos de esa parte del país, estuvieron marcados por un incremento en los índices de violencia en una región de por sí golpeada por el conflicto.
Hechos como el asesinato del alcalde de Guachené, del concejal electo de Tulúa, Eliecid Ávila, y más recientemente el secuestro el pasado 7 de enero de Jefferson Elías Murillo, registrador delegado de Chocó, son apenas la punta del iceberg de la conflictividad que históricamente ha afectado a departamentos como Cauca, Chocó y Nariño.
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Esa situación llevó al presidente a repetir el ejercicio que ha denominado “Gobierno al Pueblo” -el primero se hizo en La Guajira- que incluirá visitas en Tumaco, Barbacoas y El Charco (Nariño); Guapi, Timbiquí y López de Micay (Cauca) e Istmina y Quibdó (Chocó).
Nariño fue la primera parada del mandatario que se sumó tardíamente a su gabinete. Durante su reunión con comunidades indígenas del Piedemonte, el presidente fue enfático. “El litoral Pacífico ha sido y es una región olvidada, así de simple”.
El mismo Petro dijo que lo que quiere es tratar de recomponer en cuatro años lo que han hecho contra esa zona en dos siglos y que si la paz no funciona en este punto del país, no lo hará en ningún lado. “Si en el litoral Pacífico no se construyó la paz, no se construyó en ninguna parte. Es aquí donde tenemos que hacer realidad eso de la paz, dándoles el poder a las comunidades”, afirmó.
En efecto, la situación humanitaria en ese departamento es una de las más graves del país, porque es donde más se han presentado desplazamientos masivos. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Nariño registró en 2023 más de 15.000 personas víctimas de este delito y de confinamientos en la subregión de Telembí. Además, es el departamento con más cultivos de coca en el país, con 59.816 hectáreas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU.
“Nariño tiene muchas complejidades de orden público y seguridad por la cantidad de grupos que hacen presencia en el territorio. Allá confluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las dos disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Esta última con más fuerza”, explica Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Hace apenas 11 días la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, una de las principales estructuras de la Segunda Marquetalia -comandada por Iván Márquez-, y el frente Comunero del ELN), anunciaron que sellaron una alianza en Nariño.
La visita de Petro a esa zona, afirma el investigador Daza, viene también en un momento de extrema complejidad en la frontera con Ecuador, que en los últimos días se declaró en “conflicto armado interno”. Colombia reforzó la seguridad en ese paso tras la grave situación de seguridad que vive el vecino país por cuenta de al menos una veintena de grupos del crimen organizado y al servicio del narcotráfico.
¿Y la paz total?
El panorama es especialmente preocupante porque estas zonas han sido prioritarias para el Gobierno en su política de paz total. Dos de los tres “laboratorios” de paz urbana se han instalado en esa región. Uno en Buenaventura, donde se adelanta un espacio de diálogo con los Shottas y Espartanos, las dos bandas criminales que operan en el puerto. Y el otro en Chocó con Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, con quienes se oficializaron los diálogos el pasado agosto.
En Buenaventura, el pasado 7 de diciembre, se cumplió un año de los diálogos de paz que por ahora han dejado una tregua hasta el 4 de febrero que cuenta con un mecanismo de verificación.
Shottas y Espartanos han tenido desde 2020 una de las guerras urbanas más sangrientas del mundo. Incluso negociando la paz, hubo momentos en los que los índices de violencia no reducían. Sin embargo, la tregua ha llevado a una consecuente disminución de hurtos, asesinatos y extorsiones, y además, Buenaventura dejó de estar en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Todo ello se ha convertido en los logros más tangibles de ese proceso.
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En el caso de Chocó, la guerra entre esas bandas criminales ha llevado a generar desplazamientos internos de barrio a barrio y también fuera de la capital. Sin embargo, sus avances son -hasta ahora- poco visibles y marginales si se tiene en cuenta que el departamento es un centro de disputa de organizaciones armadas más grandes como el ELN y las AGC o Clan del Golfo.
“Estos dos procesos tienen algo característico, y es que son estructuras criminales muy jóvenes, nuevas, producto de estos procesos de reciclaje de violencia. Eso hace que, aunque se notan resultados en la reducción de la conflictividad, su impacto no es -por lo menos, no por ahora- lo suficientemente grande para que se sienta en toda la población”, explica a Colombia+20 Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
A eso se le suma que ninguno de esos dos procesos tiene marco jurídico porque aún están a la espera de la ley de sometimiento que, de acuerdo con lo que dictaminó la Corte Constitucional tras la revisión de la Ley de Paz Total, debe ser aprobada por el Congreso en un intento por limitar los poderes del Ejecutivo.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que también les hace seguimiento a esos procesos de paz, dice que la carencia de ese marco normativo “pone de manifiesto la necesidad urgente de medidas sostenibles para consolidar la paz en la región” y que “se necesita una visión a largo plazo con medidas sostenibles que aborden las raíces de la violencia y promuevan el desarrollo integral”.
El otro laboratorio de paz urbana se lleva a cabo con las bandas del Valle de Aburrá.
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Además de ello, las dos negociaciones de paz estrellas del gobierno Petro con el ELN y con el Estado Mayor Central, con quienes tienen un cese al fuego, también deberían tener incidencia en esos departamentos por ser territorios bajo el dominio de esas estructuras.
En el caso de Chocó, el ELN tiene una fuerte presencia en el departamento y al mismo tiempo una dura confrontación con el Clan del Golfo, que también quiere el dominio territorial. A pesar de que esa guerrilla ya suma casi seis meses del cese al fuego bilateral con el Gobierno, al no incluir otros grupos armados esas confrontaciones siguen existiendo.
Organizaciones que llevan el conteo de posibles incidentes del cese al fuego con esa guerrilla -dado que no se conoce los informes oficiales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación- dan cuenta de que, si bien los enfrentamientos con el Ejército han disminuido notablemente, no ha pasado lo mismo con los combates con otros grupos armados. Y eso se agrega a otras denuncias de posibles hechos en contra del alto al fuego como los secuestros. Entre ese delito, el más notoria fue el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, que llevó a que el ELN anunciara en el quinto ciclo de negociaciones el fin del secuestro extorsivo. Lo propio hizo el EMC.
El otro tema en Chocó han sido las caravanas humanitarias para llevar alivios a las poblaciones. Aunque el Gobierno anunció el tema con gran bombo, los resultados no son palpables. “En los reportes posteriores recibidos por Pares, las acciones humanitarias no han logrado entrar a varios de los territorios, por lo cual las comunidades de la zona se encuentran en una alta vulnerabilidad de continuar siendo afectadas por la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo”, dice la Fundación Pares en un informe reciente.
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En ese departamento, dice el investigador Daza, se presentan afectaciones como la trata de personas, el tráfico de migrantes -por el Darién-, confinamientos y muertes de líderes sociales.
Según los registros de Indepaz, en 2023 fueron asesinados 188 líderes sociales y defensores de derechos humanos (un registro que en 2022), y se cometieron 94 masacres (la misma cifra que en 2022).
De esos 188 homicidios, 38 se cometieron en Cauca, el departamento más afectado. Le siguen Antioquia (22), Nariño (17) y Valle (16). En estos cuatro departamentos se concentra el 55% del total de víctimas del país. Además, Tumaco (Nariño) sigue siendo el municipio con mayor número de asesinatos en contra esta población desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
¿Qué pasa en el Cauca?
A pesar de los intentos del Gobierno por menguar la violencia en el Cauca, el conflicto en ese departamento no solo se incrementa, sino que se profundiza. El desangre a cuentagotas de este departamento no viene de los últimos días ni años. En su territorio, habitado en buena medida por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, el conflicto armado se ha ensañado durante décadas dejando a más de 532.000 caucanos afectados (uno de cada tres habitantes), según registros de la Unidad de Víctimas.
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En la zona operan casi todos los grupos armados, aunque distribuidos por zonas. Mientras en el sur domina el Estado Mayor Central, que tiene 23 frentes en 16 departamentos. En el Cauca también están los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera; y las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.
En el resto del departamento, el dominio se lo distribuyen -y en algunos casos hay connivencia entre ambos- entre el ELN y la otra disidencia de las antiguas FARC, la Segunda Marquetalia. Las AGC (o Clan del Golfo) y las bandas criminales locales también hacen parte del escenario de conflicto que no cesa en el Cauca.
Nariño, Norte de Santander y Cauca suman casi el 60 % de los cultivos de uso ilícito del país, con enclaves como Tumaco, Catatumbo y el cañón del Micay. Esta última zona donde está el plan piloto de la nueva política de drogas que busca otro enfoque en esa lucha. Entre las ideas, la semana pasada, desde el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente Petro formalizó su intención de atraer inversión extranjera directa al litoral Pacífico.
