Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La imagen del mar pintada en el lienzo reposaba en el caballete de madera, debajo de una carpa blanca en la mitad de la playa. Silvia Venner Smith se acercó al cuadro y se detuvo a observar la representación de un cuerpo flotante, sin vida, en la esquina inferior derecha. Se agachó, tomó el bolígrafo y dejó plasmado -como ya lo habían hecho un puñado de sus vecinos- un mensaje en memoria de su primo Alfonso y de sus parientes asesinados y desaparecidos por cuenta del conflicto armado en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Su sentencia resume en buena medida el deseo que reunió al pueblo raizal: “Que este sea un territorio de paz y reparación integral a las víctimas”, escribió en ese lienzo que ahora es una pieza tangible de la memoria colectiva de esta población que ayer, después de más de 12 años de luchas, fue reconocido por la Unidad para las Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva.
Puede leer: En San Andrés sí hubo conflicto armado: víctimas a la Comisión de la Verdad
Durante un sentido acto en la Iglesia Bautista New Life Tabernacle, la directora de la entidad, Patricia Tobón Yagarí, hizo entrega de la resolución que incluye al pueblo raizal en el Registro Unico de Víctimas (RUV), un primer paso para que el proceso de reparación integral comience.
“Hace muchos años diferentes informes evidenciaron que el pueblo raizal tiene uno de los mayores números de población desaparecida en el mar y mostraron cómo los grupos armados llegaron aquí a controlar las rutas del narcotráfico y, en esa disputa por el control de las islas, reclutaron, asesinaron, ejercieron un control territorial, violencia sexual, generaron desplazamientos. Este reconocimiento que nosotros hacemos por esos hechos victimizantes permitirá que esta población acceda a las medidas de verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación”, le dijo Tobón a Colombia+20 durante el acto, que se llevó a cabo en la isla de Providencia.
Una afectación invisibilizada
Aunque este proceso de reconocimiento se inició en 2011, pronto se detuvo y solo se retomó este 2023. Se trata de un primer paso para saldar la deuda con las comunidades isleñas, que históricamente han sufrido el abandono estatal y cuya afectación por el conflicto ha sido invisibilizada durante décadas.
Lea además: San Andrés desentierra la verdad de sus muertos y desaparecidos
Así lo hizo saber durante el evento la periodista y lideresa social Luz Marina Livingston: “El mar del amor y de las oportunidades lentamente cambió su aspecto para convertirse en el mar de suplicio que tuvo que tragar a propios y extraños sin dejar huellas. Nuestro mar de los siete colores lleva 60 años de dolor silencioso, drama familiar y complicidad estatal bajo el sofisma del paraíso. Un supuesto paraíso en el que juntaron la miseria y desgracia de la familia raizal”.
Según contaron varios lideres y lideresas de la comunidad, desde la década de 1960 en el archipielago se empezaron a registrar casos de personas que morían o eran asesinadas y desaparecidas en el mar por cuenta de actividades de narcotráfico en las que involucraron a la población raizal.
Hacia 2005, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, bandas criminales surgidas tras la desmovilización de los paramilitares de las AUC, como los Rastrojos y Los Paisas (Urabeños o Clan del Golfo), “fueron las primeras estructuras que entraron a disputarse el control del archipiélago”.
En los últimos meses, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas empezó la revisión de casos en las islas y recibió información de al menos 77 casos documentados por la sociedad civil sobre personas de las que se perdió el rastro.
¿Qué viene ahora?
Ahora, tras el reconocimiento de la Unidad de Víctimas, el pueblo raizal iniciará la ruta de concertación del Plan Integral de Reparación Colectiva, con el que se busca resarcir los daños y garantizar los derechos vulnerados por el conflicto armado.
Vea también: Preocupan las amenazas a los raizales de Providencia
Durante el acto, la directora de la entidad, Patricia Tobón, se comprometió a avanzar en la concertación del plan integral, y aseguró que este instrumento permitirá avanzar a mayor acceso a justicia social.
“Estamos aquí para reconocer históricamente ese reclamo justo como parte de reconocer sus derechos y saldar una deuda histórica con ustedes y con el país”, sentenció Tobón.
