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Está claro que el acto de perdón que protagonizó el general Diego Villegas Muñoz el pasado 28 de abril en el Catatumbo —a raíz de la muerte de un exguerrillero de las Farc que involucra a un cabo del Ejército— le dejó un amargo sabor en la boca al ministro Guillermo Botero. “Él puede decir lo que quiera, pero eso no es una posición institucional”, dijo el alto funcionario ante cámaras de televisión. Siete congresistas de la Comisión de Paz del Congreso, la misma que convenció al general Villegas de expresar en público que lamentaba la muerte del desmovilizado Dimar Torres, salieron a rodearlo de inmediato. Piden que no investiguen al oficial, porque sería una “retaliación”.
.:Ejército defiende ascenso de Diego Villegas Muñoz a brigadier general:.
El caso de Dimar Torres resultó ser una avalancha. El mismo 28 de abril la Fiscalía anunció que abrirá investigación en contra del cabo Daniel Eduardo Gómez, cuya versión de que Torres murió en un forcejeo fue la que, inicialmente, le transmitió el ministro Botero al país. Él, por su parte, está en el ojo del huracán político, y congresistas como Angélica Lozano ya pidieron un debate de moción de censura porque consideran que el ministro trató de encubrir una ejecución extrajudicial, cosa que él niega con vehemencia. Ejecución extrajudicial: el mismo tipo de crimen por el que el general Diego Villegas está por ser investigado.
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El pasado 21 de febrero, la Fiscalía 107 Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos envió una resolución a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, en la cual le solicitó que “se continúe con la actuación en contra del indiciado” ahora que es general. Ante jueces, ese despacho intentó tres veces imputarle cargos por homicidio en persona protegida, tráfico, fabricación o porte de armas y peculado. El fiscal, incluso, expidió una orden de captura en diciembre de 2016 para lograr imputarlo. Pero Villegas nunca fue detenido. En enero de 2017 comenzó su curso para ascender a general en la Escuela Superior de Guerra, luego se acogió a la JEP y la orden quedó en veremos.
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La muerte que compromete al general Villegas es la de Ómer Alcides Villada. “Se [dio] muerte a una persona de deficiencias mentales”, señala la Fiscalía en su documento, conocido por El Espectador. Ocurrió en marzo de 2008 en la vereda Palmitas, de Montebello (Antioquia). “Se paga recompensa a una persona que no conoce la región, ni a la víctima, ni dio información al Ejército Nacional para realizar la operación militar”, anotó la Fiscalía en el documento, en el cual se remitieron también “otras actuaciones que corresponden a la manera como se daban las bajas en el batallón Pedro Nel Ospina (Antioquia) de la Cuarta Brigada del Ejército”, mientras Villegas fue su comandante.
Así las cosas, se menciona la muerte de tres hombres (Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán y uno sin identificar) en Barbosa; la de Adrián Álvarez González, quien habría salido de su casa “bajo engaños” y murió en el barrio San Cristóbal, de Medellín; la de Albeiro Tobón Marulanda, un campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo, vereda Sabanitas, municipio de Montebello”. En este último caso, de nuevo, la Fiscalía señaló que “se paga recompensa a una persona que no conoce la región, ni a la víctima, ni dio información al Ejército Nacional para realizar la operación militar”.
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La Fiscalía 107 dio detalles ante los fiscales delegados y ante la Corte de dos muertes más: una en Abejorral y otra en la Comuna 13 de Medellín. En ambas, el oficial Villegas Muñoz comandaba el batallón Pedro Nel Ospina. El despacho, además, pidió que se verificara ante la Justicia Penal Militar qué había con la investigación por la muerte de cuatro personas el 31 de enero de 2008, todas presentadas como guerrilleros de las Farc mientras, una vez más, Villegas Muñoz era el comandante del Pedro Nel Ospina. “Por último”, señaló el despacho, “se aporta copia de las actas de pago de recompensa, las cuales dan cuenta de los pagos a presuntos informantes”.
El caso de Villegas Muñoz cayó en una suerte de limbo desde 2018. El 6 de febrero de ese año, el entonces coronel firmó acta de sometimiento ante la JEP. El Ministerio de Defensa también envió su nombre dentro de sus listados. En abril siguiente, cuando la Fiscalía se aprestaba por tercera vez a imputarle cargos, un agente especial de la Procuraduría anotó en audiencia que el oficial había acudido a la jurisdicción especial que se creó tras los acuerdos con las Farc, lo que llevó al juez a declararse incompetente y a enviar el proceso a la Corte Constitucional, que tiene la potestad para determinar las colisiones de competencia que involucren a la JEP.
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Desde ese momento, el caso está quieto. A la fecha, la Corte no ha dicho ni una palabra al respecto, por lo que ni el juez que venía conociendo el expediente ni la JEP han avanzado. Ante las críticas que han llovido alrededor de Villegas, el Ejército ha tenido una sola posición: “Es pertinente informar que el ascenso y permanencia en el cargo del señor brigadier general Diego Luis Villegas Muñoz obedece a las capacidades personales y profesionales del oficial en mención, demostradas a lo largo de su amplia trayectoria en la institución”, señaló la institución en febrero pasado, dos meses después de que hubiera sido nombrado general por el Congreso.
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El Espectador trató de obtener declaraciones del general Villegas por medio de su abogada, Tania Parra, quien indicó que el alto oficial continúa en el Catatumbo y con difícil acceso. Fuentes cercanas al militar aseguran, con preocupación, que pedir perdón por la muerte del exguerrillero Torres solo le ha traído problemas y que su hoja de vida habla por sí sola: seis distintivos, una condecoración del gobierno de Honduras y 21 reconocimientos castrenses. El general Villegas no acudió a la JEP para declararse culpable, sino para que haga trámite su proceso ante el que el propio Ministerio de Defensa considera el juez natural de los uniformados investigados por causa del conflicto.
No obstante, sin avances de esa jurisdicción ni de la ordinaria será difícil que se esclarezca si este general de la república cometió algún crimen o si su nombre debe quedar en limpio.