‘El enfoque étnico necesita ser una prioridad con presupuesto’: Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano

En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, representantes de la Unidad para las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Federación Luterana Mundial conversaron sobre los retos que existen para avanzar en la reparación colectiva y la protección de los pueblos étnicos de Colombia, a propósito de la prórroga por 10 años más de la Ley de Víctimas. En este evento, que fue transmitido por las redes sociales de Colombia2020 de El Espectador, se habló de la importancia de fijar el foco, sobre todo, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia, como regiones vulnerables por la persistencia de la guerra en los territorios.

Para Luz Patricia Correa, directora técnica de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, los retos y desafíos que tiene esta entidad son: “implementar la prevención en clave territorial, para evitar crisis humanitarias recurrentes; armonizar y entender las prácticas de prevención y protección de las comunidades étnicas y fortalecer e integrar las prácticas étnicas de prevención y protección”.

Según la comisionada de la Verdad, Patricia Tobón, de los 22 territorios donde se ha asentado el conflicto armado en el país, 17 son de comunidades étnicas, entre otras cosas, “porque el monopolio de la fuerza en esta zona, no las tiene ni siquiera el Estado”. También se refirió a los peligros que viven los habitantes, en especial los menores de edad, en zonas donde se han instalado minas antipersonales, como el caso de José David Moncada, de 14 años, y quien perdió su pierna izquierda tras pisar un artefacto explosivo en el Catatumbo. Pero lo mismo ocurrió en Murindó (Chocó), hace poco. “Instalan esa semana y la institucionalidad del país fue incapaz de ir a desminar el territorio, casi después de un mes de la denuncia de la comunidad (...) Esos son asuntos que no sólo requieren voluntad política sino acción”, aseguró la comisionada con respecto a ese caso.

De hecho, la comisionada se refirió a la falta de voluntad política para entablar diálogos con otros grupos armados. “Por ejemplo, los gaitanistas presentaron una propuesta de sometimiento desde que estaba el gobierno Santos, pero esa no fue ni siquiera debatida y por el contrario se les cerró la puerta y siguió el rearme. Pero también las discusiones que ha habido con el Eln y todo lo que ha sido el proceso de paz”.

Sobre este tema, William Paredes, jefe de la regional Chocó de la Federación Luterana Mundial expuso la situación de recrudecimiento de la violencia que hay sobre territorios como el municipio de Bojayá (Chocó). Planteó la problemática de conectividad (tanto digital como de acceso al territorio), que les impide tener comunicación en tiempo real con autoridades y que limita las posibilidades de entrar con facilidad y frecuencia a estas comunidades “porque la forma de acceder allí depende de la cantidad de agua que tengan las fuentes hídricas para llegar, y eso limita la presencia de la institucionalidad”.

(Le puede interesar: Diálogo: ¿cómo proteger a las comunidades étnicas afectadas por el conflicto?)

Por otro lado, Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, se refirió a la Ley 1448, ley de víctimas, y señaló que esta debe adecuarse a la institucionalidad para proteger a estos pueblos con enfoque diferencial. “Las medidas de protección no corresponden a la realidad de los pueblos étnicos”. Además, resaltó que no existe un registro confiable sobre la violencia ni la caracterización de los riesgos reales en los territorios, lo que impide las actuaciones tempranas y preventivas.

Sobre el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad en terreno, para conocer las dimensiones del conflicto armado en el país, la comisionada Tobón dijo que “de los 700 resguardos que hay en el país, no hay ni uno sólo que no haya sido afectado por la guerra”. Recordó que los asuntos étnicos son los más quedados en la institucionalidad, según ha advertido la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Fiscalía. Y para dimensionar esto basta con saber que “ni siquiera el Registro Único de víctimas ha podido documentar la dimensión de víctimas que hay en los territorios”, aseguró.

Uno de los casos con los que ejemplificó la situación es a través de los desplazamientos que se han vivido en el Bajo Atrato que terminaron en Turbo (Antioquia), en donde “las mujeres que se desplazaron por la violencia en los años 90, hoy no tienen condiciones para vivir distinto porque están en barrios que se poblaron por hechos de violencia”, señaló Patricia Tobón. Muchas de estas mujeres de las que habló, murieron esperando la indemnización del Estado, y hoy por hoy, según la comisionada, los derechos de los pueblos étnicos “no están priorizados en el presupuesto nacional como algo específico”.

(Vea: JEP: una justicia transicional que prioriza lo étnico, las mujeres y la población LGBT)

De acuerdo con Paredes, de la Federación Luterana Mundial, lo más importante es identificar cómo reparar a estas comunidades indígenas o afros, “porque no es lo mismo reparar a comunidades campesinas o mestizas, que a comunidades étnicas, como las del Pacífico colombiano”. Richard Moreno, de hecho, advirtió que no existe un componente étnico en la Ley de Víctimas que se prorrogó recientemente y que, por eso, es fundamental fortalecer los decretos que existen para los pueblos negros, indígenas y para el pueblo rom, con el fin de que se logren reparaciones colectivas que cumplan con lo que necesitan las comunidades.

Para ello, Moreno sugirió eliminar el término de transversalización del enfoque étnico en la política pública y en la reparación de las víctimas porque “cuando uno quiere transversalizar, es porque no quiere hacer nada. Más aún cuando existen decretos que dicen que hay que tener enfoque étnico y diferencial para atender de manera efectiva a las víctimas”. El coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano se refirió a la comisionada Patricia Tobón para recordar que, en materia de Acuerdo de Paz, los pueblos étnicos sufrieron de manera desproporcionada la guerra.

Finalmente, la directora técnica de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, Luz Patricia Correa, hizo una invitación para que todas las personas que quieran, se sumen a la campaña “Dona tu voz, dona tus oídos”, con la que buscan que los ciudadanos les envíen mensajes e historias a las víctimas del conflicto armado a través de notas de voz de WhatsApp.

Si usted quiere participar de la campaña, puede enviar su audio al: 3176653961.

Vea la transmisión completa del evento aquí:

En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, representantes de la Unidad para las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Federación Luterana Mundial conversaron sobre los retos que existen para avanzar en la reparación colectiva y la protección de los pueblos étnicos de Colombia, a propósito de la prórroga por 10 años más de la Ley de Víctimas. En este evento, que fue transmitido por las redes sociales de Colombia2020 de El Espectador, se habló de la importancia de fijar el foco, sobre todo, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia, como regiones vulnerables por la persistencia de la guerra en los territorios.

Para Luz Patricia Correa, directora técnica de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, los retos y desafíos que tiene esta entidad son: “implementar la prevención en clave territorial, para evitar crisis humanitarias recurrentes; armonizar y entender las prácticas de prevención y protección de las comunidades étnicas y fortalecer e integrar las prácticas étnicas de prevención y protección”.

Según la comisionada de la Verdad, Patricia Tobón, de los 22 territorios donde se ha asentado el conflicto armado en el país, 17 son de comunidades étnicas, entre otras cosas, “porque el monopolio de la fuerza en esta zona, no las tiene ni siquiera el Estado”. También se refirió a los peligros que viven los habitantes, en especial los menores de edad, en zonas donde se han instalado minas antipersonales, como el caso de José David Moncada, de 14 años, y quien perdió su pierna izquierda tras pisar un artefacto explosivo en el Catatumbo. Pero lo mismo ocurrió en Murindó (Chocó), hace poco. “Instalan esa semana y la institucionalidad del país fue incapaz de ir a desminar el territorio, casi después de un mes de la denuncia de la comunidad (...) Esos son asuntos que no sólo requieren voluntad política sino acción”, aseguró la comisionada con respecto a ese caso.

De hecho, la comisionada se refirió a la falta de voluntad política para entablar diálogos con otros grupos armados. “Por ejemplo, los gaitanistas presentaron una propuesta de sometimiento desde que estaba el gobierno Santos, pero esa no fue ni siquiera debatida y por el contrario se les cerró la puerta y siguió el rearme. Pero también las discusiones que ha habido con el Eln y todo lo que ha sido el proceso de paz”.

Sobre este tema, William Paredes, jefe de la regional Chocó de la Federación Luterana Mundial expuso la situación de recrudecimiento de la violencia que hay sobre territorios como el municipio de Bojayá (Chocó). Planteó la problemática de conectividad (tanto digital como de acceso al territorio), que les impide tener comunicación en tiempo real con autoridades y que limita las posibilidades de entrar con facilidad y frecuencia a estas comunidades “porque la forma de acceder allí depende de la cantidad de agua que tengan las fuentes hídricas para llegar, y eso limita la presencia de la institucionalidad”.

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Por otro lado, Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, se refirió a la Ley 1448, ley de víctimas, y señaló que esta debe adecuarse a la institucionalidad para proteger a estos pueblos con enfoque diferencial. “Las medidas de protección no corresponden a la realidad de los pueblos étnicos”. Además, resaltó que no existe un registro confiable sobre la violencia ni la caracterización de los riesgos reales en los territorios, lo que impide las actuaciones tempranas y preventivas.

Sobre el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad en terreno, para conocer las dimensiones del conflicto armado en el país, la comisionada Tobón dijo que “de los 700 resguardos que hay en el país, no hay ni uno sólo que no haya sido afectado por la guerra”. Recordó que los asuntos étnicos son los más quedados en la institucionalidad, según ha advertido la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Fiscalía. Y para dimensionar esto basta con saber que “ni siquiera el Registro Único de víctimas ha podido documentar la dimensión de víctimas que hay en los territorios”, aseguró.

Uno de los casos con los que ejemplificó la situación es a través de los desplazamientos que se han vivido en el Bajo Atrato que terminaron en Turbo (Antioquia), en donde “las mujeres que se desplazaron por la violencia en los años 90, hoy no tienen condiciones para vivir distinto porque están en barrios que se poblaron por hechos de violencia”, señaló Patricia Tobón. Muchas de estas mujeres de las que habló, murieron esperando la indemnización del Estado, y hoy por hoy, según la comisionada, los derechos de los pueblos étnicos “no están priorizados en el presupuesto nacional como algo específico”.

(Vea: JEP: una justicia transicional que prioriza lo étnico, las mujeres y la población LGBT)

De acuerdo con Paredes, de la Federación Luterana Mundial, lo más importante es identificar cómo reparar a estas comunidades indígenas o afros, “porque no es lo mismo reparar a comunidades campesinas o mestizas, que a comunidades étnicas, como las del Pacífico colombiano”. Richard Moreno, de hecho, advirtió que no existe un componente étnico en la Ley de Víctimas que se prorrogó recientemente y que, por eso, es fundamental fortalecer los decretos que existen para los pueblos negros, indígenas y para el pueblo rom, con el fin de que se logren reparaciones colectivas que cumplan con lo que necesitan las comunidades.

Para ello, Moreno sugirió eliminar el término de transversalización del enfoque étnico en la política pública y en la reparación de las víctimas porque “cuando uno quiere transversalizar, es porque no quiere hacer nada. Más aún cuando existen decretos que dicen que hay que tener enfoque étnico y diferencial para atender de manera efectiva a las víctimas”. El coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano se refirió a la comisionada Patricia Tobón para recordar que, en materia de Acuerdo de Paz, los pueblos étnicos sufrieron de manera desproporcionada la guerra.

Finalmente, la directora técnica de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, Luz Patricia Correa, hizo una invitación para que todas las personas que quieran, se sumen a la campaña “Dona tu voz, dona tus oídos”, con la que buscan que los ciudadanos les envíen mensajes e historias a las víctimas del conflicto armado a través de notas de voz de WhatsApp.

Si usted quiere participar de la campaña, puede enviar su audio al: 3176653961.

Vea la transmisión completa del evento aquí: