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La Dirección Nacional de la guerrilla de ELN respaldó la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, planteada por el presidente Gustavo Petro.
En un comunicado publicado en la noche de este viernes 22 de marzo, el grupo ilegal aseguró que entiende el anuncio del jefe de Estado “como un esfuerzo encaminado a la democratización y construcción del buen vivir para todas y todos”.
El pronunciamiento del ELN se conoce exactamente una semana después del llamado de Petro a una constituyente -cuyo fin es redactar una nueva Constitución Política-.
El viernes, 15 de marzo, durante un discurso en Cali, el presidente aseguró: “En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si esa posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”.
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El anuncio no tardó en despertar críticas desde diversos sectores, no solo de sectores políticos, sino también del mundo académico y jurídico, que han resaltado la inconveniencia de la propuesta y su falta de viabilidad.
¿Por qué puede interesarle al ELN una constituyente?
Lejos de esa posición en contra, el ELN,-que tiene un proceso de diálogos de paz con el Gobierno desde hace 16 meses- saludó el llamado y aseguró que “el proceso constituyente debe convocar realmente al pueblo colombiano, como ejercicio de democracia directa” que canalice los cambios necesarios en el país.
Vale la pena recordar que en el pasado este grupo guerrillero ha puesto sobre la mesa la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a través de la cual se logren transformaciones políticas y económicas en el país.
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De hecho, en marzo de 2023, al cierre del segundo ciclo de conversaciones de paz en México, la guerrilla y el Gobierno le presentaron al país y a la comunidad internacional la agenda definitiva de diálogos, cuyo punto más novedoso propone “examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”, un tema que, dependiendo de los alcances que logre, podría implicar cambios en la Constitución Política.