El Dorado (Meta): sin guerra, pero con deudas sociales
En este municipio estuvieron las Farc y los paramilitares. A pesar de que el conflicto en la zona terminó, el atraso en educación y economía obstaculiza el progreso del pueblo.
Otoniel Umaña Murgueitio - @Otonielumaa
No me cabe duda de que uno de los mejores destinos, después de salir de Villavicencio, es el municipio de El Dorado, a 72 km por una carretera aceptable. Antes hay que pasar por Cubarral y atravesar los 700 metros del curioso puente La Amistad, construido en 1973, sobre el enorme río Ariari. Y digo curioso porque fue construido para un solo carril. Ya se pueden imaginar lo que eso significa.
Las calles de El Dorado están perfectamente pavimentadas, las casas decoradas con vistosos colores y sobresale el amarillo ocre de su colegio. No obstante el glamur que lo rodea, es el único municipio del departamento donde todos sus 4.000 habitantes fueron declarados víctimas del conflicto armado por el Estado colombiano.
Empezó el conflicto
La tragedia más reciente tuvo lugar en 1998. Para conocer la historia llegué a la casa de Óscar Olaya, alcalde del municipio hasta diciembre de 2019. Olaya tenía 18 años en esa época, pero recuerda cuando su padre fue asesinado por guerrilleros: “Recibió ocho impactos en la puerta de la casa por dos sicarios en moto”, dijo entre lágrimas. Eso significó el primero de los desplazamientos de la familia. Óscar se trasladó a Bogotá para estudiar. En 2004 volvió a ser desplazado, esa vez por los paramilitares. Le tocó regresar a la capital del país.
(Lea también: Los muertos y las promesas incumplidas en El Tambo, Cauca)
En 1999 el turno violento fue para Duilver Galvis Loaiza, párroco del municipio. Con su elegante traje dorado y su estola, se sienta en una banca del parque y me cuenta: “La guerra nos sacó, tanto que los paras me mataron un hermano, dejando dos niños huérfanos”.
Galvis era seminarista y fue delegado por el obispo de la época para oficiar las exequias del comandante de la guerrilla en el vecino municipio de El Castillo. “Allá no se podía hacer eso, porque una vez que alguien al margen de la ley es asesinado nadie debe decir nada”. Por obediencia a su superior hizo los actos religiosos, y al parecer ese fue su error, porque lo grabaron, llegaron los murmullos de los vecinos y fue estigmatizado.
En 2002 llegó el bloque Centauros de los paramilitares a la vereda La Meseta, a siete minutos del pueblo. Fueron a la finca de Pedro Antonio Forero para declararlo objetivo militar. Dos meses después, el 2 de mayo, volvieron y le manifestaron que matarían a su mamá: “Me amarraron, me llevaron a un cambuche y me dijeron que debía trabajar con ellos”. Logró persuadirlos y lo dejaron libre para volver a su finca a echar machete y cuidar sus gallinas.
Ese mismo año, a Fulgencio Albino, vecino de Pedro Antonio Forero, lo atacaron los guerrilleros de las Farc. Albino tiene un hueco en cada parietal y por eso, para muchos, representa el milagro de la vida. Recuerda que en 2002, mientras dormía al lado de su esposa, llegaron a la puerta varios guerrilleros. “Vístase que el patrón lo necesita”, le dijeron. Lo sacaron de la casa y 200 metros más adelante le pegaron dos tiros a lado y lado de la cabeza. Cayó en un charco, perdió el conocimiento y se fueron porque lo creyeron muerto. Después del atentado, la familia se desplazó hacia otros municipios.
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Ese año el conflicto se centró en la parte alta de la cordillera entre los Carranzas, un grupo armado patrocinado por el fallecido esmeraldero Víctor Carranza, dueño de una mina de cal en el municipio, y las Farc. El resultado fue el desplazamiento masivo de todos los cafeteros, recuerda el exalcalde Freddy Díaz. Aunque la guerrilla no logró tomarse el pueblo, atemorizó a sus habitantes y se llevó 13.000 cabezas de ganado, aseguran.
Liliana Hernández es la rectora del colegio del municipio, también víctima de la violencia: “En medio del conflicto me mataron a mi madre”. Cada año gradúa a casi cien estudiantes que en su mayoría quedan desocupados porque las posibilidades son nulas para seguir estudiando, dadas las condiciones económicas de sus padres. Los adultos han perdonado lo vivido, pero los niños y jóvenes, hijos de quienes sufrieron el conflicto, conservan el resentimiento de haber tenido que abandonar el pueblo de un momento para otro y que les hubieran quitado la posibilidad de vivir con sus padres, asegura. Solicita al Estado la presencia inmediata de psicólogos y trabajadores sociales que le ayuden a generar un cambio de actitud en estos jóvenes.
Hay paz, pero falta reparación
El Dorado cambió luego de 2010. Atrás quedaron esos años de violencia. Hoy se habla de los 180.000 kilos de cacao y los 140.000 kilos de café que produce el municipio cada año. Gloria Villalba es la líder de los caficultores. El producto ha sido galardonado a nivel internacional como un café artesanal, pero ha sido imposible industrializarlo porque no cuentan con el registro Invima, por falta de apoyo.
El municipio no tiene una entidad financiera. Óscar Olaya terminó su mandato como alcalde en diciembre de 2019 y no pudo convencer al Banco Agrario de ubicar una oficina en su municipio. Según él, los trabajadores y comerciantes cambian los cheques en Cubarral y allá hacen sus compras. El dinero no se ve circular en el municipio.
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Wálter Rendón fue secretario de Agricultura. Asegura que el municipio produce una cantidad importante de cítricos al año, pero a veces es tan costoso recolectarlos que muchos prefieren dejar perder las cosechas. Fulgencio Albino, hijo del campesino que fue atacado por las Farc, es el jefe del Comité de Impulso que busca la reparación colectiva de su municipio. En 2016 empezó a liderar los Mercados Campesinos, una iniciativa patrocinada por el Ministerio de Trabajo, que les facilitó $130 millones representados en carpas, congeladores, vitrinas y sonido. El último sábado de cada mes exhiben, al lado de la plaza de toros, las mejores cosechas de naranja orgánica, aguacate común, plátanos, limones, quesos, café y carne, entre otros productos de muy buena calidad. La noche anterior, Albino se trasnocha armando las carpas de cuatro metros cuadrados para que a las 6 a.m. los productos ya estén en venta. El mercado es muy local y la razón principal es que por el puente vehicular sobre el río Ariari no pueden pasar camiones con peso superior a 15 toneladas. Sus principales clientes son los militares. Otra razón puede ser la falta de promoción. Con eso y todo, el valor agregado de los productos se queda en manos de los campesinos, porque ya no tienen a los intermediarios, que se quedaban con una buena tajada.
Los pobladores de El Dorado esperan la reparación colectiva por parte del Gobierno Nacional y la indemnización para recuperar sus cosechas, mejorar algunas viviendas y comprar sus gallinas. Por ahora, así haya paz, el municipio no supera el atraso en infraestructura ni en desarrollo social.
No me cabe duda de que uno de los mejores destinos, después de salir de Villavicencio, es el municipio de El Dorado, a 72 km por una carretera aceptable. Antes hay que pasar por Cubarral y atravesar los 700 metros del curioso puente La Amistad, construido en 1973, sobre el enorme río Ariari. Y digo curioso porque fue construido para un solo carril. Ya se pueden imaginar lo que eso significa.
Las calles de El Dorado están perfectamente pavimentadas, las casas decoradas con vistosos colores y sobresale el amarillo ocre de su colegio. No obstante el glamur que lo rodea, es el único municipio del departamento donde todos sus 4.000 habitantes fueron declarados víctimas del conflicto armado por el Estado colombiano.
Empezó el conflicto
La tragedia más reciente tuvo lugar en 1998. Para conocer la historia llegué a la casa de Óscar Olaya, alcalde del municipio hasta diciembre de 2019. Olaya tenía 18 años en esa época, pero recuerda cuando su padre fue asesinado por guerrilleros: “Recibió ocho impactos en la puerta de la casa por dos sicarios en moto”, dijo entre lágrimas. Eso significó el primero de los desplazamientos de la familia. Óscar se trasladó a Bogotá para estudiar. En 2004 volvió a ser desplazado, esa vez por los paramilitares. Le tocó regresar a la capital del país.
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En 1999 el turno violento fue para Duilver Galvis Loaiza, párroco del municipio. Con su elegante traje dorado y su estola, se sienta en una banca del parque y me cuenta: “La guerra nos sacó, tanto que los paras me mataron un hermano, dejando dos niños huérfanos”.
Galvis era seminarista y fue delegado por el obispo de la época para oficiar las exequias del comandante de la guerrilla en el vecino municipio de El Castillo. “Allá no se podía hacer eso, porque una vez que alguien al margen de la ley es asesinado nadie debe decir nada”. Por obediencia a su superior hizo los actos religiosos, y al parecer ese fue su error, porque lo grabaron, llegaron los murmullos de los vecinos y fue estigmatizado.
En 2002 llegó el bloque Centauros de los paramilitares a la vereda La Meseta, a siete minutos del pueblo. Fueron a la finca de Pedro Antonio Forero para declararlo objetivo militar. Dos meses después, el 2 de mayo, volvieron y le manifestaron que matarían a su mamá: “Me amarraron, me llevaron a un cambuche y me dijeron que debía trabajar con ellos”. Logró persuadirlos y lo dejaron libre para volver a su finca a echar machete y cuidar sus gallinas.
Ese mismo año, a Fulgencio Albino, vecino de Pedro Antonio Forero, lo atacaron los guerrilleros de las Farc. Albino tiene un hueco en cada parietal y por eso, para muchos, representa el milagro de la vida. Recuerda que en 2002, mientras dormía al lado de su esposa, llegaron a la puerta varios guerrilleros. “Vístase que el patrón lo necesita”, le dijeron. Lo sacaron de la casa y 200 metros más adelante le pegaron dos tiros a lado y lado de la cabeza. Cayó en un charco, perdió el conocimiento y se fueron porque lo creyeron muerto. Después del atentado, la familia se desplazó hacia otros municipios.
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Ese año el conflicto se centró en la parte alta de la cordillera entre los Carranzas, un grupo armado patrocinado por el fallecido esmeraldero Víctor Carranza, dueño de una mina de cal en el municipio, y las Farc. El resultado fue el desplazamiento masivo de todos los cafeteros, recuerda el exalcalde Freddy Díaz. Aunque la guerrilla no logró tomarse el pueblo, atemorizó a sus habitantes y se llevó 13.000 cabezas de ganado, aseguran.
Liliana Hernández es la rectora del colegio del municipio, también víctima de la violencia: “En medio del conflicto me mataron a mi madre”. Cada año gradúa a casi cien estudiantes que en su mayoría quedan desocupados porque las posibilidades son nulas para seguir estudiando, dadas las condiciones económicas de sus padres. Los adultos han perdonado lo vivido, pero los niños y jóvenes, hijos de quienes sufrieron el conflicto, conservan el resentimiento de haber tenido que abandonar el pueblo de un momento para otro y que les hubieran quitado la posibilidad de vivir con sus padres, asegura. Solicita al Estado la presencia inmediata de psicólogos y trabajadores sociales que le ayuden a generar un cambio de actitud en estos jóvenes.
Hay paz, pero falta reparación
El Dorado cambió luego de 2010. Atrás quedaron esos años de violencia. Hoy se habla de los 180.000 kilos de cacao y los 140.000 kilos de café que produce el municipio cada año. Gloria Villalba es la líder de los caficultores. El producto ha sido galardonado a nivel internacional como un café artesanal, pero ha sido imposible industrializarlo porque no cuentan con el registro Invima, por falta de apoyo.
El municipio no tiene una entidad financiera. Óscar Olaya terminó su mandato como alcalde en diciembre de 2019 y no pudo convencer al Banco Agrario de ubicar una oficina en su municipio. Según él, los trabajadores y comerciantes cambian los cheques en Cubarral y allá hacen sus compras. El dinero no se ve circular en el municipio.
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Wálter Rendón fue secretario de Agricultura. Asegura que el municipio produce una cantidad importante de cítricos al año, pero a veces es tan costoso recolectarlos que muchos prefieren dejar perder las cosechas. Fulgencio Albino, hijo del campesino que fue atacado por las Farc, es el jefe del Comité de Impulso que busca la reparación colectiva de su municipio. En 2016 empezó a liderar los Mercados Campesinos, una iniciativa patrocinada por el Ministerio de Trabajo, que les facilitó $130 millones representados en carpas, congeladores, vitrinas y sonido. El último sábado de cada mes exhiben, al lado de la plaza de toros, las mejores cosechas de naranja orgánica, aguacate común, plátanos, limones, quesos, café y carne, entre otros productos de muy buena calidad. La noche anterior, Albino se trasnocha armando las carpas de cuatro metros cuadrados para que a las 6 a.m. los productos ya estén en venta. El mercado es muy local y la razón principal es que por el puente vehicular sobre el río Ariari no pueden pasar camiones con peso superior a 15 toneladas. Sus principales clientes son los militares. Otra razón puede ser la falta de promoción. Con eso y todo, el valor agregado de los productos se queda en manos de los campesinos, porque ya no tienen a los intermediarios, que se quedaban con una buena tajada.
Los pobladores de El Dorado esperan la reparación colectiva por parte del Gobierno Nacional y la indemnización para recuperar sus cosechas, mejorar algunas viviendas y comprar sus gallinas. Por ahora, así haya paz, el municipio no supera el atraso en infraestructura ni en desarrollo social.