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En 2005 Leonardo Miguel Cuesta, un campesino de Vista Hermosa, Meta, arrancó coca y sembró cacao porque temía que la lluvia de glifosato que venía encima le matara los cultivos que sí llenaban el estómago. Erney Patiño, de Landázuri, Santander, la raspó desde los 15 años y cuando tuvo plata para comprar tierras sembró la suya; pero en 2004, “viendo que el tema estaba como muy complicado y peligroso”, echó cacao y arrancó la coca. Así como lo cuentan, quitar una mata por otra parece una decisión de un día para otro. Pero ni ellos, que son casos excepcionales, han tenido el camino fácil.
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En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) el cacao es uno de los proyectos de desarrollo alternativo que pueden escoger las familias que se suscriban a los acuerdos. La promesa de la sustitución total a cambio de un millón de pesos mensuales mas asistencia técnica en el primer año, y en el segundo, asistencia técnica con un costo aproximado de tres $3’200.000 por familia, obedece al cuarto punto de la agenda pactada en La Habana. De la estrategia del PNIS quedan claras varias cosas: que terminó el conflicto armado, que se acabó la aspersión con glifosato, pero que el resto de problemas siguen iguales: no hay vías, no hay infraestructura, no hay tecnología y en muchos lugares todavía no ha llegado el Estado.
“Uno no lo hace porque le guste, sino porque le da resultado”, dice Cuesta. Es más fácil sacar un kilo de coca que sacar una tonelada de yuca o de cacao. Porque las barreras que ya conocemos —falta de créditos, vías e infraestructura— no las tiene la hoja de coca. Lida Grueso, cacaotera de Tumaco, compara y dice que “mientras a la coca la van a recoger en la casa, al cacao toca sacarlo de la finca, y a veces queda a dos horas de la casa”. Grueso nunca ha cultivado hoja de coca. Ella y su familia llevan años produciendo cacao mientras veían cómo, desde los noventa, los tumaqueños abandonaron los cultivos y se dedicaron a sembrar o a raspar la hoja. “Era con la ilusión de poder mejorar sus condiciones de vida, porque si bien con el cacao se tenía su sistema agroforestal y su seguridad alimentaria, en esas condiciones de vida no tenían una buena casa, un baño, una buena cocina, el agua potable, ni transporte”, sostiene Grueso. Si en algo coinciden los cultivadores es en que el sistema empresarial de la coca tiene toda la estructura que no tienen los cultivos de uso lícito.
Jesús Mosquera (nombre cambiado), un raspachín del Cauca que llegó desplazado a Bogotá, cuenta que la coca era como ver casas en cualquier ciudad. “La carretera pasaba —ahorita ya no, porque ahorita ya prácticamente está acabada la coca allá— y era lo único que dividía los cultivos de coca. Últimamente decidí ya no… pues no seguir sembrando más eso, porque la verdad, uno por lo menos por allá no mira el daño que se hace en las ciudades grandes… porque por lo menos uno allá no la ‘juma’, nada de eso”.
Pero esa paradoja, de vivir de lo ilegal porque lo legal no da, ha ido cambiando. Aunque la hoja de coca ha garantizado unos mínimos de vida, hoy pesa mucho más el valor social que el valor económico que la respalda. Porque “una de las cosas que más han tenido cansadas a las comunidades ha sido la estigmatización y la persecución legal. Todos reconocen que están en una actividad que en Colombia es ilegal. Entonces, cuando la gente se involucra en un programa de sustitución saben que, con cacao, con café o con cualquier otro producto, no van a recibir los mismos ingresos”, dice Pedro Arenas, del Observatorio de Cultivos Ilícitos. Pero el Estado debe estar dispuesto a asumir los costos.
El emblema coca por cacao, que promete más de lo que debe, se entiende porque, en zona cocaleras, el cacao da frutos. Dice Óscar Darío Ramírez, gerente técnico de Fedecacao que, además, no es perecedero, se puede almacenar por mucho tiempo, tiene dos cosechas al año y da frutos en cada mes, “y luego cuando se lleva a vender —esa es la condición buena que tiene el cacao—, siempre tiene un comprador en Colombia”.
“Fue duro. No voy a decir que fue fácil, porque en ese entonces uno estaba acostumbrado a ganarse la vida de otra manera y pasar de cada dos meses estar cogiendo unos 5 o 4 millones de pesos, a pasar a ser un jornalero… pues difícil”, asegura Patiño. Por eso, la mayoría de casos de sustitución voluntaria que apoyó Fedecacao fueron graduales. Si había cuatro hectáreas sembradas, arrancaban dos de coca y echaban dos de cacao. Dice Cuesta que él y un grupo de campesinos se asociaron para hacer la transición y se tardaron tres años en erradicar completamente los cultivos. Si tras la sustitución total no hay asistencia técnica ni subsidios, durante los tres años que tarda la primera cosecha de cacao, la sustitución fracasa y los campesinos tienden a la resiembra de la hoja. Sin embargo, la sustitución gradual es ilegal y más bien ha obedecido a procesos de facto.
Solo el 10 % de las hectáreas de cacao sembradas en el país corresponde a proyectos de sustitución de cultivos ilícitos. De hecho, dice Ramírez que la mayoría han estado financiados con recursos internacionales. “Actualmente estamos llevamos un proceso con el Ministerio del Posconflicto y la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, en el cual el cacao es muy importante para el proyecto productivo. Pero primero el Estado y las agencias están negociando con las comunidades y una vez ellos firman y se comprometen a sustituir y a recibir los subsidios, el cacao toma protagonismo para que la Federación entre a prestar su proyecto productivo”.
La firma de los acuerdos exigía un plan nacional integral de sustitución que supuestamente hoy lleva a cabo el PNIS por medio de acuerdos de sustitución voluntaria. Pero la delgada línea entre sustitución voluntaria y forzada que dejó ver la masacre de Tumaco demuestra que sustituir no es nada fácil, menos sin un plan integral que llene los vacíos económicos en zonas rurales y menos con la presión internacional de Estados Unidos, pues según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), en Colombia se registraron alrededor de 146 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en 2016.
Daniel Mauricio Rico, experto en política antinarcóticos, desaprueba el plan actual del Gobierno. Para él, es una réplica de todos los programas fracasados de sustitución voluntaria que existen desde el gobierno Pastrana. “Lo que se está haciendo hoy es muy distinto a lo que se pactó en el Acuerdo de Paz. En ninguno en ninguna parte del punto cuatro dice que se deba entregar dinero en efectivo a los campesinos”. Y en eso coincide Arenas. Los programas de sustitución no pueden ceñirse a tal o cual producto, porque entonces la sustitución se convierte en una pastilla para un cáncer. “Si el programa no goza de integralidad, si no contempla las infraestructuras de acceso a mercados, la seguridad alimentaria para la familia, digamos un conjunto de cosas que complementan el mero cambio de unas plantas por otras, pues entonces la gente no tiene la seguridad de dar ese paso a la legalidad”.
La queja generalizada de los cacaoteros es quizá la mejor alarma y, además, sostiene la tesis de Rico: el Gobierno debe garantizar lo básico, carreteras, créditos e incluso accesos a mercados internacionales, porque la sustitución, de la coca al cacao —o a cualquier otro producto— es el final de la cadena y no el principio. “El Gobierno Nacional ha puesto al cacao como el producto de la paz y eso está bien, pero hay que mejorar esas condiciones para que realmente pueda impactar positivamente y sea el producto de la paz”, afirma Grueso.
Desde finales de 2016 hasta hoy, el precio del cacao ha caído 40 %. Dice Cuesta que hoy el temor de los cacaoteros es precisamente eso. “La gente dice ‘¿qué tal que me baje el precio?, mejor me voy a sembrar coca por allá en la serranía’. Otro problema es el abandono del Estado, la falta de proyectos, más acercamiento con la banca. Ahorita con lo de desplazados y víctimas ha habido un poco de sensibilidad con lo que tiene que ver con crédito, pero hace dos años no existía esa flexibilidad con los créditos”.
Una hectárea de cacao produce aproximadamente 1.500 kilos al año, el año pasado el kilo de cacao estuvo cerca de los $8.000, eso sería, más o menos, $12 millones por hectárea al año. “Ahorita está como más apretadito, porque el precio está muy bajo, alrededor de $5.000”, dice Patiño, eso serían $7,5 millones al año. Lida Grueso dice que con un precio tan bajo sólo basta para sostenerse y poder generar un bienestar a sus productores, pero no ve forma de crecer, mientras los costos para transportar el cacao y sostenerlo son muy caros.
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La Encuesta de Inclusión Financiera Rural realizada en el sur del Tolima en los municipios de Ataco, Planadas y Rioblanco, revela, por ejemplo, que más del 90 % de los pequeños productores no tienen sistema de riego y más del 40 % no han tenido acceso al crédito. Estas son fallas que inevitablemente confrontarán los campesinos suscritos a los acuerdos del PNIS y ahí está el problema, “el programa de sustitución, aunque tenga funcionarios con buena voluntad, realmente no ha podido llegar a los territorios con un andamiaje institucional suficiente. La gente que arrancó su coca en algunas zonas geográficas ha podido recibir unos pagos que son como subsidios tipo guardabosques, con una cantidad de recursos, pero no tienen claro por qué van a sustituir su economía, no tienen claro para qué sirven sus suelos y entonces ha empezado toda esta especulación”, sostiene Arenas.
En el primer semestre de 2017 el cacao logró una producción de 33.728 toneladas y se proyecta que al finalizar el año la producción será de 62.000 toneladas. El famoso boom del cacao promete, porque pululan emprendimientos, proyectos asistencialistas, cooperación internacional y por supuesto el programa del PNIS. Pero si realmente el cacao es la semilla de la paz —lo cual también bloquea a otros productos—, debe haber un andamiaje dispuesto para ello y eso sigue en veremos.