El polémico acuerdo de Gobierno y disidencia para sacar a Ejército de El Plateado
Pese al silencio del Gobierno sobre la existencia de un documento que condicionaba la presencia del Ejército en El Plateado durante las elecciones del 29 de octubre, El Espectador confirmó que tres días antes se firmó un pacto con las disidencias de Iván Mordisco con el compromiso de que las tropas salieran del casco urbano el 1º de noviembre. Analistas cuestionan la legalidad del acuerdo.
Cindy A. Morales Castillo
El Ejército, la delegación del Gobierno y la disidencia de Iván Mordisco sí firmaron un acuerdo para que hombres de las Fuerzas Militares entraran al corregimiento de El Plateado (Cauca) a cuidar las elecciones del 29 de octubre, pero con la condición de retirarse a los pocos días.
A través de fuentes muy cercanas a ese proceso de paz, Colombia+20 corroboró que el documento sí existió. En una hoja escrita a mano, las partes se comprometieron a que a partir de las 00:00 horas del 1.° de noviembre, es decir, tres días después de celebrados los comicios, los uniformados que fueron desplegados a esa zona ya no debían estar en el centro urbano de El Plateado.
Desde hace meses, el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército tienen una dura tensión por el control de ese corregimiento de Argelia, de 8.000 habitantes. A mediados de agosto, el Gobierno lanzó la operación Trueno con el objetivo de retomar el control de El Plateado, hoy el mayor fortín del grupo armado y que se encuentra en el corazón del Cañón del Micay. Esa zona que concentra el 75 % de los cultivos de coca en Cauca.
En contexto: Crisis de la “paz total”: ¿qué es lo que está pasando con la disidencia de Mordisco?
El miércoles 8 de noviembre, Blu Radio dio a conocer que Sebastián, miembro del frente Jaime Martínez de ese grupo armado, habló sobre la existencia de ese documento. Desde entonces, Colombia+20 le preguntó sobre ese acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pero no se recibió ninguna respuesta.
Al menos ocho personas firmaron el documento, entre miembros de las delegaciones, altos funcionarios del Gobierno y dos militares. Uno de ellos es un mayor general, aún activo, quien viajó exclusivamente a esa reunión para participar en esa negociación.
La misma fuente afirma que el acuerdo fue comunicado al Ejército, aunque no directamente a los mandos de la zona.
Una de las principales dudas detrás de la firma del documento es si el presidente Gustavo Petro fue consultado o estuvo de acuerdo con el acta, que en la práctica implica pedirle permiso a la disidencia para que las Fuerzas Militares entren una zona y comprometerse a sacarlas.
Para Jorge Mantilla, investigador de temas de conflicto y crimen, ese documento no debería haberse firmado porque constituye un “despeje de facto”. “Es ilegal en la medida que va en contra de lo estipulado en la Ley de Paz Total, donde se especifica que las regiones de paz ‘no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública’”.
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Y agrega: “El mensaje que se envía es muy complejo. Desde uno de los protocolos que se dieron a conocer el 16 de octubre —que básicamente es sobre El Plateado—, más todo lo que ha pasado con esa zona, es una muestra que las disidencias son las que mandan, las que deciden quién entra y quién sale. Se entiende que hay zonas donde eso pasa todo el tiempo, pero una cosa es eso y otra que se firme un documento donde quede explícita la renuncia al control del territorio”.
¿Qué dice el acuerdo?
El documento, de una página, titulado Acta de confidencialidad sobre el acuerdo especial de El Plateado, fue firmado el 26 de octubre, al siguiente día en que ocurrió la polémica reunión entre la delegación de Gobierno, el EMC, el registrador nacional, Alexander Vega, y el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Ese encuentro que se dio en un hotel en el occidente de Bogotá fue para destrabar la llegada del material electoral para El Plateado.
Según la fuente, la alerta del registrador Vega sobre el traslado de los elementos electorales dio pie a que un grupo de ambas delegaciones hiciera otra reunión para tratar el tema. En ese encuentro surgió la idea de hacer un acuerdo para que las tropas entraran al lugar, acompañaran el material y salieran del corregimiento.
Ese día, Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno, en entrevista con Colombia+20, dijo que la disposición era esa: que el Ejército entrara y saliera con las urnas. “Si pensaran en quedarse (las tropas), seguramente el EMC no lo aceptaría”, dijo entonces.
El documento también dice que el frente Carlos Patiño, que pertenece a esa disidencia y opera en ese territorio, se retiraría hasta el 1.° de noviembre para permitir el desarrollo de los comicios y que si necesitaba alimentos o medicinas, sus miembros estarían en el lugar de civil y sin armas.
El 27 de octubre, un día después de firmado el acuerdo, entraron a El Plateado aproximadamente 200 militares, según fuentes del Ejército. Entre ellos, había cerca de 150 hombres del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) y el resto fueron equipos de Explosivos y Demoliciones del Ejército que reforzaron a los uniformados que ya estaban en el lugar.
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Ese mismo día el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo a medios que sus hombres tomarían el control de El Plateado y aseguró que se iban a quedar en el territorio. “Vamos a ingresar y nos vamos a sostener allí para garantizar el certamen electoral del domingo”, dijo.
La razón de la suspensión de la mesa de diálogo
El pasado 5 de noviembre, apenas 20 días después de la instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el EMC, ese grupo armado ilegal anunció que ese escenario de negociación quedaba suspendido y que iniciaba un proceso de consulta interna. “Desde hoy declaramos suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, iniciaremos un proceso de consulta interna con nuestra comisión de diálogo, invitamos al Gobierno Nacional a hacer lo mismo”, informó el grupo ilegal en un comunicado conocido en la tarde de este domingo.
El pronunciamiento se dio unas horas después de que se conociera sobre la retención los 200 militares que estaban en la zona. Fuentes del Ejército afirmaron que la comunidad habría sido “instrumentalizada” por esa disidencia para hacer la retención de los soldados e “impedirles que continuaran con sus labores de seguridad en la zona”.
Otras fuentes afirman que, a través de la comunidad, se forzó al Ejército a salir tres veces de la zona, pero que los uniformados llegaban hasta las afueras del casco urbano y siempre regresaban. Esto ocurrió hasta que se realizó el cercamiento.
Aunque en el comunicado del 5 de noviembre, el EMC no hizo una mención directa a El Plateado, uno de los apartados del documento sí indicaba que la tensión por el control de ese territorio era el punto de discordia.
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“Los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso; sin embargo, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza, copando todos los espacios que las partes nos comprometimos en desocupar, demandando en ellos una actuación contraria a los acuerdos adoptados, generando malestar en las comunidades y en la dirección”, sostuvo la disidencia de Mordisco.
Uno de los comandantes guerrilleros de la zona le dijo hace unos días a este diario que el Ejército no había cumplido con parte de su palabra ni con los compromisos pactados y eso había avecinado la decisión de suspender la mesa.
El Ejército le confirmó a este diario que los militares retenidos fueron los mismos que llegaron a ese corregimiento con el material electoral.
Aunque con la asonada las tropas de Fuerzas Militares sí salieron, en la zona continúan tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido que han estado desde que inició la Operación Trueno. Su ubicación, dice el Ejército, es a las afueras del corregimiento y las partes altas.
La existencia de este acuerdo para las elecciones se suma a una serie de pasos en falso con esa disidencia, como los múltiples aplazamientos de la instalación de la mesa de diálogos y el inicio del cese al fuego, la reunión con el registrador Vega y la supuesta invitación a ese grupo armado a la apertura de las elecciones del pasado 29 de octubre, que el mismo presidente Gustavo Petro desautorizó. El acta también refuerza las críticas sobre las concesiones que ha hecho el Gobierno a los grupos ilegales, justo en medio de la mayor crisis que atraviesa su estrategia de paz total.
El Ejército, la delegación del Gobierno y la disidencia de Iván Mordisco sí firmaron un acuerdo para que hombres de las Fuerzas Militares entraran al corregimiento de El Plateado (Cauca) a cuidar las elecciones del 29 de octubre, pero con la condición de retirarse a los pocos días.
A través de fuentes muy cercanas a ese proceso de paz, Colombia+20 corroboró que el documento sí existió. En una hoja escrita a mano, las partes se comprometieron a que a partir de las 00:00 horas del 1.° de noviembre, es decir, tres días después de celebrados los comicios, los uniformados que fueron desplegados a esa zona ya no debían estar en el centro urbano de El Plateado.
Desde hace meses, el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército tienen una dura tensión por el control de ese corregimiento de Argelia, de 8.000 habitantes. A mediados de agosto, el Gobierno lanzó la operación Trueno con el objetivo de retomar el control de El Plateado, hoy el mayor fortín del grupo armado y que se encuentra en el corazón del Cañón del Micay. Esa zona que concentra el 75 % de los cultivos de coca en Cauca.
En contexto: Crisis de la “paz total”: ¿qué es lo que está pasando con la disidencia de Mordisco?
El miércoles 8 de noviembre, Blu Radio dio a conocer que Sebastián, miembro del frente Jaime Martínez de ese grupo armado, habló sobre la existencia de ese documento. Desde entonces, Colombia+20 le preguntó sobre ese acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pero no se recibió ninguna respuesta.
Al menos ocho personas firmaron el documento, entre miembros de las delegaciones, altos funcionarios del Gobierno y dos militares. Uno de ellos es un mayor general, aún activo, quien viajó exclusivamente a esa reunión para participar en esa negociación.
La misma fuente afirma que el acuerdo fue comunicado al Ejército, aunque no directamente a los mandos de la zona.
Una de las principales dudas detrás de la firma del documento es si el presidente Gustavo Petro fue consultado o estuvo de acuerdo con el acta, que en la práctica implica pedirle permiso a la disidencia para que las Fuerzas Militares entren una zona y comprometerse a sacarlas.
Para Jorge Mantilla, investigador de temas de conflicto y crimen, ese documento no debería haberse firmado porque constituye un “despeje de facto”. “Es ilegal en la medida que va en contra de lo estipulado en la Ley de Paz Total, donde se especifica que las regiones de paz ‘no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública’”.
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Y agrega: “El mensaje que se envía es muy complejo. Desde uno de los protocolos que se dieron a conocer el 16 de octubre —que básicamente es sobre El Plateado—, más todo lo que ha pasado con esa zona, es una muestra que las disidencias son las que mandan, las que deciden quién entra y quién sale. Se entiende que hay zonas donde eso pasa todo el tiempo, pero una cosa es eso y otra que se firme un documento donde quede explícita la renuncia al control del territorio”.
¿Qué dice el acuerdo?
El documento, de una página, titulado Acta de confidencialidad sobre el acuerdo especial de El Plateado, fue firmado el 26 de octubre, al siguiente día en que ocurrió la polémica reunión entre la delegación de Gobierno, el EMC, el registrador nacional, Alexander Vega, y el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Ese encuentro que se dio en un hotel en el occidente de Bogotá fue para destrabar la llegada del material electoral para El Plateado.
Según la fuente, la alerta del registrador Vega sobre el traslado de los elementos electorales dio pie a que un grupo de ambas delegaciones hiciera otra reunión para tratar el tema. En ese encuentro surgió la idea de hacer un acuerdo para que las tropas entraran al lugar, acompañaran el material y salieran del corregimiento.
Ese día, Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno, en entrevista con Colombia+20, dijo que la disposición era esa: que el Ejército entrara y saliera con las urnas. “Si pensaran en quedarse (las tropas), seguramente el EMC no lo aceptaría”, dijo entonces.
El documento también dice que el frente Carlos Patiño, que pertenece a esa disidencia y opera en ese territorio, se retiraría hasta el 1.° de noviembre para permitir el desarrollo de los comicios y que si necesitaba alimentos o medicinas, sus miembros estarían en el lugar de civil y sin armas.
El 27 de octubre, un día después de firmado el acuerdo, entraron a El Plateado aproximadamente 200 militares, según fuentes del Ejército. Entre ellos, había cerca de 150 hombres del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) y el resto fueron equipos de Explosivos y Demoliciones del Ejército que reforzaron a los uniformados que ya estaban en el lugar.
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Ese mismo día el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo a medios que sus hombres tomarían el control de El Plateado y aseguró que se iban a quedar en el territorio. “Vamos a ingresar y nos vamos a sostener allí para garantizar el certamen electoral del domingo”, dijo.
La razón de la suspensión de la mesa de diálogo
El pasado 5 de noviembre, apenas 20 días después de la instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el EMC, ese grupo armado ilegal anunció que ese escenario de negociación quedaba suspendido y que iniciaba un proceso de consulta interna. “Desde hoy declaramos suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, iniciaremos un proceso de consulta interna con nuestra comisión de diálogo, invitamos al Gobierno Nacional a hacer lo mismo”, informó el grupo ilegal en un comunicado conocido en la tarde de este domingo.
El pronunciamiento se dio unas horas después de que se conociera sobre la retención los 200 militares que estaban en la zona. Fuentes del Ejército afirmaron que la comunidad habría sido “instrumentalizada” por esa disidencia para hacer la retención de los soldados e “impedirles que continuaran con sus labores de seguridad en la zona”.
Otras fuentes afirman que, a través de la comunidad, se forzó al Ejército a salir tres veces de la zona, pero que los uniformados llegaban hasta las afueras del casco urbano y siempre regresaban. Esto ocurrió hasta que se realizó el cercamiento.
Aunque en el comunicado del 5 de noviembre, el EMC no hizo una mención directa a El Plateado, uno de los apartados del documento sí indicaba que la tensión por el control de ese territorio era el punto de discordia.
Además: Disidencia de FARC de Iván Mordisco anuncia que suspende mesa diálogo con Gobierno
“Los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso; sin embargo, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza, copando todos los espacios que las partes nos comprometimos en desocupar, demandando en ellos una actuación contraria a los acuerdos adoptados, generando malestar en las comunidades y en la dirección”, sostuvo la disidencia de Mordisco.
Uno de los comandantes guerrilleros de la zona le dijo hace unos días a este diario que el Ejército no había cumplido con parte de su palabra ni con los compromisos pactados y eso había avecinado la decisión de suspender la mesa.
El Ejército le confirmó a este diario que los militares retenidos fueron los mismos que llegaron a ese corregimiento con el material electoral.
Aunque con la asonada las tropas de Fuerzas Militares sí salieron, en la zona continúan tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido que han estado desde que inició la Operación Trueno. Su ubicación, dice el Ejército, es a las afueras del corregimiento y las partes altas.
La existencia de este acuerdo para las elecciones se suma a una serie de pasos en falso con esa disidencia, como los múltiples aplazamientos de la instalación de la mesa de diálogos y el inicio del cese al fuego, la reunión con el registrador Vega y la supuesta invitación a ese grupo armado a la apertura de las elecciones del pasado 29 de octubre, que el mismo presidente Gustavo Petro desautorizó. El acta también refuerza las críticas sobre las concesiones que ha hecho el Gobierno a los grupos ilegales, justo en medio de la mayor crisis que atraviesa su estrategia de paz total.