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Cuando se le pregunta a Zeneida Dorado por el liderazgo que ejercía su tío Rigoberto Díaz en la comunidad palmarense, aprieta los ojos como si con los párpados contuviera el dolor. Inhala tratando de que el aire le alcance para ensamblar algunas palabras. Luego se rinde ante el agobio. “Yo de mi tío no puedo hablar. Me lo nombras y no puedo. Ahí mismo recuerdo el llanto de mi abuela”, dice.
El 29 de diciembre de 2007 un grupo de hombres armados que se identificaban como integrantes de una banda llamada Nueva Generación llegó a el corregimiento El Palmar, ubicado en el municipio de Leiva (Nariño). Llevaban una lista con los nombres de diez personas que iban a ser asesinadas. Ingresaron a varias casas, pero “sólo” encontraron a cinco y los asesinaron: Leonilda Grijalva, Omeyer Padilla, Rigoberto Díaz, Henry Díaz y Davison Patiño. Los cuatro primeros eran líderes comunitarios; el último, un adolescente de 14 años.
“Eso fue una represalia de los paramilitares porque había sido asesinado uno de sus integrantes y dijeron que habíamos sido los palmarenses”, afirma Ilder Muñoz, concejal del municipio de Leiva. Su nombre figuraba en la macabra lista, pero se salvó porque entraron a la casa equivocada y él alcanzó a escabullirse por una ventana.
Durante años, en El Palmar habían hecho presencia las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada grupo imponía su orden a punta de muertos. Un mes uno, otro mes dos, y otro mes tres. “Antes de la masacre nosotros sólo existíamos cuando había elecciones”, en palabras de Rosa Muñoz, una campesina de la región. La costumbre nacional suele ser prestar atención después de un gran número de muertos simultáneos.
Las Farc hicieron presencia durante dos lapsos. Entre inicios de los años 80 y el 2002 y entre el 2011 y el 2016. Del control que ejercía dicha guerrilla quedan cicatrices en la población. Por ejemplo, el 21 de junio de 2015 fueron asesinados dos jóvenes: Jeison Muñoz Cerón y Rulbeni Ortiz Meléndez. Hombres del Frente 29 de esa guerrilla, comandado por Ramiro, aceptaron su autoría ante la comunidad. Dijeron que los habían matado porque supuestamente eran informantes del Ejército. La presencia de las Farc perduró hasta el 2017, año en el cual se trasladaron al municipio nariñense de Policarpa a entregar sus armas.
Hubo años en los que el control sobre el corregimiento entró en disputa. La guerrilla se fue. El Bloque Libertadores del Sur de las Auc implantó el terror. “Cuando en el 2002 entraron los paramilitares, se vieron más masacres contra la población”, recuerda Jayer Múñoz, líder comunitario de El Palmar. Por esos días, los hombres del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño delinquían en Leiva. Guillermo León Marín, integrante de las autodefensas en Nariño, confesó ante Justicia y Paz que llegó a alias Shakira para que hiciera acuerdos con los comandantes de las estaciones de Policía del departamento. Delinquieron a sus anchas.
En 2005 se desmovilizaron las Auc, luego llegó la masacre. Fue perpetrada por personas que no se acogieron a dicho proceso. Esa fue la única manera en la que se visibilizó el drama humanitario que El Palmar había vivido durante años. Aunque hoy, luego de 10 años, hay muy pocos registros mediáticos de lo que allí sucedió.
Empezar a ser visibles
Después de la masacre llegó el recién posesionado gobernador de Nariño Antonio Navarro. Días después, el 12 de enero de 2008, pasaron avionetas fumigando con glifosato la cordillera occidental nariñense. Entre los lugares asperjados estuvo El Palmar. Los campesinos salieron a protestar. Luego la Gobernación impulsó el programa de sustitución voluntaria Sí se Puede y cesaron las fumigaciones mientras duró.
Hoy los campesinos de El Palmar están volviendo a la coca. “La coca es la mata que mata el hambre en esta zona”, explica Valdiri Valdez, campesina cocalera de la región. Las plagas y la falta de oportunidades para comercializar los cultivos lícitos han terminado con su sueño de sustituir. Zeneida volvió a la coca en 2014, luego del fracaso de proyectos de sustitución de cultivos. Fue la única manera en la que pudo mantener a su hija estudiando medicina en Manizales.
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No hay cifras oficiales, pero los líderes de El Palmar reconocen que cientos de familias subsisten de la coca. El corregimiento está ubicado en un corredor estratégico para entrar a Nariño y Cauca, también es cercano a municipios con salida al mar Pacífico, donde se embarca la cocaína que se procesa en la selva. Caminando, el trayecto hasta Tumaco es de 12 horas y hasta El Charco, de 20. Los palmarenses temen que con la salida de las Farc, que regulaban el narcotráfico en la zona, otros grupos quieran tomar el control y afecten a la población civil.
No solo los proyectos de sustitución de cultivos han dejado una desazón entre los campesinos y el Estado. Desde 2013 la comunidad de El Palmar fue declarada sujeto de reparación colectiva por los daños que les causó el conflicto armado. Pero el saldo de esa interacción lo resume Zeneida: “A mí como familiar me molesta que vengan a nombrarnos los muertos a cada rato y que nos digan que van a hacer cosas, pero no pasa nada”.
La Unidad para las Víctimas y la comunidad construyeron un plan con medidas de reparación. La iniciativa incluye la construcción de infraestructura social y comunitaria y asistencia psicosocial. Sobre los avances del proceso, las versiones de la Unidad de Víctimas son contradictorias: por un lado, en la rendición de cuentas de la entidad de 2016 dice que se ha avanzado el 75 %. Por el otro, Dayana Hoyos, enlace nacional de Gestión de Rehabilitación de la institución, afirma que no conoce el documento y agrega que la medición del porcentaje de avance está en curso. “Estimamos que en El Palmar vamos en un 50 o 60 por ciento de ejecución. Al 75 por ciento no hemos llegado”, puntualiza.
Un recorrido por El Palmar devela el panorama y respalda las estimaciones de los avances que da la comunidad: no superan el 30 % de lo prometido. Los palmarenses hablan, sobre todo, de cinco promesas: la construcción de un colegio, un parque, un centro de salud, una cancha de fútbol y la entrega de una máquina despulpadora de café.
Los jóvenes, ilusionados con la cancha de fútbol, tumbaron varios árboles de una zona para hacer realidad esa promesa. A la fecha, el material vegetal empieza a recuperar el terreno perdido. El puesto de salud, que no ha sido remodelado, es visitado una vez cada 15 días por un médico. La nueva sede del colegio tampoco existe.
Hoyos dijo que no hay claridad sobre el título de la propiedad donde se iba a construir la cancha de fútbol. Sobre el centro de salud afirma que el Instituto Departamental de Salud le dijo a la Unidad de Víctimas que la construcción era inviable y sobre el colegio asegura que la Secretaría de Educación de Nariño dijo que no es posible construirlo, debido a que en El Palmar no hay suficiente número de estudiantes para hacer otra institución educativa, aparte de la que ya existe.
En la plaza principal del pueblo está ubicado el parque. La inversión fue de $373’365.000 y la obra fue entregada en el 2016. El asfalto se está levantando y presenta grietas en varios sectores. Sobre eso, Hoyos atinó a decir: “Yo no tenía ni idea”.
La máquina despulpadora de café fue entregada a la comunidad, pero se averió. Hoyos dice que están buscando hacer un convenio con el Ministerio de Trabajo para dejar la máquina funcionando. Al ser consultada sobre el tema, también señala que la próxima semana la Unidad para las Víctimas tiene presupuestado reunirse con el alcalde de Leiva para que esté pendiente de darle solución al tema.
También prometió, en abril, un comité municipal de justicia transicional “para revisar con la comunidad cada una de las medidas y así empezar a solventar todas las situaciones que se han presentado”. “Lo que ha pasado en El Palmar es un problema de articulación y de compromiso institucional de otros entes que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas”, concluye la funcionaria.
Mientras tanto, el sentir de los habitantes del corregimiento se resume en las palabras de Zeneida: “Ahora tenemos rabia porque nos han mentido”.
Manos de mujer
A pesar de las quejas de la comunidad con las instituciones, algo les quedó: la Unidad de Víctimas ayudó a fortalecer un proceso de mujeres en el corregimiento que sin duda ha sido valioso. Esto devino en la creación de la Asociación de Mujeres de El Palmar, que se constituyó el 28 de agosto del 2015.
Desde esa fecha, las 28 mujeres que hacen parte de la organización se han capacitado en temas como género, emprendimiento y finanzas. Esos cursos han permitido, por ejemplo, que el machismo haya perdido terreno. Zeneida, que es la presidenta de la Asociación, cuenta que desde que empezó a asistir a las capacitaciones su esposo ha tenido que encargarse de una parte de las labores del hogar. “Ahora cocina, y cocina delicioso; usa la escoba y el trapero y se ve muy elegante”, dice mientras sonríe.
Fue en medio de los talleres que surgió la idea de crear una tienda comunitaria, administrada por la Asociación de Mujeres. En el 2015 recibieron una donación de la Gobernación de Nariño: dos neveras, dos estantes metálicos y una vitrina. Objetos que hoy reposan vacíos, sin ningún funcionamiento, en un salón contiguo a la iglesia.
Para que la tienda abra sus puertas aún falta lo más importante: un local y un capital pequeño para surtirla de víveres. “Nosotras creemos que con $10 millones podemos empezar”, dice Zeneida, y la cifra contrasta con los miles de millones de pesos de dineros públicos que se desaparecen al año en temas de corrupción.
“Estamos buscando recursos para hacer la dotación de la tienda comunitaria”, asegura Hoyos. Mientras eso ocurre, las mujeres de El Palmar buscan alternativas para sanar sus dolores y para que la paz se traduzca en oportunidades y derechos, que han sido vulnerados por más de 30 años.
*Esta historia es parte de una serie de relatos que busca aportar a una sociedad pacífica y sin violencias contra las mujeres. Se hizo con apoyo de la estrategia De Igual a Igual, de ONU Mujeres, en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia e implementada por el Consorcio ECHO Caracola.