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El 30 de agosto de 1988, cinco milicianos de las Farc vestidos de civil llegaron hasta la vivienda de Fidel Angulo Cortés, “el Cachi”, en un pueblo aguas arriba del río Salaquí llamado Riociego. “El Cachi” era un campesino, líder comunitario y además concejal por el partido Unión Patriótica en el municipio de Riosucio, en el norte de Chocó.
“Llegaron con mentiras y se lo llevaron de la casa, que el comandante lo necesitaba para una reunión, él salió con ellos”, recuerda José Ángel Palomeque, su hijastro. “Él me dijo: ‘Esto no me convence, no me parece, pero bueno, vamos pa delante a ver’”.
Fidel Angulo no volvió esa noche a su casa, fue el hijastro José Ángel quien salió a buscarlo y averiguar qué era lo que había pasado. Para describir ese instante que ocurrió hace ya tres décadas, José Ángel Palomeque emplea dos veces la misma palabra: “Terrible, terrible. Me tocó encontrarlo entre las montañas, lo encontré solo, al bajar a una quebrada”. El cuerpo había sido arrojado al borde del camino y tenía un brazo tirado hacia la espalda, mientras en el otro se advertía empuñada la peinilla, como si en un último arrebato Fidel Angulo hubiera intentado defenderse forcejeando con los guerrilleros que lo ejecutaron.
“Iba solo en el camino entre las montañas, buscándolo, y lo encontré tirado en el suelo, con las manos atrás”, detalla José Ángel, y prosigue: “Me regresé a la comunidad a buscar gente y lo sacamos al pueblo. Como era concejal, tocó hacer necropsia, papelería y avanzar en la sepultura”.
El asesinato de Fidel Angulo Cortés es uno de los múltiples casos de violencia contra las comunidades étnicas del Bajo Atrato chocoano atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc, casos que fueron examinados durante 13 meses por pobladores y excombatientes, en un trabajo liderado por la Comisión de la Verdad.
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El propósito era propiciar los encuentros para que entre la gente y los antiguos guerrilleros pudiera lograrse el esclarecimiento de una verdad que ha sido esquiva a las comunidades y, sobre todo, generar un espacio en el que antiguos mandos y excombatientes reconocieran sus responsabilidades en los crímenes y afectaciones contra los pueblos afrocolombianos e indígenas de la cuenca baja del río Atrato.
El evento final, que tuvo lugar después de múltiples encuentros privados, se realizó en Apartadó (Antioquia) el 23 de junio con apoyo de la Comisión de la Verdad y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Fue el último acto de reconocimiento de responsabilidades realizado por la Comisión de la Verdad, apenas pocos días antes de la entrega de su Informe Final el pasado 28 de junio.
Allí asistieron medio centenar de representantes de los resguardos indígenas y consejos comunitarios de la región, y la comisionada indígena Patricia Tobón Yagarí, quien se declaró “afortunada” de presenciar un diálogo que se dio “por voluntad de las partes”. También hubo presencia de miembros de la sociedad civil y las organizaciones sociales de la zona, así como la asistencia de antiguos mandos y excombatientes de las Farc que operaron en esos territorios.
“¿Por qué volver?”, se preguntaba Adith Bonilla durante el evento, y ella misma ofrecía la respuesta: “Porque acá empezó la guerra”. Bonilla es una funcionaria que ha pasado por varias dependencias oficiales y acompañó a estas comunidades en la víspera del nuevo milenio, cuando luchaban por conseguir los títulos de propiedad de sus territorios, mientras de forma paralela se desarrollaba la invasión paramilitar desde el Urabá hacia el río Atrato, cuya punta de lanza fue la Operación Génesis en 1997, una ofensiva conjunta de las Fuerzas Armadas con los paramilitares para desalojar a las Farc del río y sus afluentes, que se habían convertido en su fortín y retaguardia. “El conflicto no ha parado un minuto”, sentenció Bonilla.
La subregión chocoana del Bajo Atrato, compuesta por los municipios de Unguía, Acandí, Riosucio y Carmen del Darién, se convirtió en epicentro de una feroz disputa entre las Farc y los paramilitares, cuyo saldo fueron incontables crímenes y algunos de los desplazamientos y confinamientos masivos más dramáticos en la historia reciente del país.
Tan solo en Riosucio, la Unidad de Víctimas lleva un registro de 33.447 personas que han sufrido desplazamiento por causa del conflicto armado. En Carmen del Darién, otro municipio vecino más pequeño, la cifra alcanza las 6.549 personas.
Según la comisionada Tobón, la región fue el centro de las “mayores operaciones militares” de su época que desembocaron en la “ocupación del territorio y la desterritorialización”. “Chocó y el Bajo Atrato han sufrido de manera desproporcionada los impactos de la guerra”, apuntó en una videollamada el comisionado de la Verdad Leyner Palacios, también un hijo de esta tierra y víctima de esa historia.
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Por las antiguas Farc acudieron varios de los máximos comandantes que actuaron en la región, también combatientes rasos y mandos medios, quienes tomaron el micrófono para reconocer su responsabilidad en graves crímenes y afectaciones contra las comunidades étnicas.
“La verdad es que esto no es fácil, estar al frente de las víctimas no lo hace cualquiera”, declaró Isaías Trujillo, un histórico comandante de las Farc en Urabá y Chocó, que alcanzó a estar 47 años en la guerrilla. “Afectamos profundamente a las comunidades negras e indígenas en su territorio, 20 años atrás no entendíamos esto, estábamos en una guerra a muerte con el Estado”, prosiguió Trujillo, “cuando las aguas se salen de cauce hay tragedia. Esto pasó con este conflicto”.
Las afectaciones sobre las comunidades étnicas desbordan los crímenes de guerra y llegan a cuestiones tan impensables como el taponamiento de los ríos Jiguamiandó y Domingodó, dos afluentes del Atrato que fueron bloqueados por la guerrilla con palizadas y troncos derribados para impedir el acceso de los paramilitares, aquello derivó en una grave crisis de confinamiento que incluso supuso hambre para las poblaciones, así como en la alteración de su relación con el agua. “Las comunidades querían destapar el río y (la guerrilla) no lo permitió”, recuerda Fáber Córdoba, una de las víctimas presentes. “Ustedes han reflexionado en que todo lo que ocurrió lo tenían planeado”, insistió Córdoba increpando a los jefes guerrilleros sentados en la tarima, “Queremos que reconozcan que su accionar trajo consecuencias graves para el territorio”.
También se sumó el reclamo de las comunidades por crímenes como los de los líderes Fidel Angulo y Manuel Moya Lara, que minaron desde adentro las organizaciones propias: “Los líderes fueron suplantados por ustedes”, les dijo a los excomandantes Yilio Perea, un habitante del río Truandó.
En el acto estuvieron viejos mandos guerrilleros como Jóverman Sanchez, el Manteco; Érika Montero, Isaías Trujillo, Uvaldo Zúñiga, Pablo Atrato e Israel Zúñiga, Benkos, quien dijo a El Espectador que “la búsqueda de la reconciliación es un propósito común, de todos los que estamos comprometidos en la construcción de la paz: tenemos que salir a construir paz con el ciudadano, más allá de la paz pactada con el Estado colombiano. Algunos vieron el Acuerdo de Paz como un punto de llegada, otros lo vemos como un punto de partida”. Las palabras de José Luis Valencia, el Pana, quien perteneciera al frente 57, fueron más concisas: “Venimos a darlo todo, a no ocultar nada”.
Relatos del horror
“Les mocharon los pies a unos muchachos en Kiparadó”, contó la lideresa indígena Delia Casama, del resguardo El Barranco. Se refería a un episodio ocurrido en alguno de los tantos campos minados que fueron instalados por la guerrilla y que terminaron trastocando por completo los modos de vida de las comunidades indígenas, acostumbradas a vivir de la selva y sus frutos: “Pedíamos a Ankoré (su dios) que estos grupos se retiraran. Éramos como desplazados, pero dentro de nuestras comunidades, no podíamos ir a cacería y los niños chillando de hambre. De ella (la tierra) es que nos sostenemos, sin ella se muere el pueblo indígena”.
Entre otros hechos, las Farc aceptaron su responsabilidad en los confinamientos de varios afluentes del Atrato, en asesinatos selectivos, desapariciones y amenazas contra pobladores. Paradójicamente, el asesinato de Fidel Angulo Cortés, el Cachi no pudo ser esclarecido porque los mandos de las Farc de la época que podían saber los motivos del crimen murieron durante el conflicto armado o no estaban ya entre las filas. El de Manuel Moya Lara, otro líder afro asesinado, sí pudo aclararse.
No obstante, José Ángel Palomeque considera que el proceso ha valido la pena: “Por parte de muchos líderes hoy se siente ese valor de decirles a esos excombatientes que antes veíamos como un tigre, como un ogro, poder decirles, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué cometieron tantos errores? ¿Por qué nos humillaban? Logramos en estos 13 meses, pudimos reclamar por lo que había pasado”, asegura José Ángel. “Sabemos que la verdad ciento por ciento no la vamos a tener, porque muchos excombatientes ya fallecieron, se llevaron parte de la verdad, muchos no la conocen. Hoy nos queda avanzar, y eso es compartir con las comunidades, con las familias, lo que se ha hecho, y seguir en la búsqueda de la paz con los consejos comunitarios y los resguardos indígenas”.
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Avanzar buscando nuevos apoyos, más allá de la Comisión de la Verdad, que terminará su mandato por estos días, pues el sentimiento común de todos los actores es que el proceso debe continuar. “Colombia se encuentra en transición, pero seguimos entrampados en una guerra”, aseguró Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep: “No obstante, la reconciliación es el camino”, aseguró.
Palomeque regresa al recuerdo de su padrastro: “No conocimos por qué lo habían asesinado, eso marcó debilidad en la comunidad y en la organización. Lo que decían es que era una orden, hasta el día de hoy no tenemos una razón clara de por qué se dio el asesinato. Dicen que por chismes en la comunidad”, señaló.
Su voz y su relato brotan transparentes, frescos, con un tono sincero y sin resentimientos. Una voz que discurre en calma, igual que las aguas del Atrato cuando buscan retornar, una vez más, a su cauce.
