El proceso del partido Comunes contra los senadores Benkos Biohó y Victoria Sandino

Ante los despachos de la Procuraduría General y la Comisión de Ética del Senado fue radicada el 8 de marzo una queja disciplinaria para que les abrieran investigación a los senadores del hoy Partido Comunes Israel Zuñiga, conocido como Benkos Biohó, y Victoria Sandino. El documento, conocido por Colombia 2020, fue interpuesto por el también senador de esa misma colectividad Pablo Catatumbo, quien lo firma como representante legal del partido.

En el recurso se acusa a ambos congresistas de haber cometido irregularidades en relación con la contratación de un asesor jurídico por el Congreso para prestar sus servicios a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benkos Biohó, que lo ha acompañado durante el proceso disciplinario que le abrió internamente el Partido Comunes al senador. La queja apunta a que si bien ese asesor fue contratado a través del Senado para la UTL del congresista, terminó actuando casi como su apoderado de confianza en el proceso. Además, habría terminado asesorando también a su hermano, Ubaldo Zúñiga, conocido como Pablo Atrato, y a la senadora Victoria Sandino, en los procesos disciplinarios que tienen abiertos a nivel interno.

Catatumbo les pide en ese documento a la Procuraduría y a la Comisión de Ética del Senado que avoque conocimiento de los hechos porque podrían haberse cometido los delitos de tráfico de influencias con dineros públicos y peculado por uso. Además, pide al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá investigar la conducta de ese asesor jurídico.

La nueva queja contra los senadores Zúñiga y Sandino, esta vez ante instancias externas al partido, se suma a un proceso disciplinario que tiene abierto Comunes contra ambos en medio de lo que los señalados han denominado una persecución para acallar voces críticas contra la dirección del partido. Una división interna que se ha venido profundizando hace meses entre quienes llevan hoy las riendas de la colectividad y quienes públicamente los han cuestionado.

En enero de este año, ambos senadores, junto con Joaquín Gómez, también dirigente del partido, se apartaron de la II Asamblea Extraordinaria de los Comunes, argumentando que allí no se tratarían realmente los temas prioritarios para la colectividad: la reincorporación de los excombatientes y su seguridad física. Como consecuencia de esos y otros reparos públicos hacia las directivas del partido, a los tres se les abrió un proceso disciplinario interno. Pero, además, en el IX Pleno de los Comunes, que se realizó en febrero pasado, Sandino, Zúñiga y Gómez fueron expulsados del Consejo Político Nacional (CPN), junto con Jairo Estrada y Liliana Castellanos (o Eloisa Rivera) , otras voces críticas con la dirección. En ese mismo espacio, se decidió que Victoria Sandino y Benkos Biohó no repetirían su escaño en el Congreso en 2022.

(Lea también: Mensajes confirmarían que Secretariado de Farc decidió guardar silencio en crimen de Álvaro Gómez)

Puntualmente sobre la queja presentada por el senador Catatumbo, Benkos Biohó sostuvo que no tiene ningún fundamento real. “Como contratista del Congreso, no tiene ninguna limitación para ejercer su actividad profesional como abogado. Pero además dentro de las funciones para las que se contrata está asesorarme jurídicamente en todo lo que a términos legislativos atañe y lo que se derive de mi carácter político”, aseguró. Dijo que, en realidad, lo que devela el debate no solo con él y la senadora Sandino, sino también con Benedicto González y Ubaldo Zúñiga, quienes ya fueron expulsados del partido, es “un claro tufillo racista, clasista regionalista y patriarcal”.

Sandino aseguró que no se referiría al proceso jurídico para que siga su cauce en los órganos pertinentes, pero sostuvo que resulta reprochable que para algunos miembros de las directivas del partido la forma de dirimir los desencuentros políticos sea con procesos disciplinarios y, ahora, con quejas ante la Procuraduría y la Comisión de Ética del Senado. “El partido que funge por la democracia y por la paz resulta que ataca a sus mismos integrantes porque tienen diferencias políticas y no saben tratarlas. Es doloroso y se usa un doble lenguaje: le habla al país de democracia, pero hacia adentro, por el contrario, se coarta la posibilidad de debate y de discusión” .

Pero a diferencia de los otros integrantes del partido que ya han sido expulsados, en este caso se trata de quienes ocupan dos curules emanadas del Acuerdo de Paz y que, en medio del proceso, estarían en riesgo. “Todo indica que el propósito es que nos suspendan”, dijo Sandino. La Procuraduría mientras avanza el trámite podría suspender a ambos congresistas, lo cual llevaría a un escenario de silla vacía, que repercutiría en dos curules menos para la bancada de la oposición, en momentos de decisiones claves en el Congreso.

“Habría que preguntarse cuál es la intencionalidad real de quienes han interpuesto la queja, porque hay quienes quieren hacer trizas los acuerdos de paz”, reclamó Benkos Biohó. Y esos sectores estarían dentro del mismo partido, según dijo el senador. De hecho, fue más allá y habló de la pretensión de hacerles un “entrampamiento jurídico” con la posible intención de que llegue a tener consecuencias en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Colombia 2020 estableció que el mismo senador Catatumbo le pidió a la Procuraduría retirar la queja que había interpuesto, pues “se trata de asuntos de competencia de los órganos internos del partido”. Para Sandino, ese argumento deja en evidencia que se trata de un asunto meramente político de la colectividad. Sin embargo, al haber puesto en conocimiento de la Procuraduría posibles delitos, esa entidad sigue adelante de oficio con la investigación.

El fondo de la división con algunos miembros de la directiva, dicen los hoy acusados, estaría en la forma en que se viene conduciendo la reincorporación de la antigua guerrillerada. Benkos Biohó resaltó, por ejemplo, que uno de los ya expulsados, Ubaldo Zuñiga, ejercía como presidente de Ecomún, que agrupa cooperativas de excombatientes en todo el país, y había sido crítico en ese tema con las directivas. “La piedra angular de la discusión es la reincorporación económica de absolutamente todos los reincorporados independientemente si están hoy o no afiliados al partido”, dijo el senador.

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El reclamo en el que coinciden ambos congresistas en relación con la reincorporación es que se ha concentrado principalmente en quienes aún habitan los antiguos espacios territoriales, donde permanece apenas un 30% de los exguerrilleros. “La hoja de ruta de reincorporación firmada por quienes nos representan en el Consejo Nacional de Reincorporación no se parece en absolutamente nada a lo que se acordó en La Habana. Se ha generado un desencanto total y una frustración en la base de quienes en un momento determinado conformaron las Farc. El gran riesgo es que al fracasar la reincorporación, esta base quede a merced de un nuevo ciclo de violencia”, dijo Zúñiga. Por eso, afirma que lo que plantean quienes hoy están al margen de un sector del partido es que se piense “más que en el cálculo político electoral, en la base social de quienes conformaron las Farc”.

Sin embargo, hasta la fecha se han tramitado precisamente a través del CNR un total de 90 proyectos colectivos que benefician a más de 3.400 excombatientes en distintas regiones. Y a su vez, se han aprobado 2.569 proyectos individuales que benefician a 3.102 exguerrilleros, para llegar a casi 6.500 firmantes del Acuerdo con una iniciativa productiva.

El otro reclamo, dijo Sandino, tiene que ver con la forma en que algunos miembros de las directivas de Comunes han naturalizado los asesinatos de excombatientes, que hoy llegan a 266 casos. “Todas las semanas hay asesinatos contra nuestra gente y lo único que hay es un formato al que se le cambia la cifra y nada más, porque ya ni comunicado. El partido no actúa como la contraparte que tiene que ser”, dijo.

Tanto Sandino como Zúñiga sostuvieron que el camino no es apartarse del partido, pues lo consideran el espacio propicio para resolver las diferencias políticas. Sin embargo, la senadora reclamó que no se puede decidir arbitrariamente quién hace o no parte de esa colectividad. “La gente tiene que certificar su militancia, peor que en cualquier formulario, pues acá unas personas determinan, dependiendo el barómetro que tengan, quién es o no militante del partido”. Por lo pronto, permanecen a la espera de la decisión que tome la comisión de ética de Comunes, donde ya se surtió el proceso a nivel interno.

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En el recurso se acusa a ambos congresistas de haber cometido irregularidades en relación con la contratación de un asesor jurídico por el Congreso para prestar sus servicios a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benkos Biohó, que lo ha acompañado durante el proceso disciplinario que le abrió internamente el Partido Comunes al senador. La queja apunta a que si bien ese asesor fue contratado a través del Senado para la UTL del congresista, terminó actuando casi como su apoderado de confianza en el proceso. Además, habría terminado asesorando también a su hermano, Ubaldo Zúñiga, conocido como Pablo Atrato, y a la senadora Victoria Sandino, en los procesos disciplinarios que tienen abiertos a nivel interno.

Catatumbo les pide en ese documento a la Procuraduría y a la Comisión de Ética del Senado que avoque conocimiento de los hechos porque podrían haberse cometido los delitos de tráfico de influencias con dineros públicos y peculado por uso. Además, pide al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá investigar la conducta de ese asesor jurídico.

La nueva queja contra los senadores Zúñiga y Sandino, esta vez ante instancias externas al partido, se suma a un proceso disciplinario que tiene abierto Comunes contra ambos en medio de lo que los señalados han denominado una persecución para acallar voces críticas contra la dirección del partido. Una división interna que se ha venido profundizando hace meses entre quienes llevan hoy las riendas de la colectividad y quienes públicamente los han cuestionado.

En enero de este año, ambos senadores, junto con Joaquín Gómez, también dirigente del partido, se apartaron de la II Asamblea Extraordinaria de los Comunes, argumentando que allí no se tratarían realmente los temas prioritarios para la colectividad: la reincorporación de los excombatientes y su seguridad física. Como consecuencia de esos y otros reparos públicos hacia las directivas del partido, a los tres se les abrió un proceso disciplinario interno. Pero, además, en el IX Pleno de los Comunes, que se realizó en febrero pasado, Sandino, Zúñiga y Gómez fueron expulsados del Consejo Político Nacional (CPN), junto con Jairo Estrada y Liliana Castellanos (o Eloisa Rivera) , otras voces críticas con la dirección. En ese mismo espacio, se decidió que Victoria Sandino y Benkos Biohó no repetirían su escaño en el Congreso en 2022.

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Puntualmente sobre la queja presentada por el senador Catatumbo, Benkos Biohó sostuvo que no tiene ningún fundamento real. “Como contratista del Congreso, no tiene ninguna limitación para ejercer su actividad profesional como abogado. Pero además dentro de las funciones para las que se contrata está asesorarme jurídicamente en todo lo que a términos legislativos atañe y lo que se derive de mi carácter político”, aseguró. Dijo que, en realidad, lo que devela el debate no solo con él y la senadora Sandino, sino también con Benedicto González y Ubaldo Zúñiga, quienes ya fueron expulsados del partido, es “un claro tufillo racista, clasista regionalista y patriarcal”.

Sandino aseguró que no se referiría al proceso jurídico para que siga su cauce en los órganos pertinentes, pero sostuvo que resulta reprochable que para algunos miembros de las directivas del partido la forma de dirimir los desencuentros políticos sea con procesos disciplinarios y, ahora, con quejas ante la Procuraduría y la Comisión de Ética del Senado. “El partido que funge por la democracia y por la paz resulta que ataca a sus mismos integrantes porque tienen diferencias políticas y no saben tratarlas. Es doloroso y se usa un doble lenguaje: le habla al país de democracia, pero hacia adentro, por el contrario, se coarta la posibilidad de debate y de discusión” .

Pero a diferencia de los otros integrantes del partido que ya han sido expulsados, en este caso se trata de quienes ocupan dos curules emanadas del Acuerdo de Paz y que, en medio del proceso, estarían en riesgo. “Todo indica que el propósito es que nos suspendan”, dijo Sandino. La Procuraduría mientras avanza el trámite podría suspender a ambos congresistas, lo cual llevaría a un escenario de silla vacía, que repercutiría en dos curules menos para la bancada de la oposición, en momentos de decisiones claves en el Congreso.

“Habría que preguntarse cuál es la intencionalidad real de quienes han interpuesto la queja, porque hay quienes quieren hacer trizas los acuerdos de paz”, reclamó Benkos Biohó. Y esos sectores estarían dentro del mismo partido, según dijo el senador. De hecho, fue más allá y habló de la pretensión de hacerles un “entrampamiento jurídico” con la posible intención de que llegue a tener consecuencias en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Colombia 2020 estableció que el mismo senador Catatumbo le pidió a la Procuraduría retirar la queja que había interpuesto, pues “se trata de asuntos de competencia de los órganos internos del partido”. Para Sandino, ese argumento deja en evidencia que se trata de un asunto meramente político de la colectividad. Sin embargo, al haber puesto en conocimiento de la Procuraduría posibles delitos, esa entidad sigue adelante de oficio con la investigación.

El fondo de la división con algunos miembros de la directiva, dicen los hoy acusados, estaría en la forma en que se viene conduciendo la reincorporación de la antigua guerrillerada. Benkos Biohó resaltó, por ejemplo, que uno de los ya expulsados, Ubaldo Zuñiga, ejercía como presidente de Ecomún, que agrupa cooperativas de excombatientes en todo el país, y había sido crítico en ese tema con las directivas. “La piedra angular de la discusión es la reincorporación económica de absolutamente todos los reincorporados independientemente si están hoy o no afiliados al partido”, dijo el senador.

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Sin embargo, hasta la fecha se han tramitado precisamente a través del CNR un total de 90 proyectos colectivos que benefician a más de 3.400 excombatientes en distintas regiones. Y a su vez, se han aprobado 2.569 proyectos individuales que benefician a 3.102 exguerrilleros, para llegar a casi 6.500 firmantes del Acuerdo con una iniciativa productiva.

El otro reclamo, dijo Sandino, tiene que ver con la forma en que algunos miembros de las directivas de Comunes han naturalizado los asesinatos de excombatientes, que hoy llegan a 266 casos. “Todas las semanas hay asesinatos contra nuestra gente y lo único que hay es un formato al que se le cambia la cifra y nada más, porque ya ni comunicado. El partido no actúa como la contraparte que tiene que ser”, dijo.

Tanto Sandino como Zúñiga sostuvieron que el camino no es apartarse del partido, pues lo consideran el espacio propicio para resolver las diferencias políticas. Sin embargo, la senadora reclamó que no se puede decidir arbitrariamente quién hace o no parte de esa colectividad. “La gente tiene que certificar su militancia, peor que en cualquier formulario, pues acá unas personas determinan, dependiendo el barómetro que tengan, quién es o no militante del partido”. Por lo pronto, permanecen a la espera de la decisión que tome la comisión de ética de Comunes, donde ya se surtió el proceso a nivel interno.

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