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Jahel Quiroga tuvo que salir desplazada de Barrancabermeja (Santander) tras sufrir un atentado contra su vida. Había sido concejal por la Unión Patriótica (UP) entre 1988 y 1990, y entre 1990 y 1992. Tras el desplazamiento su convicción fue, y sigue siendo, buscar justicia para las 6.528 víctimas de ese movimiento.
Quiroga creó la Corporación Reiniciar. En 1993 decidió llevar el caso del exterminio de la UP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tuvo que esperar 25 años, entre esperanzas y decepciones, para que ese organismo emitiera un informe de fondo sobre las violaciones a los derechos humanos que vivió esa colectividad.
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Hablamos con Jahel Quiroga sobre el camino que tuvo que recorrer hasta llegar a un informe que, según cuenta, responsabiliza al Estado colombiano en estos hechos.
¿Por qué en 1993 tomaron la decisión de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
La solicitud se radicó el 16 de diciembre de 1993. En ese momento se tomó la decisión porque el caso estaba en una total impunidad en Colombia. La Defensoría del Pueblo acababa de sacar un estudio sobre los homicidios de la UP. Ellos ya habían investigado y tenían 717 casos de homicidios, de los cuales solamente 10 tenían una decisión de fondo. Con ese documento se constataba oficialmente. Las víctimas pasaban de 2.000 en ese tiempo.
¿En el 93 cómo era la situación de derechos humanos de los militantes de la UP?
Era grave, sobre todo en Urabá. Esa región ocupa un cuarto de victimización en las estadísticas de las violaciones de derechos humanos de la UP. Acudíamos al defensor del Pueblo, al procurador, al fiscal general, hacíamos todo. Los militantes de la UP en todo el país siempre denunciaron lo que estaba pasando en las regiones y no encontrábamos una protección debida. Ya habíamos pedido medidas cautelares, y posterior a eso decidimos organizar una demanda internacional.
¿Cambió la situación luego de la interposición de la demanda?
Había insensibilidad e indiferencia de los gobiernos de turno. En 1997 la Comisión produjo un informe de admisibilidad del caso y se comprometió a seguir investigando. No sabíamos que se iba a demorar tanto, pero hoy en día tenemos la decisión de fondo de la Comisión Interamericana. En algún punto propusieron la búsqueda de una solución amistosa, y nosotros aceptamos sentarnos con el Gobierno a buscarla.
¿Cómo les fue?
Esa solución amistosa duró el tiempo del gobierno Pastrana. Cuando llegó Álvaro Uribe, en el segundo mandato, tuvimos que darla por terminada. Empezó la Comisión a trabajar el informe de fondo a partir de 2006. Luego se dio el proceso de paz y el Gobierno siempre dio a entender, y amagó, que en La Habana se iba a solucionar el caso de la UP. Se dilataron los términos en la Comisión Interamericana, pasó el proceso de La Habana y no hubo ninguna solución ni propuesta del Gobierno. Nosotros le pedimos que reconociera responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana para llegar a un acuerdo y tampoco lo hizo. Hasta que la Comisión tuvo que sacar la decisión de fondo.
¿Sostuvieron reuniones con Uribe en búsqueda de la solución amistosa?
En el gobierno de Pastrana empezamos una solución amistosa, y duramos los cuatro años que él estuvo en su gobierno investigando, mirando las bases de datos de los entes estatales, se creó un programa de protección muy importante para los sobrevivientes, se les dieron escoltas, proyectos productivos, atención médica. En el primer gobierno de Uribe hubo una persecusión política feroz contra los sobrevivientes. Creo que la Comisión Interamericana tuvo como denuncia más de 50 intervenciones públicas que hizo el presidente Uribe contra la UP diciendo que eran guerrilleros y todas las cosas que se hablaba del partido. Llegó la campaña de Uribe para su reelección y empezó a atacarnos más. Hicieron un video con un hombre que decía ser de la UP y le pedía al presidente que nos combatiera, una cosa así. Vimos que no había garantías. Lo que hicimos con el presidente Pastrana, proyectar un plan de reparaciones, no se podía hacer. No tuvimos más remedio que decirle a la comisión en el 2006 que siguiera con el informe de fondo
¿Entonces el informe es condenatorio?
Claro que sí. Es una condena contra el Estado por el exterminio a la UP. (El informe no es un fallo, pero sugiere a la Corte IDH que condene al Estado)*
¿Por qué el caso se va ahora a la Corte Interamericana?
El Estado se niega a indemnizar individualmente a las víctimas y decide ir a la Corte Interamericana a decirle que no están de acuerdo con las recomendaciones que hace la Comisión. Nosotros vamos con el propósito de que se ratifique lo que la Comisión Interamericana produjo.
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¿Qué otras conclusiones importantes tiene el informe?
Lo más importante es que la Comisión Interamericana le pide al Gobierno que repare individual y colectivamente a las víctimas, que le dé garantías al partido político para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Una reparación integral está compuesta por procesos de restitución, de indemnización, rehabilitación física y psicológica, y medidas de satisfacción. El Gobierno insiste en que sólo está interesado en implementar medidas de satisfacción, o sea monumentos, actos simbólicos, pedidos de perdón, evadiendo la responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas e indemnizarlas por el daño causado.
¿Qué puede pasar en la Corte?
Creo que la Corte puede sacar este caso en dos años, el informe de fondo de la Comisión es muy completo. Agruparon las víctimas, hicieron un análisis exhaustivo de los patrones, de la sistematicidad del ataque, de la desprotección. Imagino que la Corte tazará las reparaciones y dirá muchas cosas. Me imagino que no se apartara tanto del informe.
¿Qué significa el informe para ustedes?
Ha sido satisfactorio, no podría decir que muy satisfactorio, pero nos ha llenado de esperanza, de expectativas y abre un camino para las víctimas. Todavía falta muchísimo para que se den garantías al movimiento político, eso es algo en lo que tenemos que trabajar. La UP ha sido hostigada, sigue siendo estigmatizada, los casos no se han resuelto en la Fiscalía. La intención de destruir a la UP no es por razones del conflicto armado interno, sino que es una persecución política. Vamos a ver si la Jurisdicción Especial para la Paz está de acuerdo en que es competente para conocer este caso. Hoy vamos a presentar nuestros informes al sistema de verdad, justicia y reparación.
¿Qué buscan con esa reunión?
Acudimos a todas las partes donde veamos que va a haber justicia para las víctimas de la UP en el sentido del esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Eso nos anima a nosotros a dar garantías de no repetición. Mientras no se identifique y se sancione a los que cometieron este genocidio, seguramente se va a repetir. Nosotros tenemos el gran compromiso ético en este país con que esto se aclare.
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¿Qué importancia tiene el informe de la Comisión Interamericana para el proceso que se viene en la Jurisdicción Especial para la Paz?
Tendrá suficientes argumentos y contribuciones tanto a la Comisión de la Verdad, que ya para ese tiempo se puede decir. Unas contribuciones para los casos que lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo mismo para la Unidad de Personas Desaparecidas, porque tenemos 514 personas desaparecidas de la Unión Patriótica y tenemos bastante documentación de sus familiares en todos los 6.528 casos de manera que eso será una contribución para el mandato del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.
¿Todos estos años de lucha que costos han tenido?
Nosotras también somos humanos y hemos tenido muchas amenazas. Contamos con esquema de protección. Yo personalmente no pude vivir con mis hijos y crecieron lejos de mi hogar por temor a que les pasara algo. Ha sido difícil pero el caso y las víctimas que son mucho más nos ha llenado de fuerza para continuar y no desfallecer. Porque hemos sido afortunados de contar con una dignidad inquebrantable como son las víctimas de la Unión Patriótica
Tras todos estos años, y con el caso ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿valió la pena la lucha?
Por supuesto. Siempre. Las víctimas de la UP no teníamos otra opción que la Comisión Interamericana, y creo que esto lo supo interpretar bien la Comisión al haber producido un informe que interpretara y conociera lo que les pasó a las víctimas. Valió la pena porque la Comisión lo reconoció y esperamos que la Corte también lo haga. El informe de fondo es parte de la reparación integral de todas las víctimas.
*Nota del editor